La reducción de la servidumbre a 20 metros no será suficiente para que muchas residencias costeras puedan salvarse al no contemplar la ley excepciones para Canarias.
A la espera de que la nueva Ley de Costas salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, entre en vigor, los ayuntamientos canarios, conscientes del limitado plazo que tienen para presentar sus alegaciones, han comenzado a hacer la tarea y preparan ya toda la documentación.
Una vez se publique la norma en el BOE, las administraciones locales tendrán un plazo de tres meses para recabar y presentar todos los informes necesarios para que no se derriben los núcleos que afectados.
Entre los requisitos para que los damnificados sean reconocidos como núcleo legal destacan que las ocupaciones no estén en dominio público, cuenten con acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales. Además, no deben estar en dominio público.
Pero, y hasta que se publique la norma, la dilatada experiencia con esta controvertida ley, ha llevado a algunos consistorios a asegurar que no podrán salvar muchas de las ocupaciones que están afectadas, pues están en dominio público y por debajo de los nuevos límites de la servidumbre, que pasó de cien metros a veinte.
Este es el caso del municipio tinerfeño de Güímar, que tiene un total de ocho núcleos costeros con un expediente abierto en Costas. Del total, cuatro de ellos ya ganaron la batalla en el Tribunal Supremo (TS) con sentencia firme. Pero el resto de las poblaciones aún están pendientes de conocer su futuro, el cual, según explicó esta semana el ex alcalde Rafael Llanes, "seguramente sea la demolición".
Llanes explicó que estos núcleos están en dominio público, y que, pese a que aún no "hemos analizado bien la nueva norma, la mayor parte de las ocupaciones de estas poblaciones no podrán salvarse". Pese a ello, aseguró que el consistorio "ya está estudiando los casos para evitar los derribos".
En concreto, las zonas de Güímar que no cuentan con seguridad jurídica y cuyo futuro está aún por
Candelaria es otro municipio que asegura que ya está estudiando los casos de Playa de la Viuda y Bajo Cuesta Las Tablas, pero desde el consistorio reconocen que a muchas ocupaciones de estos núcleos será muy difícil salvarlas.
La misma situación se vive en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, donde los servicios jurídicos preparan ya todos los documentos para salvar zonas capitalinas tan destacadas de Anaga como Almáciga y Taganana, entre otras.
En el caso de La , y el núcleo de Jover (que se busca regular en el nuevo PGO) y Finca El Apio, donde algunas casas acabarán por ser demolidas por estar en la zona de servidumbre.
La nueva norma contempla la amnistía para algunos núcleos peninsulares ubicadas en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola) y Pontevedra (Moaña), entre otros, pero ninguno en Canarias. De igual forma, se contempla una especificidad con Formentera, mientras que la Isla de Lobos ni si quiera es mentada.
De ahí, que los alcaldes y concejales coincidan todos en calificarla de "poco arbitraria".
LAS CLAVES
Al reducir la servidumbre a 20 metros (antes estaba a 100) algunos núcleos se podrán ver beneficiados por la reforma. Aquellas poblaciones que no estén en dominio público y acrediten que
tienen acceso rodado, electricidad, agua corriente y evacuación de aguas residuales tendrán la posibilidad de no ser derruidos. Mientras la norma amnistía a algunas zonas peninsulares del Mediterráneo y de Galicia, así como a Formentera, no contempla ninguna especificidad del Archipiélago, ni si quiera la Isla de Lobos. El Gobierno del Estado dejó claro que aquellos núcleos que ya eran ilegales antes de la primera ley seguirán siéndolo pese a la nueva norma. Las zonas costeras que ya tienen una sentencia firme no se podrán beneficiar de las modificaciones de la nueva Ley de Costas. De igual forma no se verán perjudicadas por la misma. Una vez salga publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley, y por tanto entre en vigor, los ayuntamientos tendrán un plazo de tres meses para presentar sus alegaciones, acompañadas de la documentación correspondiente, para intentar salvar a los núcleos afectados.