LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

sábado, 6 de julio de 2019

¡POR FIN! Tres playas de Valencia recuperarán la línea de costa de 1965

Los trabajos del Ministerio se llevarán a cabo en las zonas con mayores problemas de erosión 

El Ministerio de Transición Ecológica pondrá en marcha un proyecto de regeneración de las playas de l'Arbre del Gos, el Saler y la Garrofera, en el término municipal de Valencia, para generar unos 360.000 metros cuadrados de playa seca y recuperar así la línea de costa de 1965.

Este proyecto de regeneración de playas es la solución técnica planteada en las 'Estrategias para la Protección de la Costa', elaboradas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en las zonas donde se han detectado mayores problemas de erosión, han informado fuentes del Gobierno.

La problemática detectada que ha desencadenado esta actuación es la regresión del litoral que están sufriendo las playas al sur del puerto de Valencia, y que podría afectar al cordón litoral que separa la Albufera del mar. La pérdida de las playas, además del impacto socioeconómico, supondría la afección al Parque Natural de l'Albufera y la Devesa del Saler. El presupuesto de ejecución por contrata es de 28.598.184,73 Euros.

La longitud de actuación es de 7.100 metros de playa entre el último espigón de Pinedo y la Gola de Pujol. El ancho medio de recuperación de playa seca es de unos 50 metros, siendo la recuperación en la zona más próxima a Pinedo de 80 metros de playa. La superficie total de playa recuperada será de 360.000 metros cuadrados.
Destrozo del último temporal
Las arenas, con una granulometría adecuada, se prevé que procedan de un banco de arena marino a 65 metros de profundidad frente a las playas de Sueca (Marenys). La extracción y vertido de arenas se realizará mediante una draga de succión por arrastre.

La previsión es que la draga se posicionará a unos 2 km de la costa y desde allí bombeará la mezcla de arena y agua hasta la playa seca a través de una tubería flotante, donde un equipo de movimiento de tierras extenderá el material.

El plazo total de las obras según proyecto es de seis meses, aunque los correspondientes a los trabajos de dragado y vertido son 13 semanas. Esto se debe a que se prevé utilizar una draga de gran capacidad, y que permitirá ejecutar las obras en la época del año de menor afección ambiental.


viernes, 5 de julio de 2019

Condenan al ex jefe de Costas de Canarias a tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental

José María Hernández "falseó la realidad en el acta de replanteo" del proyecto de regeneración de Tauro | Ante la sentencia cabe recurso de apelación al TSJC

La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó al exjefe de Costas, José María Hernández, a tres años de prisión y a nueve de inhabilitación para cargo público por los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. Además, deberá pagar una multa de 3.900 euros.

El fallo revela que el 1 de octubre de 2015 la directora general del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Raquel Orts, otorgó la Orden Ministerial de la Concesión de Ocupación de 11.200 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre con la finalidad de la regeneración y explotación de los servicios de temporada de la playa de Tauro, ubicada en Mogán.

La Orden Ministerial estuvo acompañada de un marco jurídico cuyo cumplimiento era obligatorio en el que se delimitó "taxativamente cuáles son las condiciones generales para las concesiones demaniales en las playas, zona marítimo-terrestre y mar territorial" . También se estableció que "en caso de que existan terrenos de propiedad particular se levantará preceptivamente el acta de entrega de dichos terrenos al dominio público" para lo cual se tendrá que "delimitar la zona con carácter previo al inicio de las obras" .

Asimismo, se estableció en un apartado del marco jurídico que se le adjudicaba la obra a la promotora Anfi Tauro S.A. ya que esta se comprometía a incorporar 3.811 metros cuadrados de terrenos privados al dominio público para obtener un mayor ancho de playa.

La sentencia da la razón a la teoría del fiscal Javier Ródenas, sobre que el exjefe de Costas de la Demarcación de Canarias, a pesar de ser consciente de esta normativa optó por prescindir del marco jurídico y de las condiciones generales y "prescripciones particulares impuestas", con la "única voluntad de autorizar el inicio de las obras sin velar por el cumplimiento normativo". Para lograr su cometido, el acusado "no dudó en falsear la realidad en dos documentos, el acta de replanteo y el plano adjunto al acta de entrega y recepción de los terrenos a aportar".

Así, Hernández el 3 de febrero de 2016 envió un correo electrónico al ingeniero de caminos de la Demarcación, Ignacio López San Vicente, para solicitarle que estuviese al día siguiente en el Acta de Replanteo de las obras de ocupación de los 11.200 metros cuadrados. Sin embargo, López San Vicente le informó al exjefe de Costas que faltaban documentos, por lo que no podía realizarse el replanteo. Pese a esto el ingeniero hizo acto de presencia y realizó una inspección de las obras, y tras ver que no se cumplía con lo establecido en la Orden Ministerial se negó a firmar el acta, que ya tenía confeccionada el exjefe de Costas antes de realizar la inspección.

José María Hernández ignoró las observaciones del ingeniero de caminos y de igual forma procedió a autorizar el inicio de las obras. Así, Anfi Tauro procedió a realizar movimientos de tierra y a ejecutar el proyecto.

El procesado también realizó, entre el 5 de febrero y 19 de abril de 2016, un Acta de Replanteo con fecha de 4 de febrero del mismo año. En ese documento, el exjefe de Costas mintió al afirmar que "el ingeniero de caminos realizó objeciones que fueron resueltas de inmediato". Hernández también suscribió el acta de replanteo falsaria en su doble condición de ingeniero de caminos representante de la Demarcación y como Jefe de la Demarcación.

Por ello, la jueza de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo, condenó a José María Hernández a tres años de prisión por el delito de falsificación de documento oficial y a una multa de seis meses con cuota diaria de 20 euros, lo que equivale a un total de 3.600 euros, cuyo impago llevará aparejada la responsabilidad personal subsidiaria de un día de cárcel por cada dos cuotas impagas, además de las costas generadas por el procedimiento judicial. Por el delito de prevaricación administrativa, la magistrada le sentenció a nueve años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y del derecho del sufragio pasivo. El fallo también expresa que se le imponen las penas mínimas ya que no concurre en el encausado alguna circunstancia agravante.

La sentencia no es firme, por lo que las partes podrán interponer un recurso de apelación en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.


lunes, 20 de mayo de 2019

El exjefe de Costas se siente víctima de una "encerrona" por parte del ingeniero y de la subdirectora de Costas

José María Hernández, a la izquierda, junto a su abogado, Esteban Mestre. (ALEJANDRO RAMOS)

Anfi solo entregó el 15% del terreno que ofreció en el proyecto de la playa de Tauro, según el jefe de Costas

Rafael López cuestiona la autorización para el inicio de las obras concedida por su antecesor en el cargo, José María Hernández, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel y diez meses de inhabilitación por prevaricación y falsedad
Según el Ministerio Público, el exjefe de Costas obvió deliberadamente las objeciones manifestadas por el ingeniero que comprobó el terreno y permitió a la empresa incumplir las prescripciones del pliego
Hernández se siente víctima de una "encerrona" por parte del ingeniero y de la subdirectora de Costas
Santiago Santana Cazorla, promotor del proyecto, asegura que las trabas a Anfi Tauro fueron el detonante de su exilio a Marruecos
El actual jefe de demarcación de Costas en la provincia de Las Palmas, Rafael López Orive, ha cuestionado este miércoles la autorización que uno de sus antecesores en el cargo , José María Hernández, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel y diez meses de inhabilitación por prevaricación y falsedad en documento oficial, concedió en febrero de 2016 para el inicio de las obras de regeneración de la playa de Tauro, en Gran Canaria, un proyecto promovido por el conocido empresario Santiago Santana Cazorla a través del Grupo Anfi.

López Orive, que ha ocupado el cargo en tres etapas diferentes, aseguró durante su declaración como perito en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial que ese permiso debía estar supeditado al cumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego del concurso, una circunstancia que, en su opinión, no se daba en este caso. Según el jefe de Costas, Anfi solo había entregado al Estado 600 metros cuadrados de los 3.811 que había comprometido en el proyecto autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente en octubre de 2015, aproximadamente un 15%. Esta aportación al dominio público de terrenos privados contiguos a la playa había sido un factor determinante para que Anfi se llevara la concesión frente al otro licitador, Miguel Cazorla.

El actual jefe de Costas, que sustituyó en julio de 2016 a Hernández, destituido a raíz de las irregularidades detectadas en Anfi Tauro, expuso esta discrepancia en un informe elaborado a los dos meses de acceder al puesto. Según explicó a la Sala, López Orive inspeccionó las obras y ordenó un levantamiento topográfico para concluir que, de los 3.811 metros cuadrados comprometidos a cambio de la concesión, Anfi solo había aportado unos 600 y había hecho obras en otros 600 de los que no existía constancia oficial de que hubiesen sido entregados a la administración pública. El resto, más de 2.000 metros cuadrados, estaba ocupado -y lo sigue estando- por viviendas, una desaladora, un restaurante...

López Orive remarcó que las prescripciones del pliego establecían que, antes de firmar las actas de entrega y replanteo de obras (los dos documentos por los que está acusado Hernández), los terrenos debían estar delimitados tanto física como jurídicamente (propiedad, cargas...), por lo que los trabajos no debieron comenzar. El perito ha rechazado el principal argumento de la defensa, según el cual Anfi aportó dos parcelas discontinuas (del mojón 7 al 8 y del 10 al 13), ubicadas a ambos lados del barranco de Tauro, para cumplir con este compromiso. El jefe de Costas recordó que, según la prescripción K, la empresa debía entregar esos 3.811 metros cuadrados en la zona solicitada en la concesión, es decir, los ofrecidos, la franja continua y paralela a la línea del mar que une el mojón 7 con el 14, área en la que se encuentran las mencionadas edificaciones. “Tenía que estar fijado donde estaba el proyecto. Las olas no entienden de esquinas”, ha aseverado López Uribe en referencia a la especie de ‘U’ formada por Anfi tras depositar arena del Sáhara en esas dos parcelas ubicadas en los extremos de la playa.
“Una encerrona”
Por su parte, el acusado, José María Hernández, ha defendido su actuación en la autorización de las obras de la playa de Tauro y ha dicho sentirse víctima de “una encerrona” por parte de uno de sus subordinados, el ingeniero que advirtió de una serie de irregularidades que hacían inviable la firma del acta de replanteo (las vinculadas a la entrega de los terrenos, la presencia de mojones desplazados, de uno de ellos en el interior de una de las viviendas, una invasión puntual del dominio público, la carencia de canalizaciones de saneamiento para los quioscos, falta de documentación....), y de su superior jerárquica, la subdirectora de Costas, Josefa Solernou, que en una inspección posterior constató todos esos incumplimientos y ordenó al delegado provincial depurar la situación física y jurídica de esos terrenos.

Hernández ha defendido que actuó en virtud de la orden ministerial del 1 de octubre de 2015 que establecía que los terrenos aportados por la empresa concesionaria se ajustaban a lo recogido en los pliegos, según la documentación aportada por Anfi y a pesar de que posteriormente, sobre el terreno, el ingeniero a sus órdenes constató los mencionados impedimentos para comenzar las obras. El exjefe de Costas atribuye a este trabajador, que lo había denunciado por acoso laboral (causa finalmente archivada), el origen de sus problemas. Sostiene que su único interés durante la tramitación del expediente de Tauro fue paralizar el proyecto y que se trataba de un empleado “problemático y quejoso”.

El procesado explicó que las objeciones puestas de manifiesto por su subordinado eran subsanables y no tenían suficiente enjundia como para paralizar una obra de esa envergadura, “una perita en dulce” que llevaba once años atascada, según sus propias palabras. Por ello, no dudó en firmar una primera acta de replanteo sobre el terreno, en la misma playa, y autorizar verbalmente el inicio de las obras. Tanto el ingeniero de Costas como la responsable de Patrimonio, del Ministerio de Hacienda, se negaron a hacerlo. El primero por las irregularidades advertidas. La segunda, porque una de las fincas aportadas por Anfi no estaba inscrita en el registro. Sin embargo, según manifestaron varios testigos en la sesión de este miércoles, ese documento apareció esa misma mañana tras unas gestiones de Santana Cazorla, lo que permitió, según la versión de la defensa, firmar una segunda acta esa misma tarde en la que se daban por solventados los impedimentos expuestos por los trabajadores. Para la Fiscalía de Medio Ambiente, esa aseveración supone una falsedad, puesto que los problemas puestos de manifiesto entonces aún perduran a día de hoy, con las obras paralizadas y sendos expedientes de caducidad y sancionador abiertos a la empresa concesionaria.

“Por eso me fui a Marruecos”
En el juicio contra Hernández también ha declarado, en calidad de testigo, el promotor, Santiago Santana Cazorla, quien ha afirmado que las trabas con las que se topó para desarrollar el proyecto fueron “la gota que colmó el vaso” de su paciencia en Canarias y la razón de su exilio a Marruecos. “Llevaba once años tratando de sacarlo adelante”, ha manifestado el empresario, que ha defendido que las parcelas finalmente aportadas, que no coincidían con las ofrecidas en el plano “orientativo” del proyecto, fueron fruto de las negociaciones que personalmente mantuvo con altos cargos de Costas en Madrid.

Santiago Santana Cazorla. (ALEJANDRO RAMOS)
Santana Cazorla se jactó de que el discurso que habría pronunciado ante los responsables de autorizar la obra la mañana del 4 de febrero de 2016 fue clave para que se firmara el acta de replanteo y se iniciaran los trabajos. El promotor atribuye lo sucedido en Anfi Tauro a “una cuestión política o enfrentamiento entre técnicos”. “No puedo entenderlo en la vida. Estoy asustado en esta isla. Aquí no se puede trabajar”, ha concluido.

Entre la decena de testigos se encontraba también Enrique Hernández Bento, ex subsecretario de Estado de Industria, Energía y Turismo y ex delegado del Gobierno de España en Canarias, que participó en esas negociaciones para desbloquear el proyecto para la regeneración de la playa.

El juicio continuará el jueves 23 de mayo con las declaraciones de las entonces directora y subdirectora de Costas.

jueves, 9 de mayo de 2019

El exjefe de Costas se enfrenta a tres años de cárcel


El miércoles 15 se celebrará el juicio que sienta en el banquillo a José María Hernández de León, exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, que ha sido acusado por falsedad en documento oficial y prevaricación en un asunto relacionado con las obras de la playa de Tauro.


Por estos hechos, la Fiscalía Provincial de Las Palmas –que será representada por Javier Ródenas– interesa que Hernández de León sea condenado a tres años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. Entre los testigos propuestos está el exdelegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento.

lunes, 3 de diciembre de 2018

Los vecinos de Bahía y Nares se unen para salvar sus casas del nuevo deslinde de Costas

El presidente de la asociación, Pedro José Martínez (2i), junto a Antonio Aliada, Laura (i) y Lola Martínez, frente a uno de los mojones. / J.M. RODRIGUEZ/ADM

La medida afecta a más de 200 construcciones de ambas playas, la inmensa mayoría con escrituras y registro: «Nos las quieren quitar gratuitamente; no lo vamos a consentir»

Contempla el mar con atención, pensativa, y por su cabeza pasan recuerdos de su infancia: los baños con sus familiares y amigos, las noches de verano en la playa, los aperitivos en la misma arena... Porque Lola Martínez adora La Reya, más conocida como la playa de Bahía, en Puerto de Mazarrón. Sin embargo, todos esos buenos pensamientos se parten en pedazos por momentos: «La Demarcación de Costas quiere ampliar el deslinde para incluir nuestras casas en la zona de dominio público», declara Martínez. «Ninguno de los vecinos que tenemos vivienda aquí sabemos el motivo, pero no van a conseguir quitarnos nuestras propiedades. La casa de mis padres es una herencia de mis abuelos y tiene un gran valor».

Vecinos de Bahía y Nares, en Mazarrón, se han unido para constituir una asociación y luchar contra el nuevo deslinde que pretende realizar Costas. En total, son más de 200 casas de ambas zonas de playa las que se verían afectadas por esta medida. La inmesa mayoría de las viviendas están escrituradas. Tan solo unas quince son concesiones de la Demarcación de Costas.

El origen del problema al que se enfrentan este más de un millar de vecinos tiene su origen en los años 60. Según ha podido saber 'La Verdad', hubo entonces una orden ministerial con fecha de 27 de julio de 1960 que contemplaba dos medidas. La primera de ellas era aprobar la zona marítimo terrestre, que se estableció a pie de playa con los actuales mojones que pueden hoy verse en la arena. La segunda medida, según explicaba el documento, era marcar una zona de dominio público, que quedó pendiente de aprobación porque «el Ayuntamiento se opuso, afirmando que los terrenos estaban inventariados», relatan los vecinos. Este dominio público se marcaba en la avenida José Alarcón, que es el que ahora Costas, según los propios residentes, quiere recuperar y que incluiría las viviendas de primera y segunda línea de playa.
Un robo «consentido por ley»
El presidente de la Asociación de Propietarios La Reya-Nares, Pedro José Martínez Serrano, asegura que «hay casas que en este momento tienen una orden de derribo porque las concesiones se dieron de manera ilegal en su momento. La Demarcación dio esas concesiones de casas que no estaban dentro de la zona marítimo terrestre. Estaban fuera».

Hasta ahora, en Bahía se han derribado cinco casas por orden de Costas. «Dos se hicieron de forma legal, pero los otros tres derribos no deberían de haberse producido al estar las viviendas fuera de los mojones», lamenta el presidente de la asociación. Añade que «hemos tenido constancia de que ahora quieren volver a iniciar el deslinde. Y no tiene sentido, porque no ha cambiado la playa, ni su entorno ni nada por el estilo. Todo el deslinde del litoral de la Región pasa por la misma zona en las playas: la arena».

Antonio Aliada es otro de los propietarios afectados en Bahía. «Llevo 62 años en esta casa. Costas dice que tengo una cesión, pero no es así. Yo soy propietario porque lo dijo un juez cuando llevé el caso a los tribunales», relata.

En el caso de que se llevara a cabo el nuevo deslinde de dominio público, Aliada pasaría a tener una concesión, al igual que los demás vecinos, de un máximo de 75 años. «Me parece que es un robo consentido por la ley. Es una recuperación de terreno público a coste cero. Si finalmente se aprueba dicho deslinde, iré hasta donde tenga que llegar para que no me quiten nada que es mío. Esta casa la compró mi padre y pasará a ser de mi hija en un futuro», asevera este murciano.

Acciones legales

La plataforma de vecinos anuncia que emprenderá acciones legales contra Costas. «Haremos lo que sea necesario. Estamos dispuestos a encerrarnos en la Demarcación hasta que se solucione este problema», afirma el presidente de la asociación. «Es que no tiene sentido nada de lo que quieren hacer. Y me cabrea mucho. Esta zona ha sido mi infancia y la de mucha gente durante los veranos. Nos conocemos la playa como si fuera nuestra, y de verdad que no alcanzamos a entender el motivo por el que quieren hacernos esto».

Los vecinos lamentan que «a todo el mundo le da miedo la Demarcación de Costas, pero nosotros no le tememos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y de la Comunidad. Además, estas dos instituciones tienen que ser oídas en el caso de que se realice un futuro deslinde, y nos han dicho que nos van a apoyar hasta el final».

Al igual que él, Fernando Caride, otro de los vecinos de Bahía, cree que «el deslinde se tiene que quedar por donde está. No hay razones sociales, económicas ni medioambientales que justifiquen el robo de la propiedad privada de los vecinos de Bahía».

Explica que «somos ciudadanos de Mazarrón que tenemos una propiedad privada, y se nos va a quitar por el morro». «Me molestan mucho las actuaciones que ha desarrollado determinado personal de Costas, porque roza la prevaricación». Según él, «no pueden obligar a la gente a cambiar sus propiedades por concesiones, sobre todo, cuando el terreno no está en dominio público. Y lo peor de todo es que, después de haber presentado documentación y justificado que lo que quieren hacer es ilegal, ellos siguen adelante».

Alicia Jiménez: «Vamos a ayudar a los propietarios en todo momento»
La alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, explicó a 'La Verdad' que «desde el Ayuntamiento estamos apoyando a los vecinos de Bahía y Nares; somos conscientes de la grave situación que atraviesan y del problema que tienen encima». Jiménez señala que «desconocemos el motivo de la ampliación del deslinde hasta la avenida José Alarcón. Hay mucha gente que puede demostrar que sus casas son de propiedad». La regidora apunta que «Costas quiere hacer un nuevo deslinde pasando por calles y casas. Nosotros estamos ayudando a la asociación a recabar la información porque entendemos que los vecinos de Bahía y de Nares tienen toda la razón del mundo».

Costas no se pronuncia. Seguir leyendo



domingo, 25 de noviembre de 2018

El Gobierno reconoce no encontrar los papeles con los que justifica decenas de expropiaciones en la costa (JOAQUÍN HERNÁNDEZ)

Se trata de una orden ministerial de 1957, "conforme" a la cual se desarrolló el deslinde por el que fueron desmantelados un centenar de invernaderos en las costas de Albuñol en 2017
"No ha podido ser localizada la O.M. de 9 de octubre de 1957", ha afirmado el ministerio de Transición Ecológica, del que depende la Dirección de Costas, en un e-mail de respuesta a la presidenta de la Asociación Europea de perjudicados por la Ley de CostasCarmen Del Amo, al que ha podido acceder Vozpópuli.

Esa orden ministerial que el Gobierno no ha podido localizar es la que basó un deslinde en la costa de 
AlbuñolGranada, por el que hace un año fueron desmantelados un centenar de invernaderos de los que vivían unas 200 familias en la localidad granadina de Albuñol. La medida fue aplaudida por los colectivos ecologistas pero repudiada por los agricultores y la propia Del Amo, que enfatiza que el desmantelamiento se hizo con cargo a los propios agricultores. "Fue una confiscación ilegal en toda regla", denuncia Del Amo. 

El expediente de dicho deslinde fue tramitado "conforme a lo dispuesto en la O.M. de 9 de octubre de 1957 y Ley 28/1969 de 26 de abril", según consta en una nota del entonces 
Ministerio de Obras Públicas en el año 1977. El mismo deslinde sería ratificado en el año 2000.

La respuesta referida es la primera vez que el Gobierno se pronuncia ante Del Amo sobre el contenido y disponibilidad íntegra de las órdenes ministeriales cuya existencia la propia denunciante pone en cuestión, remarcando que deberían ser públicas como lo exige la Ley.

Otras nueve órdenes ministeriales, en suspenso 
Tal y como ha informado ya este periódico, Del Amo ha solicitado las órdenes ministeriales de otros nueve deslindes, sin haberle sido entregada hasta ahora ninguna de las que los sustentaron. "Se está preparando la remisión de los textos de las órdenes ministeriales aprobatorias de los deslindes por los que se interesa (Del Amo)", contestaron desde el ministerio de Transición Ecológica el 26 de octubre.

Según Del Amo, hasta un 
millón de personas podrían llegar a verse afectadas por lo que considera un "agujero jurídico" en toda regla ya que, según ella, las referidas órdenes ministeriales "no existen, si no, las hubieran mostrado ya", en lo que forma parte de una estafa "hasta ahora desconocida porque nadie la había investigado en profundidad". 

A propósito de la orden que el Gobierno ya ha dicho no poder localizar,
Vozpópuli ha intentado ponerse nuevamente en contacto con el ministerio de Transición Ecológica, que había respondido hasta ahora a este medio, pero no ha sido posible. 



lunes, 5 de noviembre de 2018

'Agujero' jurídico en las costas: "El Gobierno nos quitó nuestras propiedades por unos documentos que no aparecen" (JOAQUÍN HERNÁNDEZ)

La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas reclama las órdenes ministeriales en que se han sustentado los deslindes y denuncia un 'agujero jurídico' en la regulación de los deslindes marítimo-terrestres en perjuicio de la propiedad privada.


Según Del Amo, cerca de un millón de propiedades podrían estar viéndose afectadas por el 'agujero'

"No entiendo cómo el Gobierno puede quitarte la propiedad y no darte la orden ministerial que justifique el deslinde, es un agujero jurídico en toda regla", cuenta a Vozpópuli Carmen del Amo, presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas.

Ella, como afectada y portavoz, lleva años pidiendo las órdenes ministeriales en las que se han sustentado al menos diez deslindes que ella conoce de primera mano, como así también la 'originaria' orden ministerial de 1957 que contenía las normas para la tramitación de los deslindes. Sin embargo, algo que debería ser público, denuncia ella, "no aparece".

"En un primer momento pedí las órdenes a Transparencia, y desde allí, me redirigieron al ministerio de Medio Ambiente primero y ahora de Transición Ecológica; llevo ya años años con esto y sigo sin respuestas, siempre me dan largas", esgrime Del Amo, mostrando a este periódico documentos sobre el ir y venir de las solicitudes.

La última que hizo al actual ministerio de Transición Ecológica data del pasado mes de agosto. Este medio se ha puesto en contacto con el ministerio, que ha respondido que "se está preparando la remisión de los textos de las órdenes ministeriales aprobatorias de los deslindes por los que se interesa".

"Es insólito que te digan eso, es algo que debería estar publicado ya en el Boletín Oficial del Estado", lamenta Del Amo. "La remisión de los textos de las O.M. no se me tienen que mandar a mí, sino publicarlas el el BOE porque es una disposición destinada a una pluralidad indeterminada de destinatarios, o sea, todos, y además es obligatorio conforme al actual Reglamento de Costas", que dice en su artículo 29 que "la orden ministerial se publicará en el Boletín Oficial del Estado, así como en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente" mientras que la ley 30/1992 dice que "para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el Diario oficial que corresponda".

"No me vale con meras notificaciones, Lo que se notifica debe existir y yo no he visto ni una sola Orden Ministerial en estos 30 años", dice Del Amo. "No se entiende que el único documento por el que el Estado se queda con nuestra propiedad, como es la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde, no aparezca por ningún lado, sin embargo todos, tribunales, registros, catastros y funcionarios... dicen haberla visto aunque ninguno nos la entrega", concluye.

La versión del ministerio

Según el ministerio de Teresa Ribera, "estas notificaciones son el instrumento para que todo interesado conozca el contenido de la parte dispositiva de las correspondientes órdenes ministeriales aprobatorias de los deslindes. Esta parte dispositiva se corresponde con los aspectos más relevantes del deslinde, sin incluir los planos, tal y como permite el Reglamento General de Costas. A estos efectos, los planos de los deslindes, si bien no se publican en el BOE, están accesibles para los interesados en las oficinas de las Demarcaciones y Servicios de Costas correspondientes. No obstante, para atender de manera literal a lo solicitado por Dª Carmen del Amo, desde esta Dirección General se está preparando la remisión de los textos de las órdenes ministeriales aprobatorias de los deslindes por los que se interesa".


En su alegato, asimismo, el ministerio defiende que "debe indicarse que el deslinde es un procedimiento que se realiza con un rigor técnico y jurídico. Técnico, porque requiere de la elaboración de numerosos estudios de tipo cartográfico, geomorfológico, de salinidades, de alcance del oleaje etc. Jurídico, porque el procedimiento de deslinde es un procedimiento garantista, en que los interesados disponen de hasta tres ocasiones para alegar y presentar las pruebas que estimen oportunos para la defensa de sus intereses. Dicho rigor técnico y jurídico viene avalado, en última instancia, por los tribunales de justicia. De los 10.300 km de bienes de dominio público marítimo terrestre con los que cuenta nuestro litoral, se han deslindado casi 10.000, habiendo obtenido casi un 90 % de sentencias favorables a la Administración en los recursos contenciosos planteados ante los tribunales".

Del Amo pone todo ello en cuestión citando un informe del Consejo de Estado del año 2014 en el que se afirma que "cabe destacar que el artículo 24 del Reglamento de 1989 previó que se aprobarían instrucciones técnicas, que en buena medida habrían servido para establecer o aquilatar criterios para que la aplicación de los conceptos legales y reglamentarios indeterminados en que se basa la delimitación del dominio público fueran similares en todo el litoral español; pero no consta que, tras veintiséis años, y con múltiples deslindes aprobados, se hayan llegado a aprobar".

Según Del Amo, en suma, "que los jueces dieran en su momento la razón a Costas no significa que no se estén cometiendo graves injusticias, sino que nosotros no hemos podido defendernos porque nadie se preocupó de investigar en profundidad como hemos hecho en la asociación. Las estadísticas que dicen haber ganado el 90% de los recursos, no es cierta, ganaban el 96% en 2009, bajando hasta el 77% en 2012, fecha en la que deja de haber estadísticas porque el gobierno anunció su modificación por la grave inseguridad jurídica que existía", esgrime, en alusión al cambio de la ley de 1988 anunciado por el ministro de Medio Ambiente del PP, Arias Cañete, a fin de conseguir la "aplicación homogénea" de la Ley y "corregir las arbitrariedades que la errática aplicación de la ley vigente" había supuesto hasta ese momento. 


domingo, 7 de octubre de 2018

AMPLIACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO DE MOJACAR: Nueva pifia de Costas y del Ayuntamiento

Asumen que se verán obligados a rehacer desde cero todo el procedimiento

Nuevo varapalo para el proyecto de ampliación del paseo marítimo de Mojácar. Una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica fechado a 21 de septiembre de 2018 anula el procedimiento administrativo por un tema de caducidad de plazos, hasta el punto de que el texto indica que ello «hace innecesario entrar a conocer del resto de las alegaciones contenidas en el escrito de recurso».

Esta resolución se produce tras el recurso de reposición interpuesto por los recurrentes contra la decisión tomada 13 de marzo de 2018 por la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en uso de facultades delegadas de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, mediante la que se aprobaba el proyecto “Desglosado 2 del proyecto del Paseo Marítimo de Mojácar-2* Fase. Término municipal de Mojácar (Almería)”.

Recordar que el proyecto fue sometido a información pública mediante anuncio y que, finalmente, se interpuso recurso de reposición el 30 de abril de 2018. La parte recurrente, con la que ha contactado este medio, alegaba básicamente «caducidad del procedimiento por el transcurso del plazo de tres meses, incongruencia y falta de motivación en la resolución que se impugna, dado que el informe ambiental ha sido redactado sobre la base de una normativa derogada, y la eficiencia energética carece de la justificación exigida por el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y no se da respuesta a las alegaciones relativas a desviación de poder, trato discriminatorio y al trazado alternativo, hechas en el periodo de información pública».

En síntesis, en el intervalo de tiempo en el que se modificó el proyecto de ampliación del paseo se cambió también la normativa vigente, de manera que lo que antes era un plazo de seis meses, ahora es de solo tres.

La resolución del Gobierno prosigue: «Ninguna de estas alegaciones puede ser acogida, pues la Administración está obligada a dictar una resolución expresa en todos los procedimientos, el incumplimiento de esta obligación en los procedimientos iniciados de oficio, como es el supuesto que nos ocupa, tiene como consecuencia la caducidad del mismo cuando se trate de procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, y si bien los proyectos de obras pueden perseguir un interés general, no puede descartarse que son capaces de producir efectos desfavorables para algunos de los afectados».

En ese sentido, apunta que «en el supuesto que nos ocupa, el procedimiento tiene por finalidad un obra pública consistente en la construcción de un paseo marítimo y al mismo tiempo, como el propio proyecto indica, trata de recuperar la accesibilidad rodada y peatonal existente sobre zonas previamente deslindadas de uso público permitiendo la continuidad del paseo marítimo en esa zona, dado que algunos de los locales y terrazas actualmente existentes, y este es el caso de los recurrentes, ocupan parte de la servidumbre de tránsito y de protección del dominio público por lo que se ven directamente afectados por esta obro pública. Es por ello que la obra proyectada tiene efectos desfavorables o de gravamen sobre los titulares de los locales que, como es el caso del recurrente, se verán afectados por el nuevo trazado del paseo marítimo con incidencia directa en las terrazas y los propios locales existentes en la actualidad que serán expropiados y se limitará el uso y aprovechamiento actualmente existente como consecuencia del proyecto impugnado».

«Por todo ello, y conforme el criterio de la Sala ya expuesto en la citada sentencia, procede declarar la caducidad del presente procedimiento», sentencia.

Esto, además de una pifia, es MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS 

sábado, 18 de agosto de 2018

EL PORTIL PIDE LA DIMISIÓN DEL JEFE DE COSTAS, PERO DEBERÍA PEDIR LA CÁRCEL



Lo que está ocurriendo en el Portil es un flagrante delito medioambiental y contra el Patrimonio de las Administraciones Públicas CON DAÑOS A TERCEROS por no mantener el dominio público, tal y como obliga la propia Ley de Costas y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
La Fiscalía debería actuar de oficio.

Sentencia del TS 850/2016 (REC 3023/2014) de 2 de marzo de 2016

En este sentido, la STC 149/1991 señala que "el legislador estatal no sólo está facultado, sino obligado, a proteger el demanio marítimo-terrestre a fin de asegurar tanto el mantenimiento de su integridad física y jurídica como su uso público y sus valores paisajísticos".

En esta línea hay que situar (1) el artículo 2 a), en cuanto establece que la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo terrestre persigue, en lo que ahora interesa, "asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias", y (2) el artículo 20, en cuanto precisa que "la protección del dominio público marítimo-terrestre comprende la defensa de su integridad y de los fines de uso general a que está destinado".

Por su parte los artículos 110 g ) y 111.1.a) de la misma Ley de Costas atribuyen a la Administración del Estado competencia para, en lo que ahora interesa, las obras y actuaciones de interés general, entendiéndose por tales "... las necesarias para la protección, defensa, conservación y uso del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo integran".

No a otra conclusión se llega sí acudimos a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, sobre Patrimonio de las Administraciones Públicas, en cuanto establece en su artículo 6 e) como uno de los principios a los que ha de ajustarse la gestión y administración de los bienes y derechos por las Administraciones Públicas, el ejercicio diligente de las prerrogativas que dicha Ley u otras especiales otorguen a las Administraciones, garantizando su conservación e integridad; deber genérico de conservación que se extiende a las demás actuaciones que requiera el correcto uso de los bienes y derechos del patrimonio del Estado por parte de los Departamentos Ministeriales que tengan afectados o cuya administración y gestión les corresponde.

ENLACE A LA SENTENCIA

lunes, 13 de agosto de 2018

El Portil se echa a la calle de nuevo y pide la dimisión del jefe de Costas


Vecinos y propietarios de El Portil y Nuevo Portil se echaron de nuevo a la calle este sábado en demanda de soluciones a los problemas que padece esta zona del litoral.

Convocados por la Asociación de Vecinos Portileños, que aglutina a ambos núcleos costeros, pertenecientes a los municipios de Punta Umbría y Cartaya, los manifestantes pidieron en una pancarta la dimisión de Gabriel Cuena, jefe provincial de Costas en Huelva.

La manifestación, que se inició en el entorno médico, concluyó en la plaza de la Sal y contó además con la presencia de miembros de las corporaciones municipales de Punta Umbría y Cartaya, entre ellos el alcalde Juan Polo.

Con el lema de ‘Los portileños por su playa’, los participantes en dicha acción reivindicativa destacaron que el motivo de la protesta está fundamentado en la recuperación de la zona en lo relativo a aporte de arena, pasarelas o limpieza.
También han exigido mejoras en los servicios que se prestan en esas zonas de la costa onubense que, antaño, según recordaron, se trataba de una “maravillosa playa” por la que residentes y visitantes la eligieron para disfrutar de sus vacaciones de verano fundamentalmente.


El mal estado de las playas subleva a los vecinos de La Antilla y El Portil