LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 26 de marzo de 2017

Costas retoma el dragado de la gola y la Comunidad le obliga a parar las obras

Los vecinos denunciaron la extracción de arena en la parte de Marchamalo cercana al Mar Menor, contra el criterio científico, y la Consejería lo acreditó

La polémica por el dragado del canal de Marchamalo para usar sus arenas en la regeneración de las playas del Mar Menor ha derivado en un conflicto abierto entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma. A solo una semana de que acabe el plazo para finalizar las obras urgentes de recuperación de las zonas de baño en la laguna, y en medio de la presión de ayuntamientos y de organizaciones empresariales como COEC para rellenar las playas antes de Semana Santa, la Demarcación de Costas retomó ayer por la mañana la extracción de material en la gola de Marchamalo.

Los trabajos, acometidos por una de las empresas contratadas por el citado organismo estatal, sorprendieron a la federación de asociaciones de vecinos de cartagena, uno de los colectivos integrantes del Pacto por el Mar Menor. Esa agrupación contactó de inmediato con la Consejería de Medio Ambiente para exigir la inmediata interrupción de las obras y cumplir así el acuerdo alcanzado por las administraciones central, regional y local el viernes pasado, que establecía no dragar más el canal y limitarse a llevar a las playas la arena ya extraída desde febrero.
Los vecinos denunciaron la presencia de dos retroexcavadoras en la gola y varios camiones que trasladaban el material a los Nietos y otras playas de la zona sur de la laguna, en el municipio de Cartagena, así como a Los Alcázares.

La decisión de paralizar los trabajos se adoptó el viernes de la semana pasada por la recomendación de los técnicos de la Comunidad y el catedrático de Ecología de la UMU y portavoz del Comité Científico Asesor del Mar Menor, Ángel Pérez-Ruzafa, para no causar problemas de turbidez en el agua tras el aumento de la temperatura del agua.

El jefe de la Demarcación de Costas, Andrés Martínez, aseguró a este diario que no se estaban realizando más excavaciones en la gola, sino que los trabajos se estaban limitando a llevar a las playas la arena ya amontonada a lo largo de las últimas semanas.

Sin embargo, una portavoz de la Consejería que dirige Adela Martínez-Cachá confirmó a 'La Verdad' que técnicos de la Administración regional integrados en la Oisma (Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente) constataron la existencia del dragado y que los trabajos fueron interrumpidos por la tarde.

Presión local y empresarial

La federación vecinal también comunicó la reanudación de las obras a la Guardia Civil (que ya se personó en la zona anteayer) y al fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera. Este investiga la posible toxicidad de las arenas y el consiguiente riesgo para la salud y el medio ambiente. Las obras cuestan varios millones de euros y fueron adjudicadas a Ferrovial, Acciona y Avance. 

Hace solo ocho días, Costas renunció a completar su proyecto de dragado de la gola, durante un encuentro con representantes la Comunidad, de los cuatro ayuntamientos ribereños (Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar). Previamente, la Comunidad cambió de opinión respecto a ocho días antes, cuando habló de no hacer más dragados pero no forzó a interrumpir el ya iniciado con vistas a la temporada turística.

La alternativa anunciada por Costas fue dar prioridad a las playas de núcleos urbanos y emplear tractores para remontar las arenas sumergidas desde la orilla de la playa hasta 50 metros mar adentro, y traer también material de canteras de Torrevieja (Alicante) y Sucina. Al final, la opción de los tractores se limitó a la zona de Los Alcázares. Costas, que no ha obtenido el permiso regional para dragar la gola del Estacio, al norte de La Manga, aún confía en tener el permiso de la Comunidad para dragar el club náutico alcazareño.

Soler advierte al Ministerio que no va a permitir que se lleven arena de las playas de Torrevieja

El concejal de obras y servicios, Domingo Soler, se ha mostrado hoy muy molesto ante el anuncio realizado en prensa por parte de la demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de medio ambiente, en el que se indica que regenerarán zona de costa de Cartagena y Murcia con arena procedente de Torrevieja. El concejal Domingo Soler ha advertido que no permitirá a Costas ni al Ministerio que se toque ni un solo grano de arena de las playas de Torrevieja.


Costas S.A. tiene cada vez más gente en contra porque su prepotencia y tiranía de años se ha hecho insoportable. Y sus actos y opacidad de los mismos dan que sospechar.

La Guardia Civil se lleva de la sede de Costas el expediente del dragado del canal de Marchamalo

La Fiscalía abre diligencias por las obras urgentes de regeneración de playas del Mar
Menor, y analiza los contratos millonarios y los estudios ambientales

Solo unos días después de modificar los planes de dragado de la gola de Marchamalo por recomendación de la Comunidad Autónoma, que teme que el relleno de playas con ese material altere el ecosistema del Mar Menor, el jefe de la Demarcación de Costas del Estado en la Región, Andrés Martínez, ha visto cómo la Guardia Civil se persona en sus oficinas para reclamar el expediente de las obras por las sospechas de irregularidades de tipo ambiental, sanitario y económico.

Por orden del fiscal jefe de la Comunidad Autónoma y especialista en Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, agentes de la Benemérita han recabado esta semana en la sede de Costas, situada en la Avenida Alfonso X El Sabio de Murcia, documentación relativa a la extracción del canal que une el Mar Menor con el Mediterráneo a la altura de La Manga.

Así lo confirmó ayer a 'La Verdad' Martínez, máximo responsable de un organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente y quien insistió en que las actuaciones, valoradas en varios millones de euros, se han ajustado a la legalidad y que se han adoptado todas las precauciones para descartar, con distintos análisis científicos, posibles riesgos para las personas y para el medio ambiente

Como adelantó este diario la semana pasada, Díaz Manzanera instó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado a tomar muestras de la gola y de distintas zonas de baño del Mar Menor, ante la ausencia de una evaluación de repercusiones ambientales previa al dragado. La Fiscalía trata ahora de aclarar lo vinculado al expediente administrativo y las dudas sobre un informe de la Universidad de Murcia (UMU) que descarta la contaminación por metales pesados. También analiza el hecho de que una de sus autoras, la profesora de la UMU María José Martínez (de la Facultad de Química), directiva de la empresa Sarco, contratada por el Ministerio para las playas del Mediterráneo.

Fuentes de la Demarcación aseguraron que Martínez, respecto a la que también ha abierto una investigación la propia UMU por si ha infringido la normativa y el código ético, ha informado a Costas de que no realizará más estudios sobre el ámbito de actuación de la empresa donde también están su marido y su hijo. Martínez realizó informes por petición de las compañías Acciona, Avance y Ferrovial.

A la primera, Costas le dio el contrato para dragar la parte más cercana al Mar Menor; y a las otras dos, la más próximas al Mediterráneo. Es una «subdivisión» de los contratos que, según el jefe de Costas, busca prevenir problemas de personal ante el elevado volumen de arena previsto: 66.000 metros cúbicos, de los que al final solo han sacado 24.000.

La UMU y la Comunidad

El Ministerio Fiscal también está reuniendo información sobre la posible contaminación de playas de Cartagena, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, a raíz de las denuncias de Pacto por el Mar Menor, un colectivo que integra entre otros a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su comarca, a ANSE y a Ecologistas en Acción.

Este grupo reclama un análisis de todas la playas, tras salir a la luz un informe que considera «no aptas» las arenas de la playa del Vivero de Marchamalo y de la Escuela de Pieter (Matasgordas), en unas catas realizadas en febrero por Avance a petición de Costas; y un movimiento ilegal de terrenos en el Vivero por parte de las mercantiles Astesa y Tragsa.

Asimismo, Movimiento Ciudadano (MC), Podemos y Ciudadanos han denunciado públicamente las técnicas de recuperación elegidas. MC, el partido del alcalde cartagenero, José López, ha advertido incluso de que ante las «serias dudas técnicas y científicas por el posible incumplimiento de los criterios de regeneración de playas del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex)», se plantea impulsar iniciativas para aclarar si hay «responsabilidades penales». A su juicio, la Consejería debe aclarar por qué dio su visto bueno al dragado 'exprés', en contra de su propio criterio técnico.


sábado, 25 de marzo de 2017

El fiscal solicita tres años y medio de prisión para el exjefe de Costas

El Ministerio acusa a José María Hernández de los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial en las obras de regeneración de la playa de Tauro

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha solicitado la apertura de juicio oral contra José María Hernández de León, exjefe de la Demarcación de Costas de Canarias, por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa en las obras de la playa de Tauro y reclama una pena de tres años y medio de prisión y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.

En su escrito al Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, la Fiscalía señala que el acusado José María Hernández obvió una Orden Ministerial y los informes contrarios a la actuación en la playa de Tauro y "no dudó en falsear la realidad en dos documentos, el Acta de Replanteo y el plano adjunto al Acta de Entrega y Recepción de los terrenos a aportar" por el promotor.

La aportación de 3.811 metros cuadrados de terrenos contiguos a la playa de Tauro por parte de la empresa Anfi Tauro fue el factor determinante para que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente adjudicara en 2015 la concesión de ocupación de la playa al promotor. En detrimento del otro licitador del concurso, Miguel Cazorla e Hijos, el proyecto de Anfi Tauro presentaba "un mayor ancho de playa" para colocar gran parte de los servicios de temporada (hamacas, sombrillas y kioscos) en el enclave costero. 

Sin embargo, el pliego de condiciones que acompañaba esta Orden Ministerial determinaba la obligación de "delimitar con carácter previo al inicio de las obras" la recepción de los terrenos privados incorporados por el promotor. 

Según sostiene la Fiscalía, el acusado "se apartó de manera grosera" del marco jurídico y "desoyó los impedimentos expuestos" tanto por el ingeniero de la demarcación como sus superiores en Madrid con la "única voluntad de autorizar el inicio de las obras" en el litoral.
Tras una inspección a la playa de Tauro, cubierta ahora con 70.000 metros cúbicos de arena del Sahara, el ingeniero de caminos de la Demarcación, Ignacio López-San Vicente, se negó a firmar el acta de replanteo de las obras por existir ciertos reparos en el proyecto. Pese a las advertencias del técnico, Hernández "autorizó verbalmente" las obras y se "apartó del marco jurídico", según rescata el escrito de acusación. 

Además, y "para hacer constar que su actuación estaba revestida de una aparente formalidad legal", el exjefe de Costas "no dudó en falsear" el contenido del Acta de Replanteo y el plano adjunto al Acta de Entrega y Recepción de los terrenos aportados por Anfi Tauro. 

Estos documentos "difieren" de la realidad reflejada en el expediente de la concesión ministerial, destaca en su informe el fiscal, "ya que el concesionario no figura como el único titular" del suelo y parte de estos terrenos están "ocupados" parcialmente por inmuebles. 

Por este supuesto delito de falsedad documental, la Fiscalía solicita una pena de tres años y medio de cárcel para el acusado. Además, pide su inhabilitación especial para el ejercicio de empleo y cargo público por 10 años por haber cometido presuntamente una prevaricación administrativa. 

Para la apertura de juicio oral, el Ministerio Público propone el interrogatorio del acusado y el testimonio de los agentes de la Guardia Civil que inspeccionaron la playa, técnicos de la Demarcación de Costas de Canarias y del ingeniero López San Vicente. Además de las declaraciones en calidad de perito de la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Josefa Solernou, la directora de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, y el actual jefe de Costas, Rafael López.

martes, 21 de marzo de 2017

Arenas sospechosas junto a la gola de La Manga

Investigan movimientos de tierra ilegales y con posible contaminación en el Mar Menor

Con la Semana Santa a veinte días vista, y en medio de la polémica por la extracción urgente de arenas de la gola de Marchamalo para regenerar las playas del Mar Menor afectadas por los temporales sin hacer antes una evaluación de su repercusión ambiental, el Ayuntamiento de Cartagena intenta aclarar un nuevo y extraño episodio relacionado con la contaminación del litoral por metales pesados.

Por segundo año consecutivo, el Consistorio ha abierto un expediente relativo a un movimiento de arenas en la playa del Vivero de Marchamalo, en La Manga, por parte de empresas sin autorización municipal ni de la Demarcación de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente.

Además, se trata de la zona del litoral donde un laboratorio privado detectó en febrero niveles de contaminación por metales pesados que hacían «no aptas» las playas para la regeneración de playas. El informe fue solicitado por la empresa Avance, que en este caso sí que realizaba tareas de extracción contratadas por Costas, y Laboratorios Munuera halló restos de plomo, zinc y cadmio en unos sedimentos ubicados a 600 metros del canal de Marchamalo.

Aunque en un primer momento el análisis situó la arena contaminada en la gola, Munuera aclaró que era un error de denominación. El laboratorio ha mantenido su diagnóstico sobre las arenas de la playa y sobre otras de la Escuela de Pieter o playa de Matasgordas, dado que fueron analizadas con metodología acreditada por la Unión Europea. Y ante este hecho, la preocupación no ha dejado de crecer entre vecinos, ecologistas y expertos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en suelos contaminados, quienes reclaman realizar un estudio geoquímico y otro de riesgos en los usos para descartar problemas ambientales de salud pública.

En la playa del Vivero, grandes montones de sedimentos se acumulan en un área próxima a la gola de Marchamalo, un canal donde Costas interrumpió el viernes la extracción de arenas para distintas zonas de la laguna, por recomendación de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. Ante el aumento de la temperatura del agua, los especialistas del Gobierno regional y el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia (UMU) y portavoz del Comité Científico Asesor del Mar Menor, Ángel Pérez-Ruzafa, aconsejaron suspender los dragados y el uso de maquinaria pesada, para no causar turbidez y otros problemas. Y Costas ha optado por adquirir arenas de cantera y por utilizar tractores para «remontar» arena sumergida desde la orilla hasta cincuenta metros metros mar adentro, lo que a su vez ha generado el rechazo del Pacto del Mar Menor, integrado por la Federación de Asociaciones de Vecinos, ANSE y otros colectivos.

Mientras las retroexcavadoras de Avance, Ferrovial y Acciona terminan de sacar de la gola la arena unos 14.000 metros cúbicos que ya tenían acopiados y secándose al sol (Costas quería extraer 66.000 metros y al final solo se usará 24.000), el Ayuntamiento planea una inspección técnica en la playa del Vivero.

En concreto, la Concejalía de Urbanismo, cuyas competencias tiene delegadas el alcalde, José López, tiene previsto enviar a la zona a especialistas en medio ambiente. De momento, el Ayuntamiento ha abierto ya un expediente sancionador a las mercantiles Astesa y Tragsa, mencionadas por la Policía Local en un informe del 3 de marzo.

Expediente a dos empresas

Ese día, agentes municipales se personaron en la calle Daiquiri, en la parte posterior de la iglesia Salvatore Mundi, e identificaron a cuatro trabajadores. Según confirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco Aznar, en el caso de Astesa, que tiene una planta de reciclaje de residuos de obras y derribo en la zona de El Beal, junto a la vía rápida de La Manga, llevaba a cabo el movimiento de terrenos; y Tragsa, contratista habitual del Estado, se ocupaba del transporte. El Consistorio no concretó a quién se sancionó en 2016 por hechos similares, ni a cuánto ascendió la multa.

Fuentes conocedoras del expediente indicaron que los empleados manifestaron que el material se estaba llevando a la playa de La Llana, en San Pedro del Pinatar. Pero el jefe de Costas, Andrés Martínez, aseguró a 'La Verdad' que su departamento no ha concedido ningún permiso a esas mercantiles. «Esa arena es del Ayuntamiento de Cartagena. La Demarcación no es consciente de ningún movimiento de terrenos», dijo. Y añadió, acerca del análisis que dio positivo en contaminación: «¿Qué hay alguien que esté trabajando por ahí y se esté llevando arena? Pues posiblemente. A lo mejor alguien ha dicho: 'Pues si no la quiere nadie, para mí'. Y la ha echado en algún lado. Pero nosotros, no».

Este comentario en la noticia del periódico lo dice todo.