Esta semana se han cumplido cuatro años de los derribos de las viviendas de Cho Vito ordenados por la Dirección General de Costas para recuperar el dominio público y construir un paseo, con un desalojo a la fuerza que incluyó un amplio despliegue de fuerzas y cuerpos del Estado.
Quedan nueve casas por tirar, de las 31 afectadas, pero los vecinos de este poblado de Candelaria -que en este tiempo han llevado sus quejas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo- no se dan por vencidos contra lo que consideran “una injusticia”. Ahora quieren pedir a los juzgados la reapertura de su caso -pese a que la sentencia ya es firme- tras descubrir lo que consideran nuevas pruebas do-cumentales a su favor.
Estos documentos constatan que con el deslinde de 1969 las edificaciones quedaban fuera de dominio público, tal como se aprecia en mapas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), lo que explica que en 1968 los propietarios firmaran su conformidad con la delimitación fijada, según explicó ayer Tomás González, portavoz de los afectados, cuya casa es una de las que faltan por demoler.
Un papel clave para Cho Vito es un escrito firmado en 2000 por el ingeniero jefe de la Demarcación, Manuel Barrios, en el que certificó que “la línea de deslinde probable” en la revisión iniciada en 1998 para este tramo litoral “coincide” con las aprobadas desde 1966 y 1969 “por encontrarse conformes con las definiciones de la Ley” de Costas de 1988. Pero la realidad es que, para “sorpresa e indignación” de este vecindario, el nuevo deslinde aprobado en 2001 finalmente se retranqueó frente al barrio, dejandolo de lleno en franja pública para “cometer la injusticia de derribar las viviendas sin respetar derechos, sin indemnización alguna”, en palabras de otro portavoz vecinal, Antonio Alonso, cuya casa ya fue demolida, aunque pague aún por el terreno el IBI y en el IRPF.
“Si los deslindes de 1969 y 2001 debían coincidir”, se preguntan tanto González como Alonso, “cómo es que luego eso no fue así, cómo es que desde 1994 nos abrieron expediente de recuperación posesoria del dominio público, y cómo es que todas las viviendas tienen escrituras de propiedad, cédula de habitabilidad, pagan el IBI; algunas fueron hipotecadas por bancos y hasta en un caso se recibió una subvención del Gobierno canario”. A estos documentos añaden uno de Costas en el que el suelo de Cho Vito figura como “urbano edificación intensiva”, así como otros con ubicaciones “arbitrarias” de los mojones que delimitan el deslinde.
Así las cosas, 9 familias siguen su “suplicio” en Cho Vito, a la espera de que Costas, el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento resuelvan el problema social de su realojo, al tratarse de su única vivienda. Mientras, continúa la obra del paseo marítimo, con un presupuesto de unos 924.000 euros.
“Un paseo que no lleva a ninguna parte, a no ser a la central de Unelco, y que, con la demolición de Cho Vito, deja un bonito frente marítimo a una unidad de actuación para 15 adosados que ahora quedarán en primera línea de costa; una futura urbanización de un conocido promotor en terrenos que además fueron cedidos en su día por sus antiguos dueños al Ayuntamiento para equipamiento público, pero no para que otras personas hicieran negocio”, denunció González, quien además recordó que en este litoral está planificado un puerto deportivo.
“Todo esto lo sacamos a la luz, y contarlo públicamente nos ha costado a alguno hasta amenazas de muerte”, manifestó, antes de advertir: “En Canarias hay más de cien Cho Vitos, muchos con sentencia, pero no se ha tirado nada desde que se hizo aquí; y en todos los casos siempre hay urbanizaciones que saldrían beneficiadas de derribar las casas de la gente humilde”.
Hoy, acto público
Los vecinos de Cho Vito celebrarán hoy, a las 18.00 horas, junto a lo que queda del poblado, un acto público en recuerdo del cuarto aniversario del desalojo y del comienzo de los derribos. Por megafonía, los asistentes podrán escuchar las intervenciones, vía telefónica, de portavoces de afectados por la Ley de Costas en toda España. Una conmemoración que concluirá con una paellada. “Hemos ido cuatro veces a Bruselas para que no se cometan más abusos de poder y se tiren casas sin indemnizaciones”, afirman.
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| ¿Por qué tanta destrucción? |
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| ¿Para conseguir fondos europeos? |
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¿Para engordar las arcas de la empresa pública TRAGSA?
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