En una rueda de prensa ofrecida por la delegación europea, los parlamentarios europeos dan así un varapalo a España que plasmarán en un informe que elaborarán para su posterior debate en Bruselas. La delegación se ha centrado en "recabar datos y cotejar hechos", para lo que se han reunido con ciudadanos, propietarios afectados pro la ley de costas, con ONG y con el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra.
El objetivo de la visita es estudiar si la reforma de la Ley de Costas vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y de propiedad privada.
Para la europarlamentaria danesa Margrete Auken "no se entiende" como con la Ley de Costas se pueden expropiar y demoler casas y luego volver a construir. Además, señala que aunque la ley no puede demoler las expectativas de todo el mundo, a su juicio, la ley de Costas "no resuelve las preocupaciones de los ciudadanos".
En su opinión, la ley de costas actual (en trámite en el Senado) es "peor" que la anterior y "no sirve para nada, porque no aporta nada desde el punto de vista de la protección".
Respecto a la protección medioambiental, Werthmann ha valorado que si la ley de 1998 se elaboró para proteger el medio ambiente y se observa lo que ha ocurrido en la costa española desde entonces, "se ve que no ha servido para nada" y ha derivado en una inseguridad jurídica.
INDEFINICIÓN E INSEGURIDAD
Por otro lado, sobre la reunión mantenida con Saavedra, la británica Marta Andreasen, ha contado que el responsable de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido "de forma tajante" la constitucionalidad de la Ley pero ha agregado que la preocupación europea es que la norma no satisface la seguridad jurídica de los propietarios y que la reforma impulsada por el Gobierno español "no incrementa" dicha seguridad jurídica. "Es necesario actualizar los registros. Muchos inversores se ven afectados sin saber que la propiedad es ilegal".
Mientras, el alemán Rainer Wieland ha precisado que desde el punto de vista jurídico, la legislación europea no debe interferir la nacional, pero ha recordado que hay mecanismos para intervenir si la legislación de un país contraviene las Directivas y normas europeas.
Por ejemplo, ha subrayado que cuando el legislador nacional legisla sobre algo que concierne a todos los ciudadanos de la Unión Europea (como en este caso, por el derecho de los ciudadanos europeos a residir en cualquier punto del territorio) se puede recurrir a las instituciones comunitarias."Este es un asunto que concierne y preocupa a todos y se debe tener en cuenta la carta europea de los derechos humanos", ha manifestado.
Finalmente, ha apuntado que el Tribunal Europeo de Justicia aplica la legislación más rápido que algunos tribunales de los países y ha agregado que la carta europea se aplica cuando se vulnera la legislación comunitaria".