Unas treinta casas de este núcleo costero fueron derribadas en octubre de 2008 pese a la oposición de los vecinos ante las fuerzas antidisturbios y las palas excavadoras, y el 12 de noviembre es el límite que tienen las familias de las nueve viviendas que siguen en pie para abandonar sus hogares, según ha anunciado la Delegación del Gobierno.
Representantes de la asamblea de vecinos insistieron hoy en que la determinación de los habitantes de Cho Vito es oponerse "sin violencia pero con dignidad" a "la confiscación" de sus viviendas, con el apoyo en el lugar de cuatro eurodiputados el día de los derribos.
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| PROYECTO DE 15 CHALETS EN CHO VITO (PGOU Candelaria) |
"Por la dignidad morimos", advirtió en rueda de prensa Tomás González, uno de los representantes vecinales, quien hizo un llamamiento a todos los partidos, sindicatos y movimientos sociales a acudir el 12 de noviembre a Cho Vito para evitar "el desahucio" que piensa ejecutar el Gobierno central, con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Candelaria para favorecer la especulación urbanística a costa de los derechos humanos de las familias afectadas.
Reclamó en concreto el apoyo del "Partido Socialista Obrero Español" que mientras estaba en el Gobierno es el que promovió el derribo de Cho Vito.
Antonio Alonso, también representante vecinal, anunció que entre hoy y el viernes se van a presentar nuevas pruebas en los tribunales a partir de documentación que hasta ahora les había negado la Dirección General de Costas, la cual demuestra, según señaló,que numerosas viviendas, algunas ya derribadas, no estaban en dominio público hasta el deslinde de 2001.
En 1969 se realizó un deslinde y en 2001 otro, y los planos de ambos difieren, a pesar de que Costas ha certificado por escrito que sí coinciden.
Con estas pruebas documentales los vecinos quieren que se reabra judicialmente el caso y que se tomen medidas cautelares frente al derribo de sus casas a partir del 12 de noviembre.
"Cómo es posible que todas las administraciones, por intereses urbanísticos hayan propiciado este engaño que lleva "a confiscar viviendas en propiedad para construir un paseo marítimo con fondos europeos, ilegal porque carece de informe de impacto ambiental y que no lleva a ninguna parte", se preguntó Alonso.
Esto no es un paseo, son unas escaleras que vulneran la Ley de Accesibilidad
Advirtió de que si cae Cho Vito, el destino de los otros 111 núcleos costeros canarios será el mismo, y por tanto se trata de una batalla "por la dignidad del pueblo canario", no sólo de los vecinos afectados.
"Todas y cada una de las administraciones nos han engañado para especular con nuestras viviendas", denunció Alonso, pero advirtió de que la Unión Europea está encima del asunto y varios eurodiputados acudirán el 12 de noviembre al poblado para apoyar a los vecinos.
Declaraciones de Cristina Narbona poco antes de derribar Cho Vito
Tomás González dijo que la supuesta "buena voluntad" de las administraciones no se traduce en soluciones para los vecinos y sus problemas sociales, y afirmó que el Gobierno pretende desahuciarlos y dejarlos en la indigencia.
"Hacemos lo imposible para defender nuestras casas, pero tienen prisa en construir el paseo marítimo" para poder cobrar los fondos europeos y dárselos a la empresa Tragsa, cuyos "esbirros" han ido a amenazar a los vecinos para que dejen sus casas, aseguró.
Los afectados denunciaron que ahora se pretende reformar la Ley de Costas "a la carta", para excluir de la misma a urbanizaciones en Formentera y en otros puntos del litoral español porque están habitadas por 45.000 extranjeros y evitar así que el asunto lleve a la intervención de la Unión Europea.
Pero en la reforma legal no se tiene en cuenta los poblados costeros canarios, aunque sí a las construcciones hoteleras para poder seguir especulando, aseguró, y se preguntó para qué sirven el Gobierno y el Parlamento de Canarias si no pueden defender su territorio.
"En 2008 luchamos, entonces no podíamos demostrar el engaño; pero ahora sí podemos, hemos aprendido a defendernos con sus documentos", afirmaron los representantes vecinales en referencia a las nuevas pruebas presentadas en los tribunales.
¿Cómo consigue Costas que los alcaldes abandonen a su gente y permitan que se destruyan pueblos enteros? EXTORSIONÁNDOLOS.
Lo declara públicamente el primer Director General de Costas del Gobierno socialista, Fernando Palao, el mismo que hizo la Ley de Costas.
http://www.bduimp.es/viewFile.php?idArchivo=540&TIPO=conferencia (escuchar minuto 17)
El BOCG (Boletín Oficial de las Cortes Generales) está repleto de contestaciones del antiguo gobierno de ZP, donde confirman que si un Ayuntamiento quiere que Costas pague las obras de los paseos, tendrán que ponerles en "bandeja de plata" todas aquellas viviendas que ellos señalen.
Código Penal español, Art 243 "El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados"
¡¡¿Dónde está la fiscalía anticorrupción que no se entera de nada?¡¡