La visita de José Blanco a Reino Unido para vender vivienda vacacional en España ha provocado una virulenta reacción de amplios sectores de la sociedad británica, que consideran un "insulto" que les vengan a promocionar un mercado donde unos 50.000 británicos han perdido su dinero porque sus viviendas se han declarado ilegales o no han recuperado la señal que dieron para pisos que nunca se construyeron.
Es decir, el mensaje del ministro de Fomento yerra el tiro, según buena parte de la prensa británica: no se trata de ofrecer grandes descuentos, sino de solucionar los graves problemas de inseguridad jurídica que plantea España a los inversores extranjeros. Y no se trata de la habitual antipatía de los ingleses hacia nuestro país, sino que es un asunto que ha llegado al Parlamento Europeo.
Las historias son de dos tipos. Por un lado, están aquellos pisos comprados en la costa española hace tiempo, incluso en los años 70, y que de repente fueron declarados ilegales de forma retroactiva por la reforma de la Ley de Costas de 2008. Eso significa que pueden seguir disfrutando del uso de la vivienda pero no pueden venderla ni dejarla en herencia a sus hijos. Es más, si el ayuntamiento de turno lo considera de interés público, puede eliminar esa concesión en cualquier momento.
Por otro lado, tenemos a los británicos que compraron sobre plano en plena burbuja inmobiliaria, cuyas viviendas nunca se construyeron por quiebra del promotor, falta de liquidez, etc., o también fueron declaradas ilegales por carecer de alguna licencia.
Aquí la batalla se plantea con la banca, porque lo que pretenden estos compradores, como es lógico, es recuperar la señal entregada. Y se encuentran con que muchos bancos y cajas donde se suponía que estaba depositado su dinero se niegan a dárselo. Lo cual les aboca a ir a los tribunales, y prueban en sus carnes la velocidad habitual de la Justicia española.
Una imagen pésima
Ambos casos se juntan y el resultado es que los británicos se quedan con la imagen de que en España reina una inseguridad jurídica total; de que te pueden quitar tus derechos de propiedad o tu dinero en cualquier momento... aunque hayas hecho tu inversión con un respecto escrupuloso a las leyes vigentes y hayas pagado religiosamente todos los impuestos.
Y con tantos casos de este tipo -unos 50.000 según Bloomberg-, que aparezca ahora Blanco a vender más pisos se considera una tomadura de pelo. Y más aún sus afirmaciones de que España es un mercado transparente y bien regulado.
El Parlamento Europeo toma cartas en el asunto
Existen varias organizaciones en Reino Unido que agrupan a los afectados y han llevado este asunto hasta el Parlamento Europeo. Varios eurodiputados británicos han llegado a pedir que se congelen los fondos comunitarios que recibe nuestro país hasta que resuelva las lagunas legales que han dado pie a estos problemas.
Diana Wallis, vicepresidenta de la eurocámara, asegura que no se debería permitir a ningún Estado miembro aplicar de forma retroactiva o arbitraria leyes que afecten a los derechos de propiedad. Ayer se mostró tajante: "Me gustaría preguntar al señor Blanco cómo piensa que nadie va a comprar una vivienda en España si no va a tener tranquilidad de espíritu. Sobre la base de lo que he visto, es un campo de minas, y francamente, aconsejaría no tocarlo".