Se trata de una orden ministerial de 1957, "conforme" a la cual se desarrolló el deslinde por el que fueron desmantelados un centenar de invernaderos en las costas de Albuñol en 2017
"No ha podido ser
localizada la O.M. de 9 de octubre de 1957", ha afirmado el ministerio
de Transición
Ecológica, del que depende la
Dirección de Costas, en un e-mail de respuesta a la presidenta de la Asociación Europea de perjudicados por
la Ley de Costas, Carmen Del Amo, al que ha podido acceder Vozpópuli.
Esa orden ministerial que el Gobierno no ha podido localizar es la que basó un deslinde en la costa de Albuñol, Granada, por el que hace un año fueron desmantelados un centenar de invernaderos de los que vivían unas 200 familias en la localidad granadina de Albuñol. La medida fue aplaudida por los colectivos ecologistas pero repudiada por los agricultores y la propia Del Amo, que enfatiza que el desmantelamiento se hizo con cargo a los propios agricultores. "Fue una confiscación ilegal en toda regla", denuncia Del Amo.
El expediente de dicho deslinde fue tramitado "conforme a lo dispuesto en la O.M. de 9 de octubre de 1957 y Ley 28/1969 de 26 de abril", según consta en una nota del entonces Ministerio de Obras Públicas en el año 1977. El mismo deslinde sería ratificado en el año 2000.
La respuesta referida es la primera vez que el Gobierno se pronuncia ante Del Amo sobre el contenido y disponibilidad íntegra de las órdenes ministeriales cuya existencia la propia denunciante pone en cuestión, remarcando que deberían ser públicas como lo exige la Ley.
Otras nueve órdenes ministeriales, en suspenso
Tal y como ha informado ya este periódico, Del Amo ha
solicitado las órdenes ministeriales de otros nueve deslindes, sin haberle sido
entregada hasta ahora ninguna de las que los sustentaron. "Se está
preparando la remisión de los textos de las órdenes ministeriales aprobatorias de los
deslindes por los que se interesa (Del Amo)", contestaron desde el
ministerio de Transición Ecológica el 26 de octubre.
Según Del Amo, hasta un millón de personas podrían llegar a verse afectadas por lo que considera un "agujero jurídico" en toda regla ya que, según ella, las referidas órdenes ministeriales "no existen, si no, las hubieran mostrado ya", en lo que forma parte de una estafa "hasta ahora desconocida porque nadie la había investigado en profundidad".
A propósito de la orden que el Gobierno ya ha dicho no poder localizar, Vozpópuli ha intentado ponerse nuevamente en contacto con el ministerio de Transición Ecológica, que había respondido hasta ahora a este medio, pero no ha sido posible.