E.A/A.G ¿Tienen razón los propietarios de Can Ganxo cuando se quejan porque Costas les quiere derribar la casa de Tuent? ¿Hay una ley para los poderosos y otra para los comunes? ¿Es posible que aquéllos que se pueden pagar unos buenos abogados enreden las madejas administrativas para mantener sus propiedades ilegales en la costa, e incluso encima del mar? ¿Es imaginable que el Gobierno central consienta diferencias según las influencias de los afectados? ¿Pueden ser perseguidos y sancionados los que no tienen recursos hasta el punto de que sus propiedades sean demolidas, y a costa suyo? En España, todas estas preguntas se responden con un «sí». Y si alguien se pregunta si la Ley de Costas de 1988 es igual para todos, la respuesta es «no».
En teoría, el dominio público marítimo-terrestre está a disposición de todos los ciudadanos. El artículo 27 de la Ley establece una servidumbre de paso sobre la franja de los 6 metros desde el límite interior de la ribera del mar. «Esta zona -dice la norma- se tendrá que dejar permanentemente expedita para el paso público peatonal». Pero eso no será así si el afectado tiene capacidad para pleitear con el Estado. Los hechos demuestran que la ley del Gobierno de Felipe González sólo tiene validez para los humildes, para los que no pueden o no saben pleitear con el Estado.
Estos días se vive el caso de Can Ganxo. La casa está condenada porque el ministro Jaume Matas así lo decidió en un acto de discrecionalidad. La vivienda fue construida de manera legal hace más de cien años y es una propiedad privada. Se da la circunstancia de que el propietario, Pere Vicens, conocido nacionalista de Escorca, mantenía una polémica agria con el ex conseller de Obras Públicas de Matas, José Antonio González Ortea, por el uso de unos terrenos en sa Calobra. ¿Tuvo algo que ver esta disputa con la firma de Matas para demoler Can Ganxo? En 2001 el ministro inició la vía para derribar la casa y, también, para la legalizar una piscina en la costa de Son Servera sobre la que existía un proceso abierto de demolición. El beneficiario era un amigo suyo, Pedro J. Ramírez. La ley prohibía aquel acto de Matas por multitud de razones, como la privatización de los terrenos. La ex ministra Tocino no había querido firmar, pero Matas sí que lo hizo.
Hoy por hoy, Vicens tiene que pagar el derribo valorado en 350.000 euros. Por contra, Ramírez moderniza su piscina con barandillas y placas solares.