LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 28 de febrero de 2012

El Gobierno ve un drama que familias pierdan su casa por deslindes mal organizados

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "drama" que "muchísimas familias" hayan perdido su vivienda en zonas costeras debido a los deslindes "mal organizados" que establecen el dominio público marítimo terrestre.

   Así ha respondido al portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional en el Senado, Francesc Antich, que ha mostrado su "preocupación" por la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. "Es necesario también para el turismo conservar el paisaje", ha aseverado.

   Antich ha pedido a la vicepresidenta que espera que con esta iniciativa "no se vuelva a las andadas" porque, a su juicio, las anteriores normativas a la Ley de Costas favorecieron la "desmesurada especulación" en el sector inmobiliario y dieron "rienda suelta" a una también "desmesurada" urbanización del litoral español.

   Por su parte, la vicepresidenta ha respondido que al Ejecutivo le "preocupa mucho" la degradación del litoral español, pero también la "seguridad jurídica". A su juicio, existe un "problema real", que es el deslinde: "Si no protegemos nuestras costas, la línea que define la Ley de Costas que marca la pleamar y por la que se fija el dominio público marítimo terrestre, se va metiendo".

   Como consecuencia de ello, ha indicado que hay que deslindar, "que significa que lo que antes era propiedad privada ahora se convierte en dominio público". "Eso es un drama para muchísimas familias que tienen su domicilio y sus viviendas en una zona que era propiedad privada y que como consecuencia de no proteger la costa y por deslindes no siempre bien organizados acaba siendo de dominio público", ha argumentado.

   Sobre la construcción en el litoral, Sáenz de Santamaría ha recordado al senador socialista que en 2006 hubo 865.561 visados. "No hace falta mirar mucho más atrás", ha advertido la vicepresidenta, para añadir que el Gobierno ha tomado medidas en ese aspecto, ligadas a la reforma del sistema financiero, "a una valoración que ya no es real, que impide que baje el precio y la gente no pueda acceder a una vivienda". "Así damos un paso a clarificar los activos inmobiliarios en este país", ha zanjado.

Unanimidad en la Diputación por la ley de Costas

Los tres grupos de la corporación provincial, PP, PSPV y BLOC, han aprobado por unanimidad la moción del Grupo Popular que insta al gobierno central a modificar la Ley de Costas. “Al objeto de conciliar más adecuadamente la defensa de la integridad física y el uso público del dominio público marítimo terrestre, con  los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley”, tal y como refleja el escrito. Una circunstancia que en la provincia de Castellón afecta a las viviendas de 600 familias agrupadas enla Plataforma parala Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense.

Una entidad creada porla Diputaciónde Castellón en diciembre de 2010 apetición de los alcaldes, que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias para la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada antela AdministraciónCentraly reclamar el respaldo de las Instituciones Europeas.

El portavoz del Grupo Popular en el pleno, Miguel Barrachina ha destacado que “pedimos la inmediata reforma de la Ley de Costas, tal y como ha anunciado el ministro Arias Cañete, para conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta Ley de Costas, tratando de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales y con la seguridad jurídica”.

lunes, 27 de febrero de 2012

El Cabildo de Tenerife pedirá que Canarias asuma competencias en Costas

Las dos formaciones políticas que gobiernan en el Cabildo de Tenerife (CC y PSOE) llevarán al próximo pleno de la corporación insular una moción para instar al Gobierno de España a que proceda a la transferencia de competencias en materia de costas al Ejecutivo autonómico.

Otro acuerdo que promueve la moción, a la que ha tenido acceso Efe, es instar al Gobierno estatal a que en la reforma de la Ley de Costas se aborde la situación de los núcleos costeros, edificaciones y usos existentes en el litoral para generar una mayor seguridad jurídica, resolver tensiones.

Además, pide al Ejecutivo que valore la inclusión de medidas que posibiliten el equilibrio entre la protección del litoral y las diferentes situaciones que ha generado la actual normativa desde que entró en vigor.

El tercer punto del documento de los socios de gobierno en el Cabildo de Tenerife es instar al Gobierno autonómico y al Parlamento de Canarias a la adopción de los acuerdos que procedan para pedir al Gobierno del Estado la modificación de la Ley de Costas en los términos propuestos por la institución insular.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero una reforma "profunda» de la Ley, mientras que el Senado decidió la semana pasada instar al Gobierno a que modifique la ley de costas para "compatibilizar su protección con el crecimiento económico y la seguridad del empleo".

El texto que argumenta la moción explica que la aplicación de la Ley de Costas ha sido controvertida desde su entrada en vigor, sobre todo en referencia a la construcción, tanto en las construcciones existentes antes de su entrada en vigor como las realizadas posteriormente.

La aplicación de la normativa en Canarias ha generado "mucha conflictividad social e institucional", sobre todo en los núcleos de población en la costa que de forma tradicional se han asentado y consolidado en el litoral, como en Anaga, Agache, Abona o Acentejo, explica el documento.

La moción fue registrada el 20 de febrero y tenía que haber sido debatida en el último pleno, pero quedó sobre la mesa para la próxima sesión junto con otros dos puntos del día porque la consejera que debía exponerla, María del Pino León, estaba sin voz.

PNL en el Pleno del Senado donde se insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas

viernes, 24 de febrero de 2012

Penosa intervención en el Congreso de la diputada Luisa Carcedo pidiendo explicaciones sobre la modificación de la Ley de Costas

La diputada Carcedo hace gala de una gran ignorancia en todo lo referente a la Ley de Costas y no sólo eso, ignora totalmente la grave situación socioeconómica que están viviendo los afectados de su región debido los caprichosos deslindes que se han efectuado precisamente en los porreos de Villaviciosa y otros lugares de Asturias.
Los porreos de Villaviciosa se han conservado magníficamente porque sus propietarios los han ido mejorando durante generaciones y cuidándolos con mimo, no porque hubiera ningún acuerdo entre administraciones. Si aún siguen "maravillosos" es porque los propietarios llevan años de lucha judicial para evitar el despojo de sus propiedades.

Ignora la Sra Carcedo la historia de su propia tierra pues dichos porreos fueron vendidos por el Estado a particulares con la desamortización de Madoz tratando de llenar las pauperrimas arcas del Estado y ahora pretende que la historia se repita. Esto Sra mía, aunque hayan pasado dos siglos, se llama estafa. Un Estado de Derecho no puede confiscar, vender y volver a confiscar, mediante leyes a la carta, cuando se le antoje.

Sería bueno que alguien le recordara en el Hemiciclo que no se lanzan "los carros blindados terrestres" ¿? por modificar una ley, pero sí se pueden lanzar los bulldozer si no se modifica, y en eso su partido es especialista.

Ignora la Sra Carcedo que la Constitución española no mandata específicamente la protección del dominio público maritimo terrestre (DPMT) sino la zona maritimo terrestre (ZMT) que es muy distínto. Tampoco mandata la sentencia del Tribunal Constitucional la protección del DPMT por parte de las Comunidades Autónomas, todo lo contrario, el DPMT que antes de 1988 era parte inseparable del territorio de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, dicho también en sentencias del Tribunal Constitucional, pasa a ser competencia exclusiva del Estado a partir de 1988. Lo que sí deja en manos de las Autonomías es la zona de protección pero con tantas restricciones que es como si también mandara el Estado en ella.
Como representante de la Comunidad Autónoma de Asturias debería estar exigiendo que les devolvieran esa franja del territorio (DPMT) que maneja, exlusivamente, el Estado y que no tiene ningún sentido que exista esa separata rompiendo la integridad territorial autonómica y municipal.

Poco le ha preocupado la sensibilidad de la ría de Aviles cuando se ha rellenado y modificado para construir el  Oscar Niemeyer ¿ O es que el litoral es sensible o no dependiendo de los intereses economicos o politicos?

Con lo fácil que hubiera sido informarse antes de hablar.

jueves, 23 de febrero de 2012

El CCN se satisface de la supresión del carácter retroactivo de la Ley de Costas

La senadora del CCN por Tenerife, Luz Marina Socas, ha mostrado su satisfacción por la aprobación del Senado, contando con su voto, de la iniciativa para la eliminación del carácter retroactivo de la actual Ley de Costas.
La senadora Socas señaló que “este éxito que tanta importancia tiene para muchos núcleos costeros de la isla de Tenerife ha sido el resultado de un esfuerzo que se inició con la moción que el por entonces concejal de Santa Cruz y presidente federal del CCN, Ignacio González, presentó ante el pleno del Consistorio pidiendo lo mismo que se acaba de aprobar en el Senado”.

Socas recordó que Ignacio González también presentó una Proposición no de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias como diputado de la Cámara autonómica en esta misma línea.

La senadora del CCN indicó que las dos representantes de esta formación política en la Cámara Alta se han encargado de transmitir al resto de los parlamentarios el carácter confiscatorio de la actual Ley de Costas y sus efectos más perjudiciales en Canarias que en el resto de España dada nuestra condición de islas. Socas explicó que “el incremento de la afección al pasar de los anteriores 20 metros de dominio público a los actuales 100, llegó a afectar casi el 2% de nuestro territorio”.

Finalmente, Luz Marina Socas se mostró sorprendida por el voto del PSOE en contra de esta iniciativa, “lo que parece dar a entender que detrás de toda su supuesta sensibilidad social, se encuentra su indiferencia ante el derribo de casas en el litoral de Canarias, casas que en muchos casos son el único patrimonio que tienen esas familias y que suponen la herencia familiar de varias generaciones”.

Arias Cañete apuesta por una Ley de Costas que corrija “las arbitrariedades generadas por la errática aplicación de la ley vigente”

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado hoy en el Congreso de los Diputados que la nueva Ley de Costas “no pretende sino corregir las arbitrariedades que ha originado la errática aplicación e interpretación de la ley vigente por parte de los gobiernos socialistas en las CCAA con litoral”.

Miguel Arias Cañete respondía así a una pregunta formulada por la diputada del grupo socialista, María Luisa Carcedo, interesada en conocer en qué medida tiene previsto el Gobierno que la modificación de la Ley de Costas cambie el modelo de gestión en la costa asturiana.

El ministro ha añadido que “la Ley de Costas respetará el reparto competencial establecido en la Constitución y en los Estatutos de autonomía”. “Como Ley estatal vamos a querer coordinar toda la política medioambiental, incluyendo la tecnología y los conocimientos científicos que la lucha contra el cambio climático incorpora”, ha añadido.

Arias Cañete también ha asegurado que la nueva norma va a cumplir con las recomendaciones del informe AUKEN, aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2009, que instaba a revisar urgentemente y, en su caso, modificar la Ley de Costas “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.

Asimismo, el ministro ha señalado que la Ley de Costas “pretende corregir las rigideces e ineficiencias que contiene la actual norma, para garantizar mejor la protección del dominio público marítimo terrestre”. Además, cambiará la forma de gestión del litoral en todas las Comunidades Autónomas, con una mejora del modelo de protección de la costa.

Un modelo, ha apuntado Arias Cañete, “en el que se respetarán los derechos y las legítimas expectativas de los ciudadanos, un modelo en el que la gestión del dominio público marítimo-terrestre se aplicará de forma homogénea en todo el territorio, no como ha ocurrido hasta ahora”. En definitiva, ha completado el ministro, “un modelo en el que la protección de nuestra costa y de sus valores ambientales vayan de la mano del desarrollo económico y social”.

En definitiva, el ministro ha señalado que la nueva ley tiene dos objetivos principales, mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa, y hacer compatible la protección del espacio natural del litoral con una actividad económica generadora de empleo y sostenible. Y eso no supone alterar los valores medioambientales del litoral español, ha concluido.

El Senado pide al Gobierno, con el rechazo del PSOE, modificar la Ley de Costas para aclarar el régimen de ocupación

Demanda "restablecer la seguridad jurídica" de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" antes de la aplicación de la vigente ley

El pleno del Senado ha aprobado, por 177 votos a favor (PP, CiU, Entesa Progrés Cataluña, Grupo Vasco y Grupo Mixto) y 75 en contra (PSOE), una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988, para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo, así como con los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en estas zonas del litoral.
   La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial, por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.
   Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.
   Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos.

LA LEY ACTUAL NO FRENÓ LA "DEPRAVACIÓN MEDIOAMBIENTAL"

   Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro ha denunciado la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".
   Así, ha dicho que mientras que la Ley de 1988 llegó para "poner freno" a los abusos en las costas, en todo el litoral se observan "ejemplos de la depravación medioambiental (...) pero que, aprovechando sus ambigüedades o vacíos, ha servido al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos" de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas.
   A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada, al tiempo que ha añadido que otros "grandes afectados" son los dueños de los chiringuitos. "Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre 20 años después de ser aprobada", ha apostillado.

PSOE CREE QUE LA REFORMA SERÁ EN 15 DÍAS

   Por su parte, el senador socialista Miguel Fidalgo ha asegurado que el Gobierno llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Costas, por lo que ha criticado la "precampaña que está realizando" el PP. Además, ha criticado cada reunión del Ejecutivo es "una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis".
   Por ello, ha defendido que la Ley de Costas "no tiene nada que ver con la crisis" ya que ha funcionado "perfectamente" durante 24 años en los que también ha habido gobiernos del PP. "Me da la sensación de que este gobierno nos va a hacer bueno hasta a (el expresidente José María) Aznar", ha sentenciado.
   En este contexto, ha ofrecido en nombre del PSOE un "pacto" en defensa de las costas públicas, ya que, en su opinión, sería un error muy grave volver atrás y aprovechar la costa para un nuevo crecimiento basado en el cemento. De hecho, ha concluido su intervención en el pleno de la Cámara Alta asegurando que esta reforma de la Ley de Costas que plantea el PP es "el proyecto de FAES" --la fundación de análisis afín al partido del Gobierno--.

VISIÓN DE LOS GRUPOS

   Por su parte, el senador de Coalición Canaria en el Grupo Mixto, Narvay Quintero Castañeda, ha reclamado que en la reforma se tenga en cuenta y de participación a las comunidades autónomas y a las entidades locales.
   "Queremos el mismo nivel de competencias que tienen otras comunidades autónomas", ha insistido porque ha asegurado que para Canarias, la defensa del litoral, del mar y de su medio ambiente es una cuestión "fundamental" y ha lamentado que el "desconocimiento de la realidad insular lleva a veces a la injusticia y a la torpeza".
   Mientras, la senadora del Grupo Vasco Miren Loren Leanizbarrutia, ha criticado la Ley de Costas vigente porque es una norma "arbitraria", que "vulnera el derecho a la propiedad y produce confiscación", es "una perversión", "vulnera el derecho a la propiedad" y conculca principios generales del derecho, va contra la Constitución y contra los principios fundamentales europeos.
   Leanizbarrutia ha pedido que la reforma de la "injusta ley" se acometa de forma "breve" y que cuando se modifique se base en criterios económicos pero siendo sostenible.  
   Por otro lado, el portavoz de Entesa en temas medioambientales, el senador Joan Saura, ha denunciado que el litoral español es "el más degradado" de toda la Unión Europea, porque la ley, "que ha sido buena, no se ha aplicado siempre bien".
   Finalmente, ha advertido de que no se puede dejar que se siga desprotegiendo el litoral y ha apuntado a que "el PP tiene intención de incrementar la desprotección".
El Senador Aparici ha mostrado su satisfacción y ha declarado haber cubierto el primer gran objetivo de esta legislatura en el Senado

La moción para la paralización de acciones derivadas de la Ley de Costas se ha aprobado esta mañana en el Senado, con el voto en contra del PSOE, por 177 votos a favor y 75 en contra.

El Senador Vicente Aparici, portavoz de la comisión de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Senado, ha declarado sentirse muy satisfecho con el resultado de la votación que ha aprobado la moción presentada por el PP para modificar la ley de costas y mientras tanto paralizar las actuaciones previstas contra los intereses de los vecinos, basadas en una interpretación retroactiva de la ley, y que cancela todos los actos administrativos hasta la puesta en marcha de la nueva ordenanza.

Aparici ha destacado la dedicación de los parlamentarios populares en defensa de los intereses de la provincia, de sus vecinos y del litoral castellonense, que una vez más demuestra que el Partido Popular cumple sus compromisos y su programa electoral y ha señalado que “con la aprobación de la moción se ha cubierto el primer gran objetivo que teníamos para esta legislatura en el Senado”.

Asimismo Aparici ha asegurado que “con esta actuación se pone de manifiesto el papel incuestionable que esta institución, el Senado, representa en la defensa de los intereses de los ciudadanos y su eficacia para abordar los problemas de todos los españoles”.
http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/160008_paralizacion-costas-aprueba-voto-contra-psoe.html

martes, 14 de febrero de 2012

A NUESTRA COSTA (Un documental politicamente incorrecto de Yeray Gonzalez)


A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

Documental periodístico que aborda la polémica aplicación de la Ley de Costas en Canarias. Una norma que se ejecuta de manera arbitraria, retroactiva y eliminando el derecho a la propiedad; elementos, estos tres, prohibidos en la Constitución española de 1978.

Este trabajo muestra el trato de favor que muchas instituciones canarias y nacionales profesan a las grandes empresas hoteleras, en detrimento de los pueblos costeros tradicionales con una historia que, en algunas ocasiones, supera los 200 años de antigüedad.

'A Nuestra Costa' se ha rodado por profesionales en el Paro, y sin ningún tipo de ayuda pública o privada. Es por este hecho, que algunos medios de comunicación han tildado este trabajo de 'políticamente incorrecto'. Y es que no muchos están habituados a escuchar la verdad
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jueves, 9 de febrero de 2012

Registradores piden proteger a propietarios de viviendas amenazados con demolición

El decano-presidente del Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Alfonso Candau, se ha mostrado partidario de introducir modificaciones en la Ley Hipotecaria o en la Ley de Suelo para que propietarios que adquirieron viviendas pensando que estaban en regla, pero que luego fueron declaradas ilegales, tengan la garantía de que no serán demolidas, un temor que habitualmente comparten los no residentes que se plantean comprar una vivienda en España.
   Según avanzó a los medios en el marco del 'Congreso Iberoamericano de Registradores', celebrado en Cádiz, los registradores mantendrán un encuentro el próximo lunes con el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en el que le expondrán algunas propuestas y le ofrecerán sus servicios para colaborar en la salida de la crisis.
   Antes, explicó que el principal problema que existe actualmente es que cuando una de estas viviendas es declarada ilegal con posterioridad a su compra, en ocasiones por declararse así el planeamiento urbanístico, el Tribunal Supremo siempre plantea como prioridad el interés urbanístico antes que el del particular.
   Para evitar que estos propietarios acaben viendo su casa demolida, y aunque existen otras alternativas para dotar de seguridad jurídica a estos propietarios, Candau consideró que "siempre lo más determinante y seguro es cambiar la ley", aunque ello supone un proceso mucho más complejo.
   El decreto 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores, aprobado el pasado mes de julio y promovido por la entonces secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ya introducía para el comprador más exigencias antes de inscribir la vivienda en el registro y se le facilitaba el conocimiento previo de posibles ilegalidades que pudiera arrastrar dicho inmueble. De esa manera se trataba de cubrir su indefensión en el futuro y tratar de mejorar la imagen del mercado español de cara al exterior para intentar atraer a la demanda extranjera.
   Sin embargo, Corredor, que también estuvo presente en el Congreso de los registradores, indicó a los medios que el problema es que el decreto solo es efectivo para las nuevas adquisiciones y no para las compras consolidadas años atrás.
   En esta situación, Corredor señaló que la jurisprudencia del Supremo supone una "alarma tremenda" para los propietarios de viviendas y una "espada de Damocles" con la que algunos extranjeros que compraron una vivienda en la costa española para su retiro tienen que vivir.
   "Hay una casuística tremenda", aseguró Corredor, quien criticó que la doctrina del Supremo "no da cabida al principio de fe pública" que se establece en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, en el que se establece que un comprador debería ver reconocido su derecho a la propiedad, aunque posteriormente se anule, si las causas de la ilegalidad de la vivienda no constaban en el mismo Registro.
http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-registradores-piden-proteger-propietarios-viviendas-amenazados-demolicion-20120208181716.html

Vilaboa espera de Medio Ambiente un trato para su costa similar al de otros municipios

La teniente de alcalde de Vilaboa, la nacionalista Ornela Fernández Salgado, reclamó ayer a la Consellería de Medio Ambiente un trato similar, a efectos de los núcleos de litoral, que el concedido por el departamento autonómico a otros concellos. La Xunta sostuvo recientemente, en una respuesta a los grupos de la oposición parlamentaria, que la actual legislación le impide paralizar las demoliciones en este concello. El pleno solicitó a la consellería esta suspensión alegando que se estaba redactando el PXOM y que el documento urbanístico daría cobertura a la mayoría de los casos cuestionados. Medio Ambiente replicó que no puede acceder a esta petición y que las sentencias firmes, seis en el litoral del municipio, tienen que ejecutarse.

Salgado se mostró decepcionada por la respuesta de la Xunta, si bien no le cogió de sorpresa su contenido. En su opinión, la explicación de la consellería «non se corresponde co trato que se lle da a outras construccións» en otros municipios de la provincia. La teniente de alcalde también señaló que parte de las viviendas con infracción «teñen licenza municipal e están nun núcleo» y añadió que en la apertura de expedientes «non se respectaron as normas subsidiarias».

Por su parte, la asociación vecinal Salvemos Vilaboa, que agrupa a muchos de los afectados en el litoral, solicitó una reunión con la senadora popular Dolores Pan. Los vecinos esperan que Pan pueda explicarles en qué medida les puede afectar la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

La capital se une a los vecinos afectados por la Ley de Costas

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento defenderán en los tribunales a los vecinos de Igueste de San Andrés para evitar que las casas afectadas por la Ley de Costas sean demolidas.

El alcalde del municipio, José Manuel Bermúdez, junto al primer teniente de alcalde, Julio Pérez, y el concejal del Distrito de Anaga, Fernando Ballesteros, se reunieron ayer con los vecinos de este pueblo costero para tratar la sentencia de la Audiencia Nacional que ha ratificado que 97 parcelas y 22 viviendas del barrio incumplen la actual Ley de Costas porque invaden los 100 metros fijados dentro de los límites del dominio público marítimo.

Los representantes de la Asociación de Vecinos Haineto Príncipe de Anaga y la Asociación Cultural y Medioambiental El Asío, ambas de Igueste de San Andrés, fueron Yolanda Déniz, Camilo León y José María Alberto. Déniz se mostró "muy satisfecha" tras el encuentro ya que, sea cual sea el resultado final, al menos "el Ayuntamiento ha escuchado todo lo que teníamos que decir". Bermúdez se comprometió a ofrecerles "toda la ayuda posible" y les aseguró que tendrán "la información del proceso que necesiten a través del abogado que lleva el caso en el Ayuntamiento", añadió Yolanda Déniz.

Durante la reunión se informó a los portavoces vecinales que en estos momentos los servicios jurídicos municipales defienden en los tribunales la misma posición que ellos. Además, aseguraron que sienten la misma preocupación que los residentes afectados por el futuro de todas las parcelas que se encuentran en dominio público. Pérez, Bermúdez y Ballesteros insistieron en que están en total sintonía con los vecinos del pueblo y esperan que se resuelva una sentencia favorable para la tranquilidad de todos sus habitantes.

Ambas partes se mostraron esperanzadas con la posibilidad de la aprobación de la nueva normativa en materia de Costas que ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy, que suavice la actual legislación y les permita "respirar un poco más tranquilos", explicó la portavoz de los vecinos. Lo que sí tienen muy claro todos los habitantes de Igueste de San Andrés es que llegarán "hasta el final, cuesta lo que cueste". "Nadie va a dejar que entre una pala en el pueblo o que sus casas queden fuera de ordenación", concluyó Déniz

miércoles, 8 de febrero de 2012

«Enlaze» defiende que una directiva europea respalda su oposición a la ley de Costas

(Foto Daniel Mora)
Los vecinos de Gozón que residen en el linde con la ría de Avilés defienden a capa y espada sus propiedades frente a la ley de Costas. De hecho, los miembros de la asociación de vecinos «Enlaze» se agarran ahora a una directiva de la Unión Europea de la ley de Costas firmada en Estrasburgo en diciembre de 1998 para seguir defendiendo su causa. Los socios de la entidad mantienen que en un apartado de este documento de noventa y ocho páginas deja bien claro que «se ha de proteger las vidas humanas y asentamientos ya que en muchos países, las costas tienen una importante función en la protección de los humanos, vidas y los asentamientos. La protección del litoral, por tanto, debe contribuir a la seguridad de las personas que viven allí».

Los vecinos de Zeluán siguen afectados por esta normativa mientras que algunos de los empresarios de Maqua ya han dejado de estar perjudicados tras la presentación de sus alegaciones. La entidad vecinal aún espera por la contestación de las sugerencias aportadas al Estado referentes, principalmente, a las afecciones de la ley del litoral a la localidad de Zeluán.

Según palabras del presidente de la asociación vecinal, César Fernández, esta directiva europea viene a dar la razón a los vecinos que defienden sus viviendas y terrenos ubicados en las inmediaciones del estuario. «Esta decisión nos beneficia, pedimos más protección para los vecinos, eso es todo», indicó el dirigente vecinal, que aseguró además ha movido Roma con Santiago para hacerse con toda la documentación posible para alegar contra una ley que no convence a los residentes. Tras años de lucha, los vecinos ven que los últimos acontecimientos se ponen de su lado aunque son conscientes de que aún es demasiado pronto para celebraciones. Esta directiva europea que defiende los intereses vecinales se suma ahora al último anuncio realizado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que aseguró que su equipo iba a aplicar una serie de modificaciones en la polémica ley de Costas. Para la asociación de vecinos «Enlaze», la ley actual debería desaparecer y la mejor opción sería la elaboración de una nueva legislación en materia de Costas que cuente a la hora de su redacción con el consenso de los afectados tanto en Asturias como en el resto del Estado.

Los propietarios desean que sus exigencias no caigan en saco roto y rechazaron cualquier tipo de concesión a cambio de sus propiedades. Los vecinos, a juicio de la asociación «Enlaze», quieren seguir siendo dueños de los terrenos que adquirieron y por los que han pagado sus impuestos desde 1988, año al que corresponde la ley que se pretendía aplicar hasta la llegada del PP a La Moncloa.

lunes, 6 de febrero de 2012

La reforma de la Ley de Costas (Santiago de Munck Loyola)

El reciente anuncio del nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre la intención del Gobierno popular de revisar y reformar la vigente Ley de Costas ha hecho abrigar esperanzas positivas a los miles de afectados por la misma. La aplicación de la vigente Ley de Costas que data de 1988 afecta a unos 160.000 ciudadanos tanto españoles como extranjeros y ha sido a lo largo de los años objeto de numerosas críticas, controversias y resoluciones judiciales incluso fuera de nuestras fronteras.

La necesidad de proteger y de recuperar el deteriorado litoral español no es puesta en duda por nadie con un mínimo sentido común. Pero, simultáneamente, nadie debería cuestionar la necesidad de compatibilizar con esa necesidad la de preservar la actividad económica y los miles de puestos de trabajo que pueden verse afectados o incluso desaparecer como consecuencia de una aplicación errática y errónea de la legislación actual. Del mismo modo, deberían ser objetivos irrenunciables para cualquier responsable político preservar de una manera clara y nítida la seguridad en el tráfico jurídico de la propiedad, la primacía de la fe pública registral, la irretroactividad de las normas desfavorables y el principio de equidad y justicia en las compensaciones económicas que hubiesen de producirse como consecuencia de la aplicación de la norma en su actual configuración.
Una reforma de la vigente Ley de Costas debe hacerse contemplando todos estos parámetros y en modo alguno puede desviarse de los principios constitucionales en los que ha de inspirarse.

Las diferentes situaciones de afección del litoral marítimo que la realidad presenta deben contemplarse de manera bien diferenciada considerando aspectos muy diversos: el carácter urbano o no de las mismas, la fecha de su aparición anterior o posterior a la Ley de 1988, el grado de protección medioambiental de los distintos emplazamientos, el carácter de los titulares sean personas físicas o jurídicas, la naturaleza de las anotaciones registrales, los deslindes efectuados y los parámetros físicos usados que, hasta el día de hoy, provocan diferencias notables de tratamiento, etc.

Transformar sin más, como hasta ahora, el derecho de propiedad adquirido de forma absolutamente legítima y legal con anterioridad a 1988 en un simple derecho de concesión, sin más compensación que el propio valor que a la misma concesión arbitrariamente se confiere, constituye un auténtico ataque al derecho de propiedad y a la seguridad del tráfico jurídico, al margen de la evidente inconstitucionalidad que la retroactividad supone. Diferente alcance, aunque igual de negativas consecuencias para los propietarios, supone la aplicación de la misma técnica a propiedades adquiridas con posterioridad a la aprobación de la Ley pues se produjeron mediando fedatarios públicos obligados por Ley a prevenir a los adquirientes de los condicionantes legales nuevos. Distinta es, igualmente, la situación de todos los inmuebles construidos en el dominio público después de 1988 en la que la intervención de las administraciones públicas con responsabilidades urbanísticas es la única responsable de las transgresiones de la norma y, por tanto, quienes deberían asumir las consecuencias que pudieran derivarse.

En todo caso, la problemática es tremendamente variada y la reforma de la Ley anunciada va a ser compleja, pero por mucha dificultad que entrañe debe abordarse con urgencia, con rigor, con diálogo con los afectados y tratando de conjugar los diferentes intereses contrapuestos.

sábado, 4 de febrero de 2012

Intervención íntegra del Ministro Miguel Arias Cañete

Para finalizar con el diagnostico de la situación de partida, tenemos que hablar de nuestras costas. La Ley de Costas de 1988 y su aplicación errática durante las dos últimas legislaturas no ha dejado de generar controversia e inseguridad jurídica para los ciudadanos que vieron afectados sus derechos con la nueva normativa.
Son manifestaciones de esa aplicación deficiente de la Ley, entre otras, la acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver; los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han llenado de inquietud e inseguridad a los representantes del sector hostelero o el deslinde administrativo del dominio público maritimo-terrestre, incompleto y muchas veces acusado de caprichoso y arbitrario.
La controversia ha traspasado incluso nuestras fronteras, y ha llevado al Parlamento Europeo a pedir revisar urgentemente y, en su caso, modificar la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.
Pues bien, partiendo de la situación que he tratado de describir de forma resumida, les informo a continuación de las acciones que nos proponemos desarrollar con el fin de racionalizar y clarificar la política medioambiental y de integrarla en el proceso de crecimiento y recuperación económica.

Medio Ambiente remitirá un informe jurídico al Gobierno para legalizar los núcleos marineros

La Xunta reclama al ministerio que reconozca la singularidad de estos asentamientos tradicionales cuando reforme la Ley de Costas

La Consellería de Medio Ambiente prepara un informe jurídico que enviará al Gobierno central con su propuesta para reformar la Ley de Costas y legalizar los núcleos tradicionales marineros. La intención de la Xunta es que el ministerio que dirige Miguel Arias Cañete aproveche la revisión "en profundidad" que va a realizar de esta normativa para reconocer la singularidad de Galicia y declarar como núcleos urbanos el largo centenar de asentamientos tradicionales marineros que quedaron fuera de la ley aprobada en 1988.

La normativa de Costas vigente establece un régimen de limitaciones en las zonas de servidumbre de protección del dominio público marítimo. Esta franja es de cien metros desde la línea de costa, salvo en las áreas clasificadas como suelo urbano por el planeamiento municipal vigente donde la protección queda reducida a 20 metros.
No se incluían como suelo urbano los núcleos rurales salvo que los ayuntamientos afectados pudieran probar que ya existían como poblaciones antes de 1988, año de aprobación de la Ley de Costas. Sin embargo, los concellos por distintas razones no pudieron demostrarlo y la Dirección General de Costas fijó una servidumbre de protección en estos núcleos de cien metros, de manera que las edificaciones existentes quedan fuera de la ordenación –solo se permiten obras de reforma pero sin aumentar el volumen edificatorio–.

La pelea de los vecinos afectados y de la propia Xunta para legalizar estos núcleos ya viene de atrás pero el anuncio de Miguel Arias Cañete de revisar la Ley de Costas ha abierto nuevas esperanzas. El ministro avanzó que es preciso reformar "urgentemente" esta norma para proteger "los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".
La Xunta admitió ya hace dos semanas que estaba negociando con el Gobierno la nueva Ley de Costas. El siguiente paso será enviar una propuesta por escrito con argumentación jurídica para que se reconozcan como núcleos urbanos estos asentamientos tradicionales, entre los que se encuentra la localidad de Redes, en Ares, o Loira, Aguete, Mogor, Casás y Teoira en Marín.
http://www.farodevigo.es/galicia/2012/02/03/medio-ambiente-remitira-informe-juridico-gobierno-legalizar-nucleos-marineros/620503.html

jueves, 2 de febrero de 2012

El Supremo obliga a Costas a revisar un deslinde "arbitrario" en Ares

Es poco habitual pero el Tribunal Supremo le ha dado la razón a seis vecinos de Redes (Ares) que llevan ocho años pleiteando contra el Estado a cuenta de un deslinde que dividía sus propiedades en dos. El límite marítimo terrestre que la Demarcación de Costas en Galicia fijó el 14 de marzo del 2004 provocó situación absurdas que ahora tendrán que rectificarse.

A un vecino, el deslinde le cruza el patio de casa en diagonal. Una mitad es pública y la otra no. No es el único caso. Media docena de patios y terrazas de fincas privadas en las calles Nueva y Ribera quedaron divididas de forma errática por una línea imaginaria que marcaba la frontera entre lo estatal y lo privado. A otro vecino, casi le expropian una esquina de la casa que sirve de plató al rodaje de la serie de la TVG  Padre Casares, que ha transformado Redes en un Louredo imaginario.
La particularidad de esta parroquia pesquera del litoral coruñés, con cerca de 300 vecinos censados, es que las casas están directamente colgadas sobre el agua. La frontera entre el mar y la tierra la marcan los muros. El tramo que seis vecinos se atrevieron a cuestionar en los tribunales comprende 16.557 metros de litoral, entre punta Avarenta y punta Curveiro, que será revisado para trazar un nuevo linde.

La sentencia del Supremo, fechada el pasado 12 de diciembre, es muy clara y solo puede recurrirse ante el Constitucional. Dictamina que el deslinde impugnado es una “línea arbitraria” que inexplicablemente ha dejado fuera del mapa público láminas de agua para incluir zonas de terraza y patios “que secciona al discurrir por su interior de forma quebrada”. El alto tribunal llama la atención sobre las peculiaridades de un pueblo marinero y “pintoresco”, protegido por Patrimonio y premiado en 2007 por los arquitectos gallegos como ejemplo de arquitectura sostenible.

Medio Ambiente justificó el errático trazado de 2004 con el de 1984, que a su vez se remitía al fijado en 1969. El Supremo rechaza este argumento porque el deslinde del franquismo “carecía de motivación” y fue arrastrando a los siguientes, que incurrieron en los mismos errores.
El alto tribunal le dice al Gobierno central que tendrá que razonar con mejores argumentos que los expuestos hasta ahora por qué le parece tan imprescindible para la protección del litoral incluir en el deslinde de Redes trozos de edificios, esquinas de viviendas o medio metro de terraza. Si Costas no justifica sus pretensiones con estudios técnicos, el Supremo entiende que los metros que los vecinos de Ares reclaman como parte de sus fincas privadas deben quedar fuera del nuevo deslinde.

Los vecinos le han ganado la partida a la Administración por sorpresa y en el último suspiro, con la única herramienta legal que les quedaba. La sentencia del Supremo es la respuesta al recurso de casación que interpusieron a la desesperada en 2008, tras una larga batalla judicial en la que han ido coleccionado muchos fallos desfavorables.
Además de anular el mapa de 2004 en el tramo impugnado y obligar a Costas a rehacer 16 kilómetros de deslinde en Redes, la última sentencia del Supremo tiene un valor añadido porque sienta jurisprudencia. El fallo desdice a la Audiencia Nacional, que hasta la fecha había respaldado jurídicamente los argumentos del Ministerio de Medio Ambiente para justificar un deslinde descabellado que partía en dos mitades fincas particulares que llevan siglos enraizadas en la marea. Tanto es así, que los propietarios afectados llegaron a desempolvar sus viejas escrituras del siglo XVII, donde literalmente se fijaba el mar como lindero.

“La aplicación práctica de la Ley de Costas es bastante abusiva, más con los pequeños propietarios que con los grandes complejos”, opina Carlos Seoane. El letrado coruñés, que ha defendido a los afectados de Redes, destaca que la sentencia del alto tribunal es novedosa porque contradice a la propia Administración. “Hasta ahora, siempre se santificaba lo que decía Costas”, señala.
La importancia del fallo radica en que puede abrir puertas a las reclamaciones de los vecinos de otras localidades gallegas que mantienen disputas parecidas con la Administración por deslindes que parecen poco razonables en Marín, Fisterra y A Pobra.

miércoles, 1 de febrero de 2012

Arias Cañete anuncia una "profunda" reforma de la ley de costas

LEY DE COSTAS
El titular de Medio Ambiente detalló cómo, para la efectiva protección de las costas españolas, se llevará a cabo una "profunda" reforma de la normativa sobre protección del dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales.

Indicó que la reforma de la Ley de Costas, que data de 1988, será un vehículo eficaz para lograr mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa, para fomentar una adecuada ordenación de la actividad económica y para valorar económicamente aquellas zonas ya degradadas y sin valor medioambiental.

Según Arias Cañete, la reforma buscará también la protección de los sistemas litorales, la recuperación de las zonas degradadas, la lucha contra la erosión y la garantía y acceso público de las costas españolas.
Para la efectiva protección del medio marino, el ministro anunció actuaciones de próxima ejecución como la elaboración de una estrategia para cada una de las cinco demarcaciones marinas españolas, la constitución de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas y el diseño de los programas de seguimiento de este medio.

Para la protección de la biodiversidad marina, el Ejecutivo elaborará el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, así como el Sistema Nacional de respuesta frente a la contaminación marina accidental.

El ministro lamentó que aunque la cifra global de emisiones refleje una importante reducción de las mismas, España se encuentra más lejos de cumplir el Protocolo de Kioto, ya que no han disminuido lo suficiente en los sectores de los que responde directamente el Estado.
En lo referente a la protección del medio natural, el Ministerio revisará el marco normativo estatal y acometerá una mejora en la gestión de la red de Parques Nacionales y de la Red Natura 2000.