«No solo no puedes vender tu vivienda, repararla o hipotecarla. Es sobre todo la sensación de que te están quitando algo tuyo, y sin pagarte nada». Habla María, de Dénia, que junto a su vecina Ana Lillo ha participado en la protesta organizada este sábado por el movimiento Somos Mediterrania frente a la Delegación del Gobierno de Valencia, que tenía por objetivo visibilizar los efectos de la aplicación del reglamento que desarrolla la Ley de Costas, vigente desde mediados de 2022. De manera simultánea se han celebrado manifestaciones en Alicante, Castellón y Madrid, en este caso frente a la sede del Ministerio de Transición Ecológica.
Entre las críticas de la plataforma, en la que también hay entidades locales -algunas con representación en las concentraciones- destaca el nuevo sistema para determinar el alcance del dominio público marítimo-terrestre (que pasa a manos del Estado). Antes de la llegada del actual reglamento el criterio para fijar su extensión era el alcance de las olas en cinco temporales, y ahora se determina con la ola de mayor amplitud en un único episodio.
La entidad apuesta por fórmulas que eviten «expolios» y «derribos», en palabras de Javier Cremades, presidente de la asociación Salvem les Platges al Sud de Gandia y portavoz de Somos Mediterrania. Por ejemplo, se aboga por políticas intensivas de regeneración de playas. Así, en el peor de los casos el cálculo para realizar un deslinde (la pastilla de terreno litoral público) llegaría después de estas actuaciones medioambientales, lo que permitiría recuperar litoral y a la vez preservar propiedades privadas o municipales.
«Son miles de afectados por una ley, un reglamento y una administración de Costas que no muestra ninguna sensibilidad ni conocimiento de la realidad social y medioambiental de los territorios que debe gestionar», se decía en el manifiesto leído en las cuatro protestas. «Estos mismos días están llegando notificaciones en diferentes puntos de la geografía española afectando a miles de familias con deslindes sin sentido y avisos de destrucción de viviendas, que se suman a los tantísimos casos que desde hace años son víctimas de un mal medioambiental que no provocan», continuaba. «Territorios municipales, bienes de los ciudadanos o concesionarios que no provocan daños medioambientales ven como sus títulos (de propiedad) valen menos que el papel mojado y son constantemente privados de sus derechos fundamentales», añadía.
Cuando una propiedad se ve afectada por un deslinde la alternativa a la demolición es disponer de una concesión. Se pierde la titularidad de la vivienda, pero se puede disfrutar durante un periodo de tiempo (puede ser de 50 años prorrogables a otros 25). Eso sí, con grandes limitaciones, como las citadas por las vecinas de Dénia. «Por ejemplo tras un temporal que derribó un muro (el cerramiento de la parcela) no se te permite reconstruirlo. Lo único que puedes hacer es retranquearlo», explica Ana Lillo.
La Ley de Costas tiene como objetivo principal proteger el litoral y recuperar espacios públicos, aunque sus efectos prácticos han desatado una oleada de protestas a lo largo de la geografía española que, tras la aprobación del reglamento que la desarrolla, han cristalizado en Somos Mediterrania, conformada actualmente por 46 asociaciones. En la concentración de Valencia, en la que se ha hecho una 'performance' de deslinde, se han reunido afectados de Piles, Cullera, Gandia, El Perelló, Sagunto, Tavernes, Daimús o Miramar, entre otros.
La entidad también está de acuerdo con la idea de garantizar la sostenibilidad del litoral, pero no con los medios utilizados. «No pararemos hasta que se cambie la manera de proteger nuestra costa», recogía el manifiesto, que a continuación hacía referencia a la necesidad de actuar en el origen del problema, es decir, en las causas que han provocado la regresión de las playas, y por extensión, la mayor afección de los deslindes.
Por ejemplo plantean la liberación de sedimentos retenidos en pantanos y en instalaciones portuarias para realizar las regeneraciones pertinentes, aludiendo a la afección que han tenido en las dinámicas litorales. «No es justo que la administración del Estado consienta el avance del mar y que sus víctimas tengan que restituir el dominio público con sus bienes y con la privación de sus derechos», se ha concluido.
La alternativa de Mazón
La plataforma pide por ello la derogación del reglamento, un diagnóstico técnico riguroso con soluciones adaptadas a cada lugar «para la regeneración de nuestras playas y sus ecosistemas» y la paralización de nuevos deslindes, «absolutamente descabellados y arbitrarios al pretender expoliar los bienes de los municipios y ciudadanos».
En la concentración ha participado el presidente del PPCV, Carlos Mazón, que ha advertido de que la aplicación del nuevo reglamento «está provocando una situación muy grave en muchos municipios de la costa con la apropiación indebida de terrenos para dominio público». «No tiene ningún sentido, hace que los vecinos paguen con su dinero y no protege las playas, que están desapareciendo», ha dicho, antes de añadir que si su partido alcanza la Generalitat en las próximas elecciones promoverá una ley que evite estos efectos, como ya sucede, ha puntualizado, en Galicia.
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