LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

lunes, 30 de enero de 2012

Los vecinos de Cho Vito denuncian nuevas violaciones de sus derechos

Tres vecinos han sido detenidos por la policía al colocarse delante de las palas para impedir que siga destruyendo el acceso a Cho Vito.

SB-Noticias.- Tomás González, portavoz de los vecinos de Cho Vito, explicó en San Borondón Última Hora que nuevamente ven violentada su vida y ven pisoteados sus derechos como ciudadanos puesto que la maquinaria que trabaja en unas obras en la zona han cortado el acceso al poblado marinero, lo que imposibilita la normal convivencia de los vecinos que se ven obligados a saltar vayas, sortear hoyos y pasar entre la maquinaria.

El portavoz vecinal explicó que tres vecinos se han colocado delante de las máquinas para impedir que sigan destruyendo la entrada al barrio porque la capacidad de aguante de las violaciones de sus derechos se ha terminado por romper, de modo que el numeroso despliegue policial que se ha puesto en marcha ha detenido a su mujer e hijos, cuando quienes están saltándose las normas son los responsables de la obra y no los vecinos de Cho Vito.

Criticó que el alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, no haya acudido a la zona cuando les han llamado para comunicarles lo que ha pasado y haya preferido dejar para este martes su visita al poblado para valorar el problema, cuando desde su punto de vista como máximo responsable municipal tenía que estar allí para velar por los derechos y la seguridad de sus convecinos.

En este sentido, explicó que el alcalde se comprometió con él a estar en Cho Vito este martes a las 8:30 horas de la mañana, razón por la que convoca a los medios de comunicación a cubrir esta información puesto que asegura que una vez más se conculcan los derechos humanos en Cho Vito y que la fuerza de la maquinaria trata de amedrentarles.

Gracias, Defensor del Pueblo (José Ortega Anduiza / Ingeniero Industrial)

El pasado 6 de noviembre el Defensor del Pueblo Español intervino ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a las 11 horas y 31 minutos y manifestó refiriéndose a la Ley de Costas: "Es una situación legal (la Ley de Costas) aunque injusta para los ciudadanos …" . Luego manifestó que él no tiene capacidad para cambiar dicha ley pero que se dirigirá a los grupos parlamentarios de España instándoles a que lo hagan. Son tantos los problemas que sacuden a esta afligida España que es muy comprensible que el ciudadano español, abrumado por un exceso de cuestiones angustiosas que diariamente nos presentan los medios de comunicación no conozca de tal injusta ley más allá de lo que la propaganda del Estado quiere que conozca. Hay excepciones, entre las que se encuentran los afectados por tal Ley, y que tienen el apoyo de muchos parlamentarios que saben que es intolerable mantener una ley que actúa siguiendo los antiguos principios del viejo comunismo con un desprecio total a la propiedad privada. Quizá lo más vergonzoso sea la manera ruin de querer encubrir su perfidia, por supuesto, sin conseguirlo. España ya ha salido de los primeros años del siglo XXI. Es muchísimo lo que se ha escrito hasta el momento sobre la Ley de Costas y son muchas las denuncias presentadas ante los tribunales, tanto españoles como europeos y si este gobierno no actúa con ecuanimidad y justicia, se seguirá escribiendo y denunciando por los siglos de los siglos. Pienso que el principio de la Constitución Española es "todo para el pueblo y con el pueblo", a diferencia del Despotismo Ilustrado cuyo principio era "todo para el pueblo pero sin el pueblo".
Convertir una ley en legal, aunque se sepa que es injusta, es una de las mayores aberraciones existentes; si es injusta va contra el pueblo por mucho que la hayan aprobado "altas instancias de la magistratura". Las leyes injustas se pueden cambiar en cualquier momento dejando en entredicho a quienes las hicieron mal, tanto si fue con buena como con mala intención. La Constitución solo la debe cambiar el pueblo, aunque todos sabemos que hay excepciones con la que no todo el mundo está de acuerdo. Me viene a la memoria la ley de la II República Española por la que el gobierno podía soslayar la Constitución si ello era necesario para salvar la República. Cuando se leen estas cosas uno piensa que si para salvar la República hay situaciones en las que se puede y debe dejar a un lado la constitución, algo falla: o el articulado de su constitución no es correcto, bien por artículos deficientes, por falta de algunos imprescindibles o bien por exceso de los mismos, o el gobierno es incompetente. Debo recordar al hablar de la II República que no se aprobó la confiscación de las tierras cuando trataron de arreglar la distribución de las mismas. Hubo quienes sí propusieron la confiscación, personajes como Largo Caballero; afortunadamente no prosperaron sus sinrazones.

Quizá para terminar deba hacer un rápido recordatorio de lo que es la Ley de Costas. Propiedades legítimamente adquiridas y registradas en el Registro de la Propiedad, muchas veces adquiridas a Ayuntamientos, son expoliadas por el Gobierno mediante la siguiente maniobra legal: el gobierno se queda con la propiedad y a cambio da una concesión sobre la misma por 30 años gratis y otros 30 con un canon simbólico. Nada más otorgar la concesión expropia la tierra pagando un precio irrisorio, ya que lo que expropia es una simple concesión y no una propiedad. Cualquier construcción que haya en la propiedad es asfixiada para pasarla a un valor mínimo prohibiendo cualquier acción sobre la misma: no se puede pintar ni hacer cualquier otro trabajo de mantenimiento. Muchas de las casas tienen como legítimos propietarios a gente modesta que se ve avasallada y amedrentada por los "valientes" técnicos de costas que no vacilan en utilizar medios poco éticos para "convencer" a estos modestos propietarios de que ya no son dueños de lo que por derecho propio les pertenece porque la Constitución Española admite y protege la propiedad privada.

Algunos aplauden esta ley al amparo de ideas ecologistas olvidando que hay leyes de Espacios Protegidos que protegen el territorio español con total garantía. Pero también hay muchos ecologistas que piensan que la administración no siempre protege los espacios naturales sino que no duda en actuar sobre ellos cuando conviene a otros intereses. Muchos de los espacios que se han confiscado o se pretende confiscar estaban y están más cuidados y generando puestos de trabajo en manos de sus propietarios, propiedad que les fue otorgada legalmente y que deben conservar por encima de cualquier ley que pisotee la ética, la moral y la Constitución. Esperemos que el gobierno actual nos proteja de tantas injusticias y le propongo que llegue a conversaciones con los afectados a través de sus asociaciones y gremios, que no dudo le ayudarán a crear una ley justa que protegerá sobradamente los espacios naturales.

domingo, 29 de enero de 2012

Los alcaldes de la Plana Baixa se unen para exigir la reforma de la ley de Costas

Todos los alcaldes y portavoces que el Partido Popular tiene en la Plana Baixa se reunieron con los senadores Araceli Peris, Alfonso Ferrada y Vicente Aparici con la petición de la reforma de la Ley de Costas como fondo. De esta forma, revisar el plan Integral de regeneración de la costa y la creación de empleo fueron los temas que ayer por la mañana centraron la reunión que los alcaldes y portavoces mantuvieron en el municipio costero de Burriana.
 
Los munícipes transmitieron a los senadores Vicente Aparici y Alfonso Ferrada la necesidad de una reforma de la ley de costas que incluya tres reivindicaciones. La primera y más importante es que se impida el derribo de las viviendas de primera línea de costa ya construidas. En segundo lugar, y para no perder la naturaleza de la ley, que ésta proteja de forma integral el litoral. Por último, uno de los caballos de batalla que se ha esgrimido constantemente contra la implantación de esta normativa, que no es otro que se facilite la instalación de chiringuitos en la playa.
 
Vicente Aparici, portavoz en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, ya ha solicitado una reunión con el ministro para trasladar la preocupación de los alcaldes del litoral castellonense, que llevan mucho tiempo reivindicando una actuación en la zona costera.
 
Así mismo, Aparici y Ferrada se reunirán con el subdelegado del gobierno, David Barelles, para trasladar las inquietudes de la provincia en materia de costa, ya que «cada municipio tiene una casuística distinta, por lo que mantendremos reuniones en las distintas comarcas de la provincia y haremos frente común en esta reivindicación. De la que no tengo ninguna duda es que está en la línea de la reforma prevista por el gobierno de la nación», informó el senador Aparici.
 
Respecto a la creación de empleo, los alcaldes y portavoces aseguraron que es necesario un mayor control por parte del Servef de las prestaciones que concede a los desempleados, para que no se pierdan recursos por esa vía.
 
En la misma reunión, con la intención de impulsar medidas que favorezcan la reducción del paro, se intercambiaron experiencias de creación de puestos de trabajo que se están llevando a cabo en los distintos municipios.
 
Araceli Peris asistió como portavoz de la comisión de Empleo en el Senado y recogió las demandas de los alcaldes para transmitirlas a los órganos competentes. Del mismo modo se hizo hincapié en la necesidad de apostar por el sector citrícola, que varios alcaldes no dudaron en calificar como «fundamental en muchos pueblos de esta comarca y hay que revitalizarlo», según expresó Peris.

Arias Cañete expondrá en el Congreso las líneas de la reforma de la Ley de Costas y del pacto nacional del agua

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete comparecerá, a petición propia, en la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso el próximo 1 de febrero, a las 11.00 horas, para explicar cuáles serán sus planes al frente de este departamento durante la legislatura y, concretamente para precisar las líneas generales de la "reforma en profundidad" de la Ley de Costas o el Pacto Nacional del Agua que ha anunciado en una de sus primeras intervenciones públicas.

   Según ha adelantado Arias Cañete en anteriores ocasiones, esta revisión de la Ley de Costas tiene por objetivo armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales.
   "Los ciudadanos tienen que conocer los valores medioambientales de nuestro litoral y el potencial turístico debe siempre desarrollarse en base a los criterios de sostenibilidad ambiental", destacó el ministro en la toma de posesión de altos cargos de Medio Ambiente, donde aseguró que "es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental".

martes, 24 de enero de 2012

Entrevista Arias Cañete e Ignacio Diego

REFORMA LEY DE COSTAS

   Sobre el indulto que se está pidiendo para la depuradora de Vuelta Ostrera, Diego ha subrayado que por "un desliz" pesa sobre ella una sentencia de derribo y por ello ha reclamado a Cañete que utilice los servicios jurídicos del Ministerio de forma conjunta para ver las "posibles salidas" de la misma.

   Al hilo de esto, ha asegurado que se está estudiando pactar con los ecologistas formulas de compensación para mantener que se inviertan cantidades compensatorias. Además, ha señalado que sería necesaria una reforma de la Ley de Costas pues las concesiones en su comunidad terminan en el año 2018.

   Según ha informado el presidente cántabro, la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, afecta a más de 2.000 empresas industriales que sostienen más de 20.000 puestos de trabajo. Por ello, Diego ha trasladado al ministro toda la documentación para que "juntos" se pueda mantener la viabilidad y el futuro del litoral.

¿Sabe el Presidente de Cantabria cuantas PROPIEDADES están afectadas? ¿Por qué sólo le interesan las concesiones?
¿Por qué ignora a las familias a las que se les ha despojado de sus derechos adquiridos?
¿Por qué no ha hablado con el Ministro de la injusticia que se ha cometido con el deslinde de Piélagos y otros muchos a los que se les ha aplicado la ley retroactivamente?
Si fuera el Presidente de la CEOE se podría entender que sólo intercediera por las industrias, pero es el Presidente de todos los cántabros, incluidos los que han visto confiscadas sus PROPIEDADES y a los que , supongo, tendrá que explicar porqué ni los ha mencionado.

jueves, 19 de enero de 2012

Consejero de Medio Ambiente andaluz califica de "joya" el litoral

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha manifestado que el litoral andaluz "es una joya" que "procura un turismo de excelencia" después de mostrar su "desconfianza" ante las declaraciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en relación al anuncio de una "profunda" reforma de la Ley de Costas.

   En declaraciones a los periodistas este miércoles en la Universidad de Almería, el titular andaluz de Medio Ambiente ha recalcado que las políticas del Gobierno andaluz "se comprometen con el cuidado del medio natural", de forma que ha cree que la Ley de Costas actual es una "buena ley" que "no hay que devaluar".

   Con esto, ha matizado que "lo que no es sostenible, es insostenible" en relación a las declaraciones del ministro, a lo que ha añadido que "sobre la tentación de seguir construyendo en el litoral, primero hay que vender las viviendas vacías", sentido en el que ha insistido en ese turismo de "excelencia" que pretende para la costa andaluza.
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-consejero-medio-ambiente-andaluz-califica-joya-litoral-20120118162133.html

Y tan joya. Un diamante en bruto que como todo diamante, conseguido a base de la sangre, sudor y lágrimas de la parte débil de la sociedad.
¿Por qué no cuenta los planes que hay para la costa de Almería? ¿y en Costa Esuri?
Qué cuente como van a destruir playa Granada para que un grupo de empresas haga una marina interior y se forren.
Qué diga porqué autorizan hoteles en primera línea de playa como el de Cotobro, el Algarrobico, Bahía Fenicia...¿y los nuevos puertos deportivos?
Qué cuente como se ha vendido el Dominio Público de La Tablada a unos constructores mediante un certificado de Costas con efecto retroactivo a 1997 declarando la innecesariedad de los terrenos porque el DPMT no puede ser vendido y el Ministerio de Defensa metió la pata al hacerlo.
Menos joyas Sr Trillo y diga la verdad, que está toda la costa planificada con nuevos proyectos multimillonarios y que nosotros estorbamos.
¿A quién pretende engañar a estas alturas del partido?

martes, 17 de enero de 2012

El CCN pide una moratoria en Canarias a la aplicación de la actual Ley de Costas

El portavoz federal del CCN, Benito Codina, pide una moratoria en la aplicación de la vigente Ley de Costas para los núcleos costeros canarios con órdenes de derribo hasta que la reforma anunciada por el ministro Arias Cañete vea la luz.

   De esta manera, el CCN se suma a la reclamación realizada por la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas. Según Codina, la actual norma es "absolutamente injusta por su retroactividad, arbitrariedad y lesión de la propiedad privada, cuestiones que han generado y están generando graves consecuencias sociales y económicas en nuestro archipiélago, y por ello hay que cambiarla".

   Codina apunta que el "primer paso" es cambiar esta ley que tan "torticeramente" han utilizado los socialistas durante su etapa de gobierno para luego pedir la asunción de esa competencia por parte del Gobierno de Canarias, ya que gestionar una norma "expoliadora e injusta no es del gusto de nadie", pero dice que no será así ante una que ofrezca "seguridad jurídica" a los canarios y "vele" por el desarrollo armónico del litoral.

lunes, 16 de enero de 2012

El alcalde de Laredo propone un "trámite de constitucionalidad" para solucionar los problemas causados por los deslindes

El alcalde de Laredo, Ángel Vega, ha dirigido un escrito al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el que propone incluir un "trámite de constitucionalidad" previo a la aprobación definitiva de los deslindes de dominio público amparados en la Ley de Costas.
   El alcalde considera que con esta fórmula "quedarían desactivadas las negativas afecciones a nivel socioeconómico y medioambiental que está generando la actual Ley de Costas".
   Según la ley y la jurisprudencia, el deslinde es una mera delimitación física de las realidades y conceptos de dominio público definidos en la ley. Pero las leyes son cambiantes. "Lo único que no cambia, lo que hemos jurado o prometido acatar y hacer cumplir, por igual, todas las autoridades, cargos públicos, funcionarios, abogados, profesionales, todos los ciudadanos, cualquiera que fuere nuestra ideología, principios o creencias, es la norma constitucional".
   En base a este planteamiento, apoyado en el informe de la Letrada Jefe del Servicio Jurídico municipal, Paz Villalobos, "no sería necesario, ni conveniente, esperar a la reforma de la Ley de Costas para reactivar las actividades socioeconómicas en nuestra región".  Antes bien, bastaría una Orden Ministerial que dispusiera "la revocación de la aprobación definitiva de los deslindes, para anular las anotaciones registrales derivadas de ellos".
   A continuación se efectuaría "un nuevo trámite de información pública, con participación de todos los afectados, Ayuntamientos y Administración Regional, a fin de efectuar una nueva propuesta de aprobación definitiva de estos deslindes ajustada a la Constitución Española". Realizado este trámite, quedarían aprobados definitivamente dichos deslindes.  
   Para el alcalde de Laredo, dicha fórmula, extensible a los 11 municipios del Parque de las Marismas de Santoña, y de aplicación en el resto de deslindes actualmente en curso en Cantabria, procuraría una solución "pronta y sencilla para evitar los efectos tan perniciosos sobre legítimas propiedades privadas".

MUCHAS CONTRADICCIONES Y GRAVES AFECCIONES

   El escrito recuerda el silencio con el que se han acogido los reiterados requerimientos de anulación del deslinde de dominio público de la playa del Regatón aprobado por Orden Ministerial el pasado 8 de febrero.
   Lejos de dar respuesta alguna, la Demarcación de Costas ha procedido "a anotar preventivamente el dominio público del Estado Español sobre fincas que, de no mediar tan irregular deslinde, mantendrían su titularidad plena". Una actuación especialmente grave en la actual situación de crisis, añade el Ayuntamiento de Laredo en un comunicado.
   El 8 de marzo fue aprobado el deslinde de Noja que a juicio del Consistorio pejino, presenta en algunos aspectos, claves para definir la propiedad privada de los que siempre lo fueron y desarrollan una actividad perfectamente lícita, una "clara contradicción" con el deslinde aprobado en Laredo.
   Últimamente se han aprobado con fechas 16 y 22 de noviembre de 2011 el de Marina de Cudeyo y el de Camargo. Éste último, añade el Ayuntamiento de Laredo, "con avances importantes en materia de innecesariedad de terrenos originalmente concesionales y ocupados por empresas", que no han sido objeto de aplicación en el caso del Polígono de Raos, ni en Marina de Cudeyo, ni en los deslindes aprobados en los municipios integrantes del Parque de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
   En éste último se afectan, además, importantes actividades ganaderas para el consumo, de interés prioritario en nuestra región, concluye el Ayuntamiento de Laredo.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-alcalde-propone-tramite-constitucionalidad-solucionar-problemas-causados-deslindes-20120116174753.html

LEY DE COSTAS Y DERECHOS HUMANOS

Con el anuncio del ministro Arias Cañete sobre su intención de realizar una “reforma en profundidad” de la Ley de Costas, se han puesto en pie de guerra ecologistas y no tan ecologistas,  anunciando movilizaciones y denuncias sin ni siquiera esperar a conocer  cuál es el alcance de la reforma que se pretende llevar a cabo.
La ASOCIACIÓN EUROPEA DE PERJUDICADOS POR LA LEY DE COSTAS (AEPLC)  ha comparecido en varias ocasiones ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, la última el 24 de mayo de 2011, denunciando la gravedad de las consecuencias socioeconómicas y los dramas personales de gente humilde por la aplicación retroactiva, arbitraria, injusta e insegura de la norma, recabando el amparo de las instituciones europeas, el cual hemos obtenido.
Es por ello que no voy a entrar a rebatir ni debatir ni una sola opinión, sino a exponer la nuestra del porqué se ha de revisar profundamente dicha norma.

La actual Ley de Costas entró en vigor el 28 de julio de 1988, con el  supuesto fin último de la protección del medioambiente y de lograr la “determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y especialmente la ribera del mar”, tal y como dice su título preliminar.
No se ha conseguido ni una ni otra cosa debido a que el espíritu de la norma ha sido pervertido hasta tal punto que se ha aprovechado la oportunidad para aprobar deslindes absolutamente incomprensibles y arbitrarios, en base a la deficiente definición del DPMT que contiene la Ley de Costas.
Si se ha conseguido en cambio lo inimaginable, que sea la única ley de nuestro ordenamiento jurídico donde todo vale; donde se pueden vulnerar los más sagrados principios  del Derecho Nacional e Internacional;  donde la retroactividad de la norma, expresamente prohibida por la Constitución Española, ha dado vía libre a dibujar en un plano, raya tras raya, lo que el Estado ambiciona poseer sin que sea suyo. Luego se trata de justificar diciendo que esos terrenos eran del Estado desde que los romanos invadieron Hispania o desde la última glaciación o desde que los dinosaurios se extinguieron. Suena a broma pero es así de serio.

Se oculta celosamente que todas las propiedades están dentro de la más estricta legalidad, con el visto bueno de todas las administraciones pertinentes, pagando cuantos impuestos las gravan, inscritas en el Registro de la Propiedad y, en la mayoría de los casos, adquiridas mediante una hipoteca que deberemos seguir pagando religiosamente cuando, terrenos y viviendas, pasen a manos del Estado, porque tampoco se cuenta que nos despojan de la propiedad pero nos dejan las deudas.

Omiten igualmente en sus famosos informes justificativos de tan escandaloso expolio  que, en innumerables casos,  las propiedades  que pretenden adjudicarse fueron desamortizadas en su momento para llenar las paupérrimas arcas estatales, vendiéndose a particulares españoles y extranjeros a los que ahora tratan de  arrebatárselas de nuevo.

No existe en España un m2 de terreno con más leyes y Directivas europeas proteccionistas que el del litoral, pero aún así se sigue insistiendo en que sin la Ley de Costas llegará el “fin del mundo costero”. Pero nadie clama por la protección de los Derechos Universales del Ser Humano, por la protección de su propiedad como un bien tan protegible como la naturaleza e incluso más, como expuso la ONU en el informe Brundtland; ni hay quién salga en defensa de las personas a quienes se les lleva a la más absoluta ruina saltando por encima de los Pactos internacionales vinculantes firmados por España como es el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la propiedad está protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución Española. Tratar de corregir una inseguridad jurídica que  afecta alrededor de 400.000 propiedades, que a vuela pluma corresponderá con 1.000.000 ciudadanos que son desposeídos de sus derechos adquiridos,  justifica  la necesidad de que se tramite una modificación de la Ley de Costas que sea respetuosa con el derecho a la propiedad consolidada con anterioridad a la ley, eliminando, además, cualquier concepto jurídico indeterminado que la cause como  ha sido la aplicación con carácter retroactivo de sus preceptos, generadora de gravísimos y profundos conflictos sociales no sólo en nuestro país, sino en toda Europa. Por esta razón las quejas que llegan al Parlamento Europeo se cuentan por miles y la imagen de España como un Estado de Derecho de la Unión Europea se  ha visto perjudicada hasta extremos insospechados, haciendo inviable cualquier inversión, española o extranjera, por miedo a una más que posible y demostrada confiscación que de la misma se ha venido realizando durante los 23 años de vigencia de la Ley de Costas.

Este Gobierno tiene muchos retos por delante. Uno de ellos es devolver a España la reputación perdida en muchos frentes, pero pocos o ninguno tan importantes como recuperar la Seguridad Jurídica y el Principio de la Confianza Legítima de los ciudadanos, pues una cosa es proteger el medio ambiente y otra muy distinta  despojar a los ciudadanos de los derechos  amparados  por las normas y pactos internacionales.
Se debe y se tiene la obligación de conciliar ambos aspectos.

sábado, 14 de enero de 2012

El PP de Formentera espera que el anuncio sobre la reforma de la Ley de Costas sea una "realidad"

El PP de Formentera ha confiado en que el reciente anuncio realizado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre una reforma "profunda" de la Ley de Costas que pretende realizar su departamento sea una "realidad" y "no caiga en un mero anuncio".

   Los 'populares' de Formentera han afirmado en un comunicado que los partidos políticos, asociaciones y sobre todo los afectados por el deslinde de costas de esta isla hace muchos años que esperan que el Gobierno Central acometa con "valentía" las reformas necesarias de la Ley, para que se respete la propiedad privada de todas las edificaciones legales que la normativa y el posterior deslinde "pretendían confiscar".

   El PP de Formentera ha afirmado que estará "activo" en todo este proceso que ahora se inicia y solicitará que cualquier medida que se tome en el futuro se haga con la colaboración de la plataforma de afectados, que en el caso de Formentera es una entidad pionera en la crítica a la actual situación de "injusticia", ha apostillado.

   Desde la agrupación 'popular' de Formentera han señalado que siempre se ha luchado para que desde la dirección nacional se tuviese en cuenta la "absoluta injusticia" de la actual Ley y por ello han considerado "una excelente noticia" el anuncio realizado por el ministro.
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-pp-formentera-espera-anuncio-reforma-ley-costas-sea-realidad-20120114173021.html

Government to bring in changes to the "Ley de Costas"


The controversial law has led to serious problems for some property owners
The current and controversial ‘Ley de Costas’ has been in force since 1988 with hardly any modifications. Now the new Minister for Agriculture, Foodstuffs and the Environment, Miguel Arias Cañete, has indicated that ‘very deep reforms’ are on the way to bring value to the coast.

El País reoprts that at an event to welcome top civil servants in his department, he gave a speech which indicated that the environment cannot stop economic development, and said that environmental legislation needs to be simplified.

Sources at the ministry have noted that there is a problem of judicial insecurity with the current legislation and that they have received pressure from countries such as Britain and Germany, and complaints from EuroMPs as there are foreigners who have been affected by the compulsory purchase aspect of the legislation.

The law, which was left untouched by the Aznar government, declares all the beach to be of public use, but does not use a fixed distance, following geographic concepts instead. That extends the area into dunes and marshlands, to where the sea has reached in the worst of storms. Many people have purchased property without the notary or the bank telling them it is located in land for public use, and these people have been granted a 30 year concession of use, but no longer own the property.

A legal change now is complicated by the fact that there has already been compulsory purchases and demolition of some properties, so their owners will now be able to claim compensation. The new legislation is expected to extend the concessions, as ‘thousands’ of them were to expire in 2018

viernes, 13 de enero de 2012

(AMPLIACIÓN) Cañete anuncia una "profunda reforma" de la Ley de Costas

Medio Ambiente justifica que quiere "poner en valor" el litoral y dar "seguridad jurídica"

El ministerio planea alargar las concesiones y autorizar nuevos usos en primera línea

El Gobierno prepara una "simplificación de la normativa ambiental" para agilizar trámites

La Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una "reforma en profundidad", según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente. Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea ha anunciado que "simplificará trámites ambientales" y potenciará el turismo en parques nacionales.
En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: "Nos gustan los chiringuitos", que se habían convertido en un símbolo de la utilización política de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.
Personalidades relevantes del PP como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo habían mantenido la pasada legislatura reuniones con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, estaba preparando documentación sobre cómo se debería reformar.
Aunque el programa electoral del PP no citaba una modificación de la ley, Cañete ha anunciado hoy una reforma legal a fondo para "poner en valor el litoral" para "armonizar el desarrollo económico con la decida protección de los recursos naturales".
Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un grave problema de inseguridad jurídica, que se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio. Además, hay presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados extranjeros porque hay miles de extranjeros afectados.
La norma, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no establece una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, son de dominio público "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación" y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.
Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido. Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad, por lo que tampoco pueden vender. Los ecologistas sostienen que cualquiera que se hubiera informado ya sabía que había una Ley de Costas y con preguntar se habría evitado problemas.
En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es extremadamente complejo porque en los más de 20 años desde la aprobación ha habido expropiaciones y derribos de cientos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones al Estado.
El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal a través de la Ley de Navegación Marítima pero encalló en el Congreso. Ahora, con este cambio, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería "dramático", según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.
Además, Arias Cañete ha anunciado una "simplificación de la normativa ambiental" para "agilizar trámites" y que no se frene la inversión. El ministerio tiene un atasco en las declaraciones de impacto ambiental que a veces duran años.
En la línea de reducir las trabas ambientales, Arias Cañete también ha anunciado que quiere potenciar "las actividades turísticas en los parques nacionales".

Arias Cañete anuncia una reforma "profunda" de la Ley de Costas

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado una reforma "profunda" de la Ley de Costas que pueda "armonizar" el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales, así como su intención de colaborar entre las distintas administraciones para tratar de alcanzar un gran pacto nacional del agua.
   Durante la toma de posesión de altos cargos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el ministro ha dicho que estos son algunos de los retos más importantes de este departamento, cuyas líneas estratégicas presentará próximamente en sede parlamentaria.
   Respecto a la reforma de la Ley de Costas, ha afirmado que "es compatible el desarrollo turístico con el respeto y la protección ambiental". Mientras, sobre un pacto del agua, pretende que éste asegure un "abastecimiento de calidad" y el mantenimiento de todos los ecosistemas ligados al agua. Para ello, ha explicado que se fomentará la utilización del agua reciclada, la explotación ordenada del agua subterránea y otras técnicas, que se sumarán a la gestión eficiente de los recursos hídricos superficiales, que son la base actual del suministro.
   Además, ha asegurado que la política medioambiental promoverá la participación de las distintas organizaciones y la simplificación de los trámites administrativos, respetando "escrupulosamente" los valores medioambientales.http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-arias-canete-anuncia-reforma-profunda-ley-costas-20120113140857.html

domingo, 8 de enero de 2012

Españoles piden en Caracas que Madrid actúe ante las expropiaciones en Venezuela

¡Pobres!, nadie les ha dicho que España es otra republica bananera donde la propiedad privada es humo y también se está confiscando  con la Ley de Costas.
A buen sitio han ido a pedir ayuda.

Españoles piden en Caracas que Madrid actúe ante... por Globovision

Españoles y sus descendientes venezolanos pidieron hoy en Caracas al rey Juan Carlos y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que actúen ante lo que denominan expropiaciones "ejecutadas ilegalmente" por el Gobierno de Hugo Chávez.
El presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela (FECEVE), Félix Barbero, dijo a Efe que las autoridades venezolanas "no cumplen" con lo establecido por la Constitución en cuanto a indemnizaciones y otros "pasos a seguir en el caso de expropiaciones de bienes".
Por ello Barbero hizo un llamamiento a las autoridades de Madrid "para que hagan cumplir el acuerdo que se firmó entre España y Venezuela en 1995 y que empezó a regir en el año 1997".
El presidente de FECEVE aludió con ello al acuerdo bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones, que -reiteró Barbero- es vulnerado por el Gobierno de Chávez en perjuicio de "más de 300" españoles y por un monto que "pudiera pasar de más de 5.000 millones de euros".

Algunas decenas de esos ciudadanos se congregaron hoy frente al Consulado de España en Caracas, donde firmaron las cartas dirigidas al rey y a Rajoy.
La FECEVE "respalda la mala situación que están pasando todos los españoles con respecto a la afectación de sus propiedades" en Venezuela, dijo Barbero y aseguró que no se trata únicamente de ciudadanos españoles "afectados por la expropiación de propiedades agrícolas", sino también "pecuarias, urbanas e industriales".
"Hay estructuras industriales, estructuras comerciales, estructuras de vivienda" levantadas algunas por "generaciones de abuelos, mucho trabajo, mucho esfuerzo perdido", se lamentó.
La misiva dirigida a don Juan Carlos subraya que, "al no cumplirse la garantía que ofrece la legalidad (...), desprotegidos y fuera de estado de derecho, recurrimos a su majestad como españoles que somos y, conociendo su sensibilidad humana y social, le pedimos que nos ayude a encontrar la salida justa".

El titular de FECEVE recordó que Miguel Ángel Moratinos, cuando era ministro español de Exteriores, firmó a mediados de 2010 un convenio con las autoridades venezolanas para lograr "un pago justo" por las propiedades afectadas.
"Se hicieron unas mesas de trabajo, fueron siete hasta diciembre de 2010, y no se concluyó nada", lo que luego derivó en acciones de "desesperados" que "tuvieron que, en forma lamentable, ponerse en huelga de hambre", recordó.
"No sé si eso es lo que persiguen de nosotros: que nos pongamos todos en huelga de hambre aquí en la puerta del consulado", agregó Barbero al recordar el ayuno cumplido el año pasado por los hermanos Carlos y Luis Solórzano, de nacionalidad española y venezolana.
La finca de los Solórzano formó parte de la política de expropiaciones de terrenos que el Gobierno de Chávez considera de "utilidad pública" o cuya titularidad no ha quedado demostrada, según el criterio oficial, así como de latifundios catalogados de ociosos.
A los hermanos Solórzano "se les pagó a mucho disgusto", pero además, sostuvo Barbero, sin reconocerles "un justo precio".


ASÍ SE CONFISCA EN ESPAÑA

El Supremo ratifica la venta de una de las parcelas de La Tablada...Con la ayuda inestimable de Costas

Rechaza que en subasta de Defensa se vulnerase el ordenamiento jurídico

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación contra la venta en subasta allá por el año 1997 de una de las parcelas de Tablada por parte del Ministerio de Defensa y ha señalado que en aquella operación no hubo vulneración del ordenamiento jurídico ni de las leyes de Patrimonio ni de Costa.
La sentencia del Supremo, según recoge E.P., desestima el recurso promovido contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2005 que a su vez había desestimado un recurso contencioso administrativo contra las resoluciones del Ministerio de Defensa que en 1997 formalizaron y confirmaron la enajenación mediante subasta pública de la parcela tres de la base aérea de Tablada, cuya posesión ostenta actualmente la agrupación de interés económico «Tablada Híspalis» dentro de un lote de 367,4 hectáreas que ocupaban las antiguas instalaciones castrenses.
El recurrente había alegado ante el Tribunal Supremo que la subasta pública de esos terrenos había generado indefensión, supuestas vulneraciones del ordenamiento jurídico y de las leyes de Patrimonio del Estado o de Costas, argumentos todos ellos desechados finalmente por el Supremo. Es más, el Tribunal Supremo no solo ha resuelto que «no ha lugar» el recurso de casación y ha confirmado la mencionada sentencia del TSJA, sino que ha impuesto las costas a la parte recurrente por un importe total de 4.000 euros.
Esta sentencia del Supremo, junto a la resolución con carácter retroactivo emitida el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Medio Ambiente y por la que se declararon los terrenos de Tablada como innecesarios para protección y utilización del dominio público marítimo terrestre, viene a sacar del atolladero en el que se encontraba el Ministerio de Defensa tras vender los terrenos de la antigua dehesa sin haber contado con esa declaración,
El proceso de venta de los antiguos suelos de la base aérea de Tablada se inició en 1997. El 11 de julio de aquel año el Ministerio de Defensa subastó 160,9 hectáreas que adquirieron las cajas de ahorro El Monte y San Fernando por 30 millones de euros; en el año 2000 las dos cajas compraron otro lote de terreno a Defensa, éste de 195 hectáreas. Los bancos vendieron después esos terrenos al consorcio empresarial «Tablada Hispalis», en el que figuraban como grupos de referencia Osuna y Prasa, para desarrollar un proyecto que incluía la ejecución de miles de viviendas.
El cambio de gobierno en el Ayuntamiento provocaría el inicio de varios procesos de expropiación que tumbaron los tribunales mientras en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado definitivamente en 2006, los terrenos se calificaron como no urbanizables de especial protección. Ante esta situación, el futuro de esa gran parcela de suelo sigue siendo una incógnita, del gran proyecto de desarrollo urbanístico que se iba a ejecutar en él se pasó al de parque periurbano, pero ni siquiera la Junta ha declarado ese suelo como espacio protegido.

El interminable caso de la dehesa

Defensa aprobó la enajenación de los suelos de Tablada en 1997. Quince años después su futuro sigue siendo una incógnita y acumula una maraña de procesos judiciales que a día de hoy no se sabe cuándo acabarán. Ha habido recursos contra su venta, como el que acaba de resolver el Supremo; ha generado procesos de expropiación que los actuales propietarios han ganado en los tribunales y han sido objeto de deseo para proyectos, de nueva zona desarrollo a parque periurbano y de ahí a nuevo real de la Feria, aún en la nebulosa
GUÍA PARA ENTENDER EL CASO DE LA TABLADA
6 el precio. La pregunta del millón. ¿Cuánto valen de verdad los terrenos? Pues depende. ¿De qué? Esencialmente, del momento en el que se hagan las cuentas. Unos antecedentes ayudan a contextualizar la cuestión. Tablada, históricamente, fue patrimonio de todos los sevillanos. Un suelo comunal. La ciudad se lo entregó en su día gratis al Ejército. Y Defensa, tras cerrar la antigua base aérea, optó por subastarlos en 1998. El precio de salida fueron 30 millones de euros. El comprador: el Consorcio Tablada, una sociedad instrumental de las antiguas cajas de ahorro de Sevilla y de una empresa, minoritaria, del empresario Ramón Valencia, actual gestor de la plaza de toros de la Maestranza. En 2001 el PA (entonces gobernaba ya con el PSOE) anunció su decisión de expropiar los terrenos. Monteseirín, ya entonces alcalde, quedó al margen de la decisión, con la que los andalucistas buscaban mejorar su imagen al frente de Urbanismo. Ese mismo año las cajas movieron ficha: vendieron los suelos a un consorcio -Tablada Híspalis AIE [Agrupación de Interés Económico (AIE]- en el que participaban casi todas las grandes inmobiliarias: Osuna, Prasa, Expoan, Sando, el grupo empresarial de Luis Alarcón de la Oliva, Arenal 2000 y Cartuja Inmobiliaria. El precio oficial de adquisición fue de 82 millones de euros. Una vez traspasado el suelo, las distintas empresas inmobiliarias decidieron venderse entre sí determinadas parcelas con el objetivo de fijar, con vistas al proceso judicial, precios de referencia muy superiores al de partida. Al real.

2009 - Sentencia de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional acaba de dictar una providencia que puede cambiar radicalmente el futuro de la mayor bolsa de suelo rústico que queda en la ciudad de Sevilla, el motivo del debate urbanístico más polémico de los últimos quince años, el objeto de deseo de políticos, constructoras y ecologistas: la dehesa de Tablada.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/contenidoExterno/Pub_revistama/revista_ma46/ma46_42.html

Pregunta: ¿es legal emitir un certificado con efecto retroactivo a 1997 para sacar de un problema judicial al Ministerio de Defensa? ¿Es legal vender el Dominio Público?

jueves, 5 de enero de 2012

Nombrado el nuevo Dtor Gral de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar

D. PABLO SAAVEDRA INARAJA.
Nacido el 8 de junio de 1973, es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ha sido jefe de Área de Coordinación de la Subdirección General de Legislación y Ordenación Normativa en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; subdirector general adjunto de Selección en el Instituto Nacional de Administración Pública y asesor del Secretario de Estado de Cooperación Territorial. En la actualidad era subdirector general de Relaciones Bilaterales con las Comunidades Autónomas en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.

martes, 3 de enero de 2012

SÍ, SE PUEDE HACER ( PAZ VILLALOBOS NICIEZA. abogada letrada-jefe del Ayuntamiento de Laredo.)

Mi experiencia en la Administración durante 27 años me ha enseñado que los Técnicos nos movemos en unos márgenes muy estrechos. Cada vez que un ciudadano nos presenta un proyecto, demasiadas veces le decimos "lo siento pero no se puede hacer", "tiene razón pero no puedo ayudarle".
Cuando los políticos nos presentan una actuación de interés público muchas veces les decimos " "es que el artículo ..dice...".  Nos han metido tanto miedo con el riesgo de ser acusados de prevaricación que no nos atrevemos a saltar los obstáculos que, solo aparentemente, se oponen para alcanzar los intereses públicos, para ayudar a los administrados a desarrollar sus actividades comerciales, empresariales, etc. Para buscar el apoyo jurídico de esa razón que les reconocemos y no nos atrevemos a argumentar porque el artículo x dice.  Personalmente creo que hemos de asumir el riesgo de buscar soluciones jurídicas, que siempre las hay, cuando lo que se persigue es la consecución de una resolución justa y acorde al sentido común. Nuestro Derecho, afortunadamente no consta de un único artículo, podemos relacionarlo con otros muchos, con las decisiones jurisprudenciales españolas y de los Tribunales europeos, con el respeto a los derechos y principios protegidos en nuestra Carta Magna y en la Carta Europea de Derechos Humanos.
Así, podremos comprobar, afortunadamente, que todas las cosas justas y valiosas para la sociedad, sí, se pueden hacer. Y si no es así entonces habrá que modificar la ley. Nos evitaríamos un sin fin  de pleitos y los Abogados nos dedicaríamos a buscar soluciones y participar en todos los procesos de redacción de normas, planteamiento de convenios y concertación de los particulares, empresas y asociaciones con la Administración. Los Tribunales se descargarían de un montón de procesos bizantinos, totalmente innecesarios y se dedicarían más a innovar y aplicar también la jurisprudencia europea y todas las resoluciones serían más justas. Nosotros podríamos intentar "hacer" en lugar de paralizar o deshacer lo andado. Tampoco cuesta tanto estimar los recursos en vía administrativa cuando alguien tiene razón, ni proponer el allanamiento en vía judicial si la otra parte defiende un derecho del que ha sido privado.
Personalmente he pasado 14 años defendiendo judicialmente el Sector IV de Laredo, tres años más otros compañeros, porque: "No se podía hacer". Finalmente: "Se está haciendo", tras 4 sentencias judiciales favorables. Cuanto tiempo y dinero  perdido. El Polígono Industrial de Laredo, "No se podía hacer", bastó una propuesta jurídica objetiva y razonable, respetando los intereses en conflicto y legislación medioambiental, para que fuera inmediatamente suscrito un acuerdo histórico con todas las Asociaciones ecologistas, de empresarios, de trabajadores, Administración Regional y Ayuntamiento. En un año, las empresas conserveras se habían reubicado en el Polígono. ¿Qué habría pasado si no se hubiera buscado y aceptado esa solución realista y justa? La respuesta es terrible, el Polígono Industrial 14 años paralizado con recursos judiciales, el cierre de las Empresas de Laredo y su traslado a otros polígonos, novecientos puestos de trabajo perdidos en nuestro municipio. La obstinación no es buena ni aún cuando se tiene razón. Cuando confluyen varios intereses en conflicto muchas veces hay que ceder algo para conseguir mucho más. Tampoco es admisible que 60 familias de Santoña hayan tenido que estar pleiteando durante 17 años, con los sucesivos Ministerios competentes en materia de Costas, para que finalmente los Tribunales de las dos jurisdicciones, llegasen al acuerdo obvio y unánime de que los terrenos urbanos de propiedad privada con las antiguas leyes de Puertos y Costas, transformados antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1.988,  deben entenderse legítimamente desafectados y ajenos al concepto actual ampliado de dominio público. Por eso creo que, y es especialmente relevante en estos tiempos de crisis del sector inmobiliario y empresarial, hemos de asumir en las Administraciones que todas las iniciativas y proyectos positivos, sean públicos o privados, si buscamos las soluciones: "Sí, se pueden hacer". Asimismo, que los conflictos sociales por motivo de la aplicación de la LC, por sentencias de derribo debidas a actos ilícitos de las propias  Administraciones y otros supuestos afines, se pueden resolver. Tenemos la obligación de hacerlo por imperativo del art 10.2 de la CE y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Afortunadamente hay muchos empleados públicos, en todas las Administraciones, que seguimos estas premisas, que nos preocupamos de buscar soluciones a estos y otros conflictos, porque si hemos aguantado en nuestros puestos es únicamente porque tenemos verdadera vocación de servicio público. Es hora de que la sociedad empiece a mentalizarse, a dejar de generalizar en sus críticas y que las Administraciones consigamos que los ciudadanos dejen de vernos como a enemigos.
Paz Villalobos Nicieza, abogada letrada-jefe del Ayuntamiento de Laredo.

lunes, 2 de enero de 2012

El periodista Yeray González denuncia en un documental la aplicación arbitraria de la Ley de Costas en Canarias

Ayer se presentó en Fuerteventura ‘A Nuestra Costa’, trabajo que expone el distinto uso de la normativa para favorecer los grandes complejos turísticos y eliminar núcleos costeros emblemáticos como Los Molinos, Chovito, Ojos de Garza o El Golfo

La arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Costas es la temática principal de ‘A Nuestra Costa’, trabajo documental en que el periodista Yeray González Nuez se estrena como realizador abordando distintos casos particulares que en Canarias ponen de manifiesto el diferente uso que se hace de la normativa para favorecer los grandes complejos turísticos que pueblan el litoral, por un lado, y por otro para eliminar núcleos costeros emblemáticos y de tradición pesquera como Los Molinos y El Puertito de Jandía en Fuerteventura, Chovito en Tenerife, Ojos de Garza en Gran Canaria o  El Golfo en Lanzarote.

La presentación de ayer, celebrada en el Centro Bibliotecario Insular, contó con la introducción al documental por parte de su autor, y con la asistencia de numerosos colectivos vecinales que en la Isla majorera se encuentran afectados por la problemática de Costas, como los mencionados Los Molinos y El Puertito, o Majanicho. En representación del Cabildo de Fuerteventura, que cedió las instalaciones del centro para la ocasión, acudió el consejero de Cultura y Patrimonio Histórico, Juan Jiménez.

“Lo que queremos es denunciar el doble rasero que existe entre los asentamientos costeros de Canarias, algunos de ellos centenarios, y los complejos turísticos y hoteleros que de la mano del poder económico encuentran cabida para ocupar el litoral, obviando en muchos casos la presencia de elementos medioambientales, etnográficos o patrimoniales”, relata el propio Yeray González al inicio de la cinta.

El rodaje del documental se llevó a cabo durante seis meses de 2010, utilizando otros cuatro meses para la edición del material recopilado. Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, las cuatro islas del archipiélago con mayor masificación urbanística en el litoral, acogen los cuatro capítulos y escenarios principales del trabajo. Una quinta localización fue Madrid, donde se entrevista al director General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pedro Antonio Ríos.

Por parte de los principales afectados, innumerables vecinos y representantes de las asociaciones que defienden los derechos de los asentamientos costeros aparecen en el documental denunciando los hechos. El presidente del Cabildo, Mario Cabrera, y el alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales, son otros dos de los testimonios que en representación de las instituciones públicas aparecen en el documental, en este caso apoyando a los colectivos vecinales.

Todos estos diferentes puntos tratan de ofrecer una visión lo más objetiva posible de un problema que afecta en mayor medida a la sociedad canaria, por tener ésta un contacto directo y continuado con la costa y el mar.

Además, este trabajo también pone de manifiesto el deterioro del actual modelo turístico implantado en las Islas Canarias, y que basa casi toda su desarrollo en la costa, produciendo un gran desgaste en la misma. Como alternativa, se ofrece la posibilidad de desarrollar la actividad turística en el litoral de una manera más sostenible y en consonancia con el medio ambiente. En este sentido, los pequeños y tradicionales pueblos pesqueros suponen un atractivo reclamo para el turista del siglo XXI, el cual busca un destino diferenciado del resto, y cada vez más alejado de la masificación hotelera reinante en el archipiélago.

En definitiva, este documental intenta ofrecer una visión diferente sobre la aplicación de la Ley de Costas en Canarias, sus consecuencias y su influencia en la idiosincracia de la sociedad canaria. Así como en el actual modelo de desarrollo económico de las islas: el turismo.

Nota. Para ampliar información o realizar entrevistas se puede contactar con Yeray González Nuez en el teléfono 667563562.