LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

martes, 3 de enero de 2012

SÍ, SE PUEDE HACER ( PAZ VILLALOBOS NICIEZA. abogada letrada-jefe del Ayuntamiento de Laredo.)

Mi experiencia en la Administración durante 27 años me ha enseñado que los Técnicos nos movemos en unos márgenes muy estrechos. Cada vez que un ciudadano nos presenta un proyecto, demasiadas veces le decimos "lo siento pero no se puede hacer", "tiene razón pero no puedo ayudarle".
Cuando los políticos nos presentan una actuación de interés público muchas veces les decimos " "es que el artículo ..dice...".  Nos han metido tanto miedo con el riesgo de ser acusados de prevaricación que no nos atrevemos a saltar los obstáculos que, solo aparentemente, se oponen para alcanzar los intereses públicos, para ayudar a los administrados a desarrollar sus actividades comerciales, empresariales, etc. Para buscar el apoyo jurídico de esa razón que les reconocemos y no nos atrevemos a argumentar porque el artículo x dice.  Personalmente creo que hemos de asumir el riesgo de buscar soluciones jurídicas, que siempre las hay, cuando lo que se persigue es la consecución de una resolución justa y acorde al sentido común. Nuestro Derecho, afortunadamente no consta de un único artículo, podemos relacionarlo con otros muchos, con las decisiones jurisprudenciales españolas y de los Tribunales europeos, con el respeto a los derechos y principios protegidos en nuestra Carta Magna y en la Carta Europea de Derechos Humanos.
Así, podremos comprobar, afortunadamente, que todas las cosas justas y valiosas para la sociedad, sí, se pueden hacer. Y si no es así entonces habrá que modificar la ley. Nos evitaríamos un sin fin  de pleitos y los Abogados nos dedicaríamos a buscar soluciones y participar en todos los procesos de redacción de normas, planteamiento de convenios y concertación de los particulares, empresas y asociaciones con la Administración. Los Tribunales se descargarían de un montón de procesos bizantinos, totalmente innecesarios y se dedicarían más a innovar y aplicar también la jurisprudencia europea y todas las resoluciones serían más justas. Nosotros podríamos intentar "hacer" en lugar de paralizar o deshacer lo andado. Tampoco cuesta tanto estimar los recursos en vía administrativa cuando alguien tiene razón, ni proponer el allanamiento en vía judicial si la otra parte defiende un derecho del que ha sido privado.
Personalmente he pasado 14 años defendiendo judicialmente el Sector IV de Laredo, tres años más otros compañeros, porque: "No se podía hacer". Finalmente: "Se está haciendo", tras 4 sentencias judiciales favorables. Cuanto tiempo y dinero  perdido. El Polígono Industrial de Laredo, "No se podía hacer", bastó una propuesta jurídica objetiva y razonable, respetando los intereses en conflicto y legislación medioambiental, para que fuera inmediatamente suscrito un acuerdo histórico con todas las Asociaciones ecologistas, de empresarios, de trabajadores, Administración Regional y Ayuntamiento. En un año, las empresas conserveras se habían reubicado en el Polígono. ¿Qué habría pasado si no se hubiera buscado y aceptado esa solución realista y justa? La respuesta es terrible, el Polígono Industrial 14 años paralizado con recursos judiciales, el cierre de las Empresas de Laredo y su traslado a otros polígonos, novecientos puestos de trabajo perdidos en nuestro municipio. La obstinación no es buena ni aún cuando se tiene razón. Cuando confluyen varios intereses en conflicto muchas veces hay que ceder algo para conseguir mucho más. Tampoco es admisible que 60 familias de Santoña hayan tenido que estar pleiteando durante 17 años, con los sucesivos Ministerios competentes en materia de Costas, para que finalmente los Tribunales de las dos jurisdicciones, llegasen al acuerdo obvio y unánime de que los terrenos urbanos de propiedad privada con las antiguas leyes de Puertos y Costas, transformados antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1.988,  deben entenderse legítimamente desafectados y ajenos al concepto actual ampliado de dominio público. Por eso creo que, y es especialmente relevante en estos tiempos de crisis del sector inmobiliario y empresarial, hemos de asumir en las Administraciones que todas las iniciativas y proyectos positivos, sean públicos o privados, si buscamos las soluciones: "Sí, se pueden hacer". Asimismo, que los conflictos sociales por motivo de la aplicación de la LC, por sentencias de derribo debidas a actos ilícitos de las propias  Administraciones y otros supuestos afines, se pueden resolver. Tenemos la obligación de hacerlo por imperativo del art 10.2 de la CE y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Afortunadamente hay muchos empleados públicos, en todas las Administraciones, que seguimos estas premisas, que nos preocupamos de buscar soluciones a estos y otros conflictos, porque si hemos aguantado en nuestros puestos es únicamente porque tenemos verdadera vocación de servicio público. Es hora de que la sociedad empiece a mentalizarse, a dejar de generalizar en sus críticas y que las Administraciones consigamos que los ciudadanos dejen de vernos como a enemigos.
Paz Villalobos Nicieza, abogada letrada-jefe del Ayuntamiento de Laredo.