Desde la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) pedimos a la Eurocámara que enviara a España una delegación que pudiera recabar in situ información sobre las graves consecuencias legales y sociales que conlleva la Ley de Costas de 1988 y su modificación para así poder sacar sus propias conclusiones que serán plasmadas en un informe que elevarán a la Comisión de Peticiones.
La imposición de la carga de la prueba al ciudadano, el interminable calvario por los tribunales españoles, la inexistencia de una justa indemnización, la realización de deslindes indefinidamente, la obligatoriedad de aceptar las clausulas abusivas para impedir el desahucio y derribo exprés, etc… hacen de la Ley de Costas una ley injusta incompatible con el Tratado de la Unión y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Ley de Costas de 1988 ha dado lugar a una enorme conflictividad social que ha llevado a los ciudadanos europeos al Parlamento Europeo en busca de la protección que se les niega en España.
La retroactividad con la que se aplica (de varios siglos), invalidando la legalidad y validez del Registro de la Propiedad, de manera discriminatoria para un grupo de ciudadanos por el mero hecho de vivir en la costa, implica por sí misma una vulneración no sólo de la Constitución Española sino del Derecho de la Unión.
Derechos fundamentales | La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE establece los principios éticos y los derechos de los ciudadanos y residentes de la UE relacionados con la dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.