Se ha aprobado con el apoyo del PP, la abstención de CIU y la negativa de resto de grupos, que consideran que abre el litoral al negocio privado.
CiU considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral
La norma, que salvará 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa por 75 años más, será remitida ahora al Senado.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Costas, con elapoyo del PP, la abstención de CIU y la negativa del PNV, UPyD, grupo mixto, Izquierda Plural y PSOE, porque la norma, según ha señalado la mayor parte de la oposición, abre el litoral al negocio privado.
La norma, que salvará por 75 años más 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas de la playa, será remitida ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que incluirá un grupo de enmiendas para tener en cuenta el cambio climático.
De las 145 enmiendas presentadas a este texto, y en una sesión que se ha alargado tres horas y media en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, el Grupo Popular ha admitido dos de Coalición Canaria, ha transaccionado una con el PNV, ha aceptado varias de Izquierda Plural y BNG, y ha transaccionado siete, de carácter técnico, con CIU.
El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, "si es necesario", porque considera que la llamada cláusula "antialgarrobico" invade las competencias locales al permitir al Gobierno parar obras en el litoral, previamente aprobadas por los ayuntamientos. Defiende además la abstención de su grupo porque la ley no recoge dotar de financiación suficiente a las comunidades autónomas.
El portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, ha opinado que esta cláusula no vulnera la autonomía local porque permite la posibilidad de recurrir a los ayuntamientos. Hernando ha negado asimismo que la reforma abra la puerta al "urbanismo salvaje", como ha asegurado la oposición, y ha anunciado que presentarán en el Senado un grupo de enmiendas sobre el cambio climático.
La ausencia de alusiones al cambio climático en esta reforma y sus consecuencias sobre el litoral había sido objeto de numerosas enmiendas y críticas.
La postura de los partidos
- Coalición Canaria: Ana Oramas, critica que el Gobierno legisla sin entender, ni tener en cuenta, las necesidades de las islas Canarias; y afirma que la reforma no corrige los problemas del litoral y no cumple con la máxima sostenibilidad.
- BNG: A juicio de Olaia Fernández Dávila la futura ley "soluciona la ilegalidad" y su objetivo es garantizar industrias contaminantes.
- Compromís: El diputado Joan Baldoví ha calificado de "nula" la disposición del PP de aceptar enmiendas, y ha considerado que hay artículos que vulneran la Constitución.
- PNV: Joseba Agirretxea ha manifestado su "gran decepción" ante las "pocas ganas" del Gobierno de negociar acuerdos en algunos planteamientos importantes para el País Vasco.
- UPyD: Toni Cantó ha afirmado que se trata de una ley de "resultados inaceptables", y que el litoral está peligro por su "estrechez de miras". "Tras la chapucera amnistía fiscal de Montoro llega la amnistía de los chiringuitos y edificaciones ilegales en la costa del ministro Cañete", ha dicho.
- Izquierda Plural: La diputada Laia Ortiz ha coincidido en que se desprotege el litoral y ha criticado que el texto haya seguido un proceso "tan opaco y acelerado" al servicio de "la cultura del pelotazo".
- PSOE: María José Rodríguez ha insistido en la desprotección de esta normativa, en su opinión un "relato amañado" que alienta la degradación de las costas y abre la veda a la especulación. Mientras que el responsable en la materia del PSOE, Hugo Morán, ha señalado en un comunicado que se pone al servicio del enriquecimiento de unos pocos privilegiados el litoral con la normativa.
¿Qué supone la reforma?
Según el Gobierno, la reforma de la Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido. Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes u hoteles).
Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias (como las papeleras) situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
El texto prevé además que diez barriadas históricas de Girona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga seanamnistiadas, y que la isla de Formentera tenga un trato especial por su especial configuración geológica.
En sintonía con lo defendido por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), CIU ha presentado una enmienda, que no ha prosperado, para que las islas o islotes cuya superficie no excediera de 100 kilómetros cuadrados pudieran beneficiarse también de un deslinde singular como el de Formentera.
La nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá unnivel de protección mayor al vigente.
Así, se establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.