La Comisión dice que ni su duración ni su tramitación se ajustan a la norma
La Comisión Europea anunció hoy
miércoles la apertura de un expediente contra España por dos aspectos de la ley
que regula las concesiones en la costa que vulnerarían la legislación
comunitaria. Por una parte, la Comisión considera que el Gobierno español no ha logrado implantar un
procedimiento para otorgar las concesiones que asegure una selección
transparente e imparcial. Por otra parte, afirma que la posibilidad
de prorrogar las concesiones
durante un período de hasta 75 años sin justificación es contraria las reglas
de la Unión.
En un comunicado,
la Comisión afirma que la ley de Costas española prevé la posibilidad de
otorgar concesiones para construir instalaciones permanentes, como
«restaurantes, granjas e industrias papeleras o químicas en el así llamado
dominio público marítimo terrestre, fuera de los puertos, sin un procedimiento
transparente y abierto de selección». Bruselas afirma que ese extremo y la
posibilidad de prorrogar las concesiones hasta 75 años, «de nuevo sin un
proceso de selección, rompe la Directiva de Servicios de la UE».
Como en el caso de
otros países expedientados ayer, la
Comisión ha dado dos meses a España para contestar al informe y solucionar las
deficiencias normativas que ha detectado. En caso de que ese
organismo no considere la respuesta satisfactoria, pondrá en marcha un
procedimiento para llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Antes
de llegar a ese punto tendrá lugar una fase previa, el llamado dictamen
motivado, en la que podría buscarse una solución dialogada entre la comisión y el
Gobierno español.
El
Gobierno y la Xunta
El Ministerio de
Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirmó que tiene constancia de la
apertura del expediente y lo está analizando, aunque por ahora no pudo
concretar qué consecuencias tendrá para la costa gallega y para concesiones
como la de Ence, cuya prórroga durante 75 años fue avalada la semana pasada por el Tribunal Supremo.
Por su parte,
desde la Xunta, fuentes de la Consellería
de Medio Ambiente explicaron que el único conocimiento que se
tiene por ahora del expediente procede de una carta de emplazamiento publicada
en la página web de la Comisión Europea. En ese escrito se anuncia la
imposición de medidas para garantizar el funcionamiento del mercado único de
servicios. En la citada misiva también se da cuenta de la apertura de 24
expedientes, entre ellos el que alude a los incumplimientos en la ley de
costas.
Las mismas fuentes
añadieron que debe ser el Gobierno el que responda, ya que la citada normativa
está dentro de sus competencias. El Gobierno gallego mostró su confianza en que
el Ejecutivo central informe a todas las comunidades autónomas costeras del
inicio, en caso de que así lo decida, del proceso para hacer alegaciones.
Además, sobre el
caso concreto de Ence, la consellería recordó que por el momento solo tienen
conocimiento del fallo emitido por el Tribunal Supremo que da la razón al
Gobierno gallego en sus argumentos contra la reforma del reglamento general de
Costas, aprobada el pasado verano por el Ejecutivo central.
El dictamen del alto tribunal descarta que se puedan negar el derecho a la prórroga de las concesiones otorgadas en el dominio público marítimo terrestre antes de 1988, por lo que la planta podría continuar con su actividad en la ría de Pontevedra de acuerdo a la prórroga de 75 años.