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Costas culminará la tarea que comenzó en el año 2005 en el litoral de Fuencaliente, es decir, tirar las casetas que ocupan el dominio público marítimo terrestre. Esta decisión trascendió de la reunión que mantuvo ayer el subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra, con los vecinos afectados en un local social de Los Canarios, en el que aclaró el recorrido de este proceso y los plazos que se seguirán.
Y es que, según informó el subdelegado del Gobierno, el último recurso de los vecinos que pusieron ante el Tribunal Supremo para tratar de salvar sus casetas de la demolición fue rechazado y ya no caben otras instancias a las que acogerse. A la reunión asistió un gran número de vecinos, además del director insular de la Administración del Estado, Miguel Ángel Morcuende, y la senadora María de Haro.
Díaz Guerra recordó que en 2005 el anterior Gobierno de España realizó un deslinde del dominio público marítimo terrestre basado en la Ley de Costa y con él se identificaron dentro una serie de edificaciones, sobre las que se hizo un expediente de recuperación y se ordenó su demolición.
Expedientes
En el caso de Fuencaliente fueron 111 expedientes. Algunas personas autorizaron la demolición y otros presentaron un recurso de alzada, que la Dirección de Costas desestimó en 2006. Luego recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que a finales de 2008 lo desestima. Sólo seis vecinos decidieron continuar con el recurso de casación ante el Supremo a principios del año 2009, que desestimó el pasado mes de marzo.
El subdelegado lamentó que “nos hemos encontrado con esta situación después de seis años, basada en una ley de Costas que, como reconoce la Unión Europea y así se dijo en el Senado, se ha aplicado de manera arbitraria en España”.
Las personas que "autorizaron" la demolición de sus viviendas fue porque Costas les amenazó con obligarles a pagar el derribo. Son gente humilde y con una economía de subsistencia. ¿Qué podían hacer ante semejante abuso de poder? Los funcionarios de Costas lo sabían y se aprovecharon de ello.
En cuanto al subdelegado del Gobierno, ¿Cómo puede decir que van a derribar las viviendas a pesar de reconocer la arbitrariedad con que se ha aplicado una ley? El Art. 9 de la Constitución prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, y ¿aún así, sigue adelante con los planes de derribo?.....