La vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular de Canarias y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío, acusó hoy al Gobierno Regional de "tomar el pelo a los afectados por posibles demoliciones en el litoral de las Islas a consecuencia de la actual Ley de Costas, alargando su calvario sin necesidad".
Tavío se entrevistó hoy con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, responsable en materia de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con quien coincidió en la necesidad de exigir que el Gobierno canario elabore "cuanto antes" un censo de viviendas del litoral isleño, en colaboración con las Corporaciones locales, con el fin de delimitar qué poblados marineros reúnen valor etnográfico y paisajístico que aconseje su conservación".
"Decenas de familias llevan tres años de agonía con una sentencia en la mano, esperando una decisión sobre su realojo, que es competencia exclusiva de las Instituciones canarias", denunció la parlamentaria del PP, quien recordó que Costas solo podrá legalizar aquellos núcleos de las siete Islas incluidos en ese listado, a través de los instrumentos que facilitan las leyes de la comunidad autónoma.
"Para el Gobierno de España es imposible saber cuántas viviendas canarias están afectadas, porque el Gobierno de Rivero incumple desde 2009 la obligación de remitir un catálogo de los asentamientos que merecerían ser conservados, en cumplimiento de nuestra propia legislación", indicó la diputada del PP, que recordó que el Ministro de Medio Ambiente estima en 2.000 las viviendas de toda España en esta situación.
"Esta sería la única forma de acogerse a la beneficiosa regulación de la nueva Ley de Costas, que permitiría preservar los núcleos que tuvieran valor paisajístico y etnográfico, según la propuesta de las Instituciones canarias, y garantizasen uso sostenible del litoral", apostilló Tavío, para quien "sería un desastre que solamente el Archipiélago se quede fuera porque las Administraciones de la comunidad autónoma no quieran colaborar".
"Para el Gobierno de España es imposible saber cuántas viviendas canarias están afectadas, porque el Gobierno de Rivero incumple desde 2009 la obligación de remitir un catálogo de los asentamientos que merecerían ser conservados, en cumplimiento de nuestra propia legislación", indicó la diputada del PP, que recordó que el Ministro de Medio Ambiente estima en 2.000 las viviendas de toda España en esta situación.
"Esta sería la única forma de acogerse a la beneficiosa regulación de la nueva Ley de Costas, que permitiría preservar los núcleos que tuvieran valor paisajístico y etnográfico, según la propuesta de las Instituciones canarias, y garantizasen uso sostenible del litoral", apostilló Tavío, para quien "sería un desastre que solamente el Archipiélago se quede fuera porque las Administraciones de la comunidad autónoma no quieran colaborar".
Seguridad jurídica
El encuentro entre Ramos y Tavío, celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, permitió repasar las singularidades de las Islas en la nueva Ley que elabora el Gobierno de España y ahondar en la necesidad de que las Administraciones colaboren para dar seguridad jurídica a los propietarios.
Tavío agradeció personalmente la sensibilidad demostrada por el Ministerio con las características del litoral canario, que quedaron de manifiesto cuando el propio Arias Cañete garantizó en la presentación de la Ley que Canarias ha de tener una regulación específica en materia de deslindes.
En este sentido, puso como ejemplo de la "bochornosa actitud del Gobierno de Canarias", la "delicada situación" de una docena de vecinos del núcleo tinerfeño de Cho Vito, en Candelaria, que llevan dos años esperando una solución a su realojo que nunca llega.
El encuentro entre Ramos y Tavío, celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, permitió repasar las singularidades de las Islas en la nueva Ley que elabora el Gobierno de España y ahondar en la necesidad de que las Administraciones colaboren para dar seguridad jurídica a los propietarios.
Tavío agradeció personalmente la sensibilidad demostrada por el Ministerio con las características del litoral canario, que quedaron de manifiesto cuando el propio Arias Cañete garantizó en la presentación de la Ley que Canarias ha de tener una regulación específica en materia de deslindes.
En este sentido, puso como ejemplo de la "bochornosa actitud del Gobierno de Canarias", la "delicada situación" de una docena de vecinos del núcleo tinerfeño de Cho Vito, en Candelaria, que llevan dos años esperando una solución a su realojo que nunca llega.
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La dirigente popular reiteró que "en los difíciles momentos de crisis que vivimos, no se puede consentir que haya familias esperando tres años por el realojo, lo cual alarga su agonía".
Cristina Tavío recordó que desde septiembre de 2010, los vecinos aguardan a que el Ayuntamiento, el Cabildo Insular de Tenerife y la Consejería de Medio Ambiente cumplan con su compromiso de buscar una solución que permita la ejecución de las resoluciones judiciales firmes que el Gobierno de España desea que se cumplan con la menor afección posible.
Por este motivo, citó el caso de Güímar, también en Tenerife, "cuyo Ayuntamiento logró salvar las propiedades y actividad económica de varios núcleos de su litoral, poniéndose a disposición de sus vecinos y facilitando una aplicación de la vigente Ley que favorezca el uso sostenible de la costa".
Cristina Tavío recordó que desde septiembre de 2010, los vecinos aguardan a que el Ayuntamiento, el Cabildo Insular de Tenerife y la Consejería de Medio Ambiente cumplan con su compromiso de buscar una solución que permita la ejecución de las resoluciones judiciales firmes que el Gobierno de España desea que se cumplan con la menor afección posible.
Por este motivo, citó el caso de Güímar, también en Tenerife, "cuyo Ayuntamiento logró salvar las propiedades y actividad económica de varios núcleos de su litoral, poniéndose a disposición de sus vecinos y facilitando una aplicación de la vigente Ley que favorezca el uso sostenible de la costa".
La inmadurez de los políticos españoles no tiene nombre. No afrontan su responsabilidad jamás.
Cristina Tavío conoce desde hace tiempo el problema de los poblados costeros canarios y no ha ha hecho absolutamente nada para encontrar una solución.
Hace varios años que se les planteó el problema, porque tarde o temprano iban a gobernar, y ya que parecía preocuparles las nefastas consecuencias de la Ley de Costas, que tan furibundamente aparentaban combatir, fueran informándose de las afecciones y las posibles soluciones. Han pasado olímpicamente de todo y ahora la culpa es de otros.
¿No es el PP el que gobierna? ¿No tiene un Proyecto de ley que puede dar la solución que piden a los demás? ¿Para qué quieren calificar de BIC los poblados si la nueva ley seguiría confiscándoles la propiedad al convertirlos automáticamente en concesiones? ¿Cómo es posible que el Gobierno de España no sepa cuantas viviendas hay afectadas cuando ha sido el promotor del problema y el que las ha afectado?
Sra Tavío, la solución es muy simple y está en manos de su Partido. Sólo hay que poner en la nueva Ley de Costas que las propiedades anteriores a 1988 SERÁN RESPETADAS Y DEVUELTAS A SUS LEGÍTIMOS DUEÑOS.