El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado hoy en el Congreso de los Diputados que la nueva Ley de Costas “no pretende sino corregir las arbitrariedades que ha originado la errática aplicación e interpretación de la ley vigente por parte de los gobiernos socialistas en las CCAA con litoral”.
Miguel Arias Cañete respondía así a una pregunta formulada por la diputada del grupo socialista, María Luisa Carcedo, interesada en conocer en qué medida tiene previsto el Gobierno que la modificación de la Ley de Costas cambie el modelo de gestión en la costa asturiana.
El ministro ha añadido que “la Ley de Costas respetará el reparto competencial establecido en la Constitución y en los Estatutos de autonomía”. “Como Ley estatal vamos a querer coordinar toda la política medioambiental, incluyendo la tecnología y los conocimientos científicos que la lucha contra el cambio climático incorpora”, ha añadido.
Arias Cañete también ha asegurado que la nueva norma va a cumplir con las recomendaciones del informe AUKEN, aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2009, que instaba a revisar urgentemente y, en su caso, modificar la Ley de Costas “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.
Asimismo, el ministro ha señalado que la Ley de Costas “pretende corregir las rigideces e ineficiencias que contiene la actual norma, para garantizar mejor la protección del dominio público marítimo terrestre”. Además, cambiará la forma de gestión del litoral en todas las Comunidades Autónomas, con una mejora del modelo de protección de la costa.
Un modelo, ha apuntado Arias Cañete, “en el que se respetarán los derechos y las legítimas expectativas de los ciudadanos, un modelo en el que la gestión del dominio público marítimo-terrestre se aplicará de forma homogénea en todo el territorio, no como ha ocurrido hasta ahora”. En definitiva, ha completado el ministro, “un modelo en el que la protección de nuestra costa y de sus valores ambientales vayan de la mano del desarrollo económico y social”.
En definitiva, el ministro ha señalado que la nueva ley tiene dos objetivos principales, mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa, y hacer compatible la protección del espacio natural del litoral con una actividad económica generadora de empleo y sostenible. Y eso no supone alterar los valores medioambientales del litoral español, ha concluido.