El Ministerio dice que la ocupación de viviendas en régimen compensatorio se extinguió en 2019 y los vecinos expresan dudas
Viviendas ubicadas en el poblado de Torre la Sal.
El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas, sale en defensa de su decisión de recuperar el dominio público de Torre la Sal procediendo al desalojo de unas 60 viviendas. Un proceso al que ha alegado el Ayuntamiento de Cabanes y de cuya legalidad dudan los vecinos. Fuentes de Costas aseguran que el desalojo responde al cumplimiento de la Ley y al deslinde aprobado en los años 70. «Conforme a la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre Costas, mediante Orden Ministerial de 28 de octubre de 1975 se aprueba el deslinde de la zona marítimo-terrestre y de las playas, en el tramo del término municipal de Cabanes, comprendido entre el límite con el término municipal de Oropesa del Mar y la casa de carabineros a la altura del P.K. 97 de la C.N. 340, quedando calificado el denominado núcleo costero de Torre de la Sal como playa y, por tanto, como bien de dominio público», aseguraron fuentes de Costas a este periódico.
Las mismas fuentes afirman «tras la promulgación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con fecha 25 de mayo de 1993 se dicta nueva Orden Ministerial que, en el tramo que ocupa, expresa que sigue vigente la línea de playa aprobada en su día por Orden Ministerial de 28 de octubre de 1975 y, por ello, se confirma la pertenencia del espacio ocupado por el núcleo o poblado en cuestión al dominio público marítimo-terrestre». «Al tratarse de dominio público marítimo terrestre según la Ley de Costas de 1988 y todas las posteriores modificaciones, ese tramo es de titularidad estatal única y exclusivamente. Las parcelas que conforman el núcleo de Torre la Sal son ocupaciones sin título, cuyo hipotético derecho a título de ocupación en régimen compensatorio se extinguió en julio de 2019», exponen. Ahora, casi dos años después, «se ha abierto el Expediente de Recuperación Posesoria, siguiendo el procedimiento establecido con ocupaciones ilegales en el citado dominio público para devolver esas parcelas a la titularidad pública del Estado». «Se les ha notificado la obligación de desalojar, con el preceptivo plazo de alegaciones previsto en la normativa», defienden estas fuentes, señalando que «el periodo de alegaciones sigue abierto».
Las afirmaciones de Costas chocan con las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos, así como del Ayuntamiento. El presidente de la agrupación vecinal, Juanjo Agost, insiste en que dicha orden ministerial «no llegó a publicarse en el BOE» ni llegó una comunicación a los damnificados ni se llevó al Registro de la Propiedad, mientras los vecinos sí ocuparon los terrenos «cumpliendo con la legalidad e inscribiendo nuestras propiedades, que estaban fuera de ese deslinde, en el Registro». «A nosotros nadie nos ha explicado nada y antes de dar un paso adelante, queremos una explicación», defiende Agost. «Estamos totalmente indefensos», lamenta Agost, quien deja la puerta abierta a presentar alegaciones. Este periódico pidió el citado BOE al Ministerio, pero, a esta pregunta, no obtuvo respuesta.
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/05/17/60a22067fdddff0c628b4595.html¿Por qué Costas siempre dice que todo está hecho conforme a la normativa pero nunca lo demuestra? Es tan fácil como entregar el expediente completo a quién lo solicite. ¿O tiene algo que esconder?