LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

sábado, 28 de septiembre de 2013

¿Costa pública o privada? (PABLO TORÁN)

Pese a que los medios de comunicación hayan silenciado este problema, la aplicación de la Ley de Costas ha provocado un enorme sufrimiento para un gran número de familias en España. De hecho, según informaciones que maneja la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/, la aplicación de esta norma ha supuesto el derribo de, nada más y nada menos, 13.000 propiedades a lo largo de la costa española y además, cerca de 400.000 viviendas están afectadas en la actualidad.
¿Qué ocurriría si una vivienda, que ha pertenecido a una familia desde la época de los Reyes Católicos, dejara de serlo a través de un acto administrativo? ¿Y qué pasaría si además de expropiarla no se pagase nada a los dueños por esa pérdida? ¿Sería un escándalo, verdad? Pues, en España, ha ocurrido.

Pese a que la Ley de Costas aprobada en 1988 –modificada en el presente año 2013- nació con el objetivo oficial de proteger el litoral español –objetivo que puede ponerse en duda al leer la exposición de motivos de la norma- lo cierto es que un simple vistazo a nuestras zonas costeras acredita que no se ha cumplido.  De hecho, el urbanismo salvaje ha sido una constante en la costa española durante la burbuja inmobiliaria.
¿Tiene la Ley de Costas una finalidad confiscatoria?


Para quienes no lo sepan, la aplicación de la Ley de Costas genera situaciones tan surrealistas como las siguientes: Una persona adquiere una vivienda ante Notario, paga los impuestos correspondientes y nadie, absolutamente nadie, le advierte de que el inmueble que acaba de comprar puede haber ocupado una zona ilegal.
Una vez adquirida la vivienda, su titular ve cómo el Estado, de repente, se adueña de su vivienda sin darle ningún tipo de compensación económica, alegando que el terreno ocupado por su vivienda es de dominio público.
Es decir, de la noche a la mañana, lo que era legal ya no lo es. Así, a través de un simple acto administrativo, el Estado declara que una vivienda de tu propiedad se ubica en una zona de dominio público y, sencillamente, la pone a su nombre.
 ¿Paga el Estado alguna cantidad a quién un buen día se ve despojado de su propiedad? Nada. Solamente le otorgan una concesión sobre ese terreno; concesión que adicionalmente puede “rescatar” el estado por una cantidad ínfima, pues una concesión vale mucho menos que un derecho de propiedad.

Otra de las cuestiones polémicas es lo que ocurre con los préstamos hipotecarios que gravan las viviendas que adquiere el Estado. ¿Se hace cargo de ellos la Administración Pública cuando pone a su nombre una vivienda? Para nada. Será el ciudadano, el mismo que ha visto cómo se quedaban con su vivienda, quién deberá seguir pagándolo.


Al igual que cuando a Winston, el protagonista de la novela 1984, le obligaban a aceptar que 2 + 2 eran 5 porque lo decía el Partido, la Ley de Costas tienes ciertos tintes orwellianos, pues obliga al ciudadano a aceptar una realidad distinta a la material. Es decir, el ciudadano tiene que aceptar que su vivienda, aquella que compró legalmente, nunca ha sido suya porque lo dice la Administración Pública.
A tenor de lo indicado, no resulta posible equiparar la expropiación de un terreno cualquiera con la expropiación de una vivienda a través de la Ley de Costas, pues la primera requiere (i) una declaración de utilidad pública y (ii) el pago de una indemnización al antiguo propietario en forma de justiprecio, que supone una garantía mucho mayor que la contemplada por la Ley de Costas, pues al menos el ciudadano recibe algo a cambio de la expropiación.
Es decir, la Ley de Costas se superpone y vacía de contenido tanto al derecho a la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de la Constitución Española como al artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala la imposibilidad de privar a un sujeto de una propiedad privada, a través de la aplicación retroactiva de una polémica norma. La propiedad privada ya no es privada, sino pública.
En cuanto a las personas que hay detrás de la frialdad de las cifras, debe destacarse que, según datos facilitados por la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, en España existen aproximadamente unas 400.000 familias afectadas por su aplicación. De este número, aproximadamente un 70% son familias españolas y un 30% extranjeras, con el coste que a nivel de imagen supone para España que un extranjero vea cómo un estado se apropia de su vivienda sin abonarle ni un solo euro a cambio. ¿Se imaginan lo que supondría a nivel de opinión pública que un estado extranjero se adjudicase las viviendas de decenas de miles de familias españolas sin abonarles nada? Y, por otro lado, ¿cómo le explicamos a un ciudadano extranjero que su casa ocupaba una zona de dominio público y que ya no es suya? Esa persona se preguntará, cómo es lógico, cómo es posible que se la vendiesen y nadie le advirtiese sobre su posible ilegalidad, como es lógico.
Y, lo que es más preocupante, quienes han sufrido la aplicación de la Ley de Costas destacan tanto la tremenda arbitrariedad de su aplicación como la “creatividad conceptual” de quienes hacen los deslindes. De hecho, lo que es un acantilado junto a un monte puede ser en realidad  –porque lo dice la Administración- una playa, pues bajo todo ese terreno subsiste un sistema dunar que fue una playa hace miles de años, allá por el pleistoceno.
Por otra parte, también resulta preocupante que la esperanza de los afectados radique en los eurodiputados europeos, quienes han puesto el foco en el enorme problema generado por la Ley de Costas Española, no en los políticos españoles. De hecho, la Comisión de Peticiones del Parlamente Europeo ha emitido un informe dirigido a la Comisión Europea para que se investigue si la Ley de Costas Española incumple la normativa comunitaria y reclamando una compensación económica justa para quienes perdieron sus viviendas.
Finalmente, llama poderosamente la atención que el PSOE haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la aprobación de la Ley de Costas, olvidando que fueron ellos quienes aprobaron una Ley de Costas que permitía vulnerar flagrantemente el derecho de propiedad privada de las personas. Será que ahora toca hacer política con el sufrimiento de quiénes no pueden defenderse. Nada nuevo bajo el sol.

jueves, 19 de septiembre de 2013

El Parlamento Europeo pedirá a la Comisión que investigue la legalidad de la Ley de Costas

Un informe de la Comisión de Peticiones califica como «deplorable» que no se mejore la garantía de la propiedad

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea (CE) a que investigue si la Ley de Costas española, que entró en vigor a finales de mayo, cumple las directivas comunitarias en un informe publicado ayer. En un escrito en el que también pidieron un sistema de compensaciones «justo» para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua ley, los eurodiputados calificaron como «deplorable» que con la nueva legislación «no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica con respecto a los derechos de propiedad» y lamentaron sus «deficiencias y ambigüedades» en cuanto a protección ambiental.
Hasta ocho directivas europeas, además de otras normas, podría infringir la Ley de Costas, según el informe del Parlamento, que solicitó a la CE que se pronuncie al respecto antes de diciembre de 2013. En concreto, recomendó a la Comisión que examine si la legislación española se ajusta a la Directiva Hábitat, la Directiva relativa a las aves silvestres, la Directiva marco del agua, la Directiva relativa a la calidad de las aguas de baño, la Directiva relativa a las aguas residuales urbanas, la Directiva de evaluación ambiental estratégica, la Directiva relativa a las inundaciones y la nueva Directiva marco relativa a la gestión integrada de las zonas costeras.
El informe de la Comisión de Peticiones, redactado tras una visita de sus miembros a Madrid en marzo y aprobado por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, aseguró el «desarrollo económico, que, por desgracia, coincide casi totalmente con el sector de la construcción», es «incompatible con la protección de una zona costera muy vulnerable y ecológicamente frágil». Además, señalaron que el hecho de que la línea de demarcación pueda revisarse cada vez que se produce un cambio en la línea de la costa genera una inseguridad adicional, «pues lo que es legal hoy podría dejar de serlo mañana».

Europa no acaba de ver las bondades de la Ley de Costas


Piden una compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos

Cuando a comienzos de la pasada primavera estuvo por España una comisión del Parlamento Europeo para conocer de primera mano que había detrás de tantas denuncias recibidas en torno a la aplicación de la Ley de Costas por parte de las autoridades españolas, sus miembros ya dejaron entrever que el informe que iban a emitir. con destino a la Comisión Europea, iba a ser muy crítico. Y así ha sido.

En primer lugar, la Comisión del Europarlamento ha pedido a la Comisión que examine en profundidad si la nueva norma española de Ley de Costas cumple con la Legislación de la EU, incluida, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye sobre las propiedades expropiadas. Esto, por un lado. Por otro han remitido al Gobierno español una serie de recomendaciones, en todo caso no vinculantes.

Así, piden una compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares fueran objeto de derribo y expropiación, que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión.

En cuanto a las construcciones ilegales en zonas costeras o próximas, meten presión a los jueces para que diluciden quienes, en cada caso, han sido los agentes privados o autoridades públicas que han concedido licencias de construcción, y por tanto, los compradores de buena fe tengan esa compensación.

Tampoco estaría de más, entienden los eurodiputados, una moratoria o paralización de todos los casos pendientes en los tribunales sobre viviendas en zonas costeras que puedan se objeto de una modificación de la linea de demarcación, al objeto de salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público.

Otro asunto espinoso, como es la delimitación del terreno público, requeriría de la aplicación de criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones se justifiquen de manera clara.

De igual modo, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para regenerar el medio ambiente costero, degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad.

Desde el punto de vista administrativo, otro punto a mejorar pasaría por actualizar los datos registrales y catastrales, de manera que los propietarios con intereses en las zona de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia, algo que dejan entrever no ha resuelto adecuadamente la nueva Ley de Costas





miércoles, 18 de septiembre de 2013

VOTACIÓN COMISIÓN DE PETICIONES PE - INFORME PROPIEDAD PRIVADA Y LEY DE COSTAS


Proyecto de Informe
Deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre los derechos de propiedad y la Ley de Costas de 1988 en España, incluida una visita de investigación a España, los días 21 y 22 de marzo de 2013

Enmiendas (Inglés)

Jódar pide ayuda para declarar nulo el deslinde de Calnegre

El alcalde de Lorca, Francisco Jódar, pidió ayer ayuda al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para que se declare nula la orden de deslinde de Puntas de Calnegre. El encuentro se llevó a cabo de forma privada en el Parador de Turismo minutos antes de que se iniciara un almuerzo oficial. Jódar le explicó que el Consistorio pretende alegar «indefensión» para reclamar al Ministerio que declare nula la orden que declara que el poblado pesquero de Puntas de Calnegre invade el dominio público-marítimo terrestre y debe ser demolido. «Le conté que mantuve una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al que le di traslado de un dictamen jurídico sobre este asunto, en el que se acredita que la orden ministerial de 2005 no ratificó en realidad el deslinde del 77, como estaba previsto por el Gobierno, al no cumplir los requisitos formales que exige ese trámite, entre ellos el de audiencia a los interesados», explicó ayer a 'La Verdad'. 

El alcalde añadió que con esta base legal «se puede instar al Ministerio a que, de oficio, declare nula de pleno derecho esa orden del año 2005 y volveríamos de nuevo al deslinde del año 1977». Todos estos argumentos fueron planteados por el máximo mandatario al ministro quien aseguró -según Jódar- que «tomaba nota de todo lo que le hacía llegar». El alcalde reconoce que la situación del poblado de Puntas de Calnegre «es difícil», ya que la solución que se plantea es «una excepcionalidad» en la Ley de Costas. El ministerio, agregó Jódar, considera nuestra postura «razonable» y «se ha comprometido a estudiar la nulidad». En los últimos años todas las iniciativas para evitar su desaparición han sido infructuosas.


martes, 17 de septiembre de 2013

Bruselas pide compensaciones justas para los afectados por la antigua Ley de Costas española

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha pedido un sistema de compensaciones justo para todos los propietarios cuyas casas fueron demolidas o expropiadas en aplicación de la antigua Ley de Costas española. Así lo establece un informe aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión parlamentaria, que realizaron hace unos meses una visita a Madrid para reunirse con las autoridades españolas tras haber recibido en la Eurocámara un gran número de quejas de ciudadanos europeos afectados.

Los eurodiputados "recomiendan a las autoridades españolas que establezcan un sistema de compensación financiera completa y justa para todos los propietarios legales cuyos bienes inmuebles hayan sido objeto de demolición o expropiación por aplicación de la Ley de Costas", dice el texto. Esa compensación, según el informe -aprobado con 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones-, "debe reflejar el valor de la propiedad".

Asimismo, recomiendan a las autoridades españolas mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medioambiente costero, "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad".

Según reclama el informe, "las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas". Igualmente, los eurodiputados reclaman que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y el catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la Justicia".
Por otro lado, reconocen en el texto "el esfuerzo significativo llevado a cabo por el Gobierno al aprobar la nueva Ley de Costas y resolver la mayoría de los problemas actuales", como "la situación de indefensión en que muchos europeos se han encontrado al construir de buena fe en la costa", así como "conciliar la protección de las costas españolas con el crecimiento económico".
Sin embargo, en otro informe sobre los trabajos de la Comisión de Peticiones del PE también aprobado, los eurodiputados expresan su temor a que "la nueva ley no resuelva los problemas de los peticionarios". Fuentes parlamentarias han explicado a Efe que los eurodiputados llaman así la atención sobre el hecho de que los eurodiputados confían en que se puedan resolver con la nueva ley los casos futuros, pero no las quejas anteriores a su aprobación.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó Madrid para analizar las denuncias presentadas por diferentes organizaciones y ciudadanos sobre la reforma de la Ley de Costas y estudiar si ésta vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada. Participaron en esa visita, entre otros eurodiputados de distintas nacionalidades, los españoles Carlos Iturgaiz (PP), Dolores García Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU). Esta comisión parlamentaria ha recibido más de un centenar de quejas sobre la Ley de Costas en los últimos años.

El PE lamenta que Ley de Costas no mejore protección jurídica de viviendas y pide a la Comisión que investigue

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha recibido cerca de 60 denuncias de ciudadanos de la UE contra la Ley de Costas española entre 2008 y 2012, considera "deplorable" que con la nueva española aprobada en mayo "no se haya conseguido prácticamente mejorar la seguridad jurídica" sobre los derechos de propiedades. Por ello, cuestiona que esté "a la altura" de sus objetivos de "mejorar la protección concedida al medio ambiente costero", en un informe aprobado este martes por 16 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones.
    De este modo, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea examinar "a fondo" si la nueva norma española cumple la legislación de la UE, incluida la ley de contratación pública europea cuando la infraestructura pública se construye en propiedades expropiadas.
   Los eurodiputados han aprobado este martes un informe crítico con la Ley de Costas elaborado tras la visita de una delegación encabezada por la eurodiputada liberal austriaca Angelika Werthmann, principal autora del informe, el 21 y 22 de marzo a Madrid. El texto traslada más de una decena de recomendaciones no vinculantes a las autoridades españolas.

PIDEN COMPENSACIÓN ECONÓMICA JUSTA

  Entre ellas, piden la creación de "un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación" por aplicar la Ley de Costas, rechazando así una enmienda del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz para suprimir esta recomendación.    
   También han aprobado varias enmiendas del eurodiputado popular Peter Jahr en las que instan a las autoridades españolas a "conceder una compensación que refleje el valor de la propiedad de las personas afectadas por la Ley de Costas en lugar de conceder una concesión". Sin embargo, han rechazado otra enmienda de Iturgaiz que defendía que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 "confirmó que las concesiones concedidas a todos los propietarios de viviendas legales dentro del dominio público marítimo-terrestre pueden ser consideradas como compensatorias".
   Por lo que se refiere a las propiedades calificadas de "construcciones ilegales" en zonas costeras o próximas, los eurodiputados piden a las autoridades judiciales españolas que "investiguen y enjuicien más rápidamente a los agentes privados o autoridades públicas que han actuado al margen del marco jurídico formal concediendo licencias de construcción" y que "las víctimas" que compraron "de buena fe" tengan "una compensación plena y justa" de las autoridades españolas.
   También reclaman en el informe aprobado "directrices claras" sobre la atribución de las concesiones a los actuales propietarios de viviendas en zonas costeras en base a "criterios objetivos y no discrecionales". No obstante, reiteran sus "serios reparos" en general a la existencia de tales concesiones, rechazando una enmienda de Iturgaiz para eliminar este punto sobre las reservas a las concesiones.
   La eurodiputada verde Margrete Auken ha retirado, por su parte, una enmienda en la que pedía diferenciar mejor "las condiciones para los regímenes concesionarios" especialmente entre las concedidas como compensación a los propietarios y las nuevas concesiones para actividades económicas en dominio público, donde debería primar "las condiciones medioambientales más estrictas".  Sí han aprobado otra de Jahr que defiende un equilibrio proporcional entre la protección costera y de las propiedades en esta zona.  

RECLAMAN MORATORIA O PARALIZACIÓN

   También han reclamado "una moratoria o paralización de todos los casos pendientes ante los tribunales" sobre viviendas en zonas costeras que puedan ser "objeto de una modificación de la línea de demarcación para salvar del derribo aquellos edificios que después podrían quedar fuera del terreno público", rechazando así también otra enmienda de Iturgaiz para suprimir esta petición.
   En relación con la delimitación del terreno público, la comisión europarlamentaria insta a las autoridades españolas a aplicar "criterios técnicos objetivos y a garantizar que donde se puedan necesitar derogaciones" se "justifiquen de manera clara y transparente", tras aprobar una enmienda de Iturgaiz, el único español que las presentó.
   Igualmente, instan a las autoridades españolas a mejorar la cooperación con las comunidades autónomas para promover y regenerar el medio ambiente costero "que con frecuencia se ha degradado gravemente en muchas ocasiones debido a obras frecuentes y excesivas de construcción y proyectos inmobiliarios de probada ilegalidad". "Las zonas de protección costera no deben ser utilizadas más para construir nuevas propiedades, edificios o viviendas", reclaman en el informe.
    Los eurodiputados piden, además, que se actualicen los datos sobre el registro de propiedad y catastro y que "todos los propietarios con intereses en las zonas de demarcación sean debidamente informados sobre sus derechos y sus posibilidades de acceso a la justicia", rechazando una enmienda de Iturgaiz para reconocer que la nueva Ley de Costas española "ha resuelto ahora los problemas con el registro de propiedades".
   Piden justicia "a tiempo y efectiva" en los procesos judiciales abiertos sobre propiedades porque "los retrasos excesivos en la administración de la justicia" es "inaceptable"  y subrayan la utilidad "posible" de remitir cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.
   Los eurodiputados han aprobado otra nueva enmienda de Jahr para dejar claro que en las zonas declaradas como protegidas bajo la legislación europea o nacional deben ser protegidas "en lugar de reconstruir propiedad en ese terreno".

ESFUERZO DEL GOBIERNO

   Los eurodiputados sí han aceptado varias enmiendas de Iturgaiz que al informe, entre ellas, una en la que "reconocen que el Gobierno español  ya ha hecho un esfuerzo significativo aprobando una nueva legislación costera que resuelve la mayoría de los problemas pendientes" y "por tanto para proveer una mayor incertidumbre legal para los propietarios de propiedades".  
   También han aprobado otra enmienda que deja claro que la Comisión Europea siempre ha constatado que el régimen de propiedades sigue siendo una competencia del Estado miembro "y que sólo puede intervenir en circunstancias donde ha habido una presunta violación de la UE".
     La delegación, que se reunió con las autoridades españolas, ciudadanos afectados por expropiaciones y demoliciones y con representantes de las asociaciones ecologistas durante su visita, estuvo encabezada por Werthmann. También formaron parte de la delegación los eurodiputados 'tory' Marta Andreasen, la ecológica Auken y los populares Peter Jahr y Rainer Wieland, a los que acompañaron los españoles Iturgaiz (PP), Dolores García-Hierro (PSOE) y Willy Meyer (IU).

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-pe-lamenta-ley-costas-no-mejore-proteccion-juridica-viviendas-pide-comision-investigue-20130917131245.html

jueves, 5 de septiembre de 2013

El TSJRM ordena a Costas tramitar una solicitud de obras para una casa de playa

Playa de la Pava (foto playasmur.blogspot.com.es) 
El afectado alegaba que su propiedad no está incluida e la zona marítimo-terrestre, por lo que la Demarcación no podía ampararse en que se iba a realizar un deslinde para no acceder.

La Demarcación de Costas de Murcia deberá tramitar, "a la mayor brevedad posible", la solicitud presentada por el propietario de una vivienda ubicada en la costa de Mazarrón para realizar obras de reparación y conservación, según lo ha dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).
La sentencia indica que el solicitante pidió licencia para acometer las obras en su casa, que está ubicada entre la playa de La Pava y la de Nares, pero se encontró con que la administración le respondía que debía abstenerse de realizar cualquier obra y que debería solicitar una concesión.
En su demanda, el afectado señalaba que la decisión administrativa suponía una desautorización tácita de obras en su propiedad, para añadir que como propietario de la vivienda tenía derecho a realizarlas.
Asimismo expuso que, al contrario de lo afirmado por la administración, su propiedad no está incluida e la zona marítimo-terrestre, según el deslinde practicado en febrero de 1978, por lo que Costas no podía ampararse en que se iba a realizar otro para no acceder a lo solicitado.
Al estimar el recurso, la Sala de lo Contencioso del TSJRM señala que "la administración debió dar trámite a la solicitud de autorización de obras, requiriendo la documentación que estimara pertinente si entendía que la remitida no era suficiente".
Y añade que "transcurridos cuatro años, no se ha incoado el expediente de deslinde que se iba a practicar de oficio por la propia Demarcación de Costas, ni se ha comunicado al recurrente si tiene derecho o no a que se le autoricen las obras aunque sea en precario".
SENTENCIA
Lo de Costas es de juzgado de guardia. Imagínense por un momento que un condenado por cualquier delito ha cumplido su condena y cuando va a salir de la cárcel le dicen que no, que va a cambiar la ley y su delito se amplia en el nuevo Código Penal. El escándalo sería a nivel internacional. Jueces, abogados, ONGs y ciudadanos en general se llevarían las manos a la cabeza.
Pues ya ven, con la Ley de Costas ocurren cosas así y pasan desapercibidas. Costas decide que manda en la propiedad privada porque algún año, cuando se les antoje, harán un nuevo deslinde que te confiscará la casa, y como ya han decidido que es suya, no cambias ni un cristal. ¿Cuál es el objetivo? dejar que las casas se caigan a pedazos por falta de mantenimiento, se vuelvan inhabitables y den la sensación de chabolas, así nadie dirá nada cuando quieran derribarlas. 
Otro gran problema es que la Ley de Costas autoriza al Estado a hacer deslindes indefinidamente, o sea, que cuando existe una compraventa de una vivienda en la playa, todo puede estar perfectamente legal, pero como las "intenciones" de Costas no aparecen en el Registro de la Propiedad, meses o años después, quién compro dentro de la ley, se encuentra que ha perdido la propiedad y toda su inversión porque se la ilegalizan con un nuevo deslinde.
¿En qué otro país sucede esto? ¿Cómo se le explica esta situación Kafkiana a un extranjero? Imposible, es imposible de explicar.