LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

lunes, 31 de octubre de 2011

COSTAS ‘DEMENCIALES’ (Juan Sanchez)

Esa igual de jeroglífica como caprichosa ley de costas, va poniendo el güevo de forma aleatoria y arbitraria por todo el litoral español. Y sus responsables ejecutores, verdugos empecinados, rayanos a la demencia febril y obsesiva, lo mismo te planchan un sueño que te fríen una esperanza. Juramentados para la aplicación de una ley injusta y demasiado cuestionable, van dejando “cadáveres exquisitos” y desolación humana, allá donde hincan el colmillo provistos de sanguinarios papelajos carentes mesura, equidad o una mínima coherencia social.
 
Y mira por donde, se da el curioso y extraño des-equilibrio, que enrasa a los más débiles en la misma palangana de ablución de su existencia. O desmantelación de sus viviendas, como gusta definir estos irresponsables al derribo de esos hogares, humildes e indefensos, frente a esa implacable apisonadora llamada ‘Ley de costas’…demenciales.

Por la misma inercia abusona, los expedientes de ‘desmantelación’ incoados hasta la fecha, corresponden a meras familias humildes, sin la tranquilidad frente al aparato burrocrático de tener los riñones a bien forrados por una jartá de millones de vellón, y todo lo que eso impedimenta la labor ejecutora y ejecutiva. Es en esa parcela de indefensión tan clamorosa, sin capacidad económica de maniobra frente a una cuadrilla de ‘pezucos’ cebados con los más indefensos, donde se aplica con todo el rigor-mortis una ley que adolece de muchos males endémicos al sistema, claramente obstruido y distanciado de la realidad.

En mi pueblo, hablando en romance paladino, a eso se llama hacer las cosas por bemoles. Poner los mojones (Marítimos) contra los más desprotegidos, los 49 vecinos de Puntas de Calnegre, por ejemplo, mientras se salvaguarda el traje (O el cargo político) y se nada en las truculentas aguas de aquellos que controlan el poder y sus narices.

Demasiados intereses ‘a la limón’. Demasiadas preguntas por contestar. Demasiados encuentros y desencuentros entre colegas o no tan colegas de partido, y repartido. ¿Revanchas o puros negocios? Nunca se sabrá con certeza la realidad oculta tras el ‘desmantelamiento’ de una población costera. Lo que siempre llevaremos como lastre de vergüenza institucional, es el dolor causado a miles de familias de nuestro litoral, que se están viendo en la puñetera calle. Y aún se han de ver, si no cambian los criterios o la jodida ley, con una mano delante y otra detrás para proteger sus pudorosas partes, no vaya a ser que esta indecencia formalizada en cortes no haya quedado satisfecha...

Incluso, en altos foros políticos, incluido el parlamento europeo, hay responsables del gobierno español, la defensora del pueblo, que no pueden sostener las críticas de sus colegas continentales y terminan por reconocer que esta ley de costas es una injusta barbarie, para la mayoría de los casos donde se aplica. Incluso, el gran número de desestimaciones judiciales de expedientes ya ‘cocinados’, viene la refrendar y sentar jurisprudencia -de ser prudentes, eh-, en contra de dicha norma. Incluso, siendo un poco suspicaces, y por aquello del agravio comparativo, podríamos darnos un garbeo por nuestras costas y ver con toda claridad donde se encarniza dicha ley, y donde claudican, o hacen la vista demasiado grossa sus ejecutores, a la hora de aplicarla. Porque es mucho más suave judicialmente destruir los hogares de esas pobres familias sin un puto céntimo, que afrontar un vía crucis de demandas, sentencias y apelaciones desde los gabinetes estelares de esas intocables corporaciones urbanísticas que todos conocemos. Eso creo, no estoy muy seguro, pero parece tener todas las trazas de ser tal y como lo describo. O ¿no?...

viernes, 28 de octubre de 2011

La 'doble vara' de Costas


La obra denuncia el ''doble rasero'' en la aplicación de la Ley de Costas con los pueblos marineros tradicionales y los poderes empresariales

Mayo de 2006. Una importante cadena hotelera canjea con la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente la propiedad de la Isla de Lobos por una concesión de 30 años para la explotación en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo de un complejo sobre el que había recaído una orden de demolición por incumplir la Ley de Costas al invadir dominio público marítimo-terrestre. Yeray González Nuez, un periodista grancanario que tenía por entonces 28 años, es el encargado de redactar la nota de prensa del Cabildo de Fuerteventura para su difusión por los diferentes medios de comunicación.

Casi un lustro después, tras cuatro años en el paro y alentado por unas fotografías que le enseñó su madre, Yeray inició un trabajo de investigación que ha dado como resultado un documental de cerca de 80 minutos que denuncia el "doble rasero" en la aplicación de la ley de Costas en Canarias, “inflexible” con los pueblos marineros tradicionales y “permisivo” con grandes poderes empresariales.

“Empecé a indagar y cada vez me encontraba con injusticias más flagrantes que se perpetraban con la connivencia de los políticos y de los empresarios. El último mono era el ciudadano con sus derechos”, explica el director de A nuestra costa, una obra que ha financiado íntegramente con los ahorros de los que disponía y gracias a la colaboración desinteresada de su entorno cercano.
Secundado por las otras dos patas fundamentales del proyecto, Eduardo Hernández y Alfonso García, Yeray ha recorrido cuatro islas (Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife) para visitar una decena de pueblos bajo amenaza de desaparición por la aplicación de la Ley de Costas. En el contacto con los vecinos ha podido comprobar “el espíritu de superación y la capacidad que tiene el ser humano para tirar hacia adelante en situaciones límite”.

Cho Vito se ha erigido en emblema de esta lucha. En octubre de 2008 un amplio dispositivo policial irrumpió en el poblado marinero, lo cercó y derribó una veintena de casas. Aún queda una decena en pie. “Estuvimos cuatro días en Cho Vito y el recibimiento fue espectacular, nos acogieron como una familia. Nos han dado lecciones de vida, de humildad, de sencillez, de dignidad, de cómo comportarse cuando alguien con más poder trata de hundirte”, asegura el guionista y realizador del documental. “Esa gente sabe más de leyes que un político”, tercia Eduardo, que ha colaborado en la edición y en el sonido.

Yeray González reconoce que en el proceso de producción se han topado con presiones y obstáculos de la clase política, el mundo empresarial e, incluso, de medios de comunicación. “Cuando alzas la voz en Canarias, te intentan silenciar. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Demarcación de Costas en Santa Cruz, entre otros, no nos quisieron atender. Me ha sorprendido la falta de tacto que tienen las instituciones públicas para tratar al ciudadano, la impunidad con la que se mueven”, asevera.

Playas semiprivadas vs. yacimientos destrozados
El periodista grancanario ha querido poner de manifiesto con el documental A nuestra costa las “incongruencias” en la aplicación de una ley que nació en 1988 con el objetivo de “recuperar lo que es de todos para disfrute de todos”. Así, contrapone la laxitud mostrada por la administración con un complejo hotelero de Tenerife que llegó a anunciar que disponía de una playa artificial semiprivada a la contundencia de la actuación en Cho Vito.

“A los políticos les ha dado por promocionar los hoteles de lujo y los campos de golf, pero nosotros tenemos nuestra belleza natural, pueblos con valor etnográfico, nuestra cultura, nuestras raíces, que están desapareciendo”. Yeray ilustra su argumentación con un ejemplo de Gran Canaria: “En el paseo que va de Maspalomas a Meloneras tenemos grandes hoteles con forma de edificios típicos canarios y, frente a ellos, hay un yacimiento destrozado, la tradición centenaria de los primeros pobladores sin ningún cuidado”.

MiradasDoc
Tras su presentación en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 'A nuestra costa' estará presente en el MiradasDoc Market que se celebrará en el municipio tinerfeño de Guía de Isora entre el 2 y el 4 de noviembre. En este mercado tendrán la oportunidad de entablar contacto con televisiones y distribuidoras para poder vender el documental. ”En Europa están muy interesados. Queremos dar luz a cosas que hasta el momento están oscurecidas, pero si no lo conseguimos vender y no recupero mis ahorros, estaré igualmente satisfecho con la acogida de la gente, orgulloso con lo que hemos hecho, y lo haré accesible para que no se quede en un cajón”, concluye Yeray, que asegura que ya maquina otros tres proyectos para “denunciar otras injusticias”.

jueves, 27 de octubre de 2011

Presidente cántabro dice que la Ley de Costas rompe el principio de "no confiscatoriedad" porque expolia a propietarios

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha dicho que la Ley de Costas rompe el principio de "no confiscatoriedad", uno de los principios "básicos" del sistema tributario español, porque los propietarios "no son expropiados", ya que no reciben "ninguna compensación", sino que son "expoliados o confiscados".

   Así lo ha señalado Diego este jueves en el acto de inauguración del III Congreso Nacional de el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) y los Valores Catastrales, que se celebra en Santander hasta este viernes, y en el que ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Cantabria (UC), Federico Gutiérrez-Solana; el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Julián Vélez; y el organizador del congreso, Juan Enrique Varona.

   Diego ha considerado que la aplicación de la Ley de Costas ha dado lugar, en "muchas" ocasiones, a "la ruptura" de ese principio de 'no confiscatoriedad' ya que los territorios de las personas afectadas por la delimitación de los espacios de dominio público-marítimo-terrestre "pasan a ser de todos los españoles" perdiendo "la condición de propiedad privada".

   Los propietarios, que lo eran de "manera reconocida" tanto por escrituras notariales como por registros de la propiedad, ven "confiscado" su patrimonio de "una manera arbitraria", ya que la delimitación de los espacios está hecha "con criterios técnicos pero siempre en un marco de subjetividad", y, en algunas ocasiones, "bastante injusta", ha considerado Diego.

   Por todo ello, y por la "actualidad" y "polémica" de esta norma en Cantabria, el presidente regional ha destacado que espera que la Ley de Costas "sea reformada en la próxima legislatura" en el Congreso y el Senado dada "la trascendencia" que tiene la aplicación de la misma en Cantabria de cara a 2018

Mucho ha tardado el Presidente de Cantabria en darse cuenta de que la Ley de Costas "confisca, expolia, y despoja de todos los derechos adquiridos a quienes siempre estuvieron dentro de la ley y se guiaron por el Derecho y el Principio de confianza en las Administraciones Públicas.

Mucho está tardando su Partido (PP) en anunciar públicamente su intención de poner fin a una situación tan injusta que "ni Stalin lo hubiera hecho en sus mejores tiempos" (frase original de un ex jefe de la Demarcación de Costas de Cádiz).

¿A qué esperan para anunciar en los medios de comunicación que cuando gobiernen terminarán con esta violación de los Derechos Humanos?

Mientras nos van dando a pildorítas la posible, sólo posible, modificación de la Ley de Costas, el Ministerio de Medio Ambiente se está dedicando a mandar concesiones (con condiciones draconianas) y "recuperaciones posesorias" (lease incautación) a gente que no tienen más sitio donde ir que la vivienda que les pretenden ROBAR.

Al final sólo están claras dos cosas: 
1.-  que el PSOE está demostrándo que se puede morir, matando. Y,
2.- que el silencio de los futuros gobertantes  en un asunto tan importante como es la pérdida injusta de la propiedad, no es la mejor manera de convencernos de que la situación va a cambiar.

domingo, 23 de octubre de 2011

El plan de derribos y sus secuelas en Liencres

Son de admirar las personas que mantienen su tesón y su entereza a pesar de que las circunstancias sean adversas. Lo que puede parecer una cita, es una realidad en un colectivo tan pisoteado como los propietarios de las viviendas con sentencias de derribo, esas familias que sin comerlo ni beberlo se han visto involucradas en una persecución por el mero hecho de haber adquirido una vivienda. No hay un habitante en Cantabria que no desee una solución a todo lo concerniente con los problemas de urbanismo de la región. Algunos, los pocos, creen que son necesarias medidas tajantes y derribos indiscriminados. Otros, los muchos, entre los que me incluyo, consideran que es necesaria una solución definitiva y consensuada a la inseguridad urbanística en Cantabria que es la culpable de tanta sentencia.
 
El Gobierno regional se ha puesto a trabajar de una manera denodada por buscarle una salida a tanta sentencia. La mejor muestra es que en menos de cinco meses tenemos un borrador y una posible solución al conflicto cuyo resultado es el Plan de Derribos que se espera, sea del agrado de los responsables de Justicia de nuestra región. En el citado plan se marcan unos plazos o hitos para llevar a cabo soluciones puntuales en las zonas afectadas, permitiendo legalizar fases o porciones y estableciendo derribos e indemnizaciones en otras zonas marcadas por el destino.
 
Liencres es uno de los pueblos afectados y donde la piqueta se ensaña sin ningún tipo de piedad, y cuya conclusión puede resultar el derribo en Cerrias de las viviendas de Calas del Norte y la franja de domicilios que se ven afectadas en el nuevo Deslinde Marítimo-Terrestre. Resulta irritante esta solución toda vez que parece un pacto de caballeros: «.derribamos unas casitas por aquí y por allí y de esta manera contentamos a las asociaciones ecologistas y tenemos tranquila a la opinión pública». Esta solución seria buena en el Ferial de Torrelavega cuando un trato se enquista y se decide partir la diferencia, pero no vale cuando están afectadas moradas en las que se encuentran familias y personas.
 
La solución para estas viviendas vendría por un Deslinde Público Marítimo-Terrestre que haga justicia con Liencres, ya que el actual establece es un franja de protección de 100 metros en toda la costa sin reconocer el suelo urbano, merced a unos informes emanados de la Consejería de Presidencia por aquel entonces presidida por el Sr. Mediavilla que se ensañaban con Liencres. Cabe la posibilidad, entiendo, de revisar o validar esos informes para dejar la franja de protección en los 20 metros que es lo que establece la Ley de Costas para los suelos urbanos. Otra posible solución al deslinde puede pasar por una revisión y actualización de una obsoleta Ley de Costas que aporta más inseguridad al urbanismo en Cantabria. Es necesario recordar que el origen de las sentencias en Liencres es una hipotética falta de servicios, por lo tanto no viene motivado por el deslinde, pues la Demarcación de Costas, como era preceptivo, emitió informes favorables a las licencias toda vez que no invadían el Dominio Público.
 
Entonces, ¿por qué se tiene en cuenta el actual deslinde que no reconoce ni un solo metro cuadrado de suelo urbano en Liencres? Las licencias son anteriores al actual deslinde, la calificación de los suelos es anterior a la entrada de la Ley de Costas del año 1988, el Plan de General de Ordenación Urbana de Piélagos es de 1986...
 
Si analizamos de una forma global la situación de las costas en España, parece que Cantabria no se encuentra tan castigada como otras zonas como la mediterránea o las insulares. No se trata de un consuelo, pero si que es significativo que en estas zonas los problemas estén resueltos con medidas o leyes de punto final y en franjas menos afectadas estemos infringiendo un sufrimiento gratuito a los propietarios. Además, en Europa hay un autentico clamor contra la Ley de Costas de España, no sólo la parlamentaria europea Margrete Auken, representante del Grupo Europeo de los Verdes, sino otras voces parlamentarias han salido en defensa de las propiedades de los ciudadanos en España. Recientemente, el Defensor del Pueblo Español en reunión mantenida en el Parlamento Europeo, dejo entrever que la Ley de Costas no estaba siendo muy justa con los afectados.
 
Como conclusión, cabe reseñar que el plan de derribos redactado por el Gobierno Regional es muy valiente, pero acalla en parte las voces de los afectados, ya que no soluciona la totalidad de los casos y que obliga a estos a iniciar, nuevamente, un calendario de actuaciones.

jueves, 20 de octubre de 2011

El 'Road Show' de la Secretaria de Estado de Vivienda

El pasado jueves acompañé a un grupo de damnificados británicos al centro de exhibiciones de London Excel, en el Reino Unido,  donde secretaria de Estado de Vivienda en el Ministerio de Fomento, Beatriz Corredor, realizó una presentación con el fin de promocionar la venta del excedente de casas en su país.

Aunque esta visita fue presentada como la segunda fase del 'road show' que Corredor iniciara en el primer semestre del año, junto al Ministro de Fomento, José Blanco, a mí me resultó curioso que se embarcara en tal tarea a escasos 38 días de las elecciones nacionales, más aún cuando las posibilidades de reelección del partido al que pertenece son prácticamente inexistentes.

Los ciudadanos británicos que asistieron al acto para interrogar a la Secretaria de Estado vieron sus esperanzas truncadas desde el primer momento, cuando el embajador de España en aquél país anunció que Corredor haría una presentación de aproximadamente 30 minutos, pero que el turno de preguntas sería sustituido por un agasajo con vino español. La presentación hizo hincapié en la gran oportunidad que representa el adquirir propiedad en España en estos tiempos en que el precio de la vivienda ha descendido un 17% y el IVA se ha reducido del 8% al 4 % hasta el fin del corriente año.

En cuanto a la seguridad jurídica, se anunciaron nuevas medidas para "reforzar" la misma así como la transparencia en el sector inmobiliario español, destacándose que la información sobre todas las viviendas puede encontrarse en el Registro de la propiedad de carácter público y acceso universal.

Al finalizar la presentación, el grupo de damnificados se acercó a ella para plantearle el problema que les afectaba, pero fueron rápidamente apartados de su lado por un miembro de la delegación que le acompañaba, quien los entrevistó separadamente sin ofrecer solución alguna.

Entretanto, yo me dirigí a ella en mi calidad de eurodiputada representante de los ciudadanos del sudeste de Inglaterra, refiriéndole la situación de muchos de ellos: habiendo adquirido propiedades en España de buena fe, hoy se encuentran sin la posibilidad de habitarlas, sea por amenazas de demolición o porque simplemente no se habían construido, situaciones por las que nadie responde, ni siquiera los bancos que garantizaron tales desarrollos inmobiliarios. 
Su inmediata respuesta fue la de negar la existencia de problema alguno en la actualidad y la aseveración de que "algún caso aislado del pasado ya se estaba solucionando".
Le aseguré que el problema afectaba a miles de propietarios de todas las nacionalidades, incluidos los españoles, y que según la Junta de Andalucía podría tratarse de unas 300.000 propiedades. A esta altura, la conversación se volvió más "apasionada", lo cual, sin embargo, no resultó en un reconocimiento de la realidad por parte de la Secretaria de Vivienda.

Aproveché también la oportunidad para informarle que es incorrecto decir que puede obtenerse información actualizada en el Registro de la Propiedad, tal como uno de los damnificados presentes en la presentación había comprobado un par de horas antes. En efecto, la casa de la señira Prior -uno de los casos más conocidos- fue demolida totalmente a excepción del garaje, pero figura en el registro como si aún existiera en su integridad. Una vez más, sólo obtuve una negación como respuesta.

Conversando con algunos de los asistentes -empresas promotoras y bancos- algunos me hicieron saber que compartían mi inquietud por la falta de propuestas de solución por parte del Gobierno a todos estos problemas que afectan al sector inmobiliario, ya provengan de la ley de costas, la ley del suelo, la falta de compromiso de los bancos garantes y, en fin, los abusos cometidos por otros intervinientes.

Sin duda, el haber hallado solución a esos problemas hubiera resultado ser una promoción mucho más exitosa del sector inmobiliario español... pero el Gobierno del Zapatero no lo ha sabido ver. ¿Sabrá verlo el Partido Popular cuando esté en el poder?

miércoles, 19 de octubre de 2011

Spain's housing secretary 'in denial' about expat property problems

Spain's housing secretary Beatriz Corredor
Marta Andreasen MEP has claimed Spain's secretary for housing 'is in denial' regarding the severity of the problems affecting British expats who have invested in Spanish property, following a heated exchange at an international property exhibition in London.

The argument took place following a speech delivered last week by the Spanish housing secretary Beatriz Corredor, who called for Britons to trust in Spain and to take advantage of its ripe property market.
UKIP's Marta Andreasen MEP said: "I was quite upset that she refused to accept or mention the fact that were serious problems affecting Brits in Spain.
"She referred to new reforms that had supposedly made Spain a safe country in which to buy, but these reforms neither resolve the past nor the present problems.
"The British are among the highest proportion of foreign property purchasers, but the bad reputation Spain has earned itself has seen the level of interest in Spanish property plummet. This so-called ‘property roadshow’ was to address that with the aim of portraying that everything is fixed and the Brits can start spending their money again. How wrong this is.
"Regional governments pick fights with local governments, mayors and politicans take bribes, then get prosecuted for corruption – it really is difficult for any British person to trust anyone throughout the home buying process.

"The minister made out that there were just one or two people with problems and that these were getting sorted out."
A decree to legalise existing illegal properties combined with a reduction in new home tax and falling house prices made Spain the ideal place in which to invest, said the minister during her address to an audience of developers, investors and protesting British investors who gathered at London's Docklands.
No mention was made of the many thousands of expats who have bought in good faith only to be told their houses are illegally built and therefore unsellable, and excluded from local water and electricity supplies.
It was the second time this year that the secretary had addressed a British audience of potential investors and explained why Spanish property is such a good investment.
The discussion between the pair was brought to a close by the Spanish Ambassador, Carles Casajuana, who led the Spanish housing secretary away after Marta Andreasen refused to shake her hand.

"I spoke in Spanish and in English so that people around would understand," said Ms Andreasen. "Afterwards I was approached by developers who said they too had been affected by the Spanish government's refusal to sort out the problem, and didn't expect to sales to pick up until the current problems had been solved."
The MEP has long campaigned on behalf of Brits caughts up in Spain's planning and property scandals. She is currently urging the EU to stop funding Spanish regions until they resolve these problems.

sábado, 15 de octubre de 2011

El PP de Formentera elige a Gabriela Mayans candidata al Congreso

El PP de Formentera ha trasladado a la dirección regional del partido los nombres de Gabriela Mayans para que ocupe el puesto número siete de la lista al Congreso de los Diputados y el de Jesús Villar como sustituto de la candidatura al Senado para las elecciones del 20 de noviembre.

En la junta directiva del PP de Balears, celebrada ayer en Palma (más información en página 3), el presidente del PP insular, José Manuel Alcaraz, hizo especial hincapié en la juventud, preparación y experiencia de los dos candidatos y alabó el paso dado por la presidenta de la Plataforma de afectados por el deslinde de Costas, Gabriela Mayans, que ha decidido incorporarse a la lista del PP.

En ambos casos, los puestos que ocupan los candidatos no son de salida pero el PP confía «en unos buenos resultados en Balears y en la victoria a nivel nacional para que a lo largo de la legislatura pueda haber un representante de Formentera en el Congreso, en el Senado o en el mismo gobierno de Mariano Rajoy», apunta una nota de prensa de los populares.

Gabriela Mayans(Alemania, 1976) cuenta con una licenciatura en Negocios Internacionales por la ESEC Business School y por la Oxford Brookes University y ha realizado diferentes postgrados en finanzas. Actualmente regenta un hotel de su familia en es Pujols. Desde 2005 y hasta la actualidad ha sido la presidenta de la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas de Formentera.
Jesús Villar Juan (Formentera, 1979) es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e ingeniero de Obras Públicas por la Universitat Politècnica de Catalunya. En la actualidad ejerce de ingeniero en el Consell de Ibiza y es el secretario general del PP de Formentera desde 2009, tras la renovación de la junta insular de este partido.

viernes, 14 de octubre de 2011

Indignación de Margarita García, Vicepresidenta de la AEPLC por la indiferencia de la Comisión Europea ante un gravísimo problema que afecta a 400.000 familias europeas en España

En la sesión de la tarde del Seminario sobre los Derechos Humanos celebrado en el Parlamento Europeo, hubo algún ponente que dijo que ni el Tratado de Lisboa ni la Carta Europea de los Derechos Humanos servía de protección a los ciudadanos europeos si no era dentro del Derecho de la Unión. ¿?
Entre esto y que el Presidente de la mesa decidió que la retroactividad, abuso y confiscación de la Ley de Costas era un problema interno de España y trataba de que no se respondiera a ninguna pregunta sobre un tema tan incómodo, Margarita García intervino indignada por semejante indiferencia ante la gravísima situación que estamos padeciendo 400.000 familias europeas a las que el goberno español ha llevado a la ruina para enriquecese ilícitamente.
Si esto no es algo que tenga que plantearse ante la Comisión Europea ¿qué se puede plantear?
Por supuesto, todas las preguntas quedaron en el aire...sin respuesta.

En una conversación mantenida con el personal de la Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía pude comprender que mal van a solucionar un problema del que han aceptado como cierta la información oficial y politicamente correcta, sin preocuparse de indagar la veracidad de los datos.
Por suerte, existe la otra cara de la moneda, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que SI se preocupa por averiguar la verdad y tratan de encontrar soluciones en la medida de sus posibilidades.

miércoles, 12 de octubre de 2011

El Defensor del Pueblo Español reconoce en el Parlamento Europeo que la Ley de Costas es injusta

El pasado 6 de octubre asistimos a un Seminario sobre los Derechos Humanos, patrocinado por la Comisión Europea y la Comisión de Peticiones debido al gran nº de quejas sobre las violaciones de los Derechos Fundamentales, mayoritariamente sobre la propiedad en España con la Ley de Costas.
Entre los ponentes invitados se hallaba el Defensor del Pueblo español. Su intervención no dejó indiferente a nadie al afirmar que la Ley de Costas es UNA LEY INJUSTA pero que no puede hacer nada.

Según dijo, ha mandado a los partidos politicos una serie de recomendaciones para que modifiquen la ley. No ha debido de decirlo muy convencido porque no le han hecho ni caso. ¿Para qué sirve entonces el Defensor del Pueblo? En nuestro caso para tapar vergonzosamente y callar ante la confiscación y desalojos sistemáticos de la parte más dèbil de la sociedad

Desde luego no puede echarle todas las culpas a los politicos. Él también ha puesto su granito de arena para que esta INJUSTA LEY DE COSTAS se perpetúe.
Aparte de que no nos ha admitido ni una sóla queja, sus respuestas han sido antológicas. Como muestra baste un botón. Esta es parte de la transcripción literal de la contestación dada a uno de nuestros asociados:
" La Ley de Costas vino a instaurar un sistema de protección del litoral nuevo, no radicalmente nuevo en la determinación de los espacios públicos y zonas de servidumbre pero sí en su aplicación rigurosa.Un sistema con el que la ciudadanía directamente afectada no estaba familiarizada, y esto lleva consigo valoraciones injustas (como que la ley es retroactiva o que permite que sean dictados actos retroactivos perjudiciales para los particulares)...."

¿Puede permitirse en un Estado europeo que un Defensor del Pueblo admita que se están violando los Derechos Humanos y la Constitución Española y no convoque una rueda de prensa para denunciarlo públicamente si los politicos se niegan a respetárlos?
La Ley de Costas está en boca de todos los eurodiputados porque en España  nos  han querido silenciar.
LA LEY DE COSTAS EN EUROPA
Intervención del Prof Sjef van Erp (Universidad de Maastricht)
Intervención Margrete Auken (eurodipuada Los Verdes europeos)
Intervención Angelika Wertmann (eurodiputada austriaca)

Para ver y escuchar el Seminario-Derechos Humanos en todos los idiomas
Sesión mañana
( intervención prof, Sjef van Erp 9.54.25 - interv. Defensor del Pueblo español 11.22.00  - Preguntas Auken 12.19.00 - 12.26.00 Wertmann - respuesta Defensor español 12.28.00)
Sesión tarde

domingo, 9 de octubre de 2011


'A Nuestra Costa' es un documental que trata sobre la aplicación de la ley de costas en Canarias. Una norma estatal que favorece a los poderosos y ataca a los más débiles. Mientras permite que se construyan grandes urbanizaciones residenciales, hoteles de lujo, puertos deportivos y campos de golf, destruye pueblos pesqueros centenarios donde aún se respetaban elementos tradicionales de la cultura canaria.

Cho Vito tres años después (Antonio Alonso Orihuela)

(foto arribalasqueluchan.org)
Hoy hace tres años. Tres años de destrucción; de esa destrucción silenciosa que lo asola todo a su paso, pero que solo derriba lo físico. El alma de este pueblo, de sus vecinos, sigue intacto; y seguirá así, grabada en la historia del municipio de Candelaria, de Tenerife y de Canarias para vergüenza de muchos.

Y todo motivado por la aplicación de la Ley de Costas; una ley que, desde su tramitación, en el año 1988, ha sido muy polémica; más de seiscientas enmiendas al articulado y siete a la totalidad; que durante el debate de la misma, en el Congreso, se la denominó una ley "bolchevique"; y su fin, según el ministro del momento, Javier Sáenz de Cosculluela, era proteger el 40% de las costas, que en aquel momento estaba virgen; una norma que durante los veintitrés años de vigor no ha cumplido sus objetivos; hoy en día, la costa está en peor estado que hace dos décadas: se han permitido urbanizaciones, puertos deportivos, hoteles y hasta alguna casa de ministro, duquesa, actor, arquitecto, periodista o simplemente afín al actual gobierno, y, por supuesto, no ha protegido ni el 10% de la costa; eso sí, han desaparecido pueblos enteros que llevaban más de medio siglo de antigüedad, anteriores a cualquier ley de costas, con títulos de propiedad y derechos adquiridos.

Cho Vito fue castigado con una aplicación brutal de la Ley de Costas; fue una lección que quiso dar el Estado a todos los afectados de esta inútil norma en todo el litoral español. Fue un aviso a cada una de las más de cuatrocientas mil familias afectadas en España.
Pero cuando se usa el poder en contra de los ciudadanos el asunto normalmente acaba mal, y como resultado tuvimos una desproporcionada y desafortunada acción por parte de las fuerzas de seguridad del Estado (que simplemente cumplían ordenes), un alcalde que permitió la acción, y que según iban pasando las horas se escondía en su despacho, no atendía al teléfono y decía que "era el peor día de su mandato". Peor, mucho peor, lo pasaron los vecinos, señor alcalde. Y, por supuesto, todo un conjunto de políticos canarios que, mientras los vecinos clamaban una llamada por parte de alguno de ellos, simplemente, desconectaron el teléfono, se escondieron y abandonaron a un buen número de ciudadanos. Fue lamentable ver a un Gobierno autónomo no pedir explicaciones al respecto. La ley es una; las aplicaciones de la misma, muchas.

Días después llegaron las explicaciones; vamos, si se puede llamar así al sinfín de mamarrachadas, sandeces y estupideces que difundió la administración del Estado para intentar justificar la acción llevada a cabo; para muestra, un botón: "Se han encontrado cócteles molotov y artefactos incendiarios en las inmediaciones de Cho Vito..."; "tenemos plenamente identificado..."; "debido al gran despliegue no se produjeron más males...". En fin, reitero lo escrito, sandeces y estupideces.
Adivina adivinanza ¿cuales son las viviendas que están amenazadas de derribo?
En Canarias, permitimos la desaparición de núcleos costeros y construimos hoteles y playas artificiales. El resultado, cientos de complejos turísticos, con playas artificiales exclusivas, construidos, recreando la arquitectura canaria, sin darse cuenta de que lo que hacen es un simple decorado, cartón piedra, pues la auténtica arquitectura tradicional costera ya existe, y permiten que se destruya. Se permiten aberraciones urbanísticas en la costa, con rellenos al mar, desmontando acantilados, y los únicos que incumplen la ley son los pueblos como Cho Vito, Tufia, Bajo la Cuesta, el Caletón o el litoral de Anaga o Agache. Esa premisa de la Dirección General de Costas, "recuperar lo que es de todos para el disfrute de todos", con las urbanizaciones que impiden el acceso al mar, los puertos deportivos y demás, se queda como un simple deseo, incumplido por quienes tienen que proteger la costa, o sea, por ellos mismos. Esa es la ley, mientras en un hotel del sur se celebra una boda privada, cerrando los accesos a la costa un fin de semana, se condena a un ayuntamiento (de distinto color político al del gobierno central) a pagar una multa de varios miles de euros por una hoguera la noche de San Juan; derriban Cho Vito, y el hotel Papagayo Arena, en Lanzarote, con sentencia firme de demolición mucho antes que Cho Vito, es salvado del derribo por la mismísima ministra, en un claro ejemplo de que la justicia es política.

Tres años después, Cho Vito ha pasado por las manos de tres ministras, otros tantos directores generales y un solo jefe de demarcación. Han pasado por lo que queda del pueblo periodistas, nacionales y extranjeros, concejales, consejeros, asesores, historiadores y cientos, miles, de personas anónimas que se han acercado a dar su apoyo a los vecinos, a charlar con ellos, y un solo alcalde, que la última vez que se le vio por la zona comía paella y bebía vino en compañía de los vecinos; ironía y cinismo de aquel que vendió y abandonó a los vecinos.

Cho Vito no es el lugar pintoresco que era hace tres años. Ni por asomo se percibe la armonía pintoresca del lugar. Pero se ha convertido, casi sin quererlo, en un referente en la lucha contra la aplicación de la Ley de Costas a nivel nacional e internacional. Día tras día, se reciben mensajes de ánimo de todas las partes del mundo, y desde Bruselas se tramita una visita de varios eurodiputados a la zona para vivir el día a día de los vecinos; de cómo se accede a sus casas, cómo tienen que convivir con las obras eternas, del polvo y cortes de agua, pero sobre todo de cómo se utilizaron fondos europeos para violar derechos fundamentales, como es el derecho a la propiedad de las personas. Europa no puede permitir "que una ardilla esté más protegida que los derechos de las personas", comentaba el eurodiputado alemán Jarr cuando le enseñamos las fotografías, planos y escrituras de este núcleo costero.
Y mientras, los vecinos que aún residen en Cho Vito, y los que fueron desalojados, muchos sin hogar ninguno, sin poder recuperar todos sus muebles y enseres, seguimos luchando como lo haría cualquier canario, cualquier español, en nuestra misma situación, sin que tan siquiera se nos escuche (por parte de la Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, o simplemente por alguno de esa multitud de cargos políticos puerilmente sectarios de esta ley) tras varios años; seguimos aferrándonos a nuestra razón, a nuestras escrituras legales, al pago de impuestos, tres años después de haber perdido la vivienda; seguimos luchando, pues solo existía un motivo para derribar Cho Vito: la aplicación caprichosa, retroactiva y confiscatoria de la Ley de Costas.