El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha dicho que la Ley de Costas rompe el principio de "no confiscatoriedad", uno de los principios "básicos" del sistema tributario español, porque los propietarios "no son expropiados", ya que no reciben "ninguna compensación", sino que son "expoliados o confiscados".
Así lo ha señalado Diego este jueves en el acto de inauguración del III Congreso Nacional de el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) y los Valores Catastrales, que se celebra en Santander hasta este viernes, y en el que ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Cantabria (UC), Federico Gutiérrez-Solana; el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Julián Vélez; y el organizador del congreso, Juan Enrique Varona.
Diego ha considerado que la aplicación de la Ley de Costas ha dado lugar, en "muchas" ocasiones, a "la ruptura" de ese principio de 'no confiscatoriedad' ya que los territorios de las personas afectadas por la delimitación de los espacios de dominio público-marítimo-terrestre "pasan a ser de todos los españoles" perdiendo "la condición de propiedad privada".
Los propietarios, que lo eran de "manera reconocida" tanto por escrituras notariales como por registros de la propiedad, ven "confiscado" su patrimonio de "una manera arbitraria", ya que la delimitación de los espacios está hecha "con criterios técnicos pero siempre en un marco de subjetividad", y, en algunas ocasiones, "bastante injusta", ha considerado Diego.
Por todo ello, y por la "actualidad" y "polémica" de esta norma en Cantabria, el presidente regional ha destacado que espera que la Ley de Costas "sea reformada en la próxima legislatura" en el Congreso y el Senado dada "la trascendencia" que tiene la aplicación de la misma en Cantabria de cara a 2018
Mucho ha tardado el Presidente de Cantabria en darse cuenta de que la Ley de Costas "confisca, expolia, y despoja de todos los derechos adquiridos a quienes siempre estuvieron dentro de la ley y se guiaron por el Derecho y el Principio de confianza en las Administraciones Públicas.
Mucho está tardando su Partido (PP) en anunciar públicamente su intención de poner fin a una situación tan injusta que "ni Stalin lo hubiera hecho en sus mejores tiempos" (frase original de un ex jefe de la Demarcación de Costas de Cádiz).
¿A qué esperan para anunciar en los medios de comunicación que cuando gobiernen terminarán con esta violación de los Derechos Humanos?
Mientras nos van dando a pildorítas la posible, sólo posible, modificación de la Ley de Costas, el Ministerio de Medio Ambiente se está dedicando a mandar concesiones (con condiciones draconianas) y "recuperaciones posesorias" (lease incautación) a gente que no tienen más sitio donde ir que la vivienda que les pretenden ROBAR.
Al final sólo están claras dos cosas:
1.- que el PSOE está demostrándo que se puede morir, matando. Y,
2.- que el silencio de los futuros gobertantes en un asunto tan importante como es la pérdida injusta de la propiedad, no es la mejor manera de convencernos de que la situación va a cambiar.
