Son de admirar las personas que mantienen su tesón y su entereza a pesar de que las circunstancias sean adversas. Lo que puede parecer una cita, es una realidad en un colectivo tan pisoteado como los propietarios de las viviendas con sentencias de derribo, esas familias que sin comerlo ni beberlo se han visto involucradas en una persecución por el mero hecho de haber adquirido una vivienda. No hay un habitante en Cantabria que no desee una solución a todo lo concerniente con los problemas de urbanismo de la región. Algunos, los pocos, creen que son necesarias medidas tajantes y derribos indiscriminados. Otros, los muchos, entre los que me incluyo, consideran que es necesaria una solución definitiva y consensuada a la inseguridad urbanística en Cantabria que es la culpable de tanta sentencia.
El Gobierno regional se ha puesto a trabajar de una manera denodada por buscarle una salida a tanta sentencia. La mejor muestra es que en menos de cinco meses tenemos un borrador y una posible solución al conflicto cuyo resultado es el Plan de Derribos que se espera, sea del agrado de los responsables de Justicia de nuestra región. En el citado plan se marcan unos plazos o hitos para llevar a cabo soluciones puntuales en las zonas afectadas, permitiendo legalizar fases o porciones y estableciendo derribos e indemnizaciones en otras zonas marcadas por el destino.
Liencres es uno de los pueblos afectados y donde la piqueta se ensaña sin ningún tipo de piedad, y cuya conclusión puede resultar el derribo en Cerrias de las viviendas de Calas del Norte y la franja de domicilios que se ven afectadas en el nuevo Deslinde Marítimo-Terrestre. Resulta irritante esta solución toda vez que parece un pacto de caballeros: «.derribamos unas casitas por aquí y por allí y de esta manera contentamos a las asociaciones ecologistas y tenemos tranquila a la opinión pública». Esta solución seria buena en el Ferial de Torrelavega cuando un trato se enquista y se decide partir la diferencia, pero no vale cuando están afectadas moradas en las que se encuentran familias y personas.
La solución para estas viviendas vendría por un Deslinde Público Marítimo-Terrestre que haga justicia con Liencres, ya que el actual establece es un franja de protección de 100 metros en toda la costa sin reconocer el suelo urbano, merced a unos informes emanados de la Consejería de Presidencia por aquel entonces presidida por el Sr. Mediavilla que se ensañaban con Liencres. Cabe la posibilidad, entiendo, de revisar o validar esos informes para dejar la franja de protección en los 20 metros que es lo que establece la Ley de Costas para los suelos urbanos. Otra posible solución al deslinde puede pasar por una revisión y actualización de una obsoleta Ley de Costas que aporta más inseguridad al urbanismo en Cantabria. Es necesario recordar que el origen de las sentencias en Liencres es una hipotética falta de servicios, por lo tanto no viene motivado por el deslinde, pues la Demarcación de Costas, como era preceptivo, emitió informes favorables a las licencias toda vez que no invadían el Dominio Público.
Entonces, ¿por qué se tiene en cuenta el actual deslinde que no reconoce ni un solo metro cuadrado de suelo urbano en Liencres? Las licencias son anteriores al actual deslinde, la calificación de los suelos es anterior a la entrada de la Ley de Costas del año 1988, el Plan de General de Ordenación Urbana de Piélagos es de 1986...
Si analizamos de una forma global la situación de las costas en España, parece que Cantabria no se encuentra tan castigada como otras zonas como la mediterránea o las insulares. No se trata de un consuelo, pero si que es significativo que en estas zonas los problemas estén resueltos con medidas o leyes de punto final y en franjas menos afectadas estemos infringiendo un sufrimiento gratuito a los propietarios. Además, en Europa hay un autentico clamor contra la Ley de Costas de España, no sólo la parlamentaria europea Margrete Auken, representante del Grupo Europeo de los Verdes, sino otras voces parlamentarias han salido en defensa de las propiedades de los ciudadanos en España. Recientemente, el Defensor del Pueblo Español en reunión mantenida en el Parlamento Europeo, dejo entrever que la Ley de Costas no estaba siendo muy justa con los afectados.
Como conclusión, cabe reseñar que el plan de derribos redactado por el Gobierno Regional es muy valiente, pero acalla en parte las voces de los afectados, ya que no soluciona la totalidad de los casos y que obliga a estos a iniciar, nuevamente, un calendario de actuaciones.
