El Gobierno catalán ha aprobado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de costas, al entender que la nueva normativa del Gobierno central incurre en la "invasión competencial".
La Generalitat estima que la ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral vulnera competencias catalanas relacionadas con la ordenación del territorio y la gestión de los puertos, después de recibir el dictamen que había encargado al Consejo de Garantías Estatutarias.
El recurso fue anunciado el 1 de julio en Madrid en un comparecencia conjunta de representantes de Canarias, Andalucía, País Vasco, Asturias y Cataluña, al entender que la normativa estatal vulneraba competencias municipales y autonómicas y plantea "retroactividades intolerables".
El Gobierno catalán considera recurribles la delimitación estatal de los tramos urbanos y naturales de las playas, así como sus usos turísticos; la de la superficie máxima de bienes de dominio público portuario que se pueden destinar al comercio y la resultauración, y la habilitación del delegado del Gobierno para suspender acuerdos municipales.
Asimismo, ve problemas en la regulación del derecho de uso de los amarres en determinadas urbanizaciones, y la reserva para el Estado de la aprobación de los planes que elaboren las comunidades autónomas para adaptar el dominio público marítimo terrestre que se adscriban a las incidencias provocadas por el cambio climático.