La semana pasada, la Asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc) denunció ante el Parlamento Europeo la "arbitrariedad" e "inseguridad jurídica" en la que les dejó la Ley de Costas de 1988. Allí, "consiguieron unir a todos los partidos excepto al PSOE", según ha comentado Carmen del Amo, presidenta de Aeplc, a EL IMPARCIAL.
"Se dieron cuenta de que es un asunto sobre derechos fundamentales", ha explicado Del Amo, que ha dicho que el 26 de abril se reunirán los coordinadores y se decidirá si el asunto se zanja en este Comité o se pasa a otra Comisión.
La presidenta de Aeplc ha dado a conocer, además, las polémicas declaraciones del eurodiputado socialista, Miguel Ángel Martínez, que dijo que "la Ley de Costas pueda despojar de los bienes adquiridos legalmente a sus legítimos propietarios al negar el derecho fundamental a la propiedad".
Carmen del Amo ha aludido a que con estas palabras Martínez se saltó el Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el que se afirma que "toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente" y que "nadie será privado arbitrariamente de su propiedad". Hay que recordar que el Parlamento Europeo condenó a España por abuso urbanístico y por no respetar la propiedad privada.
Los deslindes desarrollados hace más de dos décadas en las costas han dejado a más de 400.000 familias sin sus propiedades y sin indemnizaciones económicas que les sufraguen nuevas viviendas. Además, la Ley no permite a los dueños de las casas afectadas repararlas, por lo que la situación de muchas propiedades es ruinosa.
Por otra parte, los perjudicados denuncian la "arbitrariedad" con la que la Administración ha actuado, permitiendo a muchos complejos hoteleros y de ocio seguir en sus emplazamientos.
EL IMPARCIAL ha hablado con algunos de los más de 800 afectados que se han unido en la Asociación europea de perjudicados por la Ley de Costas (Aeplc)
Un molino de mareas histórico a punto de perderse
Jon Iturribarría es el dueño del molino de mareas de Portu Errota (Vizcaya), el único que sigue en funcionamiento en la costa vasca y que conserva los materiales originales del siglo XVII. Este monumento de 1683 está afectado por el deslinde la Ley de Costas de 1988, que impide que, tras el temporal que azotó el año pasado el litoral cantábrico y que derrumbó el techo del edificio, Iturribarría pueda arreglar este monumento puesto que "su casa no es suya, es del Estado, sin haberla pagado".
La Administración alude a que la casa se sitúa en una zona inundable en la ría de Guernica, a 7 kilómetros de la costa, algo lógico dado que el mecanismo de funcionamiento de esta antigua infraestructura se basa en el movimiento gracias a la subida del nivel del mar.
El hecho de que este vasco conserve todas las escrituras, el registro, de que un informe pericial le diese la razón y de que haya presentado estudios topográficos de poco ha servido para que pueda arreglar el molino de mareas, ya que "la Dirección General de Costas prohibió al Ayuntamiento que le diese la licencia de obras para comenzar con las reparaciones, saltándose las competencias del Consistorio".
"Pedí permiso a Patrimonio para arreglarlo porque estoy obligado por ley, pero no me lo dio, además, la Diputación de Vizcaya me exige que lo repare pero Costas me obliga a incumplir la ley", ha explicado Jon Iturribarría a este diario.
El Artículo 46 de la Constitución española dice que "los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio".
Sin embargo, esta situación no es nueva para esta víctima de la Ley de Costas ya que le prohibieron los arreglos en 1996, fecha desde la que la Administración cuenta con los papeles que dan la razón a Jon Iturribarría.
Este vasco ha calificado, además, de "vergonzosa" la actuación de la Audiencia Nacional, que desestimó sus alegaciones y falló a favor de Costas, a pesar de que la ley reconoce que los territorios considerados privados antes de la Ley de Costas de 1880 se mantienen como tales.
Por último, este vasco ha comentado a este diario que cuenta con el apoyo del Gobierno vasco y ha considerado que lo que pretenden es "quedarse con su molino", ya que los otros colindantes -que no conservan la maquinaria original- "sí han sido declarados privados".
Expropiación sin previo aviso
Margarita García compró en 1991 un dúplex construído en el Puerto de Santa María (Cádiz) en 1981. Al realizar la compra, todo estaba en regla y contaban con el permiso de la Dirección General de Costas. Sin embargo, en el año 90 se había realizado un deslinde por detrás de la vivienda.
A pesar de la gravedad de la situación, nadie avisó a Margarita García y a su familia de que al estar afectada su vivienda, perdían la titularidad de ésta, que pasó a ser del Estado. "No nos avisaron, de casualidad lo supimos por el BOE y pudimos presentar las alegaciones el último día", ha explicado esta vecina de El Puerto a EL IMPARCIAL.
Aún así, las alegaciones fueron rechazadas por el Tribunal Supremo, que falló a favor de la ley. La única alternativa que quedaba a esta familia era solicitar a la Administración una concesión que les permitiría seguir en la casa 30 años, con la posibilidad de ampliarla a otros 30. Con este procedimiento se deja un período de tiempo para el disfrute de la propiedad y luego se rescata el terreno para dominio público. Sin embargo, la Dirección General de Costas se ha negado a darles esta concesión, según señala la afectada, que ha denunciado en este diario las malas formas de uno de los responsables de la Demarcación de Costas del Atlántico en Cádiz que les ha manifestado su obsesión con tirar sus casas y que se niega a darles información, incumpliendo la ley.
La historia se enrevesó todavía más cuando Margarita García y su familia se dieron cuenta de que en el registro sus nombres habían desaparecido como propietarios de la casa. Además, tienen constancia de que el Ayuntamiento va a construir un paseo marítimo que pasaría por el lugar donde se ubican sus viviendas.
"Ya han empezado las expropiaciones forzosas a seis metros del deslinde", ha explicado Margarita García, que ha aclarado que "no se da dinero" puesto que no se consideran expropiaciones, sino que ese terreno se considera público y el Estado tiene que quitártelo, así que "vivimos como ocupas y seguimos pagando el IBI, los impuestos, las hipotecas, etc.", ha matizado García.
Además, los vecinos de estas casas han denunciado la "arbitrariedad" de la Administración a la hora de expropiar edificaciones. "El deslinde es arbitrario, hay casas que están a la misma distancia de la línea de pleamar (zona donde el agua puede llegar como máximo y a partir de la que se hace el deslinde) que las nuestras y no están afectadas", ha contado otra vecina de estos dúplex a este diario.
Para más inri, hay casas a las que el deslinde les afecta, pero sólo a parte de su terreno y no a su vivienda, y éstas han recibido dinero por quitarles parte de la servidumbre, han asegurado estas víctimas de la Ley de Costas.
Margarita García ha aludido, por último, al Artículo 9 de la Constitución que dice que "la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".
El Estado vende unos terrenos para viviendas y luego los expropia
Otro de los casos más llamativos es el que viven 78 familias de Valencia que son propietarias de unas viviendas construidas hace más de 40 años en la urbanización La Casbah de El Saler.
Estas familias, que han sufrido numerosos deslindes desde los años 60, han perdido la propiedad sobre unos terrenos que les vendió la misma Administración que ahora les expropia las viviendas sin compensación económica. "Son barbaridades y algún día tendrán que ir a la cárcel por ellas", ha explicado a este diario Mercedes Gómez, una de las propietarias afectada.
"Ahora, quieren darnos una concesión, sin embargo, eso es una falacia puesto que luego podrían quitárnosla", ha matizado esta vecina de El Saler.
Encima, los dueños de estas viviendas denuncian "arbitrariedad" a la hora de realizar las expropiaciones y ponen como ejemplo el parador "Luis Vives", que se ha salvado de las expropiaciones estando a la misma altura que la urbanización La Casbah al darle la vuelta. También se ha preguntado por qué mientras en otros lugares han solucionado el problema poniendo espigones, en su caso no lo han hecho.
Mercedes Gómez también ha dado a conocer el riesgo del nuevo puerto de Valencia, que "se ha ido comiendo la playa, incluso los técnicos han avisado, ya que se quitó un muro que les protegía del puerto". Esta vecina ha explicado, además, que "la playa no se ha regenerado con los fondos europeos recibidos, puesto que lo único que se hace es poner arena y ya está".
Por último, esta vecina ha asegurado que "van a ir hasta el final" y que los responsables "no se van a ir de rositas", ya que si no ganan en la Audiencia Nacional el recurso al deslinde, irán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Un negocio a punto de extinguirse
El caso de Francisco Javier Martínez es distinto de los anteriores, puesto que afecta a su forma de ganarse la vida. Francisco Javier vive en Cádiz, donde posee una empresa salinera. Esta empresa forma parte de la playa ya que las salinas se consideran zonas marítimo-terrestres.
Este es un problema que se ha generalizado en la zona, ya que en el siglo XIX había más de 150 empresas, que han ido abandonando las salinas. Sin embargo, la finca es anterior a 1845, cuando comenzaron los registros. Además, la Ley de Costas de 1969 estableció como límite a esta empresa salinera el caño de Sancti Petri.
El Estado ha ofrecido a Francisco Javier una concesión de 30 años, tras el fallo del Tribunal Constitucional del año 91 en el que se reconocía su derecho a ocupar este terreno, pero eso no soluciona su problema. "Ha bajado el valor patrimonial de la empresa, los bancos se niegan a darnos créditos, no se puede invertir etc.", ha comentado este vecino de Cádiz.
Este empresario salinero se queja de la "inseguridad jurídica" generada y ha querido destacar el enorme coste de los trabajos de excavación, de acondicionamiento y de mantenimiento de las salinas.
Además, Francisco Javier ha denunciado que hay "unos agravios comparativos increíbles porque a algunas urbanizaciones y a un polígono industrial no les afecta".