miércoles, 20 de febrero de 2013

Estocada a los pueblos costeros

La nueva Ley de Costas que este martes se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente del Congresos de los Diputados no recoge ni a una sola de las singularidades del litoral canario. La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, prácticamente predicó en el desierto de un órgano donde el Partido Popular (PP) volvió a usar el rodillo de la mayoría absoluta.

Al centenar de asentamientos que se salpican por el litoral del archipiélago sólo les queda una última oportunidad: la que les brindará el Senado, donde en unas semanas el proyecto de Ley de Costas que este martes aprobó la Comisión de Medio Ambiente y que no incorpora ni una sola de las enmiendas relativas a los núcleos de Canarias y a su singularidades. 

La nueva norma no se debatirá en el Congreso, sino que se enviará directamente al Senado tras el trámite parlamentario de este martes, en el que se debatieron y votación las 145 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. 
La diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, Ana Oramas, fue la única representante del archipiélago que intervino en la comisión y lo hizo para rechazar de pleno el proyecto de Ley de Ley de Costas del Gobierno porque, a su juicio «no aporta nada a Canarias». Todas las enmiendas nacionalistas fueron rechazadas a excepción de dos «de carácter técnico», explicó.

La ausencia de una referencia directa a Canarias en la futura ley supone una estocada para las viviendas afectadas por los deslindes del dominio público martimo-terrestre posteriores a 1988. Sólo se salvarían de la piqueta aquellas edificaciones susceptibles de acogerse a una concesión administrativa que la nueva norma amplía de 35 a 75 años. El resto se mantendrán en una situación idéntica a la actual, pues ni siquiera se han estimado aquellas enmiendas que pretendían rebajar la línea de servidumbre del dominio público de 100 a 20 metros.

En las islas hay contabilizados hasta 111 núcleos costeros situados en su totalidad o en parte a menos de 100 metros del mar. El número de viviendas afectadas ronda las 10.000 y se estima que hay unas 150.000 personas que podrían perder su casa si la ley que hoy se ha aprobado en el Congreso sale del Senado sin mencionar a Canarias según publica Canarias 7