El delegado del Govern en Formentera, José Manuel Alcaraz, se reunió ayer en Madrid con el secretario de estado y número dos de Medio Ambiente, Federico Ramos, y el director general de Costas, Pablo Saavedra, para abordar la reforma del deslinde de Costas de Formentera, que tal y como el ministro Arias Cañete anunció debe comenzarse a tramitar antes de este verano. Para Alcaraz los más importante de la reunión fue que «aunque con cautela ante las expectativas que puedan crearse, lo más prometedor de la reunión mantenida hoy es que la reforma de la Ley de Costas, del tan traído y llevado deslinde, ya no es una perspectiva o un objetivo sino que ya es un hecho y que el actual gobierno del PP va a afrontar de forma inmediata».
Nutrida reunión
Alcaraz estuvo en Madrid acompañado por María José Mayans y Vicent Tur, presidenta y vicepresidente de la plataforma de afectados por el deslinde de Formentera, la anterior presidenta, Gabriela Mayans, el portavoz en el Consell de Formentera del GUIF, Javi Serra; y Enrique Fajarnés y Pepe Sala, diputado y senador populares por las Pitiüses, respectivamente.
«Hemos trasladado al secretario de Estado de Medio Ambiente que el Govern balear apuesta por la reforma de la Ley de Costas y que se va a trabajar de forma conjunta para que la nueva redacción, el nuevo texto llegue al Parlamento incorporando las peticiones de las partes implicadas», dijo Alcaraz, que al mismo tiempo quiso agradecer a los nuevos responsables de Medio Ambiente «que nos hayan recibido en tan corto plazo de tiempo tras su toma de posesión, pero ha habido una buena entente y vamos a trabajar de forma conjunta en la redacción del nuevo texto escuchando siempre a los afectados para que puedan aportar mayor información al respecto».
Según el delegado del Govern en Formentera, «desde el Ministerio se ha mostrado una gran sensibilidad al tratarse de un caso especial ya que han reconocido que Formentera con su 82 km2 de superficie configura una situación diferenciada del resto del territorio español o de las restantes islas». Y en este sentido, Alcaraz hizo mención a que la secretaria de estado para Turismo, Isabel Borrego, se incorporó a la reunión «y mostró una gran sensibilidad al problema de Formentera, prometió la máxima colaboración y trabajo conjunto y se mostró dispuesta a apoyar en todo lo que hiciera falta para solventar el problema del deslinde en Formentera».
La propiedad privada no puede pasar al Estado
En el transcurso del encuentro quedó claro, según la delegación de Formentera, que es necesario proteger la costa, el litoral de la isla «pero hay que respetar la propiedad de las viviendas, los restaurantes o los establecimientos que estaban legalmente instalados en la costa antes de la ley de 1988». Para José Manuel Alcaraz, ya hay numerosas formas de protección por ANEI, LIC, Xarxa Natura, UE, PTI, Parc Natural y todo tipo de cuidados ambientales pero «aunque se proteja al máximo, la propiedad no puede pasar a manos del estado sino que ha de quedar en manos de los antiguos propietarios».
En este sentido Alcaraz aseguró que es imprescindible una mayor permisividad para permitir la modernización de los establecimiento de primera línea de playa porque de lo contrario «estaríamos ante lo más inverosímil, que en una isla cuya economía se basa en el turismo, no permite que se reformen y mejoren los establecimientos dedicados al turismo».