Asociaciones de pequeños propietarios con viviendas en las playas españolas han denunciado hoy su "indefensión" ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por la reforma de la Ley de Costas,que consideran "confiscatoria" de sus bienes privados.
Los denunciantes se reunieron el 21 de marzo con una delegación de esta Comisión que se encuentra en Madrid para analizar las denuncias presentadas sobre la citada reforma y estudiar si vulnera las leyes europeas de protección medioambiental y propiedad privada.
En el encuentro, abierto a los medios, han participado portavoces de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas; Afectados de Cho Vito (Tenerife); Playazo de Vera (Almería); Asociación de Propietarios de Empuriabrava; El Saler (Valencia) o Urbanización Mil Palmeras (Alicante).
La mayoría consideran que tanto la vieja ley de 1988 como la actual reforma vulneran el derecho a la propiedad privada y que la ampliación de las concesiones a 75 años limita "el uso ilimitado" que tienen como propietarios de sus casas.
En el caso de los Afectados de Cho Vito se ha denunciado que han sido desposeídos por completo de sus propiedades, y en general todos se han preguntado cómo es posible que la protección ambiental se ponga por encima del derecho a la propiedad.
Delegación parlametnaria
La delegación parlamentaria está compuesta por la eurodiputada austríaca del Grupo ALDE Angelika Werthmann, los alemanes Rainer Wieland y Peter Jahr (PPE), los británicos Michael Cashman (S&D) y Marta Andreasen (ECR) y la danesa Margrete Auken (Los Verdes).
Mañana tienen previsto reunirse con autoridades del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y ONG.
La reforma de la Ley de Costas impulsada por el Gobierno fue aprobada el pasado 20 de febrero en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y ha sido remitida al Senado para su debate y posterior votación.
76 quejas
La Comisión de Peticiones visita España tras recibir 76 quejas, la mayoría de ellas por parte de propietarios de viviendas en la costa.
También hay organizaciones medioambientales que les han expresado su disconformidad con la reforma por poner obstáculos a la protección de la costa.
La Comisión de Peticiones estudia las reclamaciones de ciudadanos de la UE, que señalen posibles infracciones sobre los derechos reconocidos en el Tratado de la UE.