LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 9 de febrero de 2020

El antes y el después de las playas del Saler con las ampliaciones del Puerto de València


El estudio 'Estrategias de defensa de protección en las costas valencianas' presentado en 2016 refleja importantes retrocesos de hasta 100 metros en la playa del Arbre del Gos entre 1960 y 2006
La playa de La Casbah en 1977 y en 2010
La playa de La Casbah en 1977 y en 2010

"El tramo que discurre desde el sur del puerto de València hasta el cabo de Cullera se encuentra en un estado de regresión grave debido principalmente a la falta de aportes sedimentarios del río Turia y de la costa al norte del puerto, al efecto sombra y de difracción que provocan las obras de abrigo de este puerto y al transporte de sedimentos longitudinal continuo neto hacia el sur que provocan los temporales más energéticos".
Así de contundente arranca el proyecto de 'Regeneración de las playas del Saler y Garrofera (Valencia)' que la Demarcación de Costas de València, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.


Fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera han informado que están en fase de análisis y respuesta de las alegaciones que se han presentado tanto a este proyecto como a su estudio de impacto ambiental una vez finalizado el plazo de exposición pública.

El documento señala las diferentes ampliaciones del Puerto de València como uno de los principales causantes de la erosión de las playas del sur que además amenaza seriamente al Parque Natural de la Albufera.

De hecho, según el proyecto, "en la actualidad el proceso regresivo amenaza, de forma especial, a los ecosistemas de la Dehesa, por el estrechamiento de la restinga que cierra la Albufera, por lo que se hace necesario intervenir para evitar que continúe su desgaste, suponiendo un riesgo inminente para la conservación de los hábitats que constituyen el ecosistema del Parque Natural de la Albufera".

La playa de Pinedo a la altura de la discoteca en 1960 y en 2009

Para elaborar este proyecto, los técnicos de costas realizaron varios estudios previos que analizan la evolución de línea de orilla del Golfo de València, desde Pinedo hasta Cullera.
Evolución de la línea de playa en La Casa Negra de 1960 a 2006
Evolución de la línea de playa en La Casa Negra de 1960 a 2006

Uno de ello es el estudio 'Estrategias de defensa de protección en las costas valencianas' presentado en 2016 por el Ministerio de Medio Ambiente (ver archivo al final de la información).

El documento refleja importantes retrocesos de hasta 100 metros en la playa del Arbre del Gos entre 1960 y 2006, donde se ubicaba el tradicional restaurante La Casa Negra, a 105 metros de la orilla en su origen y que prácticamente quedaría sobre el agua en 2006, un año después de su demolición.

Otro ejemplo es la playa del Saler en la Casbah, que desde 1977 hasta 2010, situación idéntica a la actual, ha perdido sus 47 metros de arena.

La discoteca de Pinedo que en el año 1960 quedaba a 109 metros de la orilla de la playa estaba en 2009 a tan solo 25 metros y la pista de atletismo del antiguo polideportivo que en 1986 estaba a 65 metros de la orilla en 2009 se redujo a 34 metros.
La playa de Pinedo a la altura de la discoteca en 1960 y en 2009
Para paliar estos efectos negativos, el proyecto plantea como objetivo "la restitución de la línea de orilla actual a su posición en el año 1965 mediante el vertido de 2,4 millones de metros cúbicos de arena procedente de un yacimiento submarino ubicado frente al litoral valenciano y la prolongación de la Gola del Puchol que permitirá el apoyo del material vertido".

De esta forma, "el ancho de playa seca se verá incrementada hasta en 70 metros en las secciones más comprometidas y por consiguiente supondrá la protección del Parque Natural de la Albufera situado en el trasdós de las playas objeto de la actuación", en concreto, las del Arbre del Gos, el Saler y la Garrofera. La actuación supondrá una inversión de 28,5 millones de euros.

Pese a todo, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se resiste a realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al considerar que legalmente no es preceptivo y que la elaborada en el año 2007 cuando se presentó el proyecto sigue siendo válida, a pesar de llas modificaciones sustanciales que se han introducido, reflejadas en el anteproyecto aprobado en 2018.
Evolución de la línea de playa junto al antiguo polideportivo del Saler entre 1986 y 2009

Incluso, un reciente estudio encargado por los empresarios a la Universidad Politécnica por el que han abonado 30.000 euros descarta que los diques de abrigo de la ampliación norte hayan agravado los problemas de erosión de las playas del sur.

Sin embargo, otro estudio de la misma universidad que analiza el efecto sombra del Puerto entre Pinedo y El Perellonet entre los años 1984 y 2014 concluye que la playa de l'Arbre del Gos es la más afectada con una pérdida de 65 metros de arena, seguida de la de Pinedo, entre espigones, que ha retrocedido 56,7 metros, la de La Creu que ha perdido 40 metros, y las del Saler que han perdido 34 y 33 metros. La de Pinedo Norte, sin embargo, ha ganado 27 metros al ser la más pegada al Puerto.

Cambios en el proyecto de ampliación

Entre los cambios más importantes que se han introducido en el proyecto de ampliación del Puerto de València destacan la prolongación de 500 metros del actual dique de abrigo, la eliminación del actual contradique, el traslado a los astilleros de Boluda (junto al barrio de Natzaret) de la terminal de cruceros que ha supuesto una compensación para el empresario, y el cambio de configuración de los muelles que se destinarán en su totalidad al tráfico de contenedores, lo que implica el uso de 4 millones más de metros cúbicos de material de relleno de lo que establece la DIA de 2007.

Además, el canal de acceso previsto a la dársena interior de la nueva terminal prevé un dragado para alcanzar 22,5 metros de profundidad lo que implica que el volumen de fondos marinos a extraer pase de 1,5 millones de metros cúbicos a 21,3 millones de metros cúbicos, 14 veces superior a lo autorizado en la DIA 2007.

La superficie afectada por el dragado para habilitar el canal de acceso pasaría de las 80 hectáreas contempladas en la DIA de 2007 a 450 hectáreas, quedando el límite inferior del área a unos 1.500 metros del ámbito marítimo de L'Albufera.

sábado, 8 de febrero de 2020

El subdirector del Puerto de València responsabiliza a Costas del bloqueo en la regeneración de las playas


MANUEL GUERRA DENUNCIA QUE EL PUERTO LLEVA UNA DÉCADA ESPERANDO INSTRUCCIONES PARA FRENAR LA EROSIÓN
6/02/2020 - 
VALÈNCIA. La regeneración de las playas al sur del Puerto de Valencia, Pinedo y El Saler, a la que obliga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que ampara la ampliación norte del recinto portuario lleva trece años sin ejecutarse. La responsabilidad, curiosamente, es del mismo organismo que dejó por escrito esa obligación en la evaluación ambiental dictada en 2007: la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.
Así lo denunció este martes Manuel Guerra, subdirector general de la Autoridad Portuaria de València (APV) en una jornada del Colegio de Arquitectos sobre la relación del puerto con la ciudad. En ese foro, en el que Guerra tuvo que replicar el aluvión de intervenciones en contra de la ampliación norte del puerto por el impacto que tendrá en el entorno, el directivo explicó que si el Puerto no ha llevado a cabo el plan de regeneración del litoral es sencillamente porque Costas aún no le ha indicado qué intervenciones debe realizar.
"La DIA de 2007 nos pidió que realizáramos un Plan de Vigilancia Ambiental que se encargó, previa aprobación por la dirección general de Costas, al laboratorio de Costas de la Universitat Politècnica de València. Este Plan nos permitido tener informes de periodicidad trimestral sobre la evolución de las playas desde la Patacona hasta El Saler que han sido remitidos a la dirección general de Costas y al Ministerio de Medio Ambiente. Llevamos 10 años con un presupuesto de 3 millones de euros consignado en nuestras partidas presupuestarias para realizar las actuaciones que Costas estime conveniente. En estos momentos seguimos a la espera de que Costas finalice el plan integral y nos indique qué actuaciones concretas debemos sufragar", señaló Guerra.
La falta de diligencia de Costas y la consiguiente inacción del Puerto de València resulta altamente llamativa a la vista de la gravedad de la situación de las playas ya descrita en el examen ambiental de 2007, atribuida a las sucesiones ampliaciones del recinto portuario y al descenso de "aportes sólidos" del río Turia desde su desvío.
Así, la DIA concedida para la ampliación norte destacaba que la "magnitud de las obras proyectadas y el efecto que las mismas producirán en el litoral", obligaban a realizar un estudio de dinámica litoral tanto durante su ejecución como durante su explotación con el objetivo de incluir en su caso las medidas correctoras necesarias.
Más alarmante resulta todavía que los diques de abrigo de esa ampliación, el principal elemento que podría agravar los efectos descritos en la declaración ambiental por su efecto sobre el oleaje, están construidos desde 2012. Esto es: el potencial riesgo adicional descrito la DIA es real desde hace ocho años.
La Dirección General de Costas, en sus alegaciones como parte de la tramitación de esa DIA, instaba a llevar a cabo un seguimiento de la evolución de las playas de Arbre de Gos y El Saler, "ya que el efecto del puerto puede obligar a no muy largo plazo al establecimiento de nuevas obras de control de la erosión, que deberían ser asumidas por la Autoridad Portuaria de Valencia".

Costas admite el daño añadido

El proyecto de regeneración de las playas del Saler y Garrofera (Valencia) que Costas puso en marcha a mediados de 2019, desde las playas de L'Arbre de Gos, del Saler y Garrofera (entre el espigón sur de la playa de Pinedo y la gola de Pujol), reconoce de hecho que la erosión provocada por el efecto barrera que ejercen los diques de la ampliación norte "se ha ido propagando hacia el sur con el paso del tiempo, afectando a una mayor longitud de costa".
En la descripción de la situación actual, Costas incide en que el proceso regresivo "amenaza, de forma especial, a los ecosistemas de la Dehesa, por estrechamiento de la restinga que cierra la Albufera". "Se hace necesaria la intervención para evitar que continúe su desgaste, lo cual supone un riesgo inminente para la conservación de los hábitats que constituyen el ecosistema del Parque Natural de la Albufera", prosigue el organismo.
Dado que las causas de esa erosión de la costa se mantendrán a medio y largo plazo –como la elevación del nivel del mar debido al calentamiento global o las posibles ampliaciones del Puerto de València, Costas advierte ahora que las consecuencias las sufrirá directamente el Parque Natural de la Albufera.

jueves, 23 de enero de 2020

Así ha retrocedido la playa del Saler tras las ampliaciones del Puerto de València

Imágenes aéreas de la playa de La Garrofera de los años 1977 y 2010 ilustran los cerca de 70 metros de arena que ha perdido la costa, lo que amenaza el Parque Natural de L'Albufera

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada en 2007 para la ampliación norte advierte de que "estas playas han venido sufriendo un retroceso producido por el crecimiento del Puerto y el descenso de aportes sólidos del río Turia"

El Gobierno autorizó la ampliación norte a sabiendas del retroceso de las playas del sur por sucesivas ampliaciones portuarias, como recoge una respuesta del Ejecutivo del año 1991

"Llevo 46 años viviendo en la Casbah y he visto cómo los pescadores llegaban en sus pequeñas barcas a la playa de La Garrofera y atracaban en la misma arena, ya que antiguamente estaba permitido; ahora sería impensable porque ya no queda arena, han desaparecido los cerca de 80 metros de playa que había en el mismo periodo en que se ha ido ampliando el Puerto de València".
Así se ha pronunciado un vecino muy conocedor del proceso de regresión que viene sufriendo todo el frente litoral sur de València, cuyas consecuencias en forma de destrozos se ven cada vez que hay un temporal.
Como prueba, aporta dos imágenes aéreas de la playa de La Garrofera en 1977 y en 2010, en las que se aprecia cómo el agua ha engullido la explanada de arena que existía y llega ya hasta el muro del antiguo paseo marítimo.
Según este residente (prefiere mantenerse en el anonimato) de una de las zonas de València más castigadas por la reciente borrasca, "los daños no hubieran sido tan agresivos si las playas no estuvieran tan erosionadas como están".
Además, tal y como ya hiciera este martes la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, alerta de que el crecimiento del nivel del mar pone en riesgo L'Albufera: "Cada vez se estrecha más el monte de la Devesa que ejerce de barrera entre el mar y L'Albufera por el empuje de las olas, lo que genera filtraciones de agua salada al lago".
Sobre las sucesivas ampliaciones del Puerto de València como las causantes de la erosión de las playas del sur no tiene dudas: "Así lo reconoce la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de la ampliación norte; pero no es nuevo porque el Gobierno ya sabía mucho antes de los perjuicios que el Puerto ha causado en esta zona de costa como queda reflejado en una respuesta del Ejecutivo central del año 1991 a un senador; pese a todo, autorizaron la ampliación sin tomar medidas más allá de aportes esporádicos de arena".
Tal y como explica este vecino, la DIA otorgada al Puerto de València para su ampliación norte destaca textualmente que "en las últimas décadas estas playas han venido sufriendo un retroceso producido por la interrupción del transporte litoral, debido al crecimiento del Puerto y al descenso de aportes sólidos del río Turia".
Además, añade que "el Puerto de Valencia es responsable de las profundas modificaciones que se han venido produciendo en las playas de Pinedo y El Saler. El basculamiento de la playa de Pinedo no ha terminado, por lo que se debiera aumentar la longitud del dique de encauzamiento de la margen derecha del Turia, y añadir el material sedimentario que lleve a su equilibrio a la playa, al tiempo que se hace necesario completar la defensa y apoyo de la playa en el extremo sur, a partir de donde termina el efecto de difracción".
Por este motivo, establece que "debe contemplarse el seguimiento de la evolución de las playas de L'Arbre de Gos y El Saler, ya que el efecto del puerto puede obligar a no muy largo plazo al establecimiento de nuevas obras de control de la erosión, que deberían ser asumidas por la Autoridad Portuaria de Valencia".
En junio de 1991 (ver documento al final de la información), el senador valenciano del PP, José Miguel Ortí, preguntó al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Josep Borrell (PSOE), sobre medidas para adoptar a medio y largo plazo para solucionar definitivamente el grave deterioro que ha sufrido la Dehesa de El Saler "para contrarrestar el efecto negativo que sobre la misma produce la cercanía del Puerto de Valencia y también la subida del nivel del mar".
En su respuesta, Borrell añade como causante de esta situación "la práctica supresión del aporte de áridos por el río Turia" y fecha el inicio del proceso erosivo antes de los años 80.
Es decir, que a pesar de que el ministerio tiene constatado el efecto negativo de las sucesivas ampliaciones del puerto en el litoral del Saler, autorizó más tarde la última ampliación norte.
El mismo departamento, dirigido ahora por el socialista valenciano José Luis Ábalos, quien alegó contra la ampliación como concejal del PSPV en el Ayuntamiento de València en 2007, debe decidir si el anteproyecto de ampliación, que no se ajusta a los parámetros de la DIA de 2007 tras las modificaciones introducidas, requiere de una nueva evaluación ambiental como exigen el Ayuntamiento y la Generalitat, o si la considera vigente como afirma la Autoridad Portuaria de Valencia (APV). Una decisión que deberá adoptar tras la reciente declaración de emergencia climática por parte del nuevo Gobierno.

La Politécnica estima una pérdida de 65 metros de playa

Un estudio de la Universidad Politécnica que analiza el efecto sombra del Puerto entre Pinedo y El Perellonet entre los años 1984 y 2014 concluye que la playa de l'Arbre del Gos es la más afectada con una pérdida de 65 metros de arena, seguida de la de Pinedo, entre espigones, que ha retrocedido 56,7 metros, la de La Creu que ha perdido 40 metros, y las del Saler que han perdido 34 y 33 metros. La de Pinedo Norte, sin embargo, ha ganado 27 metros al ser la más pegada al Puerto.
Con el objeto de paliar el proceso de erosión que sufren las playas situadas al sur del puerto, la Demarcación de Costas de Valencia tiene previsto ejecutar el proyecto de 'Regeneración de las playas del Saler y Garrofera' que supone el aporte de 2.908.796 de metros cúbicos de arena en el tramo de playa comprendido entre el espigón situado justo al norte de la playa de L'Arbre del Gos hasta la gola del Pujol (abarca los tramos en los que el proceso erosivo es muy fuerte).
El objetivo de este proyecto es la recuperación de la línea de costa existente en el año 1965, lo que supone en algunos puntos hasta 70 metros de ancho. Los técnicos municipales estiman que con el ritmo de pérdida de arena que se tiene calculado, se prevé una duración aproximada de la actuación de unos 55 años. La actuación supondrá una inversión de 28,5 millones de euros.
Según el documento, "en la actualidad el proceso regresivo amenaza, de forma especial, a los ecosistemas de la Dehesa, por el estrechamiento de la restinga que cierra L'Albufera, por lo que se hace necesario intervenir para evitar que continúe su desgaste, suponiendo un riesgo inminente para la conservación de los hábitats que constituyen el ecosistema del Parque Natural de L'Albufera".

sábado, 6 de julio de 2019

¡POR FIN! Tres playas de Valencia recuperarán la línea de costa de 1965

Los trabajos del Ministerio se llevarán a cabo en las zonas con mayores problemas de erosión 

El Ministerio de Transición Ecológica pondrá en marcha un proyecto de regeneración de las playas de l'Arbre del Gos, el Saler y la Garrofera, en el término municipal de Valencia, para generar unos 360.000 metros cuadrados de playa seca y recuperar así la línea de costa de 1965.

Este proyecto de regeneración de playas es la solución técnica planteada en las 'Estrategias para la Protección de la Costa', elaboradas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en las zonas donde se han detectado mayores problemas de erosión, han informado fuentes del Gobierno.

La problemática detectada que ha desencadenado esta actuación es la regresión del litoral que están sufriendo las playas al sur del puerto de Valencia, y que podría afectar al cordón litoral que separa la Albufera del mar. La pérdida de las playas, además del impacto socioeconómico, supondría la afección al Parque Natural de l'Albufera y la Devesa del Saler. El presupuesto de ejecución por contrata es de 28.598.184,73 Euros.

La longitud de actuación es de 7.100 metros de playa entre el último espigón de Pinedo y la Gola de Pujol. El ancho medio de recuperación de playa seca es de unos 50 metros, siendo la recuperación en la zona más próxima a Pinedo de 80 metros de playa. La superficie total de playa recuperada será de 360.000 metros cuadrados.
Destrozo del último temporal
Las arenas, con una granulometría adecuada, se prevé que procedan de un banco de arena marino a 65 metros de profundidad frente a las playas de Sueca (Marenys). La extracción y vertido de arenas se realizará mediante una draga de succión por arrastre.

La previsión es que la draga se posicionará a unos 2 km de la costa y desde allí bombeará la mezcla de arena y agua hasta la playa seca a través de una tubería flotante, donde un equipo de movimiento de tierras extenderá el material.

El plazo total de las obras según proyecto es de seis meses, aunque los correspondientes a los trabajos de dragado y vertido son 13 semanas. Esto se debe a que se prevé utilizar una draga de gran capacidad, y que permitirá ejecutar las obras en la época del año de menor afección ambiental.


viernes, 5 de julio de 2019

Condenan al ex jefe de Costas de Canarias a tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental

José María Hernández "falseó la realidad en el acta de replanteo" del proyecto de regeneración de Tauro | Ante la sentencia cabe recurso de apelación al TSJC

La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó al exjefe de Costas, José María Hernández, a tres años de prisión y a nueve de inhabilitación para cargo público por los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. Además, deberá pagar una multa de 3.900 euros.

El fallo revela que el 1 de octubre de 2015 la directora general del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Raquel Orts, otorgó la Orden Ministerial de la Concesión de Ocupación de 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con la finalidad de la regeneración y explotación de los servicios de temporada de la playa de Tauro, ubicada en Mogán.

La Orden Ministerial estuvo acompañada de un marco jurídico cuyo cumplimiento era obligatorio en el que se delimitó "taxativamente cuáles son las condiciones generales para las concesiones demaniales en las playas, zona marítimo-terrestre y mar territorial" . También se estableció que "en caso de que existan terrenos de propiedad particular se levantará preceptivamente el acta de entrega de dichos terrenos al dominio público" para lo cual se tendrá que "delimitar la zona con carácter previo al inicio de las obras" .

Asimismo, se estableció en un apartado del marco jurídico que se le adjudicaba la obra a la promotora Anfi Tauro S.A. ya que esta se comprometía a incorporar 3.811 metros cuadrados de terrenos privados al dominio público para obtener un mayor ancho de playa.

La sentencia da la razón a la teoría del fiscal Javier Ródenas, sobre que el exjefe de Costas de la Demarcación de Canarias, a pesar de ser consciente de esta normativa optó por prescindir del marco jurídico y de las condiciones generales y "prescripciones particulares impuestas", con la "única voluntad de autorizar el inicio de las obras sin velar por el cumplimiento normativo". Para lograr su cometido, el acusado "no dudó en falsear la realidad en dos documentos, el acta de replanteo y el plano adjunto al acta de entrega y recepción de los terrenos a aportar".

Así, Hernández el 3 de febrero de 2016 envió un correo electrónico al ingeniero de caminos de la Demarcación, Ignacio López San Vicente, para solicitarle que estuviese al día siguiente en el Acta de Replanteo de las obras de ocupación de los 11.200 metros cuadrados. Sin embargo, López San Vicente le informó al exjefe de Costas que faltaban documentos, por lo que no podía realizarse el replanteo. Pese a esto el ingeniero hizo acto de presencia y realizó una inspección de las obras, y tras ver que no se cumplía con lo establecido en la Orden Ministerial se negó a firmar el acta, que ya tenía confeccionada el exjefe de Costas antes de realizar la inspección.

José María Hernández ignoró las observaciones del ingeniero de caminos y de igual forma procedió a autorizar el inicio de las obras. Así, Anfi Tauro procedió a realizar movimientos de tierra y a ejecutar el proyecto.

El procesado también realizó, entre el 5 de febrero y 19 de abril de 2016, un Acta de Replanteo con fecha de 4 de febrero del mismo año. En ese documento, el exjefe de Costas mintió al afirmar que "el ingeniero de caminos realizó objeciones que fueron resueltas de inmediato". Hernández también suscribió el acta de replanteo falsaria en su doble condición de ingeniero de caminos representante de la Demarcación y como Jefe de la Demarcación.

Por ello, la jueza de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo, condenó a José María Hernández a tres años de prisión por el delito de falsificación de documento oficial y a una multa de seis meses con cuota diaria de 20 euros, lo que equivale a un total de 3.600 euros, cuyo impago llevará aparejada la responsabilidad personal subsidiaria de un día de cárcel por cada dos cuotas impagas, además de las costas generadas por el procedimiento judicial. Por el delito de prevaricación administrativa, la magistrada le sentenció a nueve años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y del derecho del sufragio pasivo. El fallo también expresa que se le imponen las penas mínimas ya que no concurre en el encausado alguna circunstancia agravante.

La sentencia no es firme, por lo que las partes podrán interponer un recurso de apelación en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.


lunes, 20 de mayo de 2019

El exjefe de Costas se siente víctima de una "encerrona" por parte del ingeniero y de la subdirectora de Costas

José María Hernández, a la izquierda, junto a su abogado, Esteban Mestre. (ALEJANDRO RAMOS)

Anfi solo entregó el 15% del terreno que ofreció en el proyecto de la playa de Tauro, según el jefe de Costas

Rafael López cuestiona la autorización para el inicio de las obras concedida por su antecesor en el cargo, José María Hernández, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel y diez meses de inhabilitación por prevaricación y falsedad
Según el Ministerio Público, el exjefe de Costas obvió deliberadamente las objeciones manifestadas por el ingeniero que comprobó el terreno y permitió a la empresa incumplir las prescripciones del pliego
Hernández se siente víctima de una "encerrona" por parte del ingeniero y de la subdirectora de Costas
Santiago Santana Cazorla, promotor del proyecto, asegura que las trabas a Anfi Tauro fueron el detonante de su exilio a Marruecos
El actual jefe de demarcación de Costas en la provincia de Las Palmas, Rafael López Orive, ha cuestionado este miércoles la autorización que uno de sus antecesores en el cargo , José María Hernández, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel y diez meses de inhabilitación por prevaricación y falsedad en documento oficial, concedió en febrero de 2016 para el inicio de las obras de regeneración de la playa de Tauro, en Gran Canaria, un proyecto promovido por el conocido empresario Santiago Santana Cazorla a través del Grupo Anfi.

López Orive, que ha ocupado el cargo en tres etapas diferentes, aseguró durante su declaración como perito en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial que ese permiso debía estar supeditado al cumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego del concurso, una circunstancia que, en su opinión, no se daba en este caso. Según el jefe de Costas, Anfi solo había entregado al Estado 600 metros cuadrados de los 3.811 que había comprometido en el proyecto autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente en octubre de 2015, aproximadamente un 15%. Esta aportación al dominio público de terrenos privados contiguos a la playa había sido un factor determinante para que Anfi se llevara la concesión frente al otro licitador, Miguel Cazorla.

El actual jefe de Costas, que sustituyó en julio de 2016 a Hernández, destituido a raíz de las irregularidades detectadas en Anfi Tauro, expuso esta discrepancia en un informe elaborado a los dos meses de acceder al puesto. Según explicó a la Sala, López Orive inspeccionó las obras y ordenó un levantamiento topográfico para concluir que, de los 3.811 metros cuadrados comprometidos a cambio de la concesión, Anfi solo había aportado unos 600 y había hecho obras en otros 600 de los que no existía constancia oficial de que hubiesen sido entregados a la administración pública. El resto, más de 2.000 metros cuadrados, estaba ocupado -y lo sigue estando- por viviendas, una desaladora, un restaurante...

López Orive remarcó que las prescripciones del pliego establecían que, antes de firmar las actas de entrega y replanteo de obras (los dos documentos por los que está acusado Hernández), los terrenos debían estar delimitados tanto física como jurídicamente (propiedad, cargas...), por lo que los trabajos no debieron comenzar. El perito ha rechazado el principal argumento de la defensa, según el cual Anfi aportó dos parcelas discontinuas (del mojón 7 al 8 y del 10 al 13), ubicadas a ambos lados del barranco de Tauro, para cumplir con este compromiso. El jefe de Costas recordó que, según la prescripción K, la empresa debía entregar esos 3.811 metros cuadrados en la zona solicitada en la concesión, es decir, los ofrecidos, la franja continua y paralela a la línea del mar que une el mojón 7 con el 14, área en la que se encuentran las mencionadas edificaciones. “Tenía que estar fijado donde estaba el proyecto. Las olas no entienden de esquinas”, ha aseverado López Uribe en referencia a la especie de ‘U’ formada por Anfi tras depositar arena del Sáhara en esas dos parcelas ubicadas en los extremos de la playa.
“Una encerrona”
Por su parte, el acusado, José María Hernández, ha defendido su actuación en la autorización de las obras de la playa de Tauro y ha dicho sentirse víctima de “una encerrona” por parte de uno de sus subordinados, el ingeniero que advirtió de una serie de irregularidades que hacían inviable la firma del acta de replanteo (las vinculadas a la entrega de los terrenos, la presencia de mojones desplazados, de uno de ellos en el interior de una de las viviendas, una invasión puntual del dominio público, la carencia de canalizaciones de saneamiento para los quioscos, falta de documentación....), y de su superior jerárquica, la subdirectora de Costas, Josefa Solernou, que en una inspección posterior constató todos esos incumplimientos y ordenó al delegado provincial depurar la situación física y jurídica de esos terrenos.

Hernández ha defendido que actuó en virtud de la orden ministerial del 1 de octubre de 2015 que establecía que los terrenos aportados por la empresa concesionaria se ajustaban a lo recogido en los pliegos, según la documentación aportada por Anfi y a pesar de que posteriormente, sobre el terreno, el ingeniero a sus órdenes constató los mencionados impedimentos para comenzar las obras. El exjefe de Costas atribuye a este trabajador, que lo había denunciado por acoso laboral (causa finalmente archivada), el origen de sus problemas. Sostiene que su único interés durante la tramitación del expediente de Tauro fue paralizar el proyecto y que se trataba de un empleado “problemático y quejoso”.

El procesado explicó que las objeciones puestas de manifiesto por su subordinado eran subsanables y no tenían suficiente enjundia como para paralizar una obra de esa envergadura, “una perita en dulce” que llevaba once años atascada, según sus propias palabras. Por ello, no dudó en firmar una primera acta de replanteo sobre el terreno, en la misma playa, y autorizar verbalmente el inicio de las obras. Tanto el ingeniero de Costas como la responsable de Patrimonio, del Ministerio de Hacienda, se negaron a hacerlo. El primero por las irregularidades advertidas. La segunda, porque una de las fincas aportadas por Anfi no estaba inscrita en el registro. Sin embargo, según manifestaron varios testigos en la sesión de este miércoles, ese documento apareció esa misma mañana tras unas gestiones de Santana Cazorla, lo que permitió, según la versión de la defensa, firmar una segunda acta esa misma tarde en la que se daban por solventados los impedimentos expuestos por los trabajadores. Para la Fiscalía de Medio Ambiente, esa aseveración supone una falsedad, puesto que los problemas puestos de manifiesto entonces aún perduran a día de hoy, con las obras paralizadas y sendos expedientes de caducidad y sancionador abiertos a la empresa concesionaria.

“Por eso me fui a Marruecos”
En el juicio contra Hernández también ha declarado, en calidad de testigo, el promotor, Santiago Santana Cazorla, quien ha afirmado que las trabas con las que se topó para desarrollar el proyecto fueron “la gota que colmó el vaso” de su paciencia en Canarias y la razón de su exilio a Marruecos. “Llevaba once años tratando de sacarlo adelante”, ha manifestado el empresario, que ha defendido que las parcelas finalmente aportadas, que no coincidían con las ofrecidas en el plano “orientativo” del proyecto, fueron fruto de las negociaciones que personalmente mantuvo con altos cargos de Costas en Madrid.

Santiago Santana Cazorla. (ALEJANDRO RAMOS)
Santana Cazorla se jactó de que el discurso que habría pronunciado ante los responsables de autorizar la obra la mañana del 4 de febrero de 2016 fue clave para que se firmara el acta de replanteo y se iniciaran los trabajos. El promotor atribuye lo sucedido en Anfi Tauro a “una cuestión política o enfrentamiento entre técnicos”. “No puedo entenderlo en la vida. Estoy asustado en esta isla. Aquí no se puede trabajar”, ha concluido.

Entre la decena de testigos se encontraba también Enrique Hernández Bento, ex subsecretario de Estado de Industria, Energía y Turismo y ex delegado del Gobierno de España en Canarias, que participó en esas negociaciones para desbloquear el proyecto para la regeneración de la playa.

El juicio continuará el jueves 23 de mayo con las declaraciones de las entonces directora y subdirectora de Costas.

jueves, 9 de mayo de 2019

El exjefe de Costas se enfrenta a tres años de cárcel


El miércoles 15 se celebrará el juicio que sienta en el banquillo a José María Hernández de León, exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, que ha sido acusado por falsedad en documento oficial y prevaricación en un asunto relacionado con las obras de la playa de Tauro.


Por estos hechos, la Fiscalía Provincial de Las Palmas –que será representada por Javier Ródenas– interesa que Hernández de León sea condenado a tres años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. Entre los testigos propuestos está el exdelegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento.

lunes, 3 de diciembre de 2018

Los vecinos de Bahía y Nares se unen para salvar sus casas del nuevo deslinde de Costas

El presidente de la asociación, Pedro José Martínez (2i), junto a Antonio Aliada, Laura (i) y Lola Martínez, frente a uno de los mojones. / J.M. RODRIGUEZ/ADM

La medida afecta a más de 200 construcciones de ambas playas, la inmensa mayoría con escrituras y registro: «Nos las quieren quitar gratuitamente; no lo vamos a consentir»

Contempla el mar con atención, pensativa, y por su cabeza pasan recuerdos de su infancia: los baños con sus familiares y amigos, las noches de verano en la playa, los aperitivos en la misma arena... Porque Lola Martínez adora La Reya, más conocida como la playa de Bahía, en Puerto de Mazarrón. Sin embargo, todos esos buenos pensamientos se parten en pedazos por momentos: «La Demarcación de Costas quiere ampliar el deslinde para incluir nuestras casas en la zona de dominio público», declara Martínez. «Ninguno de los vecinos que tenemos vivienda aquí sabemos el motivo, pero no van a conseguir quitarnos nuestras propiedades. La casa de mis padres es una herencia de mis abuelos y tiene un gran valor».

Vecinos de Bahía y Nares, en Mazarrón, se han unido para constituir una asociación y luchar contra el nuevo deslinde que pretende realizar Costas. En total, son más de 200 casas de ambas zonas de playa las que se verían afectadas por esta medida. La inmesa mayoría de las viviendas están escrituradas. Tan solo unas quince son concesiones de la Demarcación de Costas.

El origen del problema al que se enfrentan este más de un millar de vecinos tiene su origen en los años 60. Según ha podido saber 'La Verdad', hubo entonces una orden ministerial con fecha de 27 de julio de 1960 que contemplaba dos medidas. La primera de ellas era aprobar la zona marítimo terrestre, que se estableció a pie de playa con los actuales mojones que pueden hoy verse en la arena. La segunda medida, según explicaba el documento, era marcar una zona de dominio público, que quedó pendiente de aprobación porque «el Ayuntamiento se opuso, afirmando que los terrenos estaban inventariados», relatan los vecinos. Este dominio público se marcaba en la avenida José Alarcón, que es el que ahora Costas, según los propios residentes, quiere recuperar y que incluiría las viviendas de primera y segunda línea de playa.
Un robo «consentido por ley»
El presidente de la Asociación de Propietarios La Reya-Nares, Pedro José Martínez Serrano, asegura que «hay casas que en este momento tienen una orden de derribo porque las concesiones se dieron de manera ilegal en su momento. La Demarcación dio esas concesiones de casas que no estaban dentro de la zona marítimo terrestre. Estaban fuera».

Hasta ahora, en Bahía se han derribado cinco casas por orden de Costas. «Dos se hicieron de forma legal, pero los otros tres derribos no deberían de haberse producido al estar las viviendas fuera de los mojones», lamenta el presidente de la asociación. Añade que «hemos tenido constancia de que ahora quieren volver a iniciar el deslinde. Y no tiene sentido, porque no ha cambiado la playa, ni su entorno ni nada por el estilo. Todo el deslinde del litoral de la Región pasa por la misma zona en las playas: la arena».

Antonio Aliada es otro de los propietarios afectados en Bahía. «Llevo 62 años en esta casa. Costas dice que tengo una cesión, pero no es así. Yo soy propietario porque lo dijo un juez cuando llevé el caso a los tribunales», relata.

En el caso de que se llevara a cabo el nuevo deslinde de dominio público, Aliada pasaría a tener una concesión, al igual que los demás vecinos, de un máximo de 75 años. «Me parece que es un robo consentido por la ley. Es una recuperación de terreno público a coste cero. Si finalmente se aprueba dicho deslinde, iré hasta donde tenga que llegar para que no me quiten nada que es mío. Esta casa la compró mi padre y pasará a ser de mi hija en un futuro», asevera este murciano.

Acciones legales

La plataforma de vecinos anuncia que emprenderá acciones legales contra Costas. «Haremos lo que sea necesario. Estamos dispuestos a encerrarnos en la Demarcación hasta que se solucione este problema», afirma el presidente de la asociación. «Es que no tiene sentido nada de lo que quieren hacer. Y me cabrea mucho. Esta zona ha sido mi infancia y la de mucha gente durante los veranos. Nos conocemos la playa como si fuera nuestra, y de verdad que no alcanzamos a entender el motivo por el que quieren hacernos esto».

Los vecinos lamentan que «a todo el mundo le da miedo la Demarcación de Costas, pero nosotros no le tememos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y de la Comunidad. Además, estas dos instituciones tienen que ser oídas en el caso de que se realice un futuro deslinde, y nos han dicho que nos van a apoyar hasta el final».

Al igual que él, Fernando Caride, otro de los vecinos de Bahía, cree que «el deslinde se tiene que quedar por donde está. No hay razones sociales, económicas ni medioambientales que justifiquen el robo de la propiedad privada de los vecinos de Bahía».

Explica que «somos ciudadanos de Mazarrón que tenemos una propiedad privada, y se nos va a quitar por el morro». «Me molestan mucho las actuaciones que ha desarrollado determinado personal de Costas, porque roza la prevaricación». Según él, «no pueden obligar a la gente a cambiar sus propiedades por concesiones, sobre todo, cuando el terreno no está en dominio público. Y lo peor de todo es que, después de haber presentado documentación y justificado que lo que quieren hacer es ilegal, ellos siguen adelante».

Alicia Jiménez: «Vamos a ayudar a los propietarios en todo momento»
La alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, explicó a 'La Verdad' que «desde el Ayuntamiento estamos apoyando a los vecinos de Bahía y Nares; somos conscientes de la grave situación que atraviesan y del problema que tienen encima». Jiménez señala que «desconocemos el motivo de la ampliación del deslinde hasta la avenida José Alarcón. Hay mucha gente que puede demostrar que sus casas son de propiedad». La regidora apunta que «Costas quiere hacer un nuevo deslinde pasando por calles y casas. Nosotros estamos ayudando a la asociación a recabar la información porque entendemos que los vecinos de Bahía y de Nares tienen toda la razón del mundo».

Costas no se pronuncia. Seguir leyendo



domingo, 25 de noviembre de 2018

El Gobierno reconoce no encontrar los papeles con los que justifica decenas de expropiaciones en la costa (JOAQUÍN HERNÁNDEZ)

Se trata de una orden ministerial de 1957, "conforme" a la cual se desarrolló el deslinde por el que fueron desmantelados un centenar de invernaderos en las costas de Albuñol en 2017
"No ha podido ser localizada la O.M. de 9 de octubre de 1957", ha afirmado el ministerio de Transición Ecológica, del que depende la Dirección de Costas, en un e-mail de respuesta a la presidenta de la Asociación Europea de perjudicados por la Ley de CostasCarmen Del Amo, al que ha podido acceder Vozpópuli.

Esa orden ministerial que el Gobierno no ha podido localizar es la que basó un deslinde en la costa de 
AlbuñolGranada, por el que hace un año fueron desmantelados un centenar de invernaderos de los que vivían unas 200 familias en la localidad granadina de Albuñol. La medida fue aplaudida por los colectivos ecologistas pero repudiada por los agricultores y la propia Del Amo, que enfatiza que el desmantelamiento se hizo con cargo a los propios agricultores. "Fue una confiscación ilegal en toda regla", denuncia Del Amo. 

El expediente de dicho deslinde fue tramitado "conforme a lo dispuesto en la O.M. de 9 de octubre de 1957 y Ley 28/1969 de 26 de abril", según consta en una nota del entonces 
Ministerio de Obras Públicas en el año 1977. El mismo deslinde sería ratificado en el año 2000.

La respuesta referida es la primera vez que el Gobierno se pronuncia ante Del Amo sobre el contenido y disponibilidad íntegra de las órdenes ministeriales cuya existencia la propia denunciante pone en cuestión, remarcando que deberían ser públicas como lo exige la Ley.

Otras nueve órdenes ministeriales, en suspenso 
Tal y como ha informado ya este periódico, Del Amo ha solicitado las órdenes ministeriales de otros nueve deslindes, sin haberle sido entregada hasta ahora ninguna de las que los sustentaron. "Se está preparando la remisión de los textos de las órdenes ministeriales aprobatorias de los deslindes por los que se interesa (Del Amo)", contestaron desde el ministerio de Transición Ecológica el 26 de octubre.

Según Del Amo, hasta un 
millón de personas podrían llegar a verse afectadas por lo que considera un "agujero jurídico" en toda regla ya que, según ella, las referidas órdenes ministeriales "no existen, si no, las hubieran mostrado ya", en lo que forma parte de una estafa "hasta ahora desconocida porque nadie la había investigado en profundidad". 

A propósito de la orden que el Gobierno ya ha dicho no poder localizar,
Vozpópuli ha intentado ponerse nuevamente en contacto con el ministerio de Transición Ecológica, que había respondido hasta ahora a este medio, pero no ha sido posible.