El Consello Consultivo de Galicia refrenda que no es preciso reformar el Estatuto de Autonomía para que la comunidad pueda ejercer las competencias en gestión de la actividad en la ribera
El Consello de la Xunta aprobó las alegaciones que presentará al borrador del plan nacional para la protección de la costa frente al cambio climático. El presidente gallego, Alfonso Rueda, recordó que ese documento prevé eliminar la presencia humana del dominio público marítimo terrestre para el año 2045, y añadió que afectará a unas 4.000 edificaciones, entre ellas más de 200 empresas de la cadena mar-industria, que están paralizando sus inversiones en previsión de lo que pueda indicar la normativa estatal.
La Xunta ha canalizado las alegaciones de esas entidades y de los concellos —unos veinte se han sumado— frente a un plan que hasta ahora se ha redactado de forma «unilateral», según denuncian, y que el Gobierno gallego rechaza por ser «uniformizador», ir contra la ley de costas e invadir competencias autonómicas.
De la ley de costas, Rueda recordaba que regula la eliminación de las concesiones en el litoral por el cambio climático y solo se permite «cando o Estado teña declarado unha área en regresión grave por ter retrocedido la liña de costa máis de 5 metros en cada un dos últimos 5 anos anteriores, e que as ocupacións que estean nesa área se vexan alcanzadas polo mar ou exista certo risco». Entiende el ejecutivo gallego que el Estado no puede aprobar una norma que vaya en contra de otra ya existente.
En cuanto a la invasión de competencias, el presidente señaló que el Consello Consultivo de Galicia ha emitido un dictamen en el que considera que el Estado está ejerciendo transitoriamente «funcións que non lle corresponden», lo que se traduce en una situación que es necesario corregir por «lealdade constitucional». Por ese motivo, Rueda reclamó de nuevo al Gobierno que transfiera las competencias de gestión del litoral a Galicia.
Sin reforma del Estatuto
Como explicó el presidente de la Xunta, a Galicia le corresponde ejercer las competencias en materia de ordenación del litoral sin tener que reformar el Estatuto de Autonomía, tal y como recalca el Consello Consultivo. De hecho «a Xunta leva tempo reclamando a xestión plena destas zonas para poder exercer as competencias que xa temos no ámbito urbanístico, portuario ou de control de vertidos».