El PP no va a tomar en consideración en el Pleno del Congreso la proposición de ley impulsada por su partido en Galicia para modificar la Ley de Costas de 1988, fundamentalmente porque este jueves las Cortes Generales culminan la reforma de dicha legislación que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha iniciado su orden del día de este martes con el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Parlamento de Galicia que sólo contaba con el respaldo del PP de Alberto Núñez Feijóo, pues tanto el PSdeG como el BNG se negaron en su día a avalarla.
El objetivo de esta iniciativa consistía en reformar la Ley de Costas de 1988 para que se reconocieran a los 12.000 asentamientos rurales de población gallegos a los que afectó la aplicación de aquella Ley.
"Se trata de una circunstancia que ha creado indefensión e incertidumbre a las personas y bienes afectados de 12.000 hogares. Estamos ante construcciones previas a 1988 de propiedad vecinal que se han visto atrapadas por el limbo jurídico y desde el PP se ha promovido la modificación de la normativa en una línea coherente", según ha defendido el parlamentario autonómico gallego del PP Ramón Rodríguez González.
Ante las críticas de algunos parlamentarios, el diputado nacional del Grupo Popular, Guillermo Collarte, ha reconocido que existen diferencias con el PP gallego en materia de Costas pero considera que la reforma que ha promovido el Gobierno de Mariano Rajoy, que este jueves culmina su tramitación en las Cortes con la votación de las enmiendas introducidas en el Senado, ya da respuesta suficiente a las demandas.
"LA FARSA ESPECULATIVA"
Desde el PSOE, tanto el diputado autonómico José Antonio Sánchez Bugallo como la parlamentaria nacional Paloma Rodríguez han denunciado "las interesadas contradicciones" y las "incongruencias intolerables" entre el PP en Galicia y en Madrid" y han calificado de "absoluta farsa especulativa de la Xunta de Feijoo y del Gobierno de Rajoy" la reforma que el PP hace de la Ley de Costas.
A su juicio, los cambios impulsados por el Gobierno contradicen la iniciativa del PP gallego, dejan las costas españolas a merced de la especulación y la privatización, y ni siquiera incorporan la especificidad de los núcleos costeros tradicionales de Galicia y sí otros de Valencia, Andalucía o Cataluña".
En este sentido, Sánchez Bugallo ha recordado que, en el caso de Galicia, la nueva Ley solo admite a Moaña y ha instado al PP a ampliar la protección a Marín, Vilaboa, Redes y Palmeira, y sobre todo la de la Illa de Arousa.
Por su parte, la portavoz de IU-ICV-CHA, la catalana Laia Ortíz, ha subrayado que tanto la proposición de ley del Parlamento gallego como la reforma del Gobierno salen adelante con el PP "en solitario", y siempre "en favor de la especulación inmobiliaria".
LA PROBLEMÁTICA DE ENCE
Igalmente, desde Alternativa Galega de Esquerdas (ALE-EU), el diputado autonómico Antón Sánchez, ha reivindicado el derecho de Galicia a proteger su costa porque, según ha defendido, la gallega no tiene nada que ver con la del resto del Estado y supone el 35 por ciento del litoral español. Igualmente ha criticado la política de especulación inmobiliaria que ha mantenido el PP en materia de costas.
Es más, ha criticado que esta ley se supedite a los intereses industriales, como los de la empresa ENCE, al que el PP "soluciona la papeleta", según señala.
A juicio de la nacionalista gallega del BNG, Olaia Fernández Davila, esta proposición de ley supone "un guante" que el Gobierno recoge en el Parlamento nacional, de la mano del gallego, para la aprobación este jueves de la nueva Ley de Costas que se aprueba este jueves, con su voto en contra.
"Esta ley va a hacer posible que una industria contaminante como ENCE pueda continuar en la ría durante 75 años más cuando teníamos el compromiso del PP de que se garantizaría que esta empresa, junto con otras contaminantes, dejarían de tener la concesión administrativa en 2018", ha agregado.
Sobre este tema, el 'popular' Guillermo Collarte, ha criticado la "obsesión permanente" de la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, sobre la empresa ENCE, a la vez que ha subrayado que no es cierto que se vaya a producir la prórroga automática de la concesión de actividades de 75 de años.
Por último, el portavoz nacionalista vasco en la materia, Joseba Agirretxea, ha anunciado en su intervención que el PNV se abstendrá en la votación porque se trata de una iniciativa "anacrónica", que sólo se tenía que haber tratado en Galicia y este jueves se votan sus enmiendas al Senado.