El pasado jueves acompañé a un grupo de damnificados británicos al centro de exhibiciones de London Excel, en el Reino Unido, donde secretaria de Estado de Vivienda en el Ministerio de Fomento, Beatriz Corredor, realizó una presentación con el fin de promocionar la venta del excedente de casas en su país.
Aunque esta visita fue presentada como la segunda fase del 'road show' que Corredor iniciara en el primer semestre del año, junto al Ministro de Fomento, José Blanco, a mí me resultó curioso que se embarcara en tal tarea a escasos 38 días de las elecciones nacionales, más aún cuando las posibilidades de reelección del partido al que pertenece son prácticamente inexistentes.
Los ciudadanos británicos que asistieron al acto para interrogar a la Secretaria de Estado vieron sus esperanzas truncadas desde el primer momento, cuando el embajador de España en aquél país anunció que Corredor haría una presentación de aproximadamente 30 minutos, pero que el turno de preguntas sería sustituido por un agasajo con vino español. La presentación hizo hincapié en la gran oportunidad que representa el adquirir propiedad en España en estos tiempos en que el precio de la vivienda ha descendido un 17% y el IVA se ha reducido del 8% al 4 % hasta el fin del corriente año.
En cuanto a la seguridad jurídica, se anunciaron nuevas medidas para "reforzar" la misma así como la transparencia en el sector inmobiliario español, destacándose que la información sobre todas las viviendas puede encontrarse en el Registro de la propiedad de carácter público y acceso universal.
Al finalizar la presentación, el grupo de damnificados se acercó a ella para plantearle el problema que les afectaba, pero fueron rápidamente apartados de su lado por un miembro de la delegación que le acompañaba, quien los entrevistó separadamente sin ofrecer solución alguna.
Entretanto, yo me dirigí a ella en mi calidad de eurodiputada representante de los ciudadanos del sudeste de Inglaterra, refiriéndole la situación de muchos de ellos: habiendo adquirido propiedades en España de buena fe, hoy se encuentran sin la posibilidad de habitarlas, sea por amenazas de demolición o porque simplemente no se habían construido, situaciones por las que nadie responde, ni siquiera los bancos que garantizaron tales desarrollos inmobiliarios.
Aunque esta visita fue presentada como la segunda fase del 'road show' que Corredor iniciara en el primer semestre del año, junto al Ministro de Fomento, José Blanco, a mí me resultó curioso que se embarcara en tal tarea a escasos 38 días de las elecciones nacionales, más aún cuando las posibilidades de reelección del partido al que pertenece son prácticamente inexistentes.
Los ciudadanos británicos que asistieron al acto para interrogar a la Secretaria de Estado vieron sus esperanzas truncadas desde el primer momento, cuando el embajador de España en aquél país anunció que Corredor haría una presentación de aproximadamente 30 minutos, pero que el turno de preguntas sería sustituido por un agasajo con vino español. La presentación hizo hincapié en la gran oportunidad que representa el adquirir propiedad en España en estos tiempos en que el precio de la vivienda ha descendido un 17% y el IVA se ha reducido del 8% al 4 % hasta el fin del corriente año.
En cuanto a la seguridad jurídica, se anunciaron nuevas medidas para "reforzar" la misma así como la transparencia en el sector inmobiliario español, destacándose que la información sobre todas las viviendas puede encontrarse en el Registro de la propiedad de carácter público y acceso universal.
Al finalizar la presentación, el grupo de damnificados se acercó a ella para plantearle el problema que les afectaba, pero fueron rápidamente apartados de su lado por un miembro de la delegación que le acompañaba, quien los entrevistó separadamente sin ofrecer solución alguna.
Entretanto, yo me dirigí a ella en mi calidad de eurodiputada representante de los ciudadanos del sudeste de Inglaterra, refiriéndole la situación de muchos de ellos: habiendo adquirido propiedades en España de buena fe, hoy se encuentran sin la posibilidad de habitarlas, sea por amenazas de demolición o porque simplemente no se habían construido, situaciones por las que nadie responde, ni siquiera los bancos que garantizaron tales desarrollos inmobiliarios.
Su inmediata respuesta fue la de negar la existencia de problema alguno en la actualidad y la aseveración de que "algún caso aislado del pasado ya se estaba solucionando".
Le aseguré que el problema afectaba a miles de propietarios de todas las nacionalidades, incluidos los españoles, y que según la Junta de Andalucía podría tratarse de unas 300.000 propiedades. A esta altura, la conversación se volvió más "apasionada", lo cual, sin embargo, no resultó en un reconocimiento de la realidad por parte de la Secretaria de Vivienda.
Aproveché también la oportunidad para informarle que es incorrecto decir que puede obtenerse información actualizada en el Registro de la Propiedad, tal como uno de los damnificados presentes en la presentación había comprobado un par de horas antes. En efecto, la casa de la señira Prior -uno de los casos más conocidos- fue demolida totalmente a excepción del garaje, pero figura en el registro como si aún existiera en su integridad. Una vez más, sólo obtuve una negación como respuesta.
Conversando con algunos de los asistentes -empresas promotoras y bancos- algunos me hicieron saber que compartían mi inquietud por la falta de propuestas de solución por parte del Gobierno a todos estos problemas que afectan al sector inmobiliario, ya provengan de la ley de costas, la ley del suelo, la falta de compromiso de los bancos garantes y, en fin, los abusos cometidos por otros intervinientes.
Sin duda, el haber hallado solución a esos problemas hubiera resultado ser una promoción mucho más exitosa del sector inmobiliario español... pero el Gobierno del Zapatero no lo ha sabido ver. ¿Sabrá verlo el Partido Popular cuando esté en el poder?
Aproveché también la oportunidad para informarle que es incorrecto decir que puede obtenerse información actualizada en el Registro de la Propiedad, tal como uno de los damnificados presentes en la presentación había comprobado un par de horas antes. En efecto, la casa de la señira Prior -uno de los casos más conocidos- fue demolida totalmente a excepción del garaje, pero figura en el registro como si aún existiera en su integridad. Una vez más, sólo obtuve una negación como respuesta.
Conversando con algunos de los asistentes -empresas promotoras y bancos- algunos me hicieron saber que compartían mi inquietud por la falta de propuestas de solución por parte del Gobierno a todos estos problemas que afectan al sector inmobiliario, ya provengan de la ley de costas, la ley del suelo, la falta de compromiso de los bancos garantes y, en fin, los abusos cometidos por otros intervinientes.
Sin duda, el haber hallado solución a esos problemas hubiera resultado ser una promoción mucho más exitosa del sector inmobiliario español... pero el Gobierno del Zapatero no lo ha sabido ver. ¿Sabrá verlo el Partido Popular cuando esté en el poder?
