martes, 25 de mayo de 2021

Torre la Sal somos todos (CRISTINA FERNÁNDEZ)

 

Pocos anuncios han movilizado tanto a la opinión pública y a los partidos políticos con representación en nuestra provincia como el derribo del poblado marítimo de Torre la Sal. Una chapuza administrativa más en el largo historial de la Dirección de Costas, tras Nules o Xilxes, que demuestra la nula sensibilidad de sus responsables con nuestra costa. Porque una cosa es garantizar que se cumpla la ley y otra, muy diferente, olvidar que las leyes las hacemos entre todos para garantizar nuestra convivencia. Nunca el enfrentamiento. Y menos la expropiación y derribo a golpe de decreto.

Siempre he entendido el ejercicio de un cargo público como una responsabilidad a pie de calle, así que nada más conocer la noticia cogí mi coche y fui a Torre la Sal. Es un viaje que cada año hacemos miles de castellonenses, porque en pocos enclaves provinciales se respira esa esencia de lo que fuimos y lo que somos como pueblo. Un poblado marinero que siempre entendió que el Mediterráneo era mucho más que una fuente de alimento, una autopista a la historia por la que transitaron fenicios, griegos, romanos o cartagineses. En Torre la Sal todo empieza y acaba en el mar, es su razón de ser. También la nuestra.

Nada más llegar, apenas recorridos unos cuantos metros, ya me encontraba hablando con una de las vecinas afectadas que no dudó en invitarme a entrar en su casa: Conchín Andreu. Como responsable de Turismo en Benicàssim, siempre he pensado que la mejor campaña de promoción es la hospitalidad, y os puedo asegurar que ella sería una excelente embajadora de nuestras costas. Tres de sus cuatro hijos viven en Torre la Sal, incluso sus nietos que van a diario al colegio de Torreblanca, lo que habla a las claras lo que significa esa playa para ella. Fue su marido, que hoy tiene 73 años, el que la heredó de su abuelo quien a su vez la compró a Capitanía Marítima de Vinaròs. Toda una vida de recuerdos frente al mar.

Conchín me enseñó la famosa carta de Costas en la que les daban a ella y a su familia ocho días para alegar contra la expropiación de sus viviendas, las mismas que han mantenido ella, su marido y sus hijos con el trabajo de toda su vida. Ocho días para alegar contra el derribo de unas casas que llevan 150 años en pie. Un despropósito. ¿Y no hubiese sido mejor ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Cabanes, mantener reuniones con los propietarios y trabajar juntos para proteger esta singularidad dentro de la legalidad?

Estoy segura que ninguno de los responsables de Costas en Madrid han estado nunca en Torre la Sal, ni de visita. No han escuchado a Conchín, ni a Juan, ni han comido nunca en Casa Artemio que lleva abierto desde 1970, hace más de cuatro décadas. No se puede decidir la vida de las personas desde un despacho en el que ni se adivina el mar. Les invitamos a que utilicen otro tipo de brújula, la emocional, y den marcha atrás a una decisión incomprensible. Nos tendrán enfrente si no lo hacen, a Ciudadanos y a toda la provincia de Castellón. Torre la Sal lo merece. Torre la Sal somos todos.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial y teniente alcaldesa de Benicàssim

Torre la Sal: la ley de Costas para el desalojo 'chirría'

 El Ministerio dice que la ocupación de viviendas en régimen compensatorio se extinguió en 2019 y los vecinos expresan dudas

Viviendas ubicadas en el poblado de Torre la Sal.E. M

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Dirección General de Costas, sale en defensa de su decisión de recuperar el dominio público de Torre la Sal procediendo al desalojo de unas 60 viviendas. Un proceso al que ha alegado el Ayuntamiento de Cabanes y de cuya legalidad dudan los vecinos. Fuentes de Costas aseguran que el desalojo responde al cumplimiento de la Ley y al deslinde aprobado en los años 70. «Conforme a la Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre Costas, mediante Orden Ministerial de 28 de octubre de 1975 se aprueba el deslinde de la zona marítimo-terrestre y de las playas, en el tramo del término municipal de Cabanes, comprendido entre el límite con el término municipal de Oropesa del Mar y la casa de carabineros a la altura del P.K. 97 de la C.N. 340, quedando calificado el denominado núcleo costero de Torre de la Sal como playa y, por tanto, como bien de dominio público», aseguraron fuentes de Costas a este periódico.

Las mismas fuentes afirman «tras la promulgación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con fecha 25 de mayo de 1993 se dicta nueva Orden Ministerial que, en el tramo que ocupa, expresa que sigue vigente la línea de playa aprobada en su día por Orden Ministerial de 28 de octubre de 1975 y, por ello, se confirma la pertenencia del espacio ocupado por el núcleo o poblado en cuestión al dominio público marítimo-terrestre». «Al tratarse de dominio público marítimo terrestre según la Ley de Costas de 1988 y todas las posteriores modificaciones, ese tramo es de titularidad estatal única y exclusivamente. Las parcelas que conforman el núcleo de Torre la Sal son ocupaciones sin título, cuyo hipotético derecho a título de ocupación en régimen compensatorio se extinguió en julio de 2019», exponen. Ahora, casi dos años después, «se ha abierto el Expediente de Recuperación Posesoria, siguiendo el procedimiento establecido con ocupaciones ilegales en el citado dominio público para devolver esas parcelas a la titularidad pública del Estado». «Se les ha notificado la obligación de desalojar, con el preceptivo plazo de alegaciones previsto en la normativa», defienden estas fuentes, señalando que «el periodo de alegaciones sigue abierto».

Las afirmaciones de Costas chocan con las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos, así como del Ayuntamiento. El presidente de la agrupación vecinal, Juanjo Agost, insiste en que dicha orden ministerial «no llegó a publicarse en el BOE» ni llegó una comunicación a los damnificados ni se llevó al Registro de la Propiedad, mientras los vecinos sí ocuparon los terrenos «cumpliendo con la legalidad e inscribiendo nuestras propiedades, que estaban fuera de ese deslinde, en el Registro». «A nosotros nadie nos ha explicado nada y antes de dar un paso adelante, queremos una explicación», defiende Agost. «Estamos totalmente indefensos», lamenta Agost, quien deja la puerta abierta a presentar alegaciones. Este periódico pidió el citado BOE al Ministerio, pero, a esta pregunta, no obtuvo respuesta.
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2021/05/17/60a22067fdddff0c628b4595.html

¿Por qué Costas siempre dice que todo está hecho conforme a la normativa pero nunca lo demuestra? Es tan fácil como entregar el expediente completo a quién lo solicite. ¿O tiene algo que esconder?