martes, 11 de enero de 2022

Salvem les Platges del Sud se opone a la modificación del reglamento de la Ley de Costas

Bellreguard, uno de los tramos más afectados por la regresión de la costa. / LP

 Advierten que el nuevo reglamento incumplirá las directivas europeas y dejaría en indefensión el patrimonio territorial de las playas de la Safor

El colectivo Salvem les platges al sud de Gandia ha mostrado su rechazo a la modificación del reglamento de la Ley de Costas, ante la situación de regresión que están sufriendo las playas desde Gandia hacia el sur.

Este colectivo, que nació para defender la brutal erosión que sufren las playas situadas al sur del espigón del puerto de Gandía, se ha movilizado junto con Mediterrània, asociación que integra a más de una decena de colectivos por la defensa del litoral de la Comunitat, para presentar observaciones a la modificación del Reglamento de la Ley de Costas, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Retención de áridos

La propuesta del nuevo Reglamento, según el comunicado, no recoge la erosión que las infraestructuras portuarias, los embalses y pantanos provocan en la costa, al retener los áridos que de forma natural deberían alimentarlas, y especialmente a las que están al sur de los espigones, dejando en indefensión jurídica y total abandono a las playas afectadas.

Afirman que las modificaciones que pretende el nuevo reglamento contravienen las directrices marcadas por el Parlamento Europeo, la UNESCO y los derechos recogidos en los art. 45 y 46 de la Constitución sobre la defensa, conservación del Patrimonio Territorial y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

Concesiones

Además, advierten que, en caso de aprobarse este nuevo Reglamento, les permitiría de oficio, convertir las propiedades en concesiones y a coste cero para el nuevo propietario, el Estado. Los paseos marítimos, calles e infraestructuras de los ayuntamientos y las viviendas particulares hasta en algunos casos la 2ª o 3ª línea, cambiarían de propiedad sin indemnización económica.

Por ello consideran que sería una expropiación fraudulenta, por ser bienes de absoluta legalidad, que conforman el Patrimonio Territorial de cada pueblo, amparado por los derechos de nuestra Constitución.

El colectivo, en el escrito presentado al Ministerio, le piden que cumplan con sus responsabilidades medio ambientales y que arreglen el problema de los embalses, puertos, espigones y déficit de inversión, "antes de intentar culpar y castigar a los que habitan en el litoral, que son los que padecen el daño medioambiental provocado por esas infraestructuras del Estado. Que apliquen el sentido común y den solución a la destrucción del Patrimonio Territorial que provoca la retención de áridos por la construcción de espigones en los puertos y de diques en los embalses. Añaden que, el futuro para posteriores generaciones solo se garantiza exigiendo soluciones a los que provocan el daño, que curiosamente es el propio Estado, no a los ciudadanos, que son los que lo padecen".