La propuesta plantea que el muro del paseo marítimo sirva de deslinde entre la zona pública y la privada.El Ayuntamiento ha elaborado por propia iniciativa, y pese a no tener competencias para ello, un documento que contempla la propuesta de deslinde de la franja marítima entre las barriadas de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias, Playa Virginia y La Araña, que suponen un total de 517 casas, con 1.523 vecinos.
La propuesta, que fue presentada ayer a los vecinos, plantea que el actual muro de ribera sea el que sirva de deslinde entre el dominio público marítimo-terrestre y el dominio privado. Con esta solución, las casas quedarían en la parte privada que sería desafectada del dominio público y las casas puedan ser legalizadas.
En la reunión estuvieron presentes el alcalde, Francisco de la Torre; el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz; la delegada del distrito, Teresa López, y representantes vecinales de las asociaciones de vecinos de La Araña, Zona Popular, Rebalaje, El Palo, Pedregalejo, federación Unidad, la asociación de empresarios Málaga Este y Aehma.
A pesar de no ser la entidad con competencias par ello, el Ayuntamiento «ha estimado procedente tomar la iniciativa y agilizar este procedimiento para que el Ministerio de Medio Ambiente desarrolle las medidas necesarias para ofrecer a los residentes de las casas afectadas una solución definitiva para que esos inmuebles dejen de ocupar terreno público».
El estudio elaborado por la Gerencia de Urbanismo será entregado ahora a las asociaciones vecinales y sociales para que lo estudien y realicen las aportaciones que crean necesarias.
El documento se llevará al pleno municipal de este mes de junio, para que pase a exposición pública una vez aprobado; paralelamente se remitirá a la administración del Estado, a la Junta y demás órganos administrativos públicos que pudieran resultar afectados o interesados, para su toma de conocimiento.
El periodo de exposición pública para alegaciones estará abierto hasta finales de septiembre. Volverá entonces al pleno del Ayuntamiento de octubre para que, una vez ratificado, se acuerde s0licitar al Ministerio de Medio Ambiente que inicie de oficio el procedimiento de deslinde para que las casas afectadas dejen de ocupar terreno público y sus propietarios puedan obtener una solución definitiva que les permita consolidar la propiedad de sus viviendas.
La franja litoral afectada comprende dos tramos. El ocupado por más viviendas va desde la calle Ángel Guimerá hasta El Candado, de 2.340 metros y 497 viviendas. El segundo tramo comprende desde El Candado hasta la barriada de La Araña, de 2.026 metros y 20 casas.
En el procedimiento de revisión actual del PGOU, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino emitió dos informes, uno con fecha 13 de febrero de 2009 y otro de 24 de julio del mismo año, donde se señala que las viviendas existentes en las citadas barriadas «deben quedar fuera de ordenación y estarán sujetas a las determinaciones establecidas en la Ley de Costas», instando al Consistorio a modificar el PGOU en tal sentido.
No obstante, desde el Ayuntamiento se tiene en cuenta la realidad de las barriadas, que permanece inalterable desde 1988, además de las medidas de defensa adoptadas al efecto, donde ya en los 80 fue construido el paseo marítimo que estableció, mediante la construcción de un muro bajo, el límite de la ribera del mar, y valoró también que el citado dominio público se encontraba deslindado de forma parcial cuando entró en vigor la Ley de Costas.
La propuesta, que fue presentada ayer a los vecinos, plantea que el actual muro de ribera sea el que sirva de deslinde entre el dominio público marítimo-terrestre y el dominio privado. Con esta solución, las casas quedarían en la parte privada que sería desafectada del dominio público y las casas puedan ser legalizadas.
En la reunión estuvieron presentes el alcalde, Francisco de la Torre; el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz; la delegada del distrito, Teresa López, y representantes vecinales de las asociaciones de vecinos de La Araña, Zona Popular, Rebalaje, El Palo, Pedregalejo, federación Unidad, la asociación de empresarios Málaga Este y Aehma.
A pesar de no ser la entidad con competencias par ello, el Ayuntamiento «ha estimado procedente tomar la iniciativa y agilizar este procedimiento para que el Ministerio de Medio Ambiente desarrolle las medidas necesarias para ofrecer a los residentes de las casas afectadas una solución definitiva para que esos inmuebles dejen de ocupar terreno público».
El estudio elaborado por la Gerencia de Urbanismo será entregado ahora a las asociaciones vecinales y sociales para que lo estudien y realicen las aportaciones que crean necesarias.
El documento se llevará al pleno municipal de este mes de junio, para que pase a exposición pública una vez aprobado; paralelamente se remitirá a la administración del Estado, a la Junta y demás órganos administrativos públicos que pudieran resultar afectados o interesados, para su toma de conocimiento.
El periodo de exposición pública para alegaciones estará abierto hasta finales de septiembre. Volverá entonces al pleno del Ayuntamiento de octubre para que, una vez ratificado, se acuerde s0licitar al Ministerio de Medio Ambiente que inicie de oficio el procedimiento de deslinde para que las casas afectadas dejen de ocupar terreno público y sus propietarios puedan obtener una solución definitiva que les permita consolidar la propiedad de sus viviendas.
La franja litoral afectada comprende dos tramos. El ocupado por más viviendas va desde la calle Ángel Guimerá hasta El Candado, de 2.340 metros y 497 viviendas. El segundo tramo comprende desde El Candado hasta la barriada de La Araña, de 2.026 metros y 20 casas.
En el procedimiento de revisión actual del PGOU, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino emitió dos informes, uno con fecha 13 de febrero de 2009 y otro de 24 de julio del mismo año, donde se señala que las viviendas existentes en las citadas barriadas «deben quedar fuera de ordenación y estarán sujetas a las determinaciones establecidas en la Ley de Costas», instando al Consistorio a modificar el PGOU en tal sentido.
No obstante, desde el Ayuntamiento se tiene en cuenta la realidad de las barriadas, que permanece inalterable desde 1988, además de las medidas de defensa adoptadas al efecto, donde ya en los 80 fue construido el paseo marítimo que estableció, mediante la construcción de un muro bajo, el límite de la ribera del mar, y valoró también que el citado dominio público se encontraba deslindado de forma parcial cuando entró en vigor la Ley de Costas.
El ministerio ya modificó el deslinde en el litoral de Barcelona, pero no para salvar 517 viviendas, sino para que se pudiera construir en los terrenos ganados al mar contraviniendo la Ley de Costas. ¿Qué excusa va a poner para negar el mismo trato a Málaga o al resto de España que a Barcelona?
Plano de modificación del deslinde de Barcelona para su posterior desafectación y entrega al Ayuntamiento.