La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado de "drama" que "muchísimas familias" hayan perdido su vivienda en zonas costeras debido a los deslindes "mal organizados" que establecen el dominio público marítimo terrestre.
Así ha respondido al portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional en el Senado, Francesc Antich, que ha mostrado su "preocupación" por la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. "Es necesario también para el turismo conservar el paisaje", ha aseverado.
Antich ha pedido a la vicepresidenta que espera que con esta iniciativa "no se vuelva a las andadas" porque, a su juicio, las anteriores normativas a la Ley de Costas favorecieron la "desmesurada especulación" en el sector inmobiliario y dieron "rienda suelta" a una también "desmesurada" urbanización del litoral español.
Por su parte, la vicepresidenta ha respondido que al Ejecutivo le "preocupa mucho" la degradación del litoral español, pero también la "seguridad jurídica". A su juicio, existe un "problema real", que es el deslinde: "Si no protegemos nuestras costas, la línea que define la Ley de Costas que marca la pleamar y por la que se fija el dominio público marítimo terrestre, se va metiendo".
Como consecuencia de ello, ha indicado que hay que deslindar, "que significa que lo que antes era propiedad privada ahora se convierte en dominio público". "Eso es un drama para muchísimas familias que tienen su domicilio y sus viviendas en una zona que era propiedad privada y que como consecuencia de no proteger la costa y por deslindes no siempre bien organizados acaba siendo de dominio público", ha argumentado.
Sobre la construcción en el litoral, Sáenz de Santamaría ha recordado al senador socialista que en 2006 hubo 865.561 visados. "No hace falta mirar mucho más atrás", ha advertido la vicepresidenta, para añadir que el Gobierno ha tomado medidas en ese aspecto, ligadas a la reforma del sistema financiero, "a una valoración que ya no es real, que impide que baje el precio y la gente no pueda acceder a una vivienda". "Así damos un paso a clarificar los activos inmobiliarios en este país", ha zanjado.