LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 29 de noviembre de 2016

El oleaje se traga parte de la playa de El Saler y el mar llega a las viviendas

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Los vecinos piden la construcción de arrecifes artificiales, escolleras y cualquier sistema para retener arena.

Cada vez que llega un temporal, en la urbanización La Casbah miran por las ventanas para ver hasta dónde llega el mar. Esta parte del litoral de El Saler, conocido como playa de la Garrofera, es una de las más castigadas cuando se desata un fenómeno meteorológico sobre Valencia como el de este domingo.
Y la tromba de agua llegó hasta las mismas fachadas de las viviendas, en litigio con el Ministerio de Medio Ambiente cuando se modificó hace años la línea marítimo-terrestre en perjuicio de los vecinos. Las olas lamieron los muros de hormigón del paseo marítimo durante varias horas, rompiendo la base en algunas zonas y engullendo toneladas de arena en cada envite. Ayer por la mañana, la fisonomía del litoral había cambiado por completo.
Los residentes ya denunciaron hace meses la falta de aporte de arena, a lo que se sumó el gobierno municipal de Valencia. El concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, pidió al Ministerio de Medio Ambiente que acelere las obras pendientes, tanto en esta zona como en la parte de antiguo polideportivo, sin éxito de momento.

Ana Gradolí, una de las representantes de la asociación vecinal la Devesa, defendió que una de las soluciones pasa por la construcción de arrecifes artificiales para retener arena. También citó la responsabilidad de la Autoridad Portuaria, apuntando que la desaparición de la playa está relacionada con la ampliación de los muelles portuarios.

Este temporal ha acentuado el escalón de arena en la playa, que ya tuvo que se regenerada en 2012 después de que embarrancaran dos buques mercantes, arrastrados desde su lugar de fondeo por una tormenta. Arrecifes artificiales, escolleras y construcciones de cualquier tipo para atrapar la arena han sido desestimados de momento. La reconstrucción de la playa se realizó con un aporte de material desde otras zonas del litoral, para después de creadas las dunas iniciarse una plantación de especies autoctónas, protegidas del pisoteo de los bañistas con una empalizada de cañas.
(foto EFE)
Dragados en la gola

Gradolí pidió que se realicen obras con urgencia para ampliar las playas. En los últimos días una excavadora ha estado dragando la gola del Puchol, aunque la información que disponen los vecinos es que todo el material «irá a una zona situada al sur, donde está el campo de golf, cuando aquí es mucho más necesaria». El dragado facilitará la conexión con el lago de la Albufera.

Las lluvias han permitido también elevar el nivel del humedal, que en las últimas semanas había bajado tanto que algunas zonas ya no podían ser navegables. El concejal de Devesa-Albufera comentó que el incremento ha sido de 27 centímetros, con lo que ayer se encontraba 23 centímetros por encima de la cota cero del lago.
Esto ha supuesto unas semanas de tranquilidad a los pescadores, que ya podrán faenar en todas las zonas de la Albufera, así como a los agricultores. El aumento del agua permitirá hacer la perellonà, la tradicional inundación de los arrozales. Pero la situación ha sido tan complicada que ayer se reunieron en la Confederación del Júcar responsables políticos y técnicos para tratar las necesidades para el borrador del plan especial del parque natural.


Los vecinos llevan dando la voz de alarma años tras año. El Ayuntamiento también. Costas, no sabe, no contesta. Y el Puerto, ni está ni se le espera... hasta que ocurra una desgracia. 
A nadie parece importarle la seguridad de las personas, pero por lo que se ve, tampoco les importa la destrucción del medio ambiente. 

domingo, 6 de noviembre de 2016

Ni los discapacitados se libran de Costas

Tratan de evitar que Costas demuela la piscina para discapacitados de La Fajana
El senador por La Palma, Mariano Hernández, se mostró confiado en que puede haber un acuerdo para que la piscina para personas con discapacidad de La Fajana de Barlovento pueda desbloquearse y entrar en funcionamiento tras la reunión que mantuvo recientemente con la directora general de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Raquel Ortz.
Un equipamiento que se construyó hace años y nunca se ha utilizado, y sobre el que pesa un expediente de demolición porque invade la zona de dominio público marítimo terrestre, tal y como confirmó el alcalde de Barlovento, Jacob Qadri.
Tanto Hernández como Qadri han trasladado en diversas reuniones mantenidas con Costas la importancia que representa contar con este equipamiento que facilitaría el baño en agua de mar a personas que tienen dificultades de movilidad. Qadri señaló que se trata de la única piscina de estas características que existe al menos en la provincia y que ha sido muy valorada por los técnicos de la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa).
El alcalde confía que se tome una decisión cuanto antes porque con el paso del tiempo está sufriendo un deterioro importante, que, en el caso de que finalmente se pueda poner en marcha, va a suponer un elevado coste su reparación. De hecho, la bomba que eleva el agua de mar hasta la piscina está estropeada.
Además, indicó que será necesario que se autorice la construcción de los accesos para llegar hasta la piscina. En cualquier caso, cree necesario que se tome pronto una decisión porque tal y como está en la actualidad también es un problema de seguridad.
Habrá que ver porque le molesta esa piscina a Costas cuando deja hacer playas artificiales, piscinas, paseos marítimos... y todo lo que se les antoja a los grandes empresarios. A los pobres no los deja vivir en paz. 

viernes, 7 de octubre de 2016

La Fiscalía se querella contra el exjefe de Costas por las obras de Tauro

La Guardia Civil inició en septiembre una investigación para averiguar si el promotor del proyecto cumple con los requisitos para la concesión administrativa de la playa

La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una querella contra el exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández, destituido el pasado mes de julio por haber supuestamente omitido algunos reparos en las obras de regeneración de Tauro , por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.
Tras una denuncia de la Guardia Civil, la oficina de Medio Ambiente y Urbanismo inició una investigación el pasado mes de septiembre para averiguar si el promotor del proyecto, Grupo Anfi, cumple con los requisitos para la concesión administrativa de la playa.
Tras tomar declaración, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en relación a las licencias urbanísticas tomadas por el Ayuntamiento para la ejecucción del proyecto y a Hernández, la Fiscalía estima ahora querellarse contra el antiguo jefe de la Demarcación de Costas.
La Fiscalía considera que se podría haber incurrido en un delito de prevaricación por haber autorizado verbalmente el inicio de las obras sin haberse cumplido previamente con los requisitos y condicionantes establecidos legalmente; y un delito de falsedad por no haber hecho constar la realidad de lo sucedido en el momento en que tuvo lugar el acta de replanteo previo al inicio de las obras.
La querella subraya que la autorización que el Ministerio de Medio Ambiente había concedido en octubre de 2015 al grupo Anfi Tauro para ocupar 11.200 metros cuadrados de terrenos de dominio público en ese tramo de la costa de Mogán y convertirlos en una playa de arena tenía una condición "taxativa", que debía cumplirse antes de empezar las obras: que la empresa cediera a favor del dominio público (es decir, del Estado) 3.683 m2 de su propiedad.
Esa cesión de suelo en favor del litoral público, remarca la acusación, fue además "decisiva" para que Anfi Tauro obtuviera el permiso, en lugar de conseguirlo la otra empresa que se había interesado formalmente por obtener una concesión en esa zona.
En febrero de este año, Anfi Tauro trasladó a ese punto de la costa las máquinas con las que pretendía cubrir con 70.000 toneladas de arena esa zona, sin haber cedido con carácter previo el suelo comprometido, algo que fue advertido por escrito el acusado por parte de un ingeniero de la propia Demarcación de Costas, que se negó a permitir el inicio de las obras hasta que se solventaran esa y otras irregularidades.
Pese a esa advertencia, dice el fiscal, el entonces jefe de Costas de Canarias autorizó verbalmente los trabajos y las máquinas de Anfi Tauro transformaron definitivamente esa zona en un arenal.
El ingeniero que advirtió de las irregularidades puso los hechos en conocimiento del Ministerio, lo que motivó que la subdirectora general de Costas se desplazara a Gran Canaria ese mismo mes y comprobase las irregularidades existentes: el suelo comprometido no solo no había sido cedido ya al Estado, sino que no pertenecía formalmente a la empresa, porque formaba parte de una finca más extensa sujeta a cargas, con más propietarios y en la que había incluso viviendas habitadas y otros inmuebles.
La Fiscalía sostiene que Hernández prevaricó al autorizar verbalmente esas obras pese a las advertencias de "incumplimientos graves" y luego cometió falsedad, al redactar en abril un acta de replanteo firmada por él como si hubiera sido emitida el mismo día en que comenzaron los trabajos, el 4 de febrero de este año, en la que se daban por solventadas todas las irregularidades.
El Ministerio Público reprocha al acusado el haberse "apartado de forma grosera" del marco legal que regulaba esa concesión y subraya que, a día hoy, con esa zona ya transformada en una playa artificial, las irregularidades detectadas siguen sin haberse solventado.

sábado, 17 de septiembre de 2016

La erosión se agrava en la playa de El Saler por la falta de aporte de arena

Foto Las Provincias
La erosión de la playa de El Saler no es una amenaza, sino una realidad que sufren los vecinos de la zona de la Garrofera, los bloques de apartamentos próximos a la Devesa y la urbanización La Casbah situada en primera línea de mar. El fuerte oleaje y la ausencia de un aporte de arena ha causado un escalón en esta parte del litoral, entre el antiguo hotel Sidi Saler y la gola del Puchol, en pleno Parque Natural de la Albufera.
Los vecinos de La Casbah, que forman parte de la asociación de vecinos la Devesa, dieron ayer la voz de alarma para reclamar un aporte de arena urgente, la construcción de escolleras y la consolidación del pequeño paseo marítimo que protege sus viviendas de los temporales.
El temporal de esta semana que azotó la ciudad durante unas horas y produjo cuantiosos destrozos no fue tan grave en El Saler, aunque la aparición del escalón «lleva varios días y es un peligro para las personas mayores que vienen estos días a bañarse». La erosión ha ido a más por el empeoramiento del tiempo y el aumento de las corrientes.
En esta zona fue donde a finales de 2012 se produjo uno de los desastres ecológicos más graves ocurridos en El Saler, al embarrancar dos buques mercantes por una fuerte tormenta. La erosión fue tan grande que se modificó la línea de la costa, hasta que el Ministerio de Medio Ambiente repuso las dunas y la playa a su estado anterior con un aporte extraordinario de arena y la plantación de especies autóctonas del parque de la Albufera.
Fuentes de la entidad indicaron que mediante escritos a las distintas Administraciones Públicas y a la Autoridad Portuaria, desde que en 2010 finalizaron las obras de la última ampliación del puerto, se ha pedido la regeneración de esta parte del litoral.
Tanto los proyectos como la ejecución posterior corresponden a la Demarcación de Costas. Fuentes de la Delegación del Gobierno indicaron sobre la petición de los residentes que se está pendiente de un dragado de la gola del Puchol, una obra que hará el Ayuntamiento, para llevar toda la arena a la Garrofera. La asociación de vecinos sostiene que debe hacerse cargo de todas las actuaciones el Puerto, como «figura en la resolución del 30 de julio de 2007 por la que se formula la declaración de impacto ambiental de la ampliación norte». Aducen también la «legislación medioambiental española y comunitaria, basadas en el principio de que quien contamina paga». Sobre esto señalaron por último que confían en que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez «tenga la visión y el sentido común que ha adolecido su predecesor, que dejó olvidados en los cajones cientos de escritos de valencianos preocupados por esta situación».
Algo más al norte de la Garrofera se sitúa el antiguo polideportivo de El Saler, donde se trasladó arena de la Malvarrosa para construir cordones dunares. La finalización de este proyecto carece de plazos, en una zona donde ahora están esparcidas toneladas de algas de la playa de Pinedo, que se llevaron este verano para evitar su pudrición en el litoral y las quejas de los bañistas.
«Cuando el Ministerio quiere sí se regeneran las playas. Todos los años repara una gran parte de este litoral, pero en la Garrofera no se toma ninguna solución definitiva».
En opinión de la asociación de vecinos, no hay voluntad política para «frenar la erosión en las playas del parque natural pese al elevado valor que tienen y estar la zona cada vez más reconocida a nivel internacional e incluida el Parque Natural Red Natura 2000», además de reclamar la consolidación de las golas.



jueves, 8 de septiembre de 2016

COSTAS SA se entera tarde, mal y nunca.... cuando quiere.

El Ministerio de Medio Ambiente ha comunicado la apertura de diligencias para esclarecer los hechos por una infracción grave de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la Ley de Costas.

Los hechos se remontan al pasado pleno de julio, cuando se comunicó al concejal Pedro Alemany que una máquina retroexcavadora se encontraba faenando dentro de la desembocadura del río Amadorio y removiendo el lecho marino, a lo que el concejal afirmó no ser conocedor de la actividad descrita.

El PP optó por notificar dicho suceso a Costas y al propio Ministerio para conocer el motivo por el cual una máquina de esas dimensiones y tonelaje se hallaba modificando el terreno sin que el Ayuntamiento tuviese constancia de nada.

Llegada la contestación, el Ministerio hace saber que ya habiendo sido notificado el trabajo de la máquina excavadora por el responsable de Costas, se había procedido a la apertura de diligencias por una infracción grave al vulnerar la Ley de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Ley de Costas.
Jerónimo Lloret: “Ante el desconocimiento de los responsables municipales de la actividad de una máquina, nos pusimos en contacto con los organismos competentes para saber el porqué una retroexcavadora estaba modificando el terreno. La sorpresa fue que el Ministerio desveló la apertura de una investigación por una infracción grave”.

“En el pleno de agosto volvimos a preguntar por escrito al concejal si ya había podido conocer los hechos por los que una máquina retroexcavadora estaba trabajando allí y volvió a decir que no sabía nada. Sorprende la incompetencia de unos gobernantes que desconocen por completo que en la desembocadura del río se ha cometido una infracción grave”.

“La Confederación Hidrográfica del Júcar ya comunicó la apertura de diligencias por la infracción en la tala indiscriminada del río, y ahora esta otra infracción. De momento son las únicas medallas de las que el alcalde Verdú puede presumir”, finaliza Lloret.


jueves, 1 de septiembre de 2016

EL GRAN LÍO DE LA PLAYA ANFÍ TAURO ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

Obras paradas (foto Juan Carlos Alonso)
En el proyecto de la playa de Tauro iba arena de Las Canteras o similar
El vertido de 70.000 metros cúbicos de arena del Sáhara no era lo previsto en el proyecto de ampliación de la playa de Tauro que presentó Costas ante el Cabildo de Gran Canaria. Según el informe de la Consejería insular de Política Territorial estaba previsto arena de Las Canteras  o de materiales extraídos de la propia playa.
La Demarcación de Costas en Canarias presentó al Cabildo de Gran Canaria un proyecto de ampliación de la playa de Tauro que al parecer no se corresponde con la actuación realizada. El informe elaborado por la Consejería de Política Territorial respecto al vertido de arena recoge la propuesta del organismo estatal en la que se señala,  que se han previsto áridos de origen terrestre procedentes del tratamiento de los materiales excavados y retirados de la propia playa, completados con arenas de machaqueo procedente de cantera.

Sin embargo, se considera como la alternativa idónea «el aprovechamiento de las arenas que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar tiene previsto extraer, a corto plazo, de los excesos de sedimento que periódicamente se acumulan en la playa de Las Canteras de la capital grancanaria».

Según expertos, de lo que establece el proyecto entregado en el Cabildo a lo que se hizo por el promotor de la playa, Anfi Tauro,  existen notables diferencias.  Es más, en ese mismo informe, que tiene fecha de salida de Política Territorial de 14 de octubre de 2014, se aclara las características que debe tener la arena. «Dicha arena se propone que guarde similitud con el tipo de arena existente en las playas de Gran Canaria, en particular a las playas próximas al ámbito ordenado, en lo que respecta a su textura, color  y con un porcentaje mínimo de sedimentos con componentes  de origen orgánico».  Y añade, que de su granulometría dependerá el perfil de equilibrio, que a su vez dependerá de las condiciones de la bahía.


Paseo. El informe, de unos veinte folios, expresa en su conclusión, que a pesar de la compatibilidad del proyecto con el Plan Insular de Ordenación y con el Plan Territorial Especial (PTE-29), «se deberá reconsiderar la ampliación de la playa de Tauro en aquella parte del proyecto que interfiere  con el futuro desarrollo del paseo marítimo propuesto en el PTE-29 y que deberá atender lo expuesto en dicho plan en relación a la arena que se utilice».


¿Para qué tenemos y pagamos con nuestros impuestos tantas autoridades (in)competentes si nadie controla ni vigila? Con una sola que cumpliera con su deber, hubiera bastado. El descontrol administrativo de este país es descomunal, pero todos cobran buenos sueldos a final de mes sin que nadie sea responsable ni se exija las responsabilidades que corresponden a cada cargo. 

jueves, 18 de agosto de 2016

Vecinos de Calp se movilizan contra la nueva torre de 20 pisos, situada a «6 metros de nuestra fachada»


  • Los residentes denuncian que el edificio viola la Ley de Costas y que las obras se están ejecutando en pleno verano, incumpliendo la normativa municipal
  • Aseguran que en la parcela sólo había edificabilidad para un inmueble de 7 alturas, pero que el promotor pudo aumentarla comprando un suelo anexo «unido con un hilo de tierra de dos metros»
  • El modelo urbanístico del municipio, de nuevo a debate

La controversia por la decisión del gobierno de Calp (PP e independientes) de regresar a los gigantes del hormigón en primera línea de costa se agrava. La comunidad de vecinos del edificio Las Olas, que engloba a unos cien propietarios, ha anunciado un calendario de movilizaciones contra la torre Infinium, cuyos veinte pisos de altitud ya se están construyendo apuntando directamente al cielo calpino. Es el segundo gran edificio que se eleva en los últimos tiempos, después del hotel de 30 plantas que también ha alterado la fachada marítima del municipio.
Los vecinos afectados creen que la torre de marras no debería estar allí. Muy cerca de sus casas. «Un bloque de 50 metros a 6 metros de nuestra fachada», lo que da idea, según entienden, de la multiplicación de la densidad urbanística en la zona tal y como plasman en los fotomontajes que acompañan a este artículo.
Por ese motivo, la comunidad subraya que «hemos peleado lo indecible para que [la torre] no se construya, denunciando una licencia concedida sin ni siquiera tener el visado del colegio de arquitectos correspondiente». Con esta última actuación, los residentes lograron parar las obras, pero sólo por unos días. Después, entre excavadoras y perforadoras, los trabajos han continuado sin ni siquiera «atender la normativa municipal de no utilizar maquinaria pesada en los meses de verano, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre», añaden.
Por el momento, la batalla que han librado los vecinos no ha dado resultado. Y eso que han mantenido entrevistas con la edil de Urbanismo, enviado carta al alcalde y denunciado los hechos ante la Policía Local. Pero aún así van a continuar en la brecha. «Pensamos movilizarnos, empapelar nuestro edificio con carteles para denunciar esta situación y acudir a los estamentos implicados para evitar estos atropellos». De hecho, ya han comunicado la situación al Síndic de Greugues, organismo del que esperan respuesta. Y han buscado el apoyo de las fuerzas de la oposición.

«En manos de los abogados»
También van a poner el asunto «en manos de sus abogados». Lo harán porque creen que la razón está de su parte. Argumentan que no se está aplicando la Ley de Costas «que impide las pantallas arquitectónicas en el entorno del litoral». Quien tiene que aplicar esa normativa, dicen, es el ayuntamiento, al que acusan sin embargo de haberla ignorado.
Lógicamente, en el fondo de esta controversia se halla el debate sobre el nuevo modelo urbanístico que Calp pretende seguir aplicando una vez que se ha superado lo más duro de la crisis. En Las Olas arguyen que ese planeamiento es agresivo y ponen como ejemplo lo que ha sucedido con esta torre para que la misma haya podido incrementar su edificabilidad: en esta zona sólo se podía construir un edificio de 7 alturas, esto es, de una altitud similar al de la finca donde viven los residentes que ahora denuncian la situación. Incluso hubo un proyecto para eso. Pero la empresa compró una parcela cercana «uniéndola con un hilo de tierra de dos metros, lo que le ha permitido sumar superficie y acabar por construir un edificio de 21 pisos».
Por su parte, fuentes del ayuntamiento señalaron que la nueva construcción cumple con todos los preceptos legales. Y recuerdan que el actual PGOU de Calp, redactado hace ya más de dos décadas y bajo un gobierno local socialista, no concebía límite de alturas y que cambiarlo ahora es largo y difícil, porque existen unos derechos adquiridos por parte de promotores como el de la Torre Infinium. Diversas entidades cívicas se han movilizado con recogidas de firmas precisamente para que se modifique ese Plan General y se ponga coto a tanta verticalidad alzada a base de hormigón

Ley de Costas. Artículo 30.1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar... Se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes.

sábado, 13 de agosto de 2016

El alcalde de Valencia pide a Costas solución por falta de arena en playa de la Garrofera

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha puesto en contacto hoy con el jefe de la Demarcación de Costas de Valencia, Vicente Iborra, para abordar las consecuencias derivadas de la falta de arena, con la consiguiente reducción del espacio existente entre las viviendas y el mar, en la playa de la Garrofera.
Playa de la Garrofera en 2001 antes de la ampliación del Puerto
Según un comunicado, el alcalde ha urgido una solución para el problema de esta playa, que se encuentra dentro del ámbito de la Devesa del Saler, y cuya falta de arena afecta de forma especial a los vecinos de la urbanización La Casbah.

Se trata, según Ribó, de un problema que "viene de lejos", como, ha afirmado, "tantos otros problemas que han dejado de atenderse durante demasiados años en la ciudad".

La solución pasa por un aporte de arena con un grano y características similares que frene la regresión, según han informado hoy al alcalde de Valencia desde la jefatura de la Demarcación de Costas de Valencia.
Playa de la Garrofera en 2016 después de la ampliación del Puerto
La procedencia de esta arena, que los vecinos piden que se aporte antes de la llegada de los temporales de otoño, no podría ser la Malvarrosa, ya que en esta playa el grano es demasiado fino, sino de otro punto de la costa valenciana donde tenga características lo más parecidas posible a las de la Garrofera.

Sin embargo, las mismas fuentes le han señalado que, "debido a la falta de Gobierno central", la Demarcación de Costas no puede, de momento, realizar estos aportes.

Por ello, Ribó ha manifestado su intención de continuar exigiendo al Ministerio y a Delegación de Costas una solución, y ha planteado que este asunto "estará encima de la mesa en la próxima reunión que el Ayuntamiento mantenga con la Autoridad Portuaria, con el objetivo de buscar las más rápida solución".

El alcalde de Valencia ha recordado que el gobierno municipal "trabaja por una ciudad que cuida el medio ambiente y que prioriza los criterios de sostenibilidad".

Por eso, ha asegurado, continuará exigiendo al Gobierno central que cumpla su labor y mantenga las playas en su nivel de arena óptimo.

El Sr Ribó debería saber: 1º que existe un Gobierno central aunque esté en funciones y eso no le ha impedido rellenar de arena todas las playas que han querido y 2º que la falta de arena es debido a la ampliación del puerto y él, siendo parte del Consejo de Administración del mismo, debería obligar a que se cumpliera con las condiciones que se pusieron para la ampliación, como era la reposición de la arena de las playas del sur.  La perdida de arena es la perdida de parte del municipio y del Parque Natural de la Albufera y debería preocuparse de obligar al puerto y a Costas a que cumplan con la normativa europea de que "quién contamina, paga"

miércoles, 10 de agosto de 2016

La falta de arena reduce la playa y deja junto al mar unas viviendas en El Saler

Los vecinos alertan de que la regresión ha aumentado y pone en riesgo el muro que protege el paseo marítimo en otoño

«No han puesto ni una ducha». La situación de la playa de la Garrofera, en la Devesa de El Saler, es preocupante para los vecinos de la urbanización La Casbah, un total de 78 familias que observan cómo este verano ha bajado el nivel de arena y la orilla del mar se acerca cada vez más al muro de hormigón del paseo marítimo, junto a sus casas.
La asociación de vecinos envió el pasado 28 de julio una carta al Ayuntamiento para que interceda con el Ministerio de Medio Ambiente y se autoricen aportes de arena antes de la llegada de los temporales de otoño. El documento, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, señala las últimas intervenciones de la Demarcación de Costas en la playa de la Malvarrosa y la gola de El Perellonet, que en ningún caso han beneficiado los vecinos de La Casbah.
La entidad atribuye la regresión de la playa a la ampliación del puerto. «Este fenómeno, pese a lo que pueda decir la Demarcación de Costas, es un hecho patente y reconocido no sólo desde otras entidades científicas sino del día al día de los valencianos», indican.
La cuestión, subrayaron fuentes vecinales, es qué pasará el próximo otoño ante la más que probable llegada de temporales. Cabe recordar que en 2012 embarrancaron dos mercantes una noche que el mar se complicó de tal manera que soltó las anclas de los buques.
La responsabilidad civil de las dos consignatarias permitió la reparación de todo los daños en la playa, donde la acción de las enormes hélices engulló toneladas de arena en apenas unos minutos.
La asociación de vecinos recuerda al alcalde Joan Ribó que el programa electoral de Compromís incluye en el apartado de medio ambiente la necesidad de obligar al puerto a que financie la regeneración de las playas situadas al norte y sur de la ciudad. «Es imposible la recuperación integral sin que también lo sea el ecosistema costero de este espacio protegido», añaden sobre el parque de la Albufera.
El pasado noviembre, el concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, anunció el compromiso de Costas a regenerar la playa de la Garrofera, aunque el tramo de La Casbah no ha recibido ningún aporte, precisan los vecinos.
«El pasado invierno, toda la red de saneamiento de la Devesa estuvo en serio riesgo de colapso debido a un importante riesgo de infiltración de agua de mar en la red de colectores. ¿Se imagina el Ayuntamiento el desastre ecológico que estuvo a punto de producirse?», preguntan.
El pasado año se demolió parte del polideportivo de El Saler. «La Demarcación de Costas ha cubierto dichos terrenos con gran cantidad de arena de la Malvarrosa y de la gola de El Perellonet», recuerdan, para añadir que «se dijo entonces que el tipo de grano de la arena no era adecuado para nuestra zona. Ese informe lo pedimos y no han querido entregarlo a la asociación».
Fuentes vecinales recordaron que mantienen un litigio con el Gobierno debido a la línea marítimo-terrestre, lo que afecta directamente a la propiedad de sus viviendas. «Cuando trajeron arena de la gola del Pujol se quedaron justo al lado de la escalera del paseo marítimo», comentaron.
En el escrito enviado a la alcaldía añaden sobre esto que «en el Plan de Gestión de Inundaciones de la Confederación del Júcar aprobado en enero se incluyeron medidas para paliar el efecto del cambio climático en la costa. En total, 28 iniciativas en la Comunitat Valenciana pero ninguna de ellas en la playa de la Garrofera ¿Por qué?».
También recuerdan los trabajos de la Red Natura 2000 de la Albufera, una gran inversión de fondos europeos para regenerar la zona respecto a la flora, fauna y humedales, pero afirman que «se han olvidado de una parte esencial del parque natural: la playa», para añadir el riesgo que supone una regresión del litoral, no sólo para la urbanización afectada sino también para la misma conservación de la Albufera durante las próximas décadas.
Costas S.A. lo sabe, lo va proclamando en los foros internacionales, pero en España calla y no hace nada.

sábado, 30 de julio de 2016

¿Quién tiene la culpa de los Reinos de Taifas de Costas S.A.? Los distintos ministros que desde 1988, en una dejación de sus obligaciones, han renunciado a cualquier investigación a pesar de la miles de denuncias que se han hecho, en España y en Europa, sobre las irregularidades y opacidad que existe en todo lo referente a los deslindes y obras de Costas. Éste no es un caso aislado, sino uno de los pocos casos que se han destapado y salido a público.

Dominio Público advirtió a Costas que debía parar la obra en la playa de Tauro
Una inspectora se desplazó desde Madrid y constató las irregularidades José María Hernández León no suspendió los trabajos al estar la playa casi terminada

El jefe de la Demarcación de Costas de Canarias hasta el jueves de la semana pasada, José María Hernández León, desoyó órdenes directas de sus superiores en Madrid que le advertían de la obligación de suspender las obras de Tauro, en Gran Canaria, hasta resolver los incumplimientos del Grupo Anfi en la concesión para rehabilitar la playa y explotar durante 50 años los servicios de temporada (hamacas y locales comerciales) en esa franja del litoral de Mogán.
Esa supuesta dejación de Hernández y las irregularidades detectadas por la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre son las dos razones que han forzado su destitución, la cual se produjo después de que la Guardia Civil preguntara a la Dirección General de Sostenibilidad por qué continuaron los trabajos si Dominio Público aconsejaba justo lo contrario, según explican fuentes de la investigación.
Planificación del Cabildo de Gran Canarias para facilitar al Grupo Anfí la destrucción completa de la costa 
El amplio atestado del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está desde la semana pasada en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente Urbanismo de Las Palmas, que ha abierto diligencias de investigación por dos delitos: prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio (construcciones ilegales), los cuales apuntan directamente hacia Hernández porque es el responsable local del expediente, es decir, la persona que ha recabado los informes de las administraciones afectadas por la tramitación del proyecto (Ayuntamiento de Mogán, Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias), para luego remitir la información a Madrid y que la Dirección General resolviera la concesión solicitada para ocupar el dominio público marítimo terrestre.
El exjefe de Costas admite que un ingeniero de su departamento se negó a firmar el acta de replanteo con el trazado de las obras, pero niega que los reparos del técnico tuvieran la importancia suficiente para evitar el inicio de los trabajos y, por ese motivo, autorizó verbalmente que comenzaran bajo su responsabilidad, entre otras razones porque el momento clave del procedimiento viene después, con la recepción de las obras, y ésta no se iba a realizar hasta que el empresario subsanara las deficiencias detectadas. Sus superiores, en cambio, no pensaron así y, tras revisar el expediente, le plantearon que la rehabilitación de la playa no debió comenzar hasta solventar esos defectos. El exjefe de Costas asegura que no se paró la obra porque estaba casi acabada y desde el principio pensó que los incumplimientos del promotor eran subsanables.
Hernández, que es decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas, autorizó los trabajos el 4 de febrero, pero el ingeniero Ignacio López-Sanvicente, tras negarse a firmar el acta de replanteo, elevó una queja a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. El técnico denunció las presiones de Hernández para firmar el acta y omitir las irregularidades detectadas, entre ellas que la parcela aportada por el promotor no se corresponde con el proyecto original, pues se adentra demasiado en el barranco y sobrepasa el deslinde marítimo terrestre, es decir, la franja de dominio público donde está previsto el paseo marítimo y la colocación de los servicios de temporada para explotar la playa, incluso parte del terreno está ocupado por terceras personas y no es unitario, sino que está partido por una cantina y varias viviendas.
La Dirección General de Sostenibilidad, para aclarar dicha queja, envió a Tauro a la subdirectora de Dominio Público Marítimo Terrestre, Josefa Solernou Sanz, que finalmente hizo la inspección en marzo y constató irregularidades tanto en el acta de replanteo como en la que acredita la entrega de los terrenos. A finales de abril emitió el informe donde revela que las obras no pueden comenzar hasta que se resuelvan esas anomalías, principalmente porque el promotor no ha acreditado la titularidad del suelo colindante y esa es una de las condiciones previas a la ejecución del proyecto de mejora.
Es más. El Grupo Anfi, que está integrado por la familia Lyng y por Hermanos Santana Cazorla, obtuvo la concesión gracias a esa parcela de 3.811 metros que aporta al dominio público, pues la propuesta del otro empresario que se presentó al concurso no incluía una contraprestación de esa naturaleza. Ese otro empresario es Miguel Cazorla, con negocios en la playa vecina de Amadores. De ahí la exigencia de que Anfi Tauro SA acredite la titularidad de dicho terreno como condición previa al inicio de las obras, ya que gracias a esa mejor oferta le concedieron la ocupación de los 11.200 metros de dominio público para rehabilitar la playa y explotar los servicios de temporada, según establece la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en la resolución del concurso, que lleva fecha del pasado 9 de junio de 2015.
La otra condición previa que puede haber incumplido el promotor es no garantizar la servidumbre de tránsito en el espacio colindante a la playa y los accesos a la misma, es decir, el paseo marítimo por no adecuarse al planeamiento urbanístico.

Correos para acreditar las presiones

  • El ingeniero que puso reparos al inicio de las obras en Tauro, Ignacio López-Sanvicente, ha aportado a la Guardia Civil correos que acreditan las presiones recibidas para firmar un acta de replanteo con la que no estaba de acuerdo. El proyecto aprobado en la concesión administrativa para rehabilitar la playa no se correspondía con la realidad del terreno y, por tanto, se negó a firmar los planos con el trazado de las obras. Eso ocurrió el pasado 4 de febrero en medio de un clima de gran tensión entre el técnico, el jefe de la Demarcación de Costas, José María Hernández, y el empresario Santiago Santana Cazorla, que acudió a la firma del acta en representación del Grupo Anfi. Hernández fue destituido el jueves pasado por sus superiores en Madrid, que corroboraron los reparos del técnico y hallaron otras irregularidades en la parcela que el empresario aportó al Estado para lograr la concesión, pero el exjefe de Costas asegura las trabas de Sanvicente obedecen a una venganza porque le archivaron una denuncia por acoso laboral. Los correos entre ambos revelan que recibió presiones.

martes, 26 de julio de 2016

El exjefe de Costas Hernández obvió el informe de su técnico sobre anomalías en Tauro

El exjefe de Costas José María Hernández informó al Ministerio de Medio Ambiente de que todas las irregularidades en el proyecto de Tauro habían sido «resueltas de inmediato» el mismo día en el que un ingeniero de su departamento informaba a Madrid de un rosario de éstas en el expediente.  

El Ministerio de Medio Ambiente registró en el pasado febrero dos actas de replanteo distintas, resultantes de la reunión que el día 4 de aquel mes celebraron en el barranco de Tauro (Mogán, Gran Canaria) todas las partes implicadas en el proyecto para crear una playa artificial en el paraje y un paseo marítimo; la del ingeniero de la Demarcación de Costas Ignacio López, advirtiendo de diversas irregularidades en el proyecto, y la de su superior, el  hoy destituido jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández de León, asegurando que las objeciones planteadas por López habían sido «resueltas de inmediato».


Las dos actas de replanteo divergentes –al parecer, base de la destitución de Hernández como jefe de Costas la semana pasada– forman parte del atestado incoado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guarida Civil por presuntas irregularidades en la concesión para transformar Tauro, sobre el que se ha apoyado la Fiscalía  de Medio Ambiente y  Urbanismo de Canarias para incoar unas diligencias de investigación (preprocesales) por la posible comisión de delitos de prevaricación urbanística –supuestamente por parte de Costas– y de prevaricación administrativa por parte del Ayuntamiento de Mogán en la concesión de la licencia para la ejecución del paseo marítimo.


Según fuentes próximas a la investigación, el atestado aporta pruebas contundentes de que Hernández León había afirmado en falso el 4 de febrero pasado que las irregularidades detectadas por  su subalterno en el proyecto se encontraban solventadas el mismo día del acta de replanteo.

Entre otros documentos, el Seprona cuenta con un escrito en el que el destituido jefe de  la Demarcación de Costas se dirige al Ayuntamiento de Mogán el 15 de febrero –esto es, 11 días después de certificar que los reparos de su técnico habían sido solventados– pidiendo la colaboración municipal para aclarar la titularidad de los terrenos en primera línea de la costa.

El exjefe de Costas compatibilizó su cargo con puestos en seis empresas

José María Hernández dirige negocios de artículos deportivos, servicios de ingenería o fotografía


CONTINUARÁ.....

El Ayuntamiento de Mogán reconoce que no inició la caducidad de la licencia de paseo de Tauro pese al retraso

La caducidad de la licencia tendría que haberse tramitado en 2013, al cumplirse un plazo de dos años, pero el Ayuntamiento nunca lo hizo de oficio, explica la alcaldesa.

El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) no abrió el expediente de caducidad del proyecto de obra del paseo de la playa de Tauro, como tendría que haber hecho en 2013 tras cumplirse dos años desde su concesión.

La  Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas investiga las irregularidades denunciadas por la Guardia Civil en la autorización que la Demarcación de Costas otorgó a la empresa Anfi para transformar la cala de piedras de Tauro en una playa artificial.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha explicado que a su Ayuntamiento sólo le compete el paseo marítimo anexo a la playa, que obtuvo licencia en 2011, otorgada por el anterior grupo de gobierno (PP) y condicionada a la corrección de una serie de deficiencias del proyecto de regeneración.

Estas deficiencias quedaron subsanadas en 2015 cuando se presentó nuevamente el proyecto de regeneración, "pero el técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano Rural ha cuestionado el permiso porque no se caducó a los dos años", ha indicado.

La caducidad de la licencia tendría que haberse tramitado en 2013, al cumplirse un plazo de dos años, pero el Ayuntamiento "nunca lo hizo de oficio y por eso se mantiene activa", ha explicado Bueno.

El proyecto de construcción de la playa artificial de Tauro incluye el paseo marítimo, los servicios de temporada y los comercios, motivo por el que la pasada semana varios agentes del Seprona solicitaron el expediente del paseo al Ayuntamiento de Mogán por orden de la Fiscalía.

A juicio de la alcaldesa de Mogán, estas supuestas irregularidades entre el promotor y Costas podría tener consecuencias, como la no recepción de la playa por el Ayuntamiento.

lunes, 25 de julio de 2016

Destituido el Jefe de Costas de Gran Canarias por irregularidades en la concesión de la nueva playa de Tauro

El Seprona ha abierto una investigación para esclarecer si la construcción se ajusta a la legalidad, lo que ya ha supuesto la destitución del jefe de Costas de Canarias.

La nueva playa artificial Anfi Tauro ha centrado el foco de atención en los últimos días,  no sólo por la novedad de su estreno el próximo mes de agosto, sino por la investigación abierta para comprobar que su construcción se ajusta a la legalidad.
Concretamente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil quiere esclarecer si los terrenos concedidos al Grupo Anfi para ejecutar el proyecto fueron tramitados de forma legal. 
Según adelanta el periódico La Provincia, esta investigación ya se ha cobrado la destitución del jefe de Costas en Canarias, José María Hernández (cargo que depende del Ministerio de Medio Ambiente).
Además, informan de que las pesquisas afectan a las cuatro administraciones que han intervenido en la tramitación del proyecto: Ayuntamiento de Mogán, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y, sobre todo, al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sostenibilidad y su Demarcación en las Islas.
La Guardia Civil lleva investigando la concesión desde que comenzaron los trabajos el pasado mes de febrero, tras recibir una denuncia de la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, alertando de que estas obras podían afectar a la ZEC Franja Marina de Mogán, un espacio marino declarado para la protección del hábitat de interés comunitario y que se encuentra a apenas 300 metros de donde se han venido realizando las obras.
Para la construcción de esta playa, el grupo Anfi Tauro (formado por la familia Lyng y el Grupo Santana Cazorla) ha invertido seis millones de euros y ha despositado para ello más de 70.000 toneladas de arena del Sáhara.
A este emplazamiento de Anfi Tauro, el grupo pretende unir a medio plazo un puerto deportivo para 300 atraques y varios complejos hoteleros, que suman 7.500 camas.