Para finalizar con el diagnostico de la situación de partida, tenemos que hablar de nuestras costas. La Ley de Costas de 1988 y su aplicación errática durante las dos últimas legislaturas no ha dejado de generar controversia e inseguridad jurídica para los ciudadanos que vieron afectados sus derechos con la nueva normativa.
Son manifestaciones de esa aplicación deficiente de la Ley, entre otras, la acumulación de expedientes de reconocimiento de derechos sin resolver; los aparentes cambios de criterio sobre la ocupación de las playas, que han llenado de inquietud e inseguridad a los representantes del sector hostelero o el deslinde administrativo del dominio público maritimo-terrestre, incompleto y muchas veces acusado de caprichoso y arbitrario.
La controversia ha traspasado incluso nuestras fronteras, y ha llevado al Parlamento Europeo a pedir “revisar urgentemente y, en su caso, modificar la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.
Pues bien, partiendo de la situación que he tratado de describir de forma resumida, les informo a continuación de las acciones que nos proponemos desarrollar con el fin de racionalizar y clarificar la política medioambiental y de integrarla en el proceso de crecimiento y recuperación económica.
