El próximo fin de semana se celebrará el XIII Congreso del Partido Popular de la Provincia de Alicante convocado bajo el lema “comprometidos con la Provincia de Alicante”. Una vez más y como viene siendo habitual bajo la Presidencia Local de D. Julio de España los afiliados de la Ciudad de Alicante no han recibido ni una sola comunicación sobre la celebración de este cónclave Provincial. Las únicas noticias que los militantes populares sobre este Congreso provienen de los medios de comunicación. Los populares de la ciudad de Alicante ni han recibido una carta anunciándoles la celebración del Congreso, ni recordándoles su derecho a ser compromisarios para participar en el mismo. Es así como algunos entienden la participación de la militancia en un partido que no sólo debería proclamar su adhesión a los principios democráticos, sino que debería ejercerlos de abajo a arriba en su estructura interna.
Un servidor parece que va a participar gracias a que recibió la documentación precisa para ejercer sus derechos de afiliado de otra sede local y a que, esta vez, no ha sido preciso realizar una asamblea local.
El Congreso provincial servirá, tal y como determinan los Estatutos del PP, para elegir al Presidente Provincial que será, sin duda alguna, el candidato oficial José Císcar. Con ser ello relevante no es lo único que se va a hacer en el Congreso. Tanta importancia como la elección del Presidente y de la nueva dirección Provincial tienen las dos ponencias que se van a debatir y a aprobar: una ponencia política y una ponencia con el Reglamento del Partido provincial.
Sobre el contenido de estas ponencias hay que destacar una evidente contradicción entre ambas. De una parte, la ponencia política subraya en muchas ocasiones la voluntad del Partido Popular de Alicante de potenciar la participación de los ciudadanos en la vida política poniendo al servicio de este objetivo todos los cauces tecnológicos existentes. De otra parte, el proyecto de Reglamento, los estatutos provinciales, realizan una interpretación restrictiva de los Estatutos nacionales y de los Regionales de modo que la participación de los militantes populares en la vida interna del partido queda reducida a la mínima expresión. Hay una evidente contradicción entre el espíritu de la ponencia política y la ponencia de Reglamento que se salda con una retórica políticamente correcta hacia el conjunto de los alicantinos y una realidad estatutaria absolutamente cerrada a la participación interna. Así, no se deja ningún margen de actuación para que los militantes puedan ni tan siquiera opinar internamente sobre las candidaturas del partido en su ámbito territorial, ni para que los cargos electos rindan cuenta ante la militancia o para que ésta pueda trasladar a los mismos opiniones o sugerencias. Si no prosperan las enmiendas encaminadas a fomentar la participación interna y la corresponsabilidad de la militancia no se avanzará lo más mínimo en la consolidación y crecimiento de un proyecto político firmemente arraigado en la sociedad sino que se seguirá profundizando en un modelo de partido de cuadros, en una simple maquinaria electoral fuerte y eficaz, de momento.
En cuanto a la ponencia política hay tres aspectos muy importantes que se han omitido. Se trata del papel del voluntariado social en la crisis y las relaciones del PP con el mismo, el tratamiento de los residuos y su impacto provincial y el impacto de la vigente Ley de Costas en los bienes y derechos de miles de ciudadanos alicantinos afectados por su aplicación. Destaca especialmente este tercer “olvido” por tres circunstancias concretas: la anunciada revisión de la vigente Ley de Costas anunciada por el Ministro Arias Cañete, el tono reivindicativo frente a otras necesidades de la Provincia como son el AVE o los trasvases mientras se silencia esta reivindicación y las constantes y bien fundamentadas menciones a la política turística y al desarrollo de esta industria clave para la Provincia en la que tiene una especial incidencia a niveles europeos los “desaguisados” que la actual ley de Costas ha generado en la Provincia afectando a muchos residentes comunitarios. No se entiende que con244 Km. de costa en la Provincia no se haga mención al asunto.
Por ello, sería deseable que la Ponencia política incluyera el compromiso del Partido popular de Alicante también con los miles de afectados por la Ley de Costas que han visto como una norma aplicada con efectos retroactivos ha transformado su derecho de propiedad en una simple concesión administrativa con plazo de caducidad. Se trata de una reivindicación justa que debería ser asumida por el Partido Popular de Alicante para ser defendida en el Congreso de los Diputados buscando una solución justa con los propietarios expoliados y equilibrada con la defensa del medio ambiente.
Santiago de Munck Loyola