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El PP siempre ha hecho bandera de la defensa de los chiringuitos y con la nueva Ley de Costas también se mejorará su situación. Su reglamento, todavía sin publicar y a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS, prevé duplicar el espacio que ahora pueden ocupar, de forma que tendrán hasta 300 metros de superficie en total, y se les permitirá situarse mucho más cerca unos de otros.
El documento explica cómo se van a organizar las medidas contempladas en la nueva ley, bautizada de protección y uso sostenible del litoral, y que ha recibido numerosas críticas porque plantea justo lo contrario: mantener todo lo ya construido y otorgar más permisos para ocupar la costa. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha resumido su filosofía con la siguiente frase: “El impacto que ya está hecho, aprovechémoslo”. Según cálculos del Gobierno, beneficiará a más de 500.000 personas.
Con la nueva Ley de Costas, en vigor desde julio, las concesiones de las casas metidas en la playa se podrán alargar hasta los 75 años e incluso venderse; se salvan de la piqueta 12 núcleos conflictivos (unas 3.400 viviendas) o se permitirá hacer obras de reforma a las viviendas levantadas en zona de servidumbre, la parte inmediatamente posterior a la playa, en la que hasta ahora no se podían hacer ningún tipo de cambios en la estructura. Estas son algunas de las novedades que aporta su reglamento:
»Chiringuitos más grandes. Se establece una nueva división entre playas urbanas y naturales. En las urbanas, los requisitos y usos permitidos son mucho más flexibles. Por ejemplo, las dimensiones máximas permitidas para negocios en los que se venda comida y bebida serán de 200 metros cuadrados (150 de edificación cerrada y el resto de terraza con cerramientos) y además se pueden añadir otros 70 metros de instalación “abierta y desmontable”, más una zona de aseo de no más de 30 metros. En total, 300 metros que contrastan con los 150 que permitía la anterior ley.
Las separaciones mínimas entre negocio y negocio se fijan en 150 metros —en la antigua norma eran de 200 metros— pero se pueden acortar a 75 metros si se trata de “actividades no similares”.
En las playas naturales los negocios no pueden tener más de 70 metros cuadrados y todos sus elementos deben ser “desmontables”. La distancia mínima de separación es de 300 metros.
»Fiestas y patrocinios. Hasta ahora, la celebración de fiestas en la playa era algo muy excepcional y se sometía a muchos condicionantes para preservar el entorno. Con la nueva ley, las playas urbanas podrán acoger “eventos con repercusión turística” de todo tipo (internacional, nacional, regional o local) y citas deportivas o culturales que, aunque se celebren de forma esporádica, tengan “repercusión nacional o internacional”. Los permisos los concederán los municipios, con informe favorable de la Administración autonómica. La publicidad (tanto de vallas, carteles o medios acústicos y audiovisuales), antes prohibida, se permitirá de forma excepcional en actividades lúdicas y deportivas autorizadas.
»Dunas desprotegidas. Quedan fuera del dominio público —la zona de disfrute de las playas y que más niveles de protección tiene— dos tipos de dunas porque no se las considera “necesarias para garantizar la estabilidad de la costa”. Como las dunas estabilizadas, que no se mueven, algo que se puede conseguir artificialmente. Este criterio podría abrir la puerta a que se hagan realidad urbanizaciones ideadas en zonas dunares, como Valdevaqueros (Tarifa), coinciden varios expertos.
»El propietario, responsable de las obras. El control de las reformas en las viviendas del litoral que antes no podían ni cambiar una ventana sin presentar infinidad de informes queda en manos de las autonomías. El propietario debe presentar un escrito ante esta Administración en la que se compromete a no aumentar volumen, superficie o altura. El Gobierno solo se ocupará de vigilar que quede garantizada la zona de paso a la playa. Si en dos meses no se pronuncia, se da por autorizado. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido que en esa declaración responsable del dueño se incluya la necesidad de presentar un aval o caución para poder resarcir daños causados al litoral.
»Playa más estrecha. El Gobierno propone que se haga una nueva medición del dominio público, trámite conocido como deslinde, recortando la playa. Para ello habría que acreditar que un temporal con probabilidad de repetirse en 50 años no superaría esa franja. Este trámite puede hacer que propietarios de casas situadas en esta parte del litoral, de máxima protección, adquieran nuevos derechos, como la posibilidad de hacer obras. Un grupo de expertos (entre los que hay profesores de Derecho Administrativo, ingenieros y geógrafos) dudan de los criterios y el fundamento científico porque supone un recorte del dominio público en lugar de ampliarlo, lo que sería más lógico viendo ejemplos como los efectos de temporales en Cantabria o las inundaciones de Reino Unido.
Becerril ha pedido al Gobierno que extreme las medidas de protección de la costa en este reglamento y ha insistido en que esta parte pública debe definirse atendiendo “exclusivamente a criterios físicos y científicos y no de otra naturaleza”.