Ambas comunidades se suman a Canarias en la interposición de recursos de inconstitucionalidad
País Vasco y Andalucía acordaron ayer interponer sendos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas, al considerar que invade competencias autonómicas, al igual que lo hizo el pasado 11 de julio el Ejecutivo canario, cuya demanda se encuentra a la espera del dictamen del Consejo Consultivo, como paso previo a su interposición ante el Tribunal Constitucional. Canarias entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna: vulneración de la autonomía local, del principio de igualdad, invasión de competencias autonómicas y por tener carácter de retroactividad.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, informó que se recurrirán una decena de preceptos de la ley por considerar que vulneran la Constitución, y solicitará la suspensión cautelar de esta normativa para evitar "daños irreparables". El pasado 1 de julio, representantes de los gobiernos de Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y Canarias, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, mantuvieron una reunión y anunciaron su intención de recurrirla. Estas comunidades tienen hasta el 31 de agosto para presentar recursos contra la legislación del PP. Según Vázquez, la citada norma estatal, que modifica la Ley de Costas, constituye una "regresión" en lo que respecta a la protección del litoral, pues existe la posibilidad de que terrenos anteriormente protegidos sean ahora susceptibles de urbanización.
A juicio del Gobierno andaluz, esta norma supone un "ataque frontal" a la protección del dominio público marítimo-terrestre y a sus competencias en ordenación del territorio y urbanismo, informa EFE
La Junta cree que se pretende primar intereses particulares, favorecer la privatización de espacio litoral, limitar su uso público, reducir el papel garantista de la administración y promover desarrollos urbanísticos "insostenibles".
El portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, explicó que, en concreto, el Gobierno de Vitoria entiende que la nueva Ley de Costas vulnera las competencias vascas en materia de régimen local, en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, así como la competencia de medio ambiente y ecología.
Además, la nueva ley de Costas atribuye al Estado la capacidad de suspender algunos actos en materia de urbanismo adoptados por las entidades locales, cuando, según recuerda el Gobierno vasco, el Estado no tiene ningún tipo de competencia en materia urbanística y, por lo tanto, no los puede suspender, y menos a través de una vía excepcional.