La recién aprobada Ley de Costas brinda al Concello una nueva oportunidad, según sostiene el Gobierno local, de legalizar el polígono industrial del Suevos sobre el que pesa una orden de derribo parcial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que fue ratificada en febrero del pasado año por el Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento anunció en diversas ocasiones su intención de regularizar las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa con la inclusión del polígono industrial sobre el que se asienta en el plan general. Pero la modificación de la Ley de Costas, que reduce de cien a 20 metros la zona de protección litoral, abre una nueva vía para esquivar el derribo. La intención del Concello es solicitar la delimitación del núcleo histórico de Suevos como urbano. Una vez obtenido este reconocimiento, explica el concejal de Urbanismo, Alberto Castro, el Concello pretende acogerse a la modificación de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, reducción que ahora recoge la norma.
Esto, apunta el edil, permitirá legalizar las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa, que se asientan en terrenos clasificados como suelo no urbanizable y, en parte, en terrenos no urbanizables de protección de costas. Alberto Castro explica que este cambio permitiría desvincular el uso marítimo de las instalaciones de Mafriesa. "La actividad de Mafriesa no está vinculada al mar; si se tratase de una escuela de surf o de buceo no habría problema".
El siguiente paso, apunta el concejal, será incluir el polígono en el plan general. "Son dos procesos que tendremos que tramitar en paralelo". Preguntado al respecto, el Concello asegura que "no le consta" que la Xunta haya impuesto una nueva sanción a Bruesa inmobiliaria SA, propietaria del polígono industrial de Suevos, por incumplir la sentencia del Superior que ordena demoler las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa. "No tiene sentido que se ejecute una sentencia cuando se tramita una ley estatal para resolver este tipo de situaciones", destaca Castro.
La Xunta impuso una multa coercitiva a la propietaria del parque industrial el pasado verano. Anunció entonces que multaría a Bruesa Inmobiliaria con cantidades que oscilarían entre 1.000 y 10.000 euros por cada mes de incumplimiento. Este periódico preguntó al Gobierno autonómico, sin éxito, por la existencia de nuevas sanciones en múltiples ocasiones.