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| Foto cedida por la Plataforma |
A pesar de las múltiples Directivas europeas de protección ambiental, que son de obligado cumplimiento para todos los estados miembros de la UE. A pesar de que a todas las administraciones se les llena la boca hablando del medio ambiente, la realidad es que la costa española, en especial la levantina, ha quedado destruida tras los temporales del año pasado. Pero no porque los temporales fueran extraordinarios, que si lo fueron, sino porque la costa española está repleta de puertos que impiden el movimiento de los áridos hacia el sur del mismo, llevando las playas a retrocesos nunca conocidos e incumpliendo los compromisos adquiridos en los informes de impacto ambiental dejan que el mar avance hacia las poblaciones poniendo en peligro a las personas y sus bienes. Y mientras... todas las administraciones mirando para otro lado, como si no estuvieran todas ellas obligadas, no solo a cumplir con sus obligaciones legales, sino a proteger a la población.
Por si lo que está ocurriendo actualmente fuera poco, se ha dado luz verde a la ampliación del puerto de Gandía que tanto daño ha hecho a las playas del sur, en vez de obligar a reparar el daño ocasionado aplicando el principio europeo de que QUIEN CONTAMINA PAGA.
Lo que está ocurriendo en Bellreguard, solo tiene un nombre: DELITO AMBIENTAL y la Fiscalía debería actuar de oficio.