“Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.
Concesiones
El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.
Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.
Caso Cho Vito
La casa de Antonio Alonso estaba escriturada en el año 1953. Había pertenecido a su familia desde siempre. Comenzaron a recibir cartas de Costas anunciando el derribo de su propiedad, ya que su casa, como las del resto de habitantes de El Cho Vito, pertenecía a suelo público. En la sexta y última carta, le advertían de que el derribo de su casa costaría al Estado 18.000 euros, que tendría que pagar de su bolsillo. En octubre de 2008 derribaron su casa. Antonio todavía no tiene sus enseres, ni muebles, ni ropas, ni documentos, ya que fueron destruidos por el operativo.
Sin embargo, sigue pagando el IBI y los impuestos correspondientes a la casa. Él ahora vive de alquiler, pero muchos de los propietarios de las 23 casas que tiraron no tenían dinero ni otro sitio adonde ir y malviven como pueden, en casas de familiares.
Todos ellos mantienen la esperanza de que les devuelvan sus casas desde el día 22 de marzo, que llevaron su caso al Parlamento Europeo. “La práctica totalidad del arco parlamentario nos dio la razón”. Sin embargo, Antonio sabe que “lo que está en juego es muy gordo. Hay un proyecto de construir 15 adosados de lujo y 1 puerto deportivo en el Cho Vito; los pobres no cabemos ahí”.
La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, afirma que, “con los deslindes, el negocio está asegurado para siempre” y denuncia a LA GACETA las malas prácticas de la Dirección General que ostenta Alicia Paz. “Costas se vale de su poder y del dinero público e incluso del europeo para chantajear a los ayuntamientos cuando piden que saquen de ordenación edificios completamente legales para poder derribarlos y poder hacer las infraestructuras que ellos deciden. Cuando un ayuntamiento se opone, como es el caso más reciente de Puerto Naos en La Palma (Canarias), Costas le retira las infraestructuras prometidas. Estos casos se dan en toda la costa española”. La GACETA se ha dirigido a la Dirección General de Costas y su respuesta fue breve: sus “actuaciones están amparadas por el Constitucional”.
Estos argumentos no son válidos para Europa. El Parlamento Europeo no deja de amenazar a España, con la retirada de fondos, si no es capaz de solucionar los problemas derivados de la aplicación de esta ley, que inunda de casos flagrantes todo el litoral español.
Molino del s. XVII
El molino de mareas Portu Errota, en la vizcaína ría de Urdaibai, data de 1683. La familia de Jon Iturribarria, su actual “ocupante”, como lo han definido las autoridades, adquirió la propiedad hace 50 años y desde entonces ha invertido millones de euros en restaurarlo y ponerlo en funcionamiento. El molino, que además es vivienda, fue declarado monumento por la Diputación de Vizcaya.
“En 1996, antes de realizar el deslinde en la zona, me dijeron que la casa no es nuestra”, recuerda Jon. Después de años de litigio, el TC dictó sentencia hace mes y medio ratificando que el terreno en el que vive es público, como había afirmado Costas.
“Roban propiedades y luego dicen que estamos usurpando el dominio público”, afirma Jon, quien se pregunta qué argumento tiene Costas para adueñarse de su terreno cuando en la zona hay otros dos molinos iguales (más cercanos al mar) que no han sido afectados por el deslinde.
La batalla legal sobre el molino de Portu Errota dura ya tres lustros. “15 años de juicios no hay persona ni economía que lo aguanta”, reconoce Jon. El caso ya ha llegado al Parlamento Europeo, que ha recibido ya varias denuncias sobre la aplicación de la Ley de Costas. Según afirma el habitante del molino, la Administración juega con el desgaste de los ciudadanos. “Cuentan con que la gente se quema”, advierte.
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