Demanda "restablecer la seguridad jurídica" de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" antes de la aplicación de la vigente ley
El pleno del Senado ha aprobado, por 177 votos a favor (PP, CiU, Entesa Progrés Cataluña, Grupo Vasco y Grupo Mixto) y 75 en contra (PSOE), una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988, para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo, así como con los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en estas zonas del litoral.
La iniciativa es resultado de una enmienda transaccional de una moción inicial, por la que se reclama flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre, para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio publico marítimo terrestre por establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.
Asimismo, la moción pide adecuar la compensación de los derechos adquiridos "de buena fe y de forma legítima" con anterioridad a la aplicación de la vigente ley, "restableciendo seguridad jurídica" que la mayoría de grupos han manifestado, en el pleno del Senado, que falta en la actualidad.
Igualmente, propone que se estudie la paralización de las actuaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Costas hasta que se pueda modificar la ley 22/1988, cancelando "todos" los actos administrativos.
LA LEY ACTUAL NO FRENÓ LA "DEPRAVACIÓN MEDIOAMBIENTAL"
Durante la defensa de la moción, la senadora del PP Patricia Navarro ha denunciado la "aplicación injusta y arbitraria" de la actual normativa vigente que ha llevado al anterior Gobierno socialista a poner "en vilo a propietarios de viviendas y negocios".
Así, ha dicho que mientras que la Ley de 1988 llegó para "poner freno" a los abusos en las costas, en todo el litoral se observan "ejemplos de la depravación medioambiental (...) pero que, aprovechando sus ambigüedades o vacíos, ha servido al Gobierno del PSOE para vulnerar los derechos" de ciudadanos españoles y extranjeros y a violar el principio de no retroactividad de las normas.
A su juicio, la peor consecuencia de esta tropelía no es la legal, sino el drama personal y familiar de quienes ven la expropiación o demolición de su vivienda o negocio sin poder hacer nada, al tiempo que ha añadido que otros "grandes afectados" son los dueños de los chiringuitos. "Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre 20 años después de ser aprobada", ha apostillado.
PSOE CREE QUE LA REFORMA SERÁ EN 15 DÍAS
Por su parte, el senador socialista Miguel Fidalgo ha asegurado que el Gobierno llevará "el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros" una reforma de la Ley de Costas, por lo que ha criticado la "precampaña que está realizando" el PP. Además, ha criticado cada reunión del Ejecutivo es "una sorpresa de contrarreformas, retrocesos en los avances y libertades con la disculpa de la crisis".
Por ello, ha defendido que la Ley de Costas "no tiene nada que ver con la crisis" ya que ha funcionado "perfectamente" durante 24 años en los que también ha habido gobiernos del PP. "Me da la sensación de que este gobierno nos va a hacer bueno hasta a (el expresidente José María) Aznar", ha sentenciado.
En este contexto, ha ofrecido en nombre del PSOE un "pacto" en defensa de las costas públicas, ya que, en su opinión, sería un error muy grave volver atrás y aprovechar la costa para un nuevo crecimiento basado en el cemento. De hecho, ha concluido su intervención en el pleno de la Cámara Alta asegurando que esta reforma de la Ley de Costas que plantea el PP es "el proyecto de FAES" --la fundación de análisis afín al partido del Gobierno--.
VISIÓN DE LOS GRUPOS
Por su parte, el senador de Coalición Canaria en el Grupo Mixto, Narvay Quintero Castañeda, ha reclamado que en la reforma se tenga en cuenta y de participación a las comunidades autónomas y a las entidades locales.
"Queremos el mismo nivel de competencias que tienen otras comunidades autónomas", ha insistido porque ha asegurado que para Canarias, la defensa del litoral, del mar y de su medio ambiente es una cuestión "fundamental" y ha lamentado que el "desconocimiento de la realidad insular lleva a veces a la injusticia y a la torpeza".
Mientras, la senadora del Grupo Vasco Miren Loren Leanizbarrutia, ha criticado la Ley de Costas vigente porque es una norma "arbitraria", que "vulnera el derecho a la propiedad y produce confiscación", es "una perversión", "vulnera el derecho a la propiedad" y conculca principios generales del derecho, va contra la Constitución y contra los principios fundamentales europeos.
Leanizbarrutia ha pedido que la reforma de la "injusta ley" se acometa de forma "breve" y que cuando se modifique se base en criterios económicos pero siendo sostenible.
Por otro lado, el portavoz de Entesa en temas medioambientales, el senador Joan Saura, ha denunciado que el litoral español es "el más degradado" de toda la Unión Europea, porque la ley, "que ha sido buena, no se ha aplicado siempre bien".
Finalmente, ha advertido de que no se puede dejar que se siga desprotegiendo el litoral y ha apuntado a que "el PP tiene intención de incrementar la desprotección".