Desde la ya extinta entidad Vigobarro S.L., Florencio Cruz, carga contra Costas y Concello
Los cruces de acusaciones que en las últimas semanas se han vertido en el seno de la política local sobre una licencia concedida hace 20 años y que en la actualidad pone en jaque a ocho de las 16 viviendas de las familias de la urbanización Mar de Tambo, situada en Chancelas, han señalado de forma directa a la promotora, Vigobarro S.L., una entidad ya extinta por quiebra, de la que había sido titular Florencio Cruz Barreiro, administrador y promotor de la urbanización, quien ha manifestado su total rechazo "a las acusaciones" por parte del Concello, que recientemente ha apuntado la situación de los chalés, que acaban de recibir la notificación de presentación del proyecto de demolición parcial ante el juzgado por parte de la APLU, a "un erro cometido pola empresa construtora".
En este sentido, Cruz Barreiro ha manifestado que "desde el mismo momento en que se contrató a la empresa Eilá Proyectos S.A. en 1997" (una entidad anterior contratada por Costas) se han sucedido "continuos errores y desatinos por parte de las tres administraciones, mezclados con su silencio cómplice". En este sentido, ha expresado, "se ha culpabilizado a la empresa Vigobarro S.L. y a mi persona, cuando se puede demostrar que he sido la víctima del mal hacer de todas y cada una de las administraciones intervinientes en el deslinde". Cuando Vigobarro S.L. adquirió la parcela, explicó, esta circunstancia "se puso en conocimiento a las administraciones", como nuevo titular de la finca. El promotor ha asegurado poder "probar mi inocencia", a pesar de existir una sentencia en su contra que ha valorado como "injusta".
CRONOLOGÍA. En el año 1997 Costas del Estado contrataba a la empresa Eilá Proyectos S.A. para la asistencia técnica de la realización del deslinde del término municipal de Poio. Sin embargo, y según la documentación aportada por el promotor, en una sentencia del TS de 2007, en el marco de una reclamación sobre la deuda de avales necesarios para la realización de las asistencias técnicas, señala que "desde mediados de los 90 la sociedad se encontraba sin actividad, por lo que difícilmente podía realizar alguna labor, y la mayoría de sus empleados están despedidos".
En agosto de 1998 el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra envió al Concello los planos de delimitación provisional y la solicitud de suspensión cautelar de las licencias. En el mes de septiembre, según apuntó el promotor, el Pleno acordó "no suspender la licencia de obras", por lo que en noviembre Costas alertó a la Subdirección General de Gestión de dominio público de que esto "es contrario a la ley". (Art. 12.5 de la Ley 22/1988)
Según ha argumentado el promotor, casi un año después la Subdirección General respondió que el procedimiento legal contra la negativa del Concello "ya no estaba en plazo". En este sentido, criticó Cruz Barreiro, "la negativa del Concello y la permisividad de Costas tuvo como consecuencia que se otorgara la licencia a Vigobarro S.L. para la construcción de Mar de Tambo" con lo que, lamenta, supuso "graves consecuencias para el constructor".
