En toda cuestión importante, existen siempre aspectos de los que nadie quiere hablar. Y si nos referimos al espinoso tema de la ley de Costas, y el experimento de reforma sucesivo, esos aspectos, se convierten en secretos de Estado, que, en caso de ser desvelados, lograrían sonrojar a toda la maraña de políticos, actuales y pasados; no porque lo ignoraran ellos, sino porque salieran a la luz, tal cantidad de despropósitos.
Muchos de los ideólogos costeros, padres de la criatura (dícese ley de Costas) que actualmente, se dedican a enriquecer su jubilación, dando conferencias sobre las virtudes de su creación, allá donde los llamen, hacen referencia a las décimas de Alfonso X, el sabio como la primera norma para las costas y su dominio público, al citar textualmente,” Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que bien [viven] en este mundo, son estas: el ayre e las aguas de la lluvia, e el mar, e su ribera”.
La utilización de esta cita literaria, por parte de este conjunto de intelectos costeros, es claramente sesgada e interesada, pues en las mismas décimas aparece lo siguiente:” “Cualquier criatura que viva, puede usar de cada una de estas cosas según necesite y por ende toda persona se puede aprovechar de la mar y de su ribera, pescando o navegando y haciendo todas las cosas que entendiera en su pro. Pero si en la ribera de la mar hubiera casa u otro edificio cualquiera, que sea de alguien, no se debe derribar, ni usar de ninguna manera sin el permiso de quién lo hizo y en caso de que lo derribase el mar u otro o se cayese él, cualquiera podría hacer otro edificio en aquel lugar”. Claro está, que esto último, lo omiten.
Los defensores de la ley de Costas, no quieren hablar, que realmente esta norma es una burda copia de un proyecto franquista de 1968, que fue rechazado en aquellos tiempos, por tener un marcado carácter confiscatorio. Pero, años después, en un desmesurado intento de proteger nuestra costa, fue recuperado, (lo que hoy llamamos un corta y pega) modificando lo justo, para disfrazar la nueva norma, dotándola de un carácter proteccionista, medioambiental, y claramente retroactivo, eliminando, eso sí, el aguilucho y las flechas del anterior régimen.
Muchos de los ideólogos costeros, padres de la criatura (dícese ley de Costas) que actualmente, se dedican a enriquecer su jubilación, dando conferencias sobre las virtudes de su creación, allá donde los llamen, hacen referencia a las décimas de Alfonso X, el sabio como la primera norma para las costas y su dominio público, al citar textualmente,” Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que bien [viven] en este mundo, son estas: el ayre e las aguas de la lluvia, e el mar, e su ribera”.
La utilización de esta cita literaria, por parte de este conjunto de intelectos costeros, es claramente sesgada e interesada, pues en las mismas décimas aparece lo siguiente:” “Cualquier criatura que viva, puede usar de cada una de estas cosas según necesite y por ende toda persona se puede aprovechar de la mar y de su ribera, pescando o navegando y haciendo todas las cosas que entendiera en su pro. Pero si en la ribera de la mar hubiera casa u otro edificio cualquiera, que sea de alguien, no se debe derribar, ni usar de ninguna manera sin el permiso de quién lo hizo y en caso de que lo derribase el mar u otro o se cayese él, cualquiera podría hacer otro edificio en aquel lugar”. Claro está, que esto último, lo omiten.
Los defensores de la ley de Costas, no quieren hablar, que realmente esta norma es una burda copia de un proyecto franquista de 1968, que fue rechazado en aquellos tiempos, por tener un marcado carácter confiscatorio. Pero, años después, en un desmesurado intento de proteger nuestra costa, fue recuperado, (lo que hoy llamamos un corta y pega) modificando lo justo, para disfrazar la nueva norma, dotándola de un carácter proteccionista, medioambiental, y claramente retroactivo, eliminando, eso sí, el aguilucho y las flechas del anterior régimen.
Entonces, si la ley de costas de 1988, es tan maravillosa como dicen, ¿Qué es lo que ha fallado? En primer lugar, tengo claro, que las costas, nuestras costas, representan dinero. Una cantidad de miles de millones de euros, de los que se han beneficiado, desde políticos, nacionales y autonómicos, alcaldes, promotores y constructores. Todos han participado del festín; basta con recordar cómo estaban nuestras costas, en la década de los noventa, y compararlo con el estado actual.
La aplicación de la ley, fue, y posiblemente será, aplicada de una forma totalmente errónea e interesada. Se aplicó la norma, no como protección del litoral, sino como una norma urbanística; contemplando excepciones, planes especiales, limitaciones (pocas y continuamente modificadas) y permitiendo verdaderas atrocidades, en beneficio de las principales fuentes de ingreso de este país: el turismo y la construcción. Es quitar lo viejo, lo legalmente construido hace muchas décadas, para implantar aberraciones urbanísticas. Para esto, no escatiman en medios y recursos.
Y es aquí, donde la justicia, tiene que aplicarse en contra de los que autorizan estos desaguisados. Los que especulan con la desigual línea de un deslinde marítimo terrestre, para borrar de la costas, una, dos, treinta viviendas… para promover paseos marítimos y maravillosos y espectaculares complejos residenciales y hoteleros privados para el disfrute de todos. Es aquí, donde los defensores de la ley, tendrían que seguir citando a Alfonso X el Sabio, en lo referente a la Partida séptima, Título XXXIV, «De las reglas del derecho» y lo que recoge en la 17ª: “nadie debe enriquecerse torticeramente con el daño de otro”... y eso va por las administraciones competentes en esta materia. Al Estado; protector del medio ambiente, y al mismo tiempo garrote vil, de los derechos humanos. Pues aunque no lo admitan, están vulnerando el derecho humano a la propiedad privada, recogido en los convenios internacionales que este país firma y hace suyos.
El medio ambiente, es lo de menos. No existen planes serios, prácticos, y totalmente realistas, para proteger nuestras costas, porque han sido los políticos, y los legisladores, los que han cedido a las presiones económicas. Ejemplo de esto, es el caso de un antiguo director general de Costas, en aquel entonces, 1988, Jefe de la demarcación de Costas de Canarias, cuando se solicita en el Congreso de los Diputados el cese del mismo, por realizar unos vertidos en las costas de Mogán, Gran Canaria, permitiendo lo no permitido y destrozando toda un paraje de espectacular belleza. El resultado de la votación fue en contra del medio ambiente, y a favor de una construcción especulativa de apartamentos y hoteles, junto con el correspondiente “paseo marítimo”. (Diario de Sesiones del Congreso 20 de diciembre de 1988). Años más tarde, cuando el mar destrozó el famoso paseo marítimo e infraestructuras varias, la justificación, carente de toda validez científica, ofrecida por el mismo organismo que destrozó el litoral, fue sencilla; los destrozos se producen por los efectos del cambio climático.
Y mientras, José Fernández, afín al PSOE, defiende a ultranza los derribos de los pueblos canarios en la costa, justificando una vez más, la vergonzosa ley de costas; Incluso, el gobierno de Canarias, CC-PSOE, lo nombra director general de la Agencia Canaria para la Protección de medio ambiente y natural. Tremendos descerebrados, tanta desfachatez debe ser producto anexo a los altos cargos, devolviendo favores políticos, a aquellos que deberían estar en la cárcel de por vida. Por cierto, José Fernández, gran defensor de la Ley, cual perro fiel, esta actualmente imputado. Que raro.
Similares casos se pueden ver en todo el litoral español, pero es en Canarias, la comunidad autónoma con más kilómetros de costas, donde vemos casos de permisibilidad urbanística en la costa, totalmente indecente, llegando incluso, a poner en riesgo, (con total impunidad por parte de aquellos que lo autorizaron, promovieron y construyeron) la vida de las personas.
El caso de Tabaiba y Radazul, en Tenerife es otro ejemplo, de cómo se saltaron la ley, mediante una excepción a la norma, un plan especial, y vertieron escombros, construyeron, y edificaron, donde no debían. Así, actualmente, Tabaiba y Radazul, construidas en desembocaduras de barrancos de cumbre, en acantilados, padece riadas e inundaciones cada vez que tenemos temporal, pues han obstruido los cauces naturales, con el beneplácito de políticos, gobernantes y altos cargos del organismo que debería velar por nuestro litoral. Es más, recientemente, un político local, pedía la bandera azul y la creación de una reserva marina en la zona en un delirio de grandeza, cuando estaba aliviando el tránsito intestinal, pues otra explicación coherente a esta solicitud, no veo, cuando la realidad, es que ese tramo de costas, está plagado de emisarios y estaciones de bombeo de aguas fecales, en dominio público, (justo donde no pueden estar) bravo campeón,, con esta solicitud te has encumbrado.
La aplicación de la ley, fue, y posiblemente será, aplicada de una forma totalmente errónea e interesada. Se aplicó la norma, no como protección del litoral, sino como una norma urbanística; contemplando excepciones, planes especiales, limitaciones (pocas y continuamente modificadas) y permitiendo verdaderas atrocidades, en beneficio de las principales fuentes de ingreso de este país: el turismo y la construcción. Es quitar lo viejo, lo legalmente construido hace muchas décadas, para implantar aberraciones urbanísticas. Para esto, no escatiman en medios y recursos.
Y es aquí, donde la justicia, tiene que aplicarse en contra de los que autorizan estos desaguisados. Los que especulan con la desigual línea de un deslinde marítimo terrestre, para borrar de la costas, una, dos, treinta viviendas… para promover paseos marítimos y maravillosos y espectaculares complejos residenciales y hoteleros privados para el disfrute de todos. Es aquí, donde los defensores de la ley, tendrían que seguir citando a Alfonso X el Sabio, en lo referente a la Partida séptima, Título XXXIV, «De las reglas del derecho» y lo que recoge en la 17ª: “nadie debe enriquecerse torticeramente con el daño de otro”... y eso va por las administraciones competentes en esta materia. Al Estado; protector del medio ambiente, y al mismo tiempo garrote vil, de los derechos humanos. Pues aunque no lo admitan, están vulnerando el derecho humano a la propiedad privada, recogido en los convenios internacionales que este país firma y hace suyos.
El medio ambiente, es lo de menos. No existen planes serios, prácticos, y totalmente realistas, para proteger nuestras costas, porque han sido los políticos, y los legisladores, los que han cedido a las presiones económicas. Ejemplo de esto, es el caso de un antiguo director general de Costas, en aquel entonces, 1988, Jefe de la demarcación de Costas de Canarias, cuando se solicita en el Congreso de los Diputados el cese del mismo, por realizar unos vertidos en las costas de Mogán, Gran Canaria, permitiendo lo no permitido y destrozando toda un paraje de espectacular belleza. El resultado de la votación fue en contra del medio ambiente, y a favor de una construcción especulativa de apartamentos y hoteles, junto con el correspondiente “paseo marítimo”. (Diario de Sesiones del Congreso 20 de diciembre de 1988). Años más tarde, cuando el mar destrozó el famoso paseo marítimo e infraestructuras varias, la justificación, carente de toda validez científica, ofrecida por el mismo organismo que destrozó el litoral, fue sencilla; los destrozos se producen por los efectos del cambio climático.
Y mientras, José Fernández, afín al PSOE, defiende a ultranza los derribos de los pueblos canarios en la costa, justificando una vez más, la vergonzosa ley de costas; Incluso, el gobierno de Canarias, CC-PSOE, lo nombra director general de la Agencia Canaria para la Protección de medio ambiente y natural. Tremendos descerebrados, tanta desfachatez debe ser producto anexo a los altos cargos, devolviendo favores políticos, a aquellos que deberían estar en la cárcel de por vida. Por cierto, José Fernández, gran defensor de la Ley, cual perro fiel, esta actualmente imputado. Que raro.
Similares casos se pueden ver en todo el litoral español, pero es en Canarias, la comunidad autónoma con más kilómetros de costas, donde vemos casos de permisibilidad urbanística en la costa, totalmente indecente, llegando incluso, a poner en riesgo, (con total impunidad por parte de aquellos que lo autorizaron, promovieron y construyeron) la vida de las personas.
El caso de Tabaiba y Radazul, en Tenerife es otro ejemplo, de cómo se saltaron la ley, mediante una excepción a la norma, un plan especial, y vertieron escombros, construyeron, y edificaron, donde no debían. Así, actualmente, Tabaiba y Radazul, construidas en desembocaduras de barrancos de cumbre, en acantilados, padece riadas e inundaciones cada vez que tenemos temporal, pues han obstruido los cauces naturales, con el beneplácito de políticos, gobernantes y altos cargos del organismo que debería velar por nuestro litoral. Es más, recientemente, un político local, pedía la bandera azul y la creación de una reserva marina en la zona en un delirio de grandeza, cuando estaba aliviando el tránsito intestinal, pues otra explicación coherente a esta solicitud, no veo, cuando la realidad, es que ese tramo de costas, está plagado de emisarios y estaciones de bombeo de aguas fecales, en dominio público, (justo donde no pueden estar) bravo campeón,, con esta solicitud te has encumbrado.
Casos como estos, cientos, son los que hacen de esta ley de costas, y de la reforma aprobada por al actual gobierno, un simple papel mojado, que no tiene más utilidad, de la de servir, a políticos como el anterior, cuando acabe de aliviarse.
Me gustaría creer, que nuestros líderes políticos no saben esto. Que a Rubalcaba, le crecería robusta y larga melena, o a Rajoy, se le sanara esa distrofia cerebral al investigar este tema; incluso que a toda esa camada de diputados, y senadores, se les abrieran sus respectivas mentes, y dejaran de preguntar, por las ocupaciones del dominio público marítimo terrestre en Cuenca, Extremadura o Córdoba. (Seguro que los geógrafos, les darían las gracias...)
Pero les aseguro que no es así. Llevan más de 25 años sabiendo este tema; saben de la confiscación continuada y autorizada de legitimas propiedades, pues el Estado, no tiene dinero para expropiar todo lo legalmente construido, de ahí, el fin de las concesiones del dominio público. Saben, que cuando un núcleo costero tiene una gran población, legalizan la situación, o en muchos casos, dejan pasar el tiempo, consolidando viviendas; pero si son pequeños pueblos, con pocos propietarios, pues se cambia el deslinde, se derriba, y venga, todos la calle, a vivir de la caridad de los Asuntos Sociales. Prueba de esto, es que la nueva ley del PP, salva núcleos densamente poblados, sin títulos de propiedad y en dominio público, o urbanizaciones de lujo, con un poder económico alto, o simplemente, complejos residenciales habitados por miles de extranjeros, para callar la multitud de quejas oficiales a la ley de costas, que se reciben desde países como Inglaterra, Francia o desde la, cada vez mas incrédula y menos permisiva Comunidad Europea. Pero no salva a los pueblos tradicionales de Canarias, de Galicia, o del litoral mediterráneo.
A toda esta camarilla de políticos ineptos, se les suman los adeptos al ecologismo radical, partidarios de la protección total de la costa, cueste lo que cueste; les da igual que más de millón y medio de personas vivan en la calle, después de ver sus casas demolidas, comparando y denunciando, al constructor del hotel del Algarrobico, como a los vecinos de Cho Vito, el Puig, o Benzú. Demonizando al pescador de un pequeño pueblo de Lanzarote, por tener una casa a veinte metros del mar, heredada de sus antepasados, legal, y pagando todos los impuestos, que posiblemente lleve ubicada en el lugar, totalmente integrada con el paisaje, muchos años antes del nacimiento del movimiento ecologista. Les animo, a que tengan de lo que siempre presumen y soliciten el deslinde y derribo de San Sebastián, La Coruña, Santander etc... debido a que ha sido inundada por “los mayores temporales conocidos” en estos últimos días y que según la indescifrable Ley de Costas, son ya, de hecho y de derecho, dpmt. De no hacer los deslindes preceptivos, Costas, estaría discriminando a unos ciudadanos de otros por motivos sociales, económicos etc.
A estos sectarios del ecologismo radical, partidarios de planes proteccionistas ya desfasados, bien por irrealizables, bien por carentes de rigor, comentarles, que los principales interesados en mantener y cuidar las costas, son aquellos, que llevan décadas, viviendo en ellas. Decirles, que es totalmente imposible, separar a las personas del medio ambiente, pues están históricamente ligadas. Unos de los mayores avances contra el urbanismo destructor y salvaje de nuestras costas, fue creado en el seno de Europa (informe Auken), y sus recomendaciones son una denuncia directa a la política medioambiental española, incluida la tan querida por ustedes, Ley de Costas. Y les aseguro, que Europa, hace mucho tiempo que no cree en las bondades de esta Ley. Ni de la reforma de la misma.
En este tema, el consenso de la clase política, de la intelectualidad ecológica, no es necesariamente correcto, al margen de cuantos le den crédito, o durante cuantos años perdure la creencia de que esta Ley es beneficiosa. Puede ser errónea. De hecho es muy errónea.
Y esto es la realidad, de la arbitrariedad de la ley, que queda grabada para siempre, en los rostros de aquellos, que viviendo en la costa, ven como les derriban sus casas, mientras sentados en los escombros de las mismas, miran con asombro como apartamentos, urbanizaciones, y hoteles, a escasos metros, turistas, ecologistas, especuladores y sectarios políticos, ven el morboso espectáculo del drama humano que significa perder tu casa.
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia88738.php
Me gustaría creer, que nuestros líderes políticos no saben esto. Que a Rubalcaba, le crecería robusta y larga melena, o a Rajoy, se le sanara esa distrofia cerebral al investigar este tema; incluso que a toda esa camada de diputados, y senadores, se les abrieran sus respectivas mentes, y dejaran de preguntar, por las ocupaciones del dominio público marítimo terrestre en Cuenca, Extremadura o Córdoba. (Seguro que los geógrafos, les darían las gracias...)
Pero les aseguro que no es así. Llevan más de 25 años sabiendo este tema; saben de la confiscación continuada y autorizada de legitimas propiedades, pues el Estado, no tiene dinero para expropiar todo lo legalmente construido, de ahí, el fin de las concesiones del dominio público. Saben, que cuando un núcleo costero tiene una gran población, legalizan la situación, o en muchos casos, dejan pasar el tiempo, consolidando viviendas; pero si son pequeños pueblos, con pocos propietarios, pues se cambia el deslinde, se derriba, y venga, todos la calle, a vivir de la caridad de los Asuntos Sociales. Prueba de esto, es que la nueva ley del PP, salva núcleos densamente poblados, sin títulos de propiedad y en dominio público, o urbanizaciones de lujo, con un poder económico alto, o simplemente, complejos residenciales habitados por miles de extranjeros, para callar la multitud de quejas oficiales a la ley de costas, que se reciben desde países como Inglaterra, Francia o desde la, cada vez mas incrédula y menos permisiva Comunidad Europea. Pero no salva a los pueblos tradicionales de Canarias, de Galicia, o del litoral mediterráneo.
A toda esta camarilla de políticos ineptos, se les suman los adeptos al ecologismo radical, partidarios de la protección total de la costa, cueste lo que cueste; les da igual que más de millón y medio de personas vivan en la calle, después de ver sus casas demolidas, comparando y denunciando, al constructor del hotel del Algarrobico, como a los vecinos de Cho Vito, el Puig, o Benzú. Demonizando al pescador de un pequeño pueblo de Lanzarote, por tener una casa a veinte metros del mar, heredada de sus antepasados, legal, y pagando todos los impuestos, que posiblemente lleve ubicada en el lugar, totalmente integrada con el paisaje, muchos años antes del nacimiento del movimiento ecologista. Les animo, a que tengan de lo que siempre presumen y soliciten el deslinde y derribo de San Sebastián, La Coruña, Santander etc... debido a que ha sido inundada por “los mayores temporales conocidos” en estos últimos días y que según la indescifrable Ley de Costas, son ya, de hecho y de derecho, dpmt. De no hacer los deslindes preceptivos, Costas, estaría discriminando a unos ciudadanos de otros por motivos sociales, económicos etc.
A estos sectarios del ecologismo radical, partidarios de planes proteccionistas ya desfasados, bien por irrealizables, bien por carentes de rigor, comentarles, que los principales interesados en mantener y cuidar las costas, son aquellos, que llevan décadas, viviendo en ellas. Decirles, que es totalmente imposible, separar a las personas del medio ambiente, pues están históricamente ligadas. Unos de los mayores avances contra el urbanismo destructor y salvaje de nuestras costas, fue creado en el seno de Europa (informe Auken), y sus recomendaciones son una denuncia directa a la política medioambiental española, incluida la tan querida por ustedes, Ley de Costas. Y les aseguro, que Europa, hace mucho tiempo que no cree en las bondades de esta Ley. Ni de la reforma de la misma.
En este tema, el consenso de la clase política, de la intelectualidad ecológica, no es necesariamente correcto, al margen de cuantos le den crédito, o durante cuantos años perdure la creencia de que esta Ley es beneficiosa. Puede ser errónea. De hecho es muy errónea.
Y esto es la realidad, de la arbitrariedad de la ley, que queda grabada para siempre, en los rostros de aquellos, que viviendo en la costa, ven como les derriban sus casas, mientras sentados en los escombros de las mismas, miran con asombro como apartamentos, urbanizaciones, y hoteles, a escasos metros, turistas, ecologistas, especuladores y sectarios políticos, ven el morboso espectáculo del drama humano que significa perder tu casa.
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia88738.php