El Gobierno 'cuela' una enmienda en la Ley de Paridad para facilitar la aprobación de leyes sin consulta pública

• Busca reformar la Ley del Gobierno para que solo haya que cumplir...
• ...uno de los seis requisitos actuales para poder saltarse el trámite

• El Gobierno ha colado una enmienda en la Ley de Paridad para rebajar los requisitos para sacar adelante leyes, reales decretos y reglamentos sin necesidad de sacar la norma a consulta pública. Es decir, sin que los ciudadanos u organizaciones potencialmente afectados por la nueva ley o reglamento puedan opinar al respecto.

  El PSOE y Sumar buscan reformar el artículo 26 de la Ley del Gobierno con el objetivo de que con solo cumplir una de las actuales seis circunstancias que marca la norma para poder prescindir de la consulta pública, el Ejecutivo ya tenga vía libre para saltarse este trámite.

  Los partidos justifican este cambio en que el Tribunal Supremo tumbó el pasado 31 de enero el Real Decreto del 1 de agosto de 2022 que modificaba el Reglamento General de Costas porque el Gobierno obvió el trámite de consulta pública.

• Según PSOE y Sumar, la sentencia considera que, en el caso de normas reglamentarias, para poder prescindir del trámite de consulta pública previa, han de concurrir las circunstancias acumuladas de que se trate de normas presupuestarias u organizativas y, además, razones graves de interés público que lo justifiquen, no imponer obligaciones relevantes a los destinatarios o regular aspectos esenciales de una materia.

  Así es la actual ley

  Es decir, la actual Ley del Gobierno, según establece literalmente, solo permite excluir la consulta pública "en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas".

  El cambio que busca Sánchez

  El cambio que busca el Ejecutivo a través de la enmienda número 76 indica textualmente que podrá prescindirse de consulta pública "cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias":

• a) Cuando se trate de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas.

  b) Cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

  c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica.

  d) Cuando la propuesta no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios.

• e) Cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia.

  f) Cuando se acuerde la tramitación urgente de iniciativas normativas, en los términos previstos en el artículo 27.2.

  El trámite de consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo sobre los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

  Este cambio daría mayor manga ancha al Ejecutivo para sacar adelante normas sin necesidad de que pasen el filtro de la opinión ciudadana o las organizaciones o empresas afectadas.

• https://www.eleconomista.es/legal/noticias/12802965/05/24/el-gobierno-cuela-una-enmienda-en-la-ley-de-paridad-para-aprobar-leyes-sin-consulta-publica.html
  

¿De quién dependen las leyes?... Pues eso...

Platja d’Aro abre otra vía para los 1.200 afectados por la ley de Costas

La situación afecta 858 propiedades, entre pisos, garajes, casas o locales de primera línea de mar

 Pere Duran / NORD MEDIA/ARCHIVO

Un catedrático parte de la idea que dos órdenes ministeriales podrían ser nulas.

El conflicto que desde hace cinco años impide a 1.200 propietarios de edificios situados en un tramo de primera línea de mar de Platja d’Aro registrar operaciones de compraventa o de transmisión de herencias ha abierto un nuevo capítulo que puede ser un pequeño resquicio de esperanza para los afectados.

Una ley de 2013 indicaba, ante la sorpresa de los perjudicados, que una parte de edificios de un tramo de 650 metros de la playa Gran estaban situados en una zona de dominio público marítimo terrestre, propiedad del Estado.

Ley 2013

Una ley de 2013 indicaba que una parte de edificios de un tramo de 650 metros de la playa Gran estaban situados en una zona de dominio público marítimo terrestre

El Ayuntamiento y los afectados batallan para cambiar una situación que les deja en un limbo legal desde que en 2019, la nueva registradora de la propiedad se negó a inscribir compraventas y otras operaciones. 

Hace un año, el Ayuntamiento de Platja d’Aro presentó ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso, pendiente de sentencia, contra el silencio administrativo del ministerio competente ante los requerimientos en los que se reclamaba que se excluyera del dominio público marítimo terrestre el término municipal. Ahora, a ese recurso se le podría sumar pronto otra demanda por vía administrativa impulsada por el abogado y catedrático de Derecho de la Facultad Complutense de Madrid, Emili Suñé.

¿Cómo puede ser que a lo largo de 74 años nadie supiera de ese deslinde?, se pregunta Emili Suñé.

Dueño de tres fincas afectadas, explica que los propietarios “son las víctimas” de una “situación totalmente kafkiana”, de un “enredo urbanístico” de primer orden en el que intervino incluso el Tribunal Constitucional en el año 2015 sin cerrar la cuestión. Este abogado, experto en derecho administrativo, se pregunta cómo puede ser que a lo largo de 74 años nadie supiera que Platja d’Aro estaba afectada por el deslinde. El estado sitúa en el año 1945 esa primera delimitación de la zona marítimo terrestre.

“Un registrador de la propiedad no es bobo, tampoco lo son los funcionarios del Ayuntamiento ni los notarios… ¿Por qué el departamento de Costas no dijo nada cuando se edificaba ante su propia costa?”. Preguntas –dice Suñé- que le hicieron abrir los ojos. “Me entró la duda de que Platja d’Aro hubiese tenido alguna vez una afectación del dominio público”, esgrime. Parte de los edificios de primera línea involucrados en esta situación se construyeron en las décadas de 1960 y 1970.

El catedrático parte de la base que dos de las órdenes ministeriales con las que se habría basado el Estado para delimitar el deslinde en Platja d’Aro podrían ser nulas o contar con defectos de forma que avalarían su nulidad. La primera es la del año 1945. “Nadie ha visto esa orden, ni siquiera en los Boletines Oficiales de la Provincia (BOP) de aquellas fechas aparece ninguna mención a Platja d’Aro ni otras formas de toponimia del municipio empleadas entonces”, explica. 

Suñé ha reclamado al Ministerio de Transición Ecológica poder ver esa orden para saber si existe en realidad y conocer su contenido. El catedrático recuerda que en esa época aún no existía la Ley de Costas, ya que la primera data de 1969. Tampoco la Ley de Patrimonio estatal, la primera es de abril de 1964, que es la que da pie a la operativa de dominio público. La normativa que regía entonces era la Ley de Puertos de 1928, respetuosa con la propiedad privada, y el Código Civil.

La segunda orden ministerial de la que duda es de la del año 2000. “Es un orden secreta, solo comunicada internamente entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Provincial de Costas, que nunca se ha publicado y de la que nos hemos enterado por casualidad”, esgrime Suñé, que está en contacto con las 15 comunidades de vecinos afectadas para ir todos a una en una demanda que presentarán por vía administrativa.

Dos anomalías que podrían dar pie al reconocimiento de los afectados como propietarios de pleno derecho desde siempre de sus fincas.

Una situación dramática

Ni comprar, ni vender, ni mejorar la hipoteca

Los problemas empezaron en el año 2019 cuando la nueva registradora de la propiedad de Sant Feliu de Guíxols, amparada por el Ministerio, se negó a inscribir las transmisiones patrimoniales en el Registro de la Propiedad, haciendo una interpretación más restrictiva que su antecesor de una ley de 2013 que situaba Platja d’Aro y otros once núcleos del litoral español en zona marítimo terrestre. Que una propiedad no figure con su nuevo titular en el registro implica problemas tanto para un futuro comprador como para el vendedor de las fincas afectadas. El primero no puede pedir una hipoteca, de modo que si no tiene suficiente liquidez no podrá materializar la compra. También es un problema para el propietario que, ante la necesidad imperiosa de querer vender, puede acabar haciéndolo por un precio muy inferior al previsto. A todo eso se le añaden otros problemas. Por ejemplo, los que todavía pagan una hipoteca no pueden mejorar sus condiciones bancarias porqué la registradora tampoco las inscribe. “Todo eso da pie a una situación dramática para los propietarios, que si quieren vender, deben aceptar unas rebajas nada razonables, lo que fomenta la aparición de mafias de especuladores”, explica Rafael Arau, presidente de la Associació del Passeig Marítim, que agrupa a varios afectados. Al menos unas sesenta operaciones de compraventa han quedado frenadas por esta rocambolesca situación.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20240428/9604817/platja-d-aro-abre-1-200-afectados-ley-costas.html

La angustia de los vecinos de Mazarrón a los que Ribera quiere incautar sus casas: «Lloramos de impotencia»

Una treintena de propietarios en la playa de Nares, Mazarrón, está viviendo una auténtica pesadilla al ver como el Estado pretende incautar sus casas aplicando la Ley de Costas. Estos vecinos explican que sus hogares, situados en primera línea de playa, corren peligro debido al acercamiento progresivo del mar y a la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez que se niega a modificar una ley que convierte estas propiedades en lugares susceptibles de ser incautados una vez que entren a formar parte de la zona de dominio público marítimo.

OKDIARIO ha podido hablar con ellos y ha sido testigo de la desesperación que viven los propietarios en esta línea costera del municipio murciano. «Es como si fuéramos okupas de nuestras propias casas. Lloramos de impotencia ¿Qué hemos hecho nosotros mal?», dice Constantino Sánchez López, miembro de la Asociación de Propietarios La Reya-Nares de Mazarrón.

Uno de los vecinos explica a este medio que las casas que se sitúan en la línea costera son «centenarias» y que algunas tienen hasta 120 años. «Esta casa es del año 1923 pero hay casas mucho más antiguas. Me parece muy mal que se tiren, esto es un patrimonio histórico, es la memoria de un pueblo», señala el propietario de una de estas construcciones.

Según manifiestan, el imparable avance del mar es agravado por la acción del hombre que ha contribuido a cambiar la morfología de la playa. «Era cóncava y ahora es convexa. Además pasan una maquinaria pesada todos los veranos de más de 30.000 kilos aplastando la arena para dejar la playa más bonita», denuncian.

Ahora bien, estos vecinos no sólo están amenazados por la misma naturaleza. A sus espaldas el Estado ha vendido un terreno para levantar 2.500 viviendas, un hotel y un centro comercial. Ordenación Bahía, así se llama este proyecto para modernizar Mazarrón, busca, además, eliminar las históricas viviendas de primera línea para construir un paseo marítimo y ensanchar la playa. «De la noche a la mañana existe una demarcación de costas que toma la decisión de tirar la línea de costa por detrás del dominio público ¿Por qué? ¿Dónde están los derechos fundamentales recogidos en la Constitución?», se pregunta Constantino Sánchez López el cual afirma que este modo de proceder «es una clara evidencia de como se están haciendo las cosas en este país».

El Gobierno y la Ley de Costas

La playa de Nares en Mazarrón no es la única zona afectada por la negativa del Gobierno a modificar la Ley de Costas para proteger la propiedad privada. En total son más de 400 propietarios los que están gravemente afectados por esta política «climática» del Ejecutivo de Sánchez.

OKDIARIO ha podido saber que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, decidió paralizar en 2018 una estrategia de protección del litoral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2016 que consistía en la construcción de infraestructuras que impidiesen que el mar avanzase tierra adentro, una medida que aseguraba la línea costera y protegía las propiedades en primera línea. «Es una cuestión de fundamentalismo ideológico, de radicalismo ecologista. Si el mar avanza pierdes tu propiedad. Ya hay órdenes de demolición», han dicho fuentes del PP en la Región de Murcia.

Como consecuencia de anular esta política del Partido Popular, decenas de miles de propietarios por todo el litoral mediterráneo se han visto desprotegidos en dos frentes: por el avance natural del mar que desde hace décadas ha establecido la línea de olas varios metros tierra adentro y por la pasividad del Gobierno que ante estos cambios ha decidido adaptar el dominio público marítimo terrestre a la nueva situación, lo que impide la propiedad privada.

Pero ¿qué consecuencias concretas tiene todo esto? En primer lugar, los mojones que marcan la línea de costa se van a situar donde ahora están las viviendas o incluso detrás de ellas, englobando todo ese espacio dentro del dominio público marítimo. Este hecho produce que los dueños de estas casas ya no tienen una propiedad privada, sino que están ocupando un espacio público. Sin embargo, lo que más preocupa a los residentes es el camino que se está llevando a cabo para llegar a esta situación: órdenes de demolición directa de las viviendas y ofertas de concesiones administrativas temporales para que los propietarios puedan seguir ocupando sus propias viviendas durante un tiempo limitado. «El problema es que se trata de una incautación no de una expropiación porque ni siquiera te indemnizan», han explicado las fuentes anteriormente citadas.

https://okdiario.com/espana/angustia-vecinos-mazarron-que-ribera-quiere-incautar-sus-casas-lloramos-impotencia-12687479