domingo, 6 de junio de 2021

La promotora no claudica: "Mar de Tambo es víctima del mal hacer de las administraciones"

 

Desde la ya extinta entidad Vigobarro S.L., Florencio Cruz, carga contra Costas y Concello

Los cruces de acusaciones que en las últimas semanas se han vertido en el seno de la política local sobre una licencia concedida hace 20 años y que en la actualidad pone en jaque a ocho de las 16 viviendas de las familias de la urbanización Mar de Tambo, situada en Chancelas, han señalado de forma directa a la promotora, Vigobarro S.L., una entidad ya extinta por quiebra, de la que había sido titular Florencio Cruz Barreiro, administrador y promotor de la urbanización, quien ha manifestado su total rechazo "a las acusaciones" por parte del Concello, que recientemente ha apuntado la situación de los chalés, que acaban de recibir la notificación de presentación del proyecto de demolición parcial ante el juzgado por parte de la APLU, a "un erro cometido pola empresa construtora".

En este sentido, Cruz Barreiro ha manifestado que "desde el mismo momento en que se contrató a la empresa Eilá Proyectos S.A. en 1997" (una entidad anterior contratada por Costas) se han sucedido "continuos errores y desatinos por parte de las tres administraciones, mezclados con su silencio cómplice". En este sentido, ha expresado, "se ha culpabilizado a la empresa Vigobarro S.L. y a mi persona, cuando se puede demostrar que he sido la víctima del mal hacer de todas y cada una de las administraciones intervinientes en el deslinde". Cuando Vigobarro S.L. adquirió la parcela, explicó, esta circunstancia "se puso en conocimiento a las administraciones", como nuevo titular de la finca. El promotor ha asegurado poder "probar mi inocencia", a pesar de existir una sentencia en su contra que ha valorado como "injusta".

CRONOLOGÍA. En el año 1997 Costas del Estado contrataba a la empresa Eilá Proyectos S.A. para la asistencia técnica de la realización del deslinde del término municipal de Poio. Sin embargo, y según la documentación aportada por el promotor, en una sentencia del TS de 2007, en el marco de una reclamación sobre la deuda de avales necesarios para la realización de las asistencias técnicas, señala que "desde mediados de los 90 la sociedad se encontraba sin actividad, por lo que difícilmente podía realizar alguna labor, y la mayoría de sus empleados están despedidos". 

En agosto de 1998 el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra envió al Concello los planos de delimitación provisional y la solicitud de suspensión cautelar de las licencias. En el mes de septiembre, según apuntó el promotor, el Pleno acordó "no suspender la licencia de obras", por lo que en noviembre Costas alertó a la Subdirección General de Gestión de dominio público de que esto "es contrario a la ley". (Art. 12.5 de la Ley 22/1988)

Según ha argumentado el promotor, casi un año después la Subdirección General respondió que el procedimiento legal contra la negativa del Concello "ya no estaba en plazo". En este sentido, criticó Cruz Barreiro, "la negativa del Concello y la permisividad de Costas tuvo como consecuencia que se otorgara la licencia a Vigobarro S.L. para la construcción de Mar de Tambo" con lo que, lamenta, supuso "graves consecuencias para el constructor".

La compra de la parcela se llevó a cabo en diciembre de 1998 "cuando ya se había iniciado la incoación del procedimiento del deslinde". En este sentido, el promotor asegura que "todas las administraciones eran conocedoras" de ello, pero acusa especialmente al Concello como "responsable de la paralización de licencias mientras durase el expediente de deslinde. No se había realizado ninguna anotación en el Registro de la Propiedad y todos eran conocedores menos yo, ya que nunca me notificaron ningún procedimiento de deslinde", afirmó. Por ello, acusó la "existencia de un silencio administrativo desde 1999 hasta 2008", fecha en la que "se dan a conocer los errores de los planos", por los que se contrata a otra empresa.

Mar de Tambo toma Chancelas en repulsa de los inminentes derribos

 

 Vecinos y vecinas de Mar de Tambo durante la marcha por la PO-308. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Alrededor de 50 vecinos de la urbanización y sus alrededores salieron en comitiva desde la finca, pasando por un tramo de la PO-308 ► "Temos dereito a unha vivenda digna", lamentaron 
La premisa: "Sin orden ministerial no puede haber derribos". A ella se aferran los vecinos y vecinas de la urbanización Mar de Tambo, situada en Chancelas, sobre la que pende de un hilo el derribo parcial de ocho de los 16 chalés que la forman, y tras conocerse que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ya presentó ante el juzgado el proyecto de demolición, abriendo así un período de alegaciones. Ante el serio peligro de quedarse sin sus casas, en algunas de las cuales habitan familias con menores, alrededor de 50 personas, vecinos de la urbanización, junto a miembros de la Asociación Veciñal, Cultural e Recreativa de Combarro y otros vecinos de los alrededores que decidieron mostrarles su apoyo, se concentraron el sábado por la tarde en los terrenos situados ante los chalés, para salir luego en comitiva por la PO-308 a golpe de pancarta y puño en alto. "É un dereito constitucional ter unha vivenda digna, e aínda así van adiante co derribo, e incluso ás nosas costas, porque tivemos que ir a Santiago a comprobalo", aseguraron.
El objetivo: visibilizar una situación sobre la que pesa la incertidumbre desde alrededor del año 2008, tras la ocupación de unas viviendas que terminaron las obras en 2005 y para las que el Concello otorgó licencia en 2001. A lo largo de 20 años, el asunto ha estado marcado por la burocracia derivada de la situación del deslinde de costas del término municipal de Poio.

La singular procesión atrajo las miradas y también los apoyos de muchos de los conductores y transeúntes que se cruzaron con la comitiva. La convocatoria se llevó a cabo por los afectados de los derribos, a pesar de que desde la AVCR Combarro trasladaron al Gobierno local su propuesta de movilización sobre la que, critican, "non obtivemos resposta". Los vecinos acudirán ahora a la Consellería de Medio Ambiente, en busca de una institución que atienda sus demandas.