LA VERDAD SOBRE LA LEY DE COSTAS (incluida en el informe auken)

"A NUESTRA COSTA" de Yeray Gonzalez. Un documental politicamente incorrecto

A Nuestra Costa (2011) from Antidoto Sonoro on Vimeo.

domingo, 9 de octubre de 2011

Cho Vito tres años después (Antonio Alonso Orihuela)

(foto arribalasqueluchan.org)
Hoy hace tres años. Tres años de destrucción; de esa destrucción silenciosa que lo asola todo a su paso, pero que solo derriba lo físico. El alma de este pueblo, de sus vecinos, sigue intacto; y seguirá así, grabada en la historia del municipio de Candelaria, de Tenerife y de Canarias para vergüenza de muchos.

Y todo motivado por la aplicación de la Ley de Costas; una ley que, desde su tramitación, en el año 1988, ha sido muy polémica; más de seiscientas enmiendas al articulado y siete a la totalidad; que durante el debate de la misma, en el Congreso, se la denominó una ley "bolchevique"; y su fin, según el ministro del momento, Javier Sáenz de Cosculluela, era proteger el 40% de las costas, que en aquel momento estaba virgen; una norma que durante los veintitrés años de vigor no ha cumplido sus objetivos; hoy en día, la costa está en peor estado que hace dos décadas: se han permitido urbanizaciones, puertos deportivos, hoteles y hasta alguna casa de ministro, duquesa, actor, arquitecto, periodista o simplemente afín al actual gobierno, y, por supuesto, no ha protegido ni el 10% de la costa; eso sí, han desaparecido pueblos enteros que llevaban más de medio siglo de antigüedad, anteriores a cualquier ley de costas, con títulos de propiedad y derechos adquiridos.

Cho Vito fue castigado con una aplicación brutal de la Ley de Costas; fue una lección que quiso dar el Estado a todos los afectados de esta inútil norma en todo el litoral español. Fue un aviso a cada una de las más de cuatrocientas mil familias afectadas en España.
Pero cuando se usa el poder en contra de los ciudadanos el asunto normalmente acaba mal, y como resultado tuvimos una desproporcionada y desafortunada acción por parte de las fuerzas de seguridad del Estado (que simplemente cumplían ordenes), un alcalde que permitió la acción, y que según iban pasando las horas se escondía en su despacho, no atendía al teléfono y decía que "era el peor día de su mandato". Peor, mucho peor, lo pasaron los vecinos, señor alcalde. Y, por supuesto, todo un conjunto de políticos canarios que, mientras los vecinos clamaban una llamada por parte de alguno de ellos, simplemente, desconectaron el teléfono, se escondieron y abandonaron a un buen número de ciudadanos. Fue lamentable ver a un Gobierno autónomo no pedir explicaciones al respecto. La ley es una; las aplicaciones de la misma, muchas.

Días después llegaron las explicaciones; vamos, si se puede llamar así al sinfín de mamarrachadas, sandeces y estupideces que difundió la administración del Estado para intentar justificar la acción llevada a cabo; para muestra, un botón: "Se han encontrado cócteles molotov y artefactos incendiarios en las inmediaciones de Cho Vito..."; "tenemos plenamente identificado..."; "debido al gran despliegue no se produjeron más males...". En fin, reitero lo escrito, sandeces y estupideces.
Adivina adivinanza ¿cuales son las viviendas que están amenazadas de derribo?
En Canarias, permitimos la desaparición de núcleos costeros y construimos hoteles y playas artificiales. El resultado, cientos de complejos turísticos, con playas artificiales exclusivas, construidos, recreando la arquitectura canaria, sin darse cuenta de que lo que hacen es un simple decorado, cartón piedra, pues la auténtica arquitectura tradicional costera ya existe, y permiten que se destruya. Se permiten aberraciones urbanísticas en la costa, con rellenos al mar, desmontando acantilados, y los únicos que incumplen la ley son los pueblos como Cho Vito, Tufia, Bajo la Cuesta, el Caletón o el litoral de Anaga o Agache. Esa premisa de la Dirección General de Costas, "recuperar lo que es de todos para el disfrute de todos", con las urbanizaciones que impiden el acceso al mar, los puertos deportivos y demás, se queda como un simple deseo, incumplido por quienes tienen que proteger la costa, o sea, por ellos mismos. Esa es la ley, mientras en un hotel del sur se celebra una boda privada, cerrando los accesos a la costa un fin de semana, se condena a un ayuntamiento (de distinto color político al del gobierno central) a pagar una multa de varios miles de euros por una hoguera la noche de San Juan; derriban Cho Vito, y el hotel Papagayo Arena, en Lanzarote, con sentencia firme de demolición mucho antes que Cho Vito, es salvado del derribo por la mismísima ministra, en un claro ejemplo de que la justicia es política.

Tres años después, Cho Vito ha pasado por las manos de tres ministras, otros tantos directores generales y un solo jefe de demarcación. Han pasado por lo que queda del pueblo periodistas, nacionales y extranjeros, concejales, consejeros, asesores, historiadores y cientos, miles, de personas anónimas que se han acercado a dar su apoyo a los vecinos, a charlar con ellos, y un solo alcalde, que la última vez que se le vio por la zona comía paella y bebía vino en compañía de los vecinos; ironía y cinismo de aquel que vendió y abandonó a los vecinos.

Cho Vito no es el lugar pintoresco que era hace tres años. Ni por asomo se percibe la armonía pintoresca del lugar. Pero se ha convertido, casi sin quererlo, en un referente en la lucha contra la aplicación de la Ley de Costas a nivel nacional e internacional. Día tras día, se reciben mensajes de ánimo de todas las partes del mundo, y desde Bruselas se tramita una visita de varios eurodiputados a la zona para vivir el día a día de los vecinos; de cómo se accede a sus casas, cómo tienen que convivir con las obras eternas, del polvo y cortes de agua, pero sobre todo de cómo se utilizaron fondos europeos para violar derechos fundamentales, como es el derecho a la propiedad de las personas. Europa no puede permitir "que una ardilla esté más protegida que los derechos de las personas", comentaba el eurodiputado alemán Jarr cuando le enseñamos las fotografías, planos y escrituras de este núcleo costero.
Y mientras, los vecinos que aún residen en Cho Vito, y los que fueron desalojados, muchos sin hogar ninguno, sin poder recuperar todos sus muebles y enseres, seguimos luchando como lo haría cualquier canario, cualquier español, en nuestra misma situación, sin que tan siquiera se nos escuche (por parte de la Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, o simplemente por alguno de esa multitud de cargos políticos puerilmente sectarios de esta ley) tras varios años; seguimos aferrándonos a nuestra razón, a nuestras escrituras legales, al pago de impuestos, tres años después de haber perdido la vivienda; seguimos luchando, pues solo existía un motivo para derribar Cho Vito: la aplicación caprichosa, retroactiva y confiscatoria de la Ley de Costas.