Los propietarios de las viviendas denuncian una vulneración del derecho al respeto de sus bienes
Los propietarios de las viviendas de Cerrias 1 (Liencres) -sobre las que pesa una sentencia de derribo- mantuvieron ayer, lunes, una reunión con los abogados que les representan para perfilar los detalles del recurso que los letrados presentarán el próximo día 9 de enero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, documento en el que denuncian una vulneración del derecho al respeto de sus bienes y piden que acuerde «de inmediato» la paralización de la ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
En el recurso, los vecinos solicitan que el Tribunal «admita la demanda y le dé curso y, previas las comprobaciones y trámites que procedan, declare que los poderes públicos españoles, por acción o por omisión, han vulnerado el derecho de los demandantes al respeto de sus bienes». Igualmente, piden que «mientras se sustancia la demanda, y de conformidad con el artículo 39 del Reglamento del Tribunal, acuerde de inmediato la medida provisional consistente en paralizar la ejecución de la sentencia acordada en el auto recurrido».
Y ello, añade el documento, «por ser de todo punto oportuno a la defensa de los intereses que los demandantes invocan ante el tribunal y para prevenir que la vulneración que denuncian, por parte de los poderes públicos españoles, se consuma con la demolición de las viviendas de las que son propietarios».
Respeto a los bienes
El texto, al que se adjunta un relato de los hechos sintetizado aunque ampliamente documentado, se remite al artículo 1 del Protocolo Adicional Primero del Convenio, que dispone que «toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional».
Para los propietarios de las viviendas, «lo que aquí está en juego es algo más grave que una garantía expropiatoria deficientemente aplicada o de una reglamentación de la propiedad de carácter abusivo». Se trata, «lisa y llanamente», añade el recurso, «de la afectación más radical del derecho de propiedad sin más contrapartida ni horizonte compensatorio que emprender un complejo y tortuoso procedimiento judicial de resultados poco esperanzadores».
Como quiera que el Tribunal Europeo dispondrá de un plazo de cuatro a seis meses para decidir si admite o no a trámite el recurso elevado por les vecinos de Cerrias, y considerando que el TSJC ha dado un plazo de seis meses para que la ejecución de la sentencia se lleve a efecto, los abogados solicitarán al Tribunal de Estrasburgo que acuerde «de inmediato» la «paralización» de la ejecución de la sentencia, pues pudiera darse el caso de que para cuando admita a trámite el documento, si lo hiciera, las casas ya hayan sido demolidas. Sería una desgraciada paradoja.
EDIFICACIONES CON TODAS LAS BENDICIONES DE COSTAS Y SIN QUE NINGÚN GRUPO ECOLOGÍSTA HAYA PEDIDO SU DERRIBO
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